La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha situado la reconstrucción del Estado del bienestar entre las prioridades sociales de un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y ha reclamado que los derechos reconocidos por ley cuenten con financiación suficiente para garantizar su aplicación.
Antes de visitar la Fundación DFA en Zaragoza, Fúnez ha defendido que las políticas sociales deben constituir “un pilar fundamental” del proyecto del PP. En este sentido, ha asegurado que las nuevas medidas deberán ir acompañadas de una memoria económica y presupuestaria que permita desarrollar los servicios y prestaciones anunciados.
La dirigente ha criticado que la reciente Ley de Discapacidad y Dependencia se aprobara, según sostiene, sin una memoria económica que garantizase todos los derechos contemplados. A su juicio, esta situación puede generar frustración entre las personas afectadas y sus familias.
Fúnez también ha propuesto que el reconocimiento de la dependencia tenga consecuencias fiscales, tomando como referencia las desgravaciones vinculadas a la discapacidad que, según ha recordado, fueron aprobadas por el PP en el Senado y posteriormente vetadas por el Gobierno.
La responsable popular ha planteado adaptar el sistema de cuidados al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida de las personas con discapacidad, con una atención que acompañe todas las etapas de su proyecto vital.
Asimismo, ha defendido la colaboración con las organizaciones del tercer sector y ha destacado la labor de la Fundación DFA en la atención integral a las personas con discapacidad. En materia de autonomía personal, ha señalado el empleo como una herramienta esencial para desarrollar un proyecto de vida independiente.
Fúnez ha anunciado que Zaragoza será la primera parada de una agenda de encuentros con entidades sociales de distintas comunidades autónomas para recoger propuestas destinadas al programa electoral.
“Detrás de cada derecho reconocido tiene que haber una respuesta real para las familias”, es la idea que ha trasladado al reclamar que los compromisos sociales no se limiten a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sino que puedan aplicarse con recursos suficientes.
