Actualidad Política

19 de mayo de 2026

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El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha cuestionado al presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, sobre el impacto económico de las políticas de inmigración en los servicios públicos de la Comunidad Valenciana.

Durante la sesión de control, Llanos ha preguntado por las consecuencias de la inmigración en ámbitos como la sanidad, la vivienda y el sistema de acogida de menores, advirtiendo del riesgo de colapso si no se adoptan medidas.

En su intervención, el portavoz de VOX ha afirmado que “no es aceptable que nos dediquemos a exportar médicos y profesionales sanitarios y a importar pacientes”, en referencia a lo que ha calificado como “turismo sanitario”. Asimismo, ha señalado que esta situación repercute en los recursos disponibles para los ciudadanos valencianos.

Llanos también ha abordado la situación de la vivienda, indicando que los jóvenes encuentran dificultades para acceder a un hogar, mientras que, según ha señalado, se favorecen dinámicas como la ocupación ilegal.

En materia sanitaria, ha advertido sobre las listas de espera y la presión asistencial, defendiendo que las políticas públicas deben priorizar la atención a los ciudadanos que sostienen el sistema.

Finalmente, el portavoz ha instado al Gobierno autonómico a centrarse en medidas que respondan a las necesidades de los valencianos, subrayando la importancia de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.

El Partido Popular de Andalucía destaca que el sistema de Dependencia en la comunidad ha alcanzado cifras récord bajo el Gobierno de Juanma Moreno, consolidando una mejora significativa en la atención a los ciudadanos y dejando atrás etapas anteriores marcadas por mayores dificultades.

Según los últimos datos correspondientes al mes de marzo, el número de beneficiarios se sitúa en 347.041 personas, lo que supone un incremento del 63,5% respecto a 2018. Asimismo, el volumen de prestaciones ha alcanzado las 541.570, casi el doble que hace ocho años, con un crecimiento del 93,92%.

Uno de los avances más relevantes se ha producido en la reducción de los tiempos de espera, que durante anteriores etapas alcanzaban los 1.275 días. En la actualidad, este plazo se ha reducido hasta los 464 días, lo que representa el nivel más bajo de los últimos 15 años.

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del Partido Popular de Andalucía, Beatriz Jurado, ha subrayado que estos resultados reflejan el compromiso del actual Ejecutivo con las políticas sociales, destacando el esfuerzo realizado para reforzar el sistema de Dependencia.

En este sentido, Jurado ha recordado que en etapas anteriores se produjeron reducciones significativas en el número de beneficiarios, mientras que en la actualidad se han revertido estas cifras con un modelo centrado en las personas.

Además, ha señalado el incremento del presupuesto destinado a Dependencia, que ha crecido un 120%, pasando de 1.260 millones de euros en 2018 a 2.610 millones en 2026, lo que ha permitido ampliar coberturas y mejorar la calidad del servicio.

El nuevo modelo de atención ha incorporado medidas para agilizar los trámites, como la simplificación de procesos administrativos y la digitalización de servicios, así como la mejora de la teleasistencia y la optimización de recursos.

El Partido Popular de Andalucía concluye que, pese a los retos pendientes, la evolución de los indicadores demuestra una tendencia positiva y un avance sostenido en la mejora del sistema de Dependencia.

El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en el Pleno de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley con la que reclama al Gobierno central que reconozca la singularidad de la profesión médica por su formación y por su responsabilidad en la gestión y asistencia a los pacientes.

Para ello, los populares exigen que se promuevan los cambios legislativos necesarios y se dote a los médicos de un ámbito de negociación propio que asegure su interlocución directa, clara y eficaz con el Ministerio de Sanidad.

“La ruptura de las negociaciones con los médicos, los paros y huelgas sin fecha límite, y el plante ayer del comité de huelga evidencia la incapacidad de la ministra Mónica García”, ha destacado la diputada popular Marta Marbán, encargada de defender la iniciativa.

En su intervención, Marbán ha señalado que “es de manual de la izquierda revolucionaria justificar su acción con la lucha de clases” y ha expuesto que, en este caso, buscan “enfrentar a los sindicatos, a los médicos y a las enfermeras y, ahora, también a los médicos con los pacientes”.

En este sentido, la iniciativa recoge la necesidad de que se reconozca la importancia de todas las categorías como pilares esenciales del Sistema Nacional de Salud, que se evite cualquier tipo de confrontación entre ellas y se favorezca el diálogo para poner solución a una “situación que supone una merma de servicios públicos, un crecimiento de las listas de espera, un esfuerzo económico extraordinario y, lo más importante, una merma en el seguimiento de la salud de los españoles”, ha señalado la popular.

Por último, el texto pone de manifiesto que, para garantizar la viabilidad de las propuestas que se planteen, es necesario que se tengan en cuenta a las Comunidades Autónomas y se pongan a disposición de todos los agentes competentes las memorias técnicas, jurídicas y económicas. De esta manera, cualquier planteamiento debe estar respaldado y coordinado con los ministerios de Sanidad, Función Pública, Hacienda, Trabajo y Seguridad Social.

El Partido Popular, a través de su vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha denunciado los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez y el grave déficit de profesionales sanitarios en Ceuta y Melilla.

Fúnez ha afirmado que “Melilla se ha convertido en el símbolo del abandono sanitario en España”, señalando la falta de planificación y gestión por parte del Ejecutivo.

Déficit de médicos alarmante

La dirigente popular ha cifrado en más de 120 los médicos que faltan entre Ceuta y Melilla: 50 en Atención Primaria y 70 en distintas especialidades.

“Faltan anestesistas, psiquiatras, radiólogos, internistas, cardiólogos, digestivos y traumatólogos, mientras la edad media de los profesionales aumenta y no hay reposición suficiente”, ha advertido.

Impacto en la calidad asistencial

Fúnez ha subrayado que este déficit tiene consecuencias directas en la atención sanitaria, destacando que Melilla cuenta con la menor ratio de médicos de España, con 369 por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional de 585.

Críticas a la gestión del Gobierno

Ha recordado que Ceuta y Melilla son los únicos territorios donde la sanidad es gestionada directamente por el Gobierno central, y ha criticado que “deberían ser referencia, pero se han convertido en ejemplo de mala gestión, falta de diálogo e imposición”.

Asimismo, ha denunciado que el Ejecutivo ha dejado de considerar ambas ciudades como zonas de difícil cobertura, lo que ha impedido la llegada de 31 millones de euros presupuestados.

Falta de voluntad política

“Hay déficit de profesionales, déficit presupuestario y, sobre todo, un déficit de voluntad política para resolver los problemas sanitarios de los melillenses”, ha afirmado.

Plan del PP para Melilla

El Partido Popular ha anunciado un Plan Melilla que pondrá en marcha cuando llegue al Gobierno, estructurado en cinco ejes: recursos humanos, infraestructuras y tecnología, Atención Primaria, salud mental y transparencia.

En materia de recursos humanos, Fúnez ha defendido aplicar el Real Decreto 18/2023 para atraer y retener profesionales, garantizar la cobertura de vacantes y aumentar plantillas hasta la media nacional.

Refuerzo de la salud mental

La vicesecretaria ha alertado sobre el aumento del consumo de antidepresivos en España y ha propuesto reforzar los servicios de psicología y psiquiatría, así como impulsar unidades infanto-juveniles y planes de prevención del suicidio y las adicciones.

Mejoras en gestión y atención

El PP apuesta por reforzar la Atención Primaria, ampliar infraestructuras y reducir la burocracia médica. Además, propone trasladar el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) a Ceuta y Melilla para mejorar la coordinación y el diálogo con los profesionales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado la puesta en marcha de un nuevo centro de atención primaria en Parla que dará cobertura sanitaria a más de 16.500 vecinos del municipio.

Con esta nueva infraestructura, ya son cinco los centros de salud impulsados recientemente en la Comunidad de Madrid, en el marco del compromiso del Gobierno regional con el refuerzo de la sanidad pública.

La Comunidad de Madrid ha invertido más de 12 millones de euros en la construcción de este nuevo centro, un edificio moderno, amplio y luminoso que cuenta con una superficie de 6.700 metros cuadrados.

El centro incorpora cinco consultas de Medicina de Familia, seis de enfermería, cuatro consultas polivalentes, tres consultas de pediatría y una consulta específica de enfermería pediátrica. Además, dispone de una zona de urgencias, áreas de apoyo administrativo y una sala de lactancia.

Asimismo, el edificio alberga el Centro de Salud Mental Parla Este, dependiente del Hospital Universitario Infanta Cristina, que ocupa toda la primera planta. Este espacio cuenta con un equipo multidisciplinar formado por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras especialistas en salud mental, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales.

El área de salud mental incluye atención diferenciada para población infantojuvenil y adulta, así como programas de terapias intensivas dirigidas a personas con trastorno mental grave.

La presidenta ha subrayado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa apostando por mejorar la atención sanitaria, reforzando infraestructuras y ampliando servicios para garantizar una atención de calidad a todos los ciudadanos.

El grupo parlamentario de VOX ha registrado en el Parlamento de Cataluña una amplia batería de preguntas dirigidas al Govern con el objetivo de esclarecer la aplicación de la eutanasia en la comunidad autónoma. La iniciativa se produce tras el caso de Noelia Castillo, que la formación considera de especial gravedad.

La diputada de VOX en el Parlamento catalán y portavoz nacional de Sanidad, María García Fuster, ha denunciado que este caso refleja, a su juicio, un fallo institucional. Según ha señalado, “Noelia es una de las víctimas de un Estado fallido y criminal, que jamás la protegió, ni la cuidó ni se interesó por ella, ofreciéndole la muerte como única salida a su situación”.

En este contexto, VOX ha solicitado información detallada sobre el funcionamiento de la eutanasia en Cataluña desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021. Entre los datos requeridos se incluyen el número total de solicitudes registradas, los informes emitidos por los médicos consultores, los expedientes revisados por la Comisión de Garantía y Evaluación, así como las resoluciones revocadas por este organismo.

La formación también ha pedido un desglose de las solicitudes validadas según patologías, además de información sobre posibles incumplimientos de los requisitos legales por parte de los profesionales implicados, incluyendo la eventual falta de especialización de los médicos consultores. Asimismo, VOX solicita conocer los criterios técnicos empleados en las resoluciones favorables, los mecanismos de control e imparcialidad, la existencia de posibles conflictos de interés y los sistemas de auditoría externa.

En relación con el caso de Noelia Castillo, VOX ha requerido información específica sobre su expediente, como la identidad de los verificadores designados, el contenido de los informes médicos, la existencia de valoraciones psiquiátricas externas y si se tuvo en cuenta la oposición judicial de la familia.

Igualmente, la formación ha pedido explicaciones sobre los casos de eutanasia por motivos de salud mental, el papel de los psiquiatras en estos procesos y la posible influencia de factores socioeconómicos o presiones externas en la voluntad de los solicitantes.

La batería de preguntas incluye también cuestiones relativas a la compatibilidad de cargos, la posible vinculación de miembros de los órganos evaluadores con entidades relacionadas con la eutanasia, así como la transparencia en la designación de verificadores y en la resolución de los expedientes.

Por otro lado, VOX ha solicitado información sobre el presupuesto de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y el reparto de recursos entre la promoción de la eutanasia y los cuidados paliativos. Según la formación, esta iniciativa busca “garantizar la máxima transparencia en un ámbito extremadamente sensible”, al tratarse de decisiones irreversibles que afectan a la vida de las personas.

Desde VOX se ha insistido en que es necesario esclarecer si se están cumpliendo todas las garantías legales, médicas y éticas en estos procesos. En este sentido, García Fuster ha subrayado que la formación continuará impulsando iniciativas para que, en sus palabras, “la cultura de la vida vuelva a inspirar toda la legislación del Estado”.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha criticado durante su intervención en el Pleno la situación actual de la sanidad pública, señalando al Partido Socialista como responsable de su deterioro en los últimos años.

Durante su intervención, Vega ha afirmado que desde la pandemia ha empeorado la percepción del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que han aumentado las agresiones a profesionales sanitarios. En este contexto, ha advertido de que el sistema sanitario “está al borde del colapso”, relacionando esta situación con las políticas impulsadas por el Gobierno.

Asimismo, la portavoz ha cuestionado el impacto del reciente decreto que amplía la cobertura sanitaria, al considerar que puede incrementar la presión sobre el sistema. Según ha señalado, esta medida podría favorecer el denominado turismo sanitario, lo que, a su juicio, repercute en la sostenibilidad de los servicios públicos.

Vega ha destacado también el coste económico que, según sus datos, ha supuesto la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular en la Comunidad Valenciana, cifrándolo en 555 millones de euros en siete años. En este sentido, ha indicado que estos recursos podrían haberse destinado a la construcción de infraestructuras sanitarias o a la contratación de personal especializado.

Durante su intervención, la diputada ha puesto el foco en las listas de espera, señalando que muchos ciudadanos deben esperar meses para acceder a consultas con especialistas, mientras, según ha indicado, se producen situaciones que incrementan la demanda del sistema.

Por último, Vega ha criticado la gestión del PSOE en materia sanitaria y ha reclamado responsabilidades, al tiempo que ha pedido priorizar medidas que, según ha defendido, mejoren la atención a los ciudadanos y refuercen el funcionamiento del sistema sanitario público.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha, a través de su presidente regional, Paco Núñez, ha propuesto al presidente autonómico, Emiliano García-Page, un acuerdo “claro, inmediato y beneficioso” para los ciudadanos que permita recuperar la Carrera Profesional Sanitaria y facilitar la aprobación de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias.

Durante su intervención en el Pleno de las Cortes regionales, Núñez ha criticado la ausencia de García-Page y ha cuestionado la forma de legislar del Ejecutivo autonómico, calificando la norma como “una ley ómnibus” que agrupa múltiples medidas sin coherencia.

Recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria

El líder del PP ha defendido la aprobación inmediata de la enmienda presentada por su grupo para restablecer la Carrera Profesional Sanitaria, señalando que los profesionales llevan más de una década sin ver reconocido este derecho.

El Partido Popular defiende que esta medida permitiría mejorar la atención sanitaria, reducir listas de espera y atraer talento al sistema sanitario, en línea con su compromiso con unos servicios públicos de calidad .

Apoyo al tercer sector

Núñez ha destacado también la importancia de implantar un modelo de concierto social que garantice estabilidad jurídica y económica a las entidades del tercer sector, especialmente aquellas que trabajan con personas con discapacidad.

Propuesta de acuerdo al Gobierno regional

El presidente regional del PP ha planteado retirar el resto de enmiendas de su grupo si el PSOE acepta incluir las relativas al concierto social y a la Carrera Profesional Sanitaria, con el objetivo de desbloquear la ley y avanzar en soluciones concretas.

Críticas a la gestión en vivienda

Núñez ha recordado la falta de avances en materia de vivienda, señalando que el Gobierno regional rechazó propuestas del PP dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.

El Partido Popular reafirma su compromiso con una política útil, centrada en acuerdos y soluciones que mejoren la vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

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