Actualidad Política

18 de agosto de 2026

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La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha advertido de un grave deterioro de la situación sanitaria en Ceuta tras los últimos episodios de entrada irregular y ha denunciado la aparición de casos de tuberculosis, sarna e impétigo.

«Hace unos días advertimos de que la sanidad estaba completamente colapsada por la inmigración ilegal; hoy podemos decir que ha reventado y que la salud de los ceutíes está en grave peligro», ha afirmado.

Retrasos y falta de personal sanitario

García Fuster sostiene que hospitales y centros de salud soportan una fuerte presión asistencial, con profesionales doblando turnos y consultas e intervenciones programadas suspendidas.

Según la dirigente de VOX, esta situación está provocando retrasos en diagnósticos y tratamientos para los residentes de Ceuta.

También ha acusado al Ministerio de Sanidad de no reforzar suficientemente las plantillas ni aportar los recursos necesarios ante la situación.

VOX alerta de tuberculosis, sarna e impétigo

La portavoz ha denunciado además problemas crecientes de insalubridad, citando casos de tuberculosis, sarna e impétigo, así como acumulación de residuos y deterioro de determinados espacios públicos.

García Fuster ha rechazado que pueda hablarse de normalidad sanitaria en Ceuta y ha pedido una respuesta inmediata de las administraciones.

García Fuster reclama responsabilidades al Gobierno

La portavoz nacional de Sanidad también ha exigido activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para reclamar responsabilidades al Ejecutivo.

«Exigimos que Sánchez y todo su Gobierno, incluida Mónica García, sean juzgados por traición», ha afirmado.

VOX reclama además «todos los recursos necesarios» para ejecutar la expulsión de quienes permanezcan ilegalmente en España y recuperar, según García Fuster, «el orden, la seguridad y los servicios públicos en Ceuta».

VOX ha denunciado en el Pleno del Congreso que la reforma del cribado neonatal no permitirá acabar con las diferencias sanitarias existentes entre las comunidades autónomas mientras la gestión de la sanidad continúe descentralizada.

Durante el debate parlamentario, la diputada María Ruiz Solás ha defendido que la única solución para garantizar que todos los recién nacidos tengan acceso a las mismas pruebas de detección precoz es devolver al Estado la competencia exclusiva en materia sanitaria.

“La única solución es la centralización”, ha afirmado la parlamentaria, quien ha acusado al Estado autonómico de provocar desigualdades en función del lugar de residencia de los pacientes.

VOX sostiene que la reforma “sigue poniendo parches”

Ruiz Solás ha señalado que el objetivo de los programas de cribado neonatal es detectar, diagnosticar y tratar de manera temprana enfermedades raras que pueden causar discapacidades graves o la muerte prematura de los recién nacidos.

Sin embargo, ha lamentado que las sucesivas reformas no hayan conseguido garantizar una atención homogénea en toda España.

“Después de décadas de reformas, seguimos poniendo parches”, ha declarado la diputada.

A juicio de VOX, la descentralización sanitaria ha provocado que cada comunidad autónoma disponga de diferentes pruebas, criterios y tiempos de aplicación, generando una desigualdad que la formación considera especialmente injusta.

“No lo hemos conseguido como consecuencia de la descentralización de la sanidad pública, que condenó a todos los españoles a la desigualdad más injusta”, ha manifestado Ruiz.

Diferencias sanitarias según el lugar de nacimiento

La diputada ha advertido de que las diferencias entre comunidades autónomas pueden tener consecuencias irreversibles para los bebés afectados por enfermedades congénitas o poco frecuentes.

“Fallar en el cribado neonatal significa perder la oportunidad de tratar a tiempo a un bebé, evitar un daño cerebral irreversible, una discapacidad intelectual o física o una muerte prematura”, ha explicado.

VOX considera “absolutamente inadmisible” que las posibilidades de acceder a un diagnóstico temprano dependan de la comunidad autónoma en la que nazca cada niño.

La formación sostiene que un sistema sanitario único permitiría establecer una cartera común de pruebas, protocolos homogéneos y las mismas garantías de atención en todo el territorio nacional.

VOX reclama recuperar las competencias sanitarias

Ruiz Solás ha defendido que el Estado debe recuperar las competencias de sanidad para evitar diferencias territoriales y garantizar la igualdad entre todos los españoles.

Según la diputada, las leyes destinadas a coordinar los programas autonómicos no resolverán el problema de fondo mientras continúen existiendo 17 sistemas sanitarios diferentes.

VOX sostiene que la centralización permitiría mejorar la coordinación, evitar duplicidades y garantizar que todos los recién nacidos accedan a las mismas pruebas con independencia de su lugar de residencia.

Críticas al Gobierno de Pedro Sánchez

Durante su intervención, Ruiz Solás también ha acusado al Gobierno de priorizar su permanencia en el poder frente a la resolución de los problemas sanitarios.

“La única prioridad de este Gobierno es mantenerse en el poder a toda costa”, ha afirmado.

La diputada ha asegurado que la aplicación efectiva de una reforma sanitaria profunda requeriría la salida del PSOE del Gobierno y el fin de los acuerdos con sus socios parlamentarios.

Según VOX, el actual Ejecutivo y los partidos que sostienen la legislatura son responsables de mantener un modelo autonómico que provoca diferencias en la atención sanitaria.

La formación ha reiterado así su propuesta de recuperar para el Estado las competencias sanitarias y establecer un sistema nacional único que garantice los mismos derechos y servicios a todos los ciudadanos.

La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha exigido una auditoría independiente y externa de la gestión del Servicio Murciano de Salud tras conocerse nuevos avances en la investigación judicial sobre la presunta trama relacionada con la compra y facturación de prótesis y otros productos sanitarios.

Durante una comparecencia celebrada este lunes en Murcia, García Fuster también ha reclamado que la consejera de Salud, Isabel Ayala, explique públicamente las actuaciones desarrolladas durante los años en los que ocupó responsabilidades directivas en el SMS.

Ayala fue gerente del Servicio Murciano de Salud antes de ser nombrada consejera en mayo de 2026. María García Fuster es diputada autonómica en Cataluña y portavoz nacional de Sanidad de VOX desde junio de 2025.

«Lo destapado en el Servicio Murciano de Salud no es un caso aislado, sino la prueba de una trama que lleva años desarrollándose y que el Partido Popular ha tratado como un auténtico cortijo», ha afirmado García Fuster.

Esta consideración constituye una valoración política de VOX. La causa continúa abierta y será la investigación judicial la que determine el alcance de las irregularidades y la responsabilidad individual de las personas investigadas.

Un fraude investigado de casi siete millones de euros

La operación policial inicial se saldó con once detenidos y otras personas investigadas por su presunta participación en un fraude relacionado con la adquisición y facturación de productos sanitarios.

La investigación dirigida por un juzgado de Murcia sitúa provisionalmente el perjuicio económico cerca de los 6,9 millones de euros. Entre los arrestados figuraban personal sanitario, funcionarios relacionados con las compras y la facturación y comerciales de empresas proveedoras. Se investigan posibles delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La UDEF sostiene que el presunto entramado habría introducido información falsa en el sistema contable del SMS para facturar materiales que no estaban incluidos en el catálogo oficial, además de sustituir productos homologados por otros más caros.

Los investigadores detectaron cerca de treinta productos sanitarios no homologados facturados presuntamente de forma irregular. En determinadas derivaciones a centros concertados, los sobrecostes analizados habrían oscilado entre el 100 % y el 1.287 % sobre el valor real.

«Estamos hablando de dinero público, pero también de decisiones que pueden haber afectado a la seguridad y a la tranquilidad de los pacientes», ha advertido García Fuster.

La investigación se amplía a casi 500 operaciones

El juzgado ha encargado a la UDEF que examine otras 462 intervenciones realizadas por uno de los facultativos investigados, que se suman a las treinta operaciones analizadas inicialmente.

El objetivo es determinar en cuántas intervenciones pudo emplearse material caducado o irregular. El auto también reclama informes de alta, partes de implante, pedidos, facturas y documentación sobre la evolución posterior de los pacientes.

La investigación policial constató inicialmente la implantación de una prótesis caducada en uno de los expedientes revisados. Según la información disponible, el supuesto fraude habría permanecido activo entre 2018 y 2025 y afectaba principalmente a la adquisición de material cardiovascular.

García Fuster ha afirmado que las pesquisas también alcanzan a intervenciones realizadas en distintos centros sanitarios de la Región de Murcia, tanto públicos como concertados.

VOX considera que la ampliación de las diligencias demuestra que no basta con revisar los expedientes inicialmente detectados y reclama que todos los posibles afectados reciban información individualizada sobre los materiales que les fueron implantados.

VOX pide la comparecencia de Isabel Ayala

La portavoz nacional de Sanidad ha exigido la comparecencia inmediata de la consejera para aclarar qué información conocía la dirección del SMS, cuándo se detectaron las primeras anomalías y qué controles se aplicaban sobre la compra, homologación y trazabilidad de los productos.

García Fuster considera que el nombramiento de Ayala como consejera requiere explicaciones porque anteriormente ejerció responsabilidades directivas dentro del organismo investigado.

La Consejería sostiene que fue la propia Administración sanitaria la que detectó las irregularidades mediante una investigación interna y trasladó los hechos a la Fiscalía. El SMS se encuentra personado en la causa como perjudicado.

Ayala explicó ante la Asamblea Regional que existen trece personas investigadas y que no hay cargos políticos entre ellas. También anunció una unidad específica para reforzar los controles económicos, integrada por cuatro inspectores, y la puesta en marcha de un Registro Regional de Prótesis Implantables.

VOX considera insuficientes estas explicaciones y reclama una comparecencia centrada en las responsabilidades políticas y en los posibles fallos de supervisión que permitieron que las prácticas investigadas continuaran durante años.

Una auditoría externa e independiente

García Fuster sostiene que la investigación interna realizada por la Administración no puede sustituir una auditoría externa que examine la contratación, la facturación y la trazabilidad de los materiales sanitarios.

La formación quiere que la revisión abarque los expedientes de compra, las derivaciones a centros privados, los procedimientos utilizados para incorporar nuevos productos al catálogo y los controles efectuados sobre las empresas proveedoras.

VOX también reclama conocer cuántas alertas internas se registraron, quién recibió esos avisos y qué decisiones se adoptaron tras detectar incrementos anómalos en la facturación.

La Consejería ha asegurado que los responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y el jefe de Radiología Vascular Intervencionista del Área I fueron apartados de sus cargos, y que se están revisando las historias clínicas de los pacientes relacionados con el facultativo investigado.

El Gobierno regional afirma que, hasta el momento, no se han constatado episodios clínicos vinculados a la implantación de material inadecuado. Sin embargo, las diligencias judiciales continúan abiertas y la UDEF analiza un número mayor de operaciones.

Las advertencias del Tribunal de Cuentas

García Fuster también se ha referido a las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de asistencia sanitaria externa en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

El órgano fiscalizador señaló que el hospital destinó 30,7 millones de euros a medios ajenos durante 2022 y que alrededor de nueve millones estaban relacionados con contratos prorrogados fuera del plazo previsto o prestaciones realizadas sin un contrato formalizado.

VOX considera que estas conclusiones evidenciaban deficiencias de planificación y control que deberían haber provocado una respuesta más contundente del Ejecutivo autonómico.

La formación reclama que la auditoría determine si existe alguna relación administrativa entre esas deficiencias generales de contratación y los procedimientos concretos investigados en la trama de las prótesis. Por el momento, ambas cuestiones no deben darse por conectadas sin una conclusión judicial o técnica que lo acredite.

García Fuster acusa a López Miras de reaccionar tarde

La portavoz de VOX ha criticado la actuación del presidente autonómico, Fernando López Miras, y ha asegurado que su Gobierno reaccionó «tarde y mal» ante la gravedad de las informaciones conocidas.

García Fuster sostiene que la remodelación de la Consejería no elimina la necesidad de asumir responsabilidades por las posibles deficiencias de control existentes en el SMS.

«VOX no va a permitir que la salud de los murcianos dependa de comisiones, sobresueldos o del silencio administrativo del Gobierno de López Miras», ha concluido.

La formación mantendrá su petición de comparecencia, una auditoría independiente y la entrega de toda la documentación necesaria para conocer el alcance económico, sanitario y administrativo de los hechos investigados.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha destacado los cinco grandes retos planteados por Andalucía para continuar fortaleciendo y modernizando su sistema sanitario público y avanzar hacia una atención más accesible, innovadora y preparada para el futuro.

La hoja de ruta contempla la aprobación de una nueva Ley de Garantía del Sistema Sanitario Público, el refuerzo de la salud pública, el impulso de la educación sanitaria y la prevención, el liderazgo de la transformación digital y la creación de un centro de innovación destinado a potenciar la investigación y las nuevas tecnologías.

“En Andalucía nos hemos marcado cinco grandes retos para seguir fortaleciendo y modernizando la sanidad pública”, ha señalado Sanz.

Una nueva Ley de Garantía del Sistema Sanitario Público

El primero de los grandes objetivos será el desarrollo de una nueva Ley de Garantía del Sistema Sanitario Público, orientada a reforzar el funcionamiento, la calidad y la capacidad de respuesta de la sanidad andaluza.

Esta iniciativa formará parte de una estrategia integral para adaptar el sistema a los nuevos desafíos asistenciales, tecnológicos y organizativos.

Más prevención y educación para la salud

La Junta de Andalucía reforzará las políticas de salud pública e impulsará la educación sanitaria y la prevención como elementos fundamentales para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

El objetivo es avanzar en la detección temprana de las enfermedades, promover hábitos saludables y actuar antes de que determinadas patologías provoquen consecuencias más graves para los pacientes.

El Gobierno andaluz defiende así un modelo sanitario que no se limite a tratar las enfermedades, sino que también dedique más recursos y herramientas a prevenirlas.

Una revolución digital en la sanidad andaluza

Antonio Sanz ha destacado que uno de los ejes centrales será desarrollar “la mayor revolución digital del sistema sanitario”, incorporando las nuevas tecnologías en todas sus áreas de gestión.

La transformación alcanzará tanto la atención directa a los pacientes como la aplicación de terapias, la organización interna del sistema y la actividad asistencial.

“La revolución digital permitirá introducir cambios importantes desde la detección precoz de enfermedades hasta la propia asistencia sanitaria y la lucha contra diferentes patologías”, ha explicado.

Inteligencia artificial y Big Data al servicio de los pacientes

La estrategia incluirá la utilización de herramientas como la inteligencia artificial, el Big Data y otras tecnologías avanzadas para mejorar la capacidad de diagnóstico, optimizar los tratamientos y facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios.

También se desarrollarán nuevas soluciones para mejorar la accesibilidad al sistema y hacer más ágil y sencilla la comunicación entre la sanidad pública, los pacientes y el conjunto de los andaluces.

Sanz ha recordado los avances ya alcanzados en salud digital, como la incorporación de la tarjeta sanitaria al teléfono móvil, y ha explicado que el siguiente paso será unificar las distintas plataformas digitales existentes.

Un centro de innovación e investigación sanitaria

El quinto gran eje será la creación de un hub de innovación, concebido para impulsar la investigación sanitaria, el desarrollo tecnológico y la aplicación de nuevas soluciones en el sistema público andaluz.

Este espacio permitirá reforzar la colaboración entre profesionales, investigadores y agentes tecnológicos para convertir los avances científicos en mejoras concretas para los pacientes.

Andalucía aspira así a consolidarse como un territorio de referencia en innovación sanitaria y en la aplicación responsable de las nuevas tecnologías.

Una sanidad pública preparada para el futuro

Antonio Sanz ha defendido que estos cinco objetivos configuran una hoja de ruta ambiciosa para construir una sanidad pública más moderna, accesible y eficiente.

El Gobierno andaluz seguirá apostando por la transformación digital, la prevención, la investigación y la innovación como instrumentos para mejorar la calidad asistencial y ofrecer mejores respuestas a las necesidades de los ciudadanos.

La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha denunciado la situación de la sanidad canaria y ha reclamado la derogación del marco de acceso sanitario universal para las personas extranjeras sin residencia legal.

«La sanidad española que pagan los españoles debería ser para los españoles», ha afirmado García Fuster, quien ha exigido que los canarios dejen de ser «los últimos de la cola» y ocupen el centro de las políticas sanitarias de las islas.

Más de 32.000 canarios esperan una operación

Los últimos datos oficiales del Servicio Canario de la Salud, correspondientes al 31 de diciembre de 2025, contabilizan 32.131 pacientes en lista de espera quirúrgica, con una demora media de 106,49 días. Además, 143.744 personas permanecían pendientes de una consulta externa con un especialista.

García Fuster también ha alertado sobre las demoras en determinadas pruebas diagnósticas y ha denunciado el desgaste que sufren médicos, enfermeros, técnicos y otros profesionales del sistema sanitario.

Críticas a la sanidad universal

La portavoz de VOX ha rechazado la normativa que reconoce asistencia sanitaria pública a personas extranjeras sin residencia legal y ha sostenido que esta política aumenta la presión sobre unos servicios ya saturados.

El acceso sanitario de estas personas fue reconocido por el Real Decreto-ley 7/2018. En 2026 también se ha tramitado un desarrollo reglamentario para concretar el procedimiento y los requisitos de reconocimiento de ese derecho.

García Fuster ha criticado además que el Gobierno canario destinara, según los datos expuestos por VOX, 26 millones de euros durante 2024 a atender a 729 inmigrantes en situación irregular.

Más inversión y mejores condiciones laborales

Frente a esta situación, VOX propone mejorar las condiciones laborales de los profesionales, retener el talento sanitario y reforzar la inversión pública.

«Lo importante es poner al paciente en el centro, poner al canario en el centro», ha concluido García Fuster, que ha reclamado una política sanitaria orientada a reducir las listas de espera y recuperar profesionales.

La diputada autonómica del Partido Popular por Albacete, Tania Andicoberry, ha denunciado que el Gobierno de Emiliano García-Page ha dejado sin ejecutar 669 millones de euros destinados a inversiones sanitarias durante los últimos diez años.

Según el informe elaborado por el área de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, entre 2016 y abril de 2026 se presupuestaron 1.761 millones para inversiones sanitarias, de los que aproximadamente 1.092 millones fueron ejecutados. Esto supone una inejecución acumulada del 37,9 %.

“Esta elevadísima cifra es lo que García-Page ha dejado de invertir en la sanidad de todos y cada uno de los castellanomanchegos”, ha afirmado Andicoberry.

La diputada popular ha señalado que estas cantidades aparecían consignadas en los diferentes presupuestos de la Junta de Comunidades, pero finalmente no se transformaron en mejoras reales para los ciudadanos.

“Son recursos que los castellanomanchegos han dejado de recibir por parte del Gobierno regional”, ha denunciado.

Andicoberry ha calificado esta situación de “completamente anómala” y de “tremenda gravedad”, especialmente ante las necesidades existentes en hospitales, centros de salud, equipamiento sanitario y atención a los pacientes.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha reclama una gestión rigurosa que convierta cada partida presupuestaria en inversiones, profesionales y mejores servicios para la sanidad pública regional.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “humillar” a los médicos con su respuesta a los sindicatos sanitarios y de desentenderse de una huelga que se prolonga desde hace más de un año.

Tras reunirse en Menorca con el Sindicato Médico Balear, Fúnez ha criticado que Sánchez considere que no tiene que ocuparse del ámbito sanitario. “Si el presidente del Gobierno considera que no tiene que ocuparse del ámbito sanitario, lo que pone de manifiesto es que está más pendiente de pedir que a su mujer no le quiten el pasaporte que de escuchar a los profesionales sanitarios y a los pacientes”, ha afirmado.

La dirigente popular ha denunciado que Sánchez “pasa” de los médicos al no dar respuesta a la huelga sanitaria y le ha pedido que se siente con los profesionales sanitarios, algo que, según ha señalado, no ha hecho nunca, a diferencia de Alberto Núñez Feijóo.

Fúnez ha exigido también el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, después de un año de huelgas sanitarias, una decisión que, a su juicio, Sánchez “tendría que haber tomado desde hace meses”. Asimismo, ha reclamado al presidente del Gobierno que abandone la Presidencia, convoque elecciones y “dé la voz a los españoles”.

La vicesecretaria del PP ha criticado que la respuesta de Sánchez a los sindicatos médicos llegara “sin firmar” y viniera a decir “esto no va conmigo”, pese a que, según ha advertido, esta huelga también es responsabilidad del Gobierno.

Fúnez ha recordado que el anteproyecto de reforma del Estatuto Marco ha recibido más de 16.000 alegaciones, lo que demuestra, en su opinión, que se trata de “un mal trabajo”. Por ello, ha reiterado la petición del PP de retirar el texto, una demanda que también trasladan sindicatos, MIR y comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el PSOE.

La dirigente popular ha reclamado a la ministra de Sanidad que se dedique más a atender las necesidades de los españoles, especialmente a poner fin a la huelga de médicos, y menos a su “proyecto ideológico”.

Fúnez ha insistido en que la reforma del Estatuto Marco debe contar con criterios técnicos, jurídicos y presupuestarios. “Sin saber quién lo va a pagar, difícilmente podemos creer en estas reformas sanitarias”, ha advertido.

Además, ha señalado que, tras un año de huelgas sanitarias, ya se han cancelado o pospuesto cuatro millones de actos médicos. “En el ámbito sanitario llegar tarde es terrible porque a veces significa no llegar”, ha subrayado.

La vicesecretaria popular ha celebrado el “esfuerzo del Gobierno de Marga Prohens” en materia sanitaria, destacando que está mejorando el sistema de salud de Baleares y las condiciones laborales de los profesionales. En este sentido, ha contrapuesto la gestión del PP con la etapa de Francina Armengol y ha señalado que en Menorca se ha pasado de invertir 1,1 millones de euros en sanidad en 2023 a más de 4,7 millones.

Fúnez también ha defendido la necesidad de aumentar el número de profesionales sanitarios, como lleva años reclamando el Partido Popular, para atender mejor a los ciudadanos y cubrir las bajas. Ha recordado que el propio Ministerio reconoce que faltan 4.500 médicos de Atención Primaria, mientras que solo oferta 36 plazas MIR.

Por último, ha criticado que la ministra de Sanidad vincule el problema de la vivienda con la salud mental cuando, según ha afirmado, es el propio Gobierno el que ha empeorado el acceso a la vivienda. “Es una frivolidad”, ha advertido.

El Partido Popular defiende que la sanidad y las políticas sociales son una prioridad del proyecto de Feijóo, basado en escuchar a los profesionales, trabajar con las asociaciones del sector y ofrecer soluciones reales a pacientes y trabajadores sanitarios.

El concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia, José Gosálbez, ha clausurado este lunes el programa municipal de actividad física gratuita al aire libre para personas adultas, una iniciativa que durante el curso 2025-2026 ha acercado el deporte y los hábitos saludables a siete parques y jardines de la ciudad.

Con motivo del cierre de la temporada, Gosálbez ha hecho entrega de camisetas conmemorativas a los participantes y ha destacado el éxito de una propuesta que ha permitido desarrollar más de 700 horas de ejercicio físico gratuito entre los meses de octubre de 2025 y junio de 2026.

“La salud no puede ser un privilegio. Debe estar al alcance de todos los valencianos porque la mejor sanidad es también la prevención”, ha afirmado el concejal durante el acto de clausura.

El programa, dirigido a mayores de 16 años, ha contado con sesiones impartidas por monitores especializados y grupos de entre 25 y 30 participantes, promoviendo la práctica deportiva de forma accesible y cercana a los barrios.

Las actividades se han desarrollado en distintos puntos de la ciudad como el Parque de Orriols, Parque Central, Parque del Oeste, La Rambleta y los jardines del Turia, a la altura de los puentes de Ademuz y de las Flores.

Gosálbez ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa ha sido facilitar el acceso al ejercicio físico sin barreras económicas y aprovechando los espacios verdes de Valencia.

“Cada valenciano tiene que tener la oportunidad de cuidar su salud cerca de casa, sin obstáculos y aprovechando los magníficos parques y jardines de nuestra ciudad”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado el valor preventivo de este tipo de programas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Promover hábitos saludables es invertir en bienestar, en salud y en prevención. Cuando facilitamos que las personas hagan ejercicio, estamos contribuyendo a construir una ciudad más saludable”, ha añadido.

Ante la elevada participación registrada durante el curso, el concejal ha anunciado que la Delegación de Sanidad ya trabaja en una nueva edición que permita dar continuidad a la iniciativa.

“La respuesta de los valencianos ha sido extraordinaria. Cuando un programa funciona, mejora la vida de las personas y cuenta con el respaldo de los vecinos, nuestra obligación es mantenerlo y reforzarlo”, ha concluido Gosálbez.

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