La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha exigido una auditoría independiente y externa de la gestión del Servicio Murciano de Salud tras conocerse nuevos avances en la investigación judicial sobre la presunta trama relacionada con la compra y facturación de prótesis y otros productos sanitarios.
Durante una comparecencia celebrada este lunes en Murcia, García Fuster también ha reclamado que la consejera de Salud, Isabel Ayala, explique públicamente las actuaciones desarrolladas durante los años en los que ocupó responsabilidades directivas en el SMS.
Ayala fue gerente del Servicio Murciano de Salud antes de ser nombrada consejera en mayo de 2026. María García Fuster es diputada autonómica en Cataluña y portavoz nacional de Sanidad de VOX desde junio de 2025.
«Lo destapado en el Servicio Murciano de Salud no es un caso aislado, sino la prueba de una trama que lleva años desarrollándose y que el Partido Popular ha tratado como un auténtico cortijo», ha afirmado García Fuster.
Esta consideración constituye una valoración política de VOX. La causa continúa abierta y será la investigación judicial la que determine el alcance de las irregularidades y la responsabilidad individual de las personas investigadas.
Un fraude investigado de casi siete millones de euros
La operación policial inicial se saldó con once detenidos y otras personas investigadas por su presunta participación en un fraude relacionado con la adquisición y facturación de productos sanitarios.
La investigación dirigida por un juzgado de Murcia sitúa provisionalmente el perjuicio económico cerca de los 6,9 millones de euros. Entre los arrestados figuraban personal sanitario, funcionarios relacionados con las compras y la facturación y comerciales de empresas proveedoras. Se investigan posibles delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
La UDEF sostiene que el presunto entramado habría introducido información falsa en el sistema contable del SMS para facturar materiales que no estaban incluidos en el catálogo oficial, además de sustituir productos homologados por otros más caros.
Los investigadores detectaron cerca de treinta productos sanitarios no homologados facturados presuntamente de forma irregular. En determinadas derivaciones a centros concertados, los sobrecostes analizados habrían oscilado entre el 100 % y el 1.287 % sobre el valor real.
«Estamos hablando de dinero público, pero también de decisiones que pueden haber afectado a la seguridad y a la tranquilidad de los pacientes», ha advertido García Fuster.
La investigación se amplía a casi 500 operaciones
El juzgado ha encargado a la UDEF que examine otras 462 intervenciones realizadas por uno de los facultativos investigados, que se suman a las treinta operaciones analizadas inicialmente.
El objetivo es determinar en cuántas intervenciones pudo emplearse material caducado o irregular. El auto también reclama informes de alta, partes de implante, pedidos, facturas y documentación sobre la evolución posterior de los pacientes.
La investigación policial constató inicialmente la implantación de una prótesis caducada en uno de los expedientes revisados. Según la información disponible, el supuesto fraude habría permanecido activo entre 2018 y 2025 y afectaba principalmente a la adquisición de material cardiovascular.
García Fuster ha afirmado que las pesquisas también alcanzan a intervenciones realizadas en distintos centros sanitarios de la Región de Murcia, tanto públicos como concertados.
VOX considera que la ampliación de las diligencias demuestra que no basta con revisar los expedientes inicialmente detectados y reclama que todos los posibles afectados reciban información individualizada sobre los materiales que les fueron implantados.
VOX pide la comparecencia de Isabel Ayala
La portavoz nacional de Sanidad ha exigido la comparecencia inmediata de la consejera para aclarar qué información conocía la dirección del SMS, cuándo se detectaron las primeras anomalías y qué controles se aplicaban sobre la compra, homologación y trazabilidad de los productos.
García Fuster considera que el nombramiento de Ayala como consejera requiere explicaciones porque anteriormente ejerció responsabilidades directivas dentro del organismo investigado.
La Consejería sostiene que fue la propia Administración sanitaria la que detectó las irregularidades mediante una investigación interna y trasladó los hechos a la Fiscalía. El SMS se encuentra personado en la causa como perjudicado.
Ayala explicó ante la Asamblea Regional que existen trece personas investigadas y que no hay cargos políticos entre ellas. También anunció una unidad específica para reforzar los controles económicos, integrada por cuatro inspectores, y la puesta en marcha de un Registro Regional de Prótesis Implantables.
VOX considera insuficientes estas explicaciones y reclama una comparecencia centrada en las responsabilidades políticas y en los posibles fallos de supervisión que permitieron que las prácticas investigadas continuaran durante años.
Una auditoría externa e independiente
García Fuster sostiene que la investigación interna realizada por la Administración no puede sustituir una auditoría externa que examine la contratación, la facturación y la trazabilidad de los materiales sanitarios.
La formación quiere que la revisión abarque los expedientes de compra, las derivaciones a centros privados, los procedimientos utilizados para incorporar nuevos productos al catálogo y los controles efectuados sobre las empresas proveedoras.
VOX también reclama conocer cuántas alertas internas se registraron, quién recibió esos avisos y qué decisiones se adoptaron tras detectar incrementos anómalos en la facturación.
La Consejería ha asegurado que los responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y el jefe de Radiología Vascular Intervencionista del Área I fueron apartados de sus cargos, y que se están revisando las historias clínicas de los pacientes relacionados con el facultativo investigado.
El Gobierno regional afirma que, hasta el momento, no se han constatado episodios clínicos vinculados a la implantación de material inadecuado. Sin embargo, las diligencias judiciales continúan abiertas y la UDEF analiza un número mayor de operaciones.
Las advertencias del Tribunal de Cuentas
García Fuster también se ha referido a las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de asistencia sanitaria externa en el Hospital Virgen de la Arrixaca.
El órgano fiscalizador señaló que el hospital destinó 30,7 millones de euros a medios ajenos durante 2022 y que alrededor de nueve millones estaban relacionados con contratos prorrogados fuera del plazo previsto o prestaciones realizadas sin un contrato formalizado.
VOX considera que estas conclusiones evidenciaban deficiencias de planificación y control que deberían haber provocado una respuesta más contundente del Ejecutivo autonómico.
La formación reclama que la auditoría determine si existe alguna relación administrativa entre esas deficiencias generales de contratación y los procedimientos concretos investigados en la trama de las prótesis. Por el momento, ambas cuestiones no deben darse por conectadas sin una conclusión judicial o técnica que lo acredite.
García Fuster acusa a López Miras de reaccionar tarde
La portavoz de VOX ha criticado la actuación del presidente autonómico, Fernando López Miras, y ha asegurado que su Gobierno reaccionó «tarde y mal» ante la gravedad de las informaciones conocidas.
García Fuster sostiene que la remodelación de la Consejería no elimina la necesidad de asumir responsabilidades por las posibles deficiencias de control existentes en el SMS.
«VOX no va a permitir que la salud de los murcianos dependa de comisiones, sobresueldos o del silencio administrativo del Gobierno de López Miras», ha concluido.
La formación mantendrá su petición de comparecencia, una auditoría independiente y la entrega de toda la documentación necesaria para conocer el alcance económico, sanitario y administrativo de los hechos investigados.
