García Fuster alerta de tuberculosis, sarna e impétigo y denuncia un grave riesgo sanitario en Ceuta.
La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha advertido de un grave deterioro de la situación sanitaria en Ceuta tras los últimos episodios de entrada irregular y ha denunciado la aparición de casos de tuberculosis, sarna e impétigo.
«Hace unos días advertimos de que la sanidad estaba completamente colapsada por la inmigración ilegal; hoy podemos decir que ha reventado y que la salud de los ceutíes está en grave peligro», ha afirmado.
Retrasos y falta de personal sanitario
García Fuster sostiene que hospitales y centros de salud soportan una fuerte presión asistencial, con profesionales doblando turnos y consultas e intervenciones programadas suspendidas.
Según la dirigente de VOX, esta situación está provocando retrasos en diagnósticos y tratamientos para los residentes de Ceuta.
También ha acusado al Ministerio de Sanidad de no reforzar suficientemente las plantillas ni aportar los recursos necesarios ante la situación.
VOX alerta de tuberculosis, sarna e impétigo
La portavoz ha denunciado además problemas crecientes de insalubridad, citando casos de tuberculosis, sarna e impétigo, así como acumulación de residuos y deterioro de determinados espacios públicos.
García Fuster ha rechazado que pueda hablarse de normalidad sanitaria en Ceuta y ha pedido una respuesta inmediata de las administraciones.
García Fuster reclama responsabilidades al Gobierno
La portavoz nacional de Sanidad también ha exigido activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para reclamar responsabilidades al Ejecutivo.
«Exigimos que Sánchez y todo su Gobierno, incluida Mónica García, sean juzgados por traición», ha afirmado.
VOX reclama además «todos los recursos necesarios» para ejecutar la expulsión de quienes permanezcan ilegalmente en España y recuperar, según García Fuster, «el orden, la seguridad y los servicios públicos en Ceuta».
García Fúster denuncia el colapso sanitario de Ceuta y exige militarizar la frontera.
La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fúster, ha denunciado desde las puertas del Hospital Universitario de Ceuta las consecuencias que, según sostiene, está provocando la entrada masiva de inmigrantes irregulares en la ciudad autónoma.
«Ceuta no puede más», ha afirmado García Fúster, quien ha acusado al Gobierno de España de desentenderse de la soberanía nacional y de no proteger adecuadamente la frontera sur.
VOX denuncia inseguridad y comercios cerrados
La dirigente de VOX ha señalado que los vecinos sufren directamente las consecuencias de la situación, con barrios afectados por disturbios, comercios cerrados o saqueados y una creciente sensación de inseguridad.
También ha reconocido la labor de la Policía, que, según ha afirmado, intenta responder con medios insuficientes.
Vacaciones suspendidas, cirugías aplazadas y consultas canceladas
García Fúster ha puesto el foco en la presión que soporta el Hospital Universitario de Ceuta, que ha calificado de «totalmente colapsado».
Según ha denunciado, se han suspendido vacaciones de profesionales sanitarios, aplazado intervenciones quirúrgicas y cancelado consultas externas.
«Los inmigrantes ilegales han colapsado absolutamente todo el servicio sanitario que tanto ha costado a los españoles mantener en Ceuta», ha declarado.
Militarización de las fronteras y expulsiones
La portavoz nacional de Sanidad ha reclamado la militarización de las fronteras de Ceuta y Melilla como una medida «indispensable» para proteger la soberanía nacional.
VOX también exige la expulsión de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en España y que, según García Fúster, están consumiendo recursos públicos y agravando la inseguridad.
García Fuster exige una auditoría externa por la trama de las prótesis del SMS.
La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha exigido una auditoría independiente y externa de la gestión del Servicio Murciano de Salud tras conocerse nuevos avances en la investigación judicial sobre la presunta trama relacionada con la compra y facturación de prótesis y otros productos sanitarios.
Durante una comparecencia celebrada este lunes en Murcia, García Fuster también ha reclamado que la consejera de Salud, Isabel Ayala, explique públicamente las actuaciones desarrolladas durante los años en los que ocupó responsabilidades directivas en el SMS.
Ayala fue gerente del Servicio Murciano de Salud antes de ser nombrada consejera en mayo de 2026. María García Fuster es diputada autonómica en Cataluña y portavoz nacional de Sanidad de VOX desde junio de 2025.
«Lo destapado en el Servicio Murciano de Salud no es un caso aislado, sino la prueba de una trama que lleva años desarrollándose y que el Partido Popular ha tratado como un auténtico cortijo», ha afirmado García Fuster.
Esta consideración constituye una valoración política de VOX. La causa continúa abierta y será la investigación judicial la que determine el alcance de las irregularidades y la responsabilidad individual de las personas investigadas.
Un fraude investigado de casi siete millones de euros
La operación policial inicial se saldó con once detenidos y otras personas investigadas por su presunta participación en un fraude relacionado con la adquisición y facturación de productos sanitarios.
La investigación dirigida por un juzgado de Murcia sitúa provisionalmente el perjuicio económico cerca de los 6,9 millones de euros. Entre los arrestados figuraban personal sanitario, funcionarios relacionados con las compras y la facturación y comerciales de empresas proveedoras. Se investigan posibles delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
La UDEF sostiene que el presunto entramado habría introducido información falsa en el sistema contable del SMS para facturar materiales que no estaban incluidos en el catálogo oficial, además de sustituir productos homologados por otros más caros.
Los investigadores detectaron cerca de treinta productos sanitarios no homologados facturados presuntamente de forma irregular. En determinadas derivaciones a centros concertados, los sobrecostes analizados habrían oscilado entre el 100 % y el 1.287 % sobre el valor real.
«Estamos hablando de dinero público, pero también de decisiones que pueden haber afectado a la seguridad y a la tranquilidad de los pacientes», ha advertido García Fuster.
La investigación se amplía a casi 500 operaciones
El juzgado ha encargado a la UDEF que examine otras 462 intervenciones realizadas por uno de los facultativos investigados, que se suman a las treinta operaciones analizadas inicialmente.
El objetivo es determinar en cuántas intervenciones pudo emplearse material caducado o irregular. El auto también reclama informes de alta, partes de implante, pedidos, facturas y documentación sobre la evolución posterior de los pacientes.
La investigación policial constató inicialmente la implantación de una prótesis caducada en uno de los expedientes revisados. Según la información disponible, el supuesto fraude habría permanecido activo entre 2018 y 2025 y afectaba principalmente a la adquisición de material cardiovascular.
García Fuster ha afirmado que las pesquisas también alcanzan a intervenciones realizadas en distintos centros sanitarios de la Región de Murcia, tanto públicos como concertados.
VOX considera que la ampliación de las diligencias demuestra que no basta con revisar los expedientes inicialmente detectados y reclama que todos los posibles afectados reciban información individualizada sobre los materiales que les fueron implantados.
VOX pide la comparecencia de Isabel Ayala
La portavoz nacional de Sanidad ha exigido la comparecencia inmediata de la consejera para aclarar qué información conocía la dirección del SMS, cuándo se detectaron las primeras anomalías y qué controles se aplicaban sobre la compra, homologación y trazabilidad de los productos.
García Fuster considera que el nombramiento de Ayala como consejera requiere explicaciones porque anteriormente ejerció responsabilidades directivas dentro del organismo investigado.
La Consejería sostiene que fue la propia Administración sanitaria la que detectó las irregularidades mediante una investigación interna y trasladó los hechos a la Fiscalía. El SMS se encuentra personado en la causa como perjudicado.
Ayala explicó ante la Asamblea Regional que existen trece personas investigadas y que no hay cargos políticos entre ellas. También anunció una unidad específica para reforzar los controles económicos, integrada por cuatro inspectores, y la puesta en marcha de un Registro Regional de Prótesis Implantables.
VOX considera insuficientes estas explicaciones y reclama una comparecencia centrada en las responsabilidades políticas y en los posibles fallos de supervisión que permitieron que las prácticas investigadas continuaran durante años.
Una auditoría externa e independiente
García Fuster sostiene que la investigación interna realizada por la Administración no puede sustituir una auditoría externa que examine la contratación, la facturación y la trazabilidad de los materiales sanitarios.
La formación quiere que la revisión abarque los expedientes de compra, las derivaciones a centros privados, los procedimientos utilizados para incorporar nuevos productos al catálogo y los controles efectuados sobre las empresas proveedoras.
VOX también reclama conocer cuántas alertas internas se registraron, quién recibió esos avisos y qué decisiones se adoptaron tras detectar incrementos anómalos en la facturación.
La Consejería ha asegurado que los responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y el jefe de Radiología Vascular Intervencionista del Área I fueron apartados de sus cargos, y que se están revisando las historias clínicas de los pacientes relacionados con el facultativo investigado.
El Gobierno regional afirma que, hasta el momento, no se han constatado episodios clínicos vinculados a la implantación de material inadecuado. Sin embargo, las diligencias judiciales continúan abiertas y la UDEF analiza un número mayor de operaciones.
Las advertencias del Tribunal de Cuentas
García Fuster también se ha referido a las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de asistencia sanitaria externa en el Hospital Virgen de la Arrixaca.
El órgano fiscalizador señaló que el hospital destinó 30,7 millones de euros a medios ajenos durante 2022 y que alrededor de nueve millones estaban relacionados con contratos prorrogados fuera del plazo previsto o prestaciones realizadas sin un contrato formalizado.
VOX considera que estas conclusiones evidenciaban deficiencias de planificación y control que deberían haber provocado una respuesta más contundente del Ejecutivo autonómico.
La formación reclama que la auditoría determine si existe alguna relación administrativa entre esas deficiencias generales de contratación y los procedimientos concretos investigados en la trama de las prótesis. Por el momento, ambas cuestiones no deben darse por conectadas sin una conclusión judicial o técnica que lo acredite.
García Fuster acusa a López Miras de reaccionar tarde
La portavoz de VOX ha criticado la actuación del presidente autonómico, Fernando López Miras, y ha asegurado que su Gobierno reaccionó «tarde y mal» ante la gravedad de las informaciones conocidas.
García Fuster sostiene que la remodelación de la Consejería no elimina la necesidad de asumir responsabilidades por las posibles deficiencias de control existentes en el SMS.
«VOX no va a permitir que la salud de los murcianos dependa de comisiones, sobresueldos o del silencio administrativo del Gobierno de López Miras», ha concluido.
La formación mantendrá su petición de comparecencia, una auditoría independiente y la entrega de toda la documentación necesaria para conocer el alcance económico, sanitario y administrativo de los hechos investigados.
María García Fuster defiende a las familias vulnerables frente al borrador sanitario del Gobierno.
El Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña ha presentado una propuesta de resolución para exigir la retirada inmediata del borrador del Proyecto de Real Decreto que desarrolla el régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME.
La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha explicado que la iniciativa busca frenar un texto que, según la formación, supone un grave retroceso en la protección de las familias con hijos gravemente enfermos.
VOX reclama que puedan volver a ser los médicos de cabecera quienes firmen las prórrogas de la prestación, que no se penalice la escolarización de los menores, que la ayuda no quede limitada únicamente a niños con larga hospitalización, que se fiscalice la actuación de las mutuas y que se unifiquen criterios para garantizar los mismos derechos a todos los trabajadores.
“El Gobierno debe retirar inmediatamente este borrador”, ha defendido García Fuster.
Desde VOX denuncian que el texto planteado por el Ejecutivo reintroduce el concepto de ingreso hospitalario de “larga duración”, endurece los requisitos de acreditación médica y abre la puerta a interpretaciones restrictivas por parte de las mutuas. A juicio de la formación, esto podría dejar sin cobertura a familias que afrontan procesos clínicos complejos y que necesitan apoyo para cuidar a sus hijos.
El Grupo Parlamentario también advierte de que el borrador penaliza la escolarización y la formación de los menores enfermos, al plantear que se descuenten de la ayuda las horas de asistencia a centros educativos.
Para VOX, esta medida castiga la normalización social del menor, dificulta su inclusión y perjudica a familias que ya viven situaciones especialmente duras.
Por ello, la propuesta registrada reclama garantizar la validez de los informes emitidos tanto por médicos de atención primaria como por especialistas, eliminar cualquier penalización vinculada a la escolarización, reforzar el control sobre las mutuas y estudiar la ampliación de la protección económica más allá de los 26 años en casos de gran dependencia o discapacidad severa persistente.
“Desde VOX continuamos comprometidos con las personas más vulnerables. Sin lugar a dudas, siempre estaremos aquí para ellos”, ha concluido María García Fuster.
María García Fuster: «Cataluña necesita orden, seguridad y deportaciones, no más propaganda socialista»
La diputada de VOX en el Parlamento de Cataluña, María García Fuster, ha denunciado que, dos años después de las últimas elecciones catalanas, el Gobierno presidido por Salvador Illa “ha normalizado la inseguridad en los barrios, pueblos y calles de Cataluña”.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento catalán, García Fuster ha recordado que “hace dos años, 250.000 catalanes depositaron su confianza en VOX” frente a un Partido Socialista que prometía “cambio, sosiego y normalización” para Cataluña.
Sin embargo, la diputada ha criticado que “dos años después y sin haber sido capaces ni siquiera de aprobar unos presupuestos, lo único que ha normalizado el Govern es la inseguridad”.
María García Fuster ha asegurado que esta situación “no es casual” y ha citado datos relacionados con delincuencia y población extranjera en Cataluña.
“El 84% de los hurtos, el 73% de los robos con violencia y el 55% de los asesinatos o tentativas son cometidos por extranjeros”, ha afirmado.
Asimismo, ha señalado que “el 57% de los detenidos por amenazar a sus parejas son extranjeros, el 59% de los maltratadores también lo son y más del 60% de las agresiones sexuales las cometen extranjeros”.
La diputada de VOX ha subrayado que estos datos “deben analizarse teniendo en cuenta que los extranjeros representan el 18% de la población en Cataluña”, asegurando que existe “una relación clara y directa entre inmigración y delincuencia”.
En este sentido, García Fuster ha defendido que “no lo dice solo VOX, sino también los datos oficiales del Departamento de Interior y del Departamento de Justicia”.
Además, ha denunciado que “más de la mitad de los presos en Cataluña son de origen extranjero” y ha criticado el proceso de regularización impulsado por el Gobierno central.
“Vamos a regularizar a una panda de delincuentes”, ha afirmado, defendiendo “la deportación y el cumplimiento de condena en los países de origen”.
La diputada también ha lamentado que el Parlament “se niegue o ponga pegas” a la celebración de un debate monográfico sobre inseguridad.
“VOX seguirá siendo la voz de esos 250.000 catalanes que dijeron basta hace dos años y también de quienes hoy ya ven en VOX la única alternativa y esperanza”, ha asegurado.
García Fuster ha advertido además que “Cataluña va cuesta abajo y sin frenos en seguridad, educación, sanidad y muchos otros ámbitos”.
DGAIA
Durante la misma comparecencia, María García Fuster también se ha referido a la situación de la DGAIA tras las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades.
La diputada de VOX ha asegurado que, después de conocerse “contrataciones a dedo, alquileres inflados pagados con dinero de los catalanes y cobro fraudulento de prestaciones”, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, “debería haber dimitido”.
Según García Fuster, las únicas medidas adoptadas por el Govern han sido “cambiar el nombre de la DGAIA” y “anunciar una auditoría de la que no han sido capaces de presentar ni una sola conclusión”.
La parlamentaria también ha criticado que la comisión de investigación esté presidida por el PSC y vicepresidida por ERC, “dos partidos implicados directamente en la trama”.
Asimismo, ha cuestionado el anuncio de internalizar las prestaciones a ex tutelados a partir de diciembre de 2026, asegurando que “no supone ninguna garantía”.
Por último, María García Fuster ha afirmado que “VOX tenía razón cuando pedía desmantelar la DGAIA y empezar desde cero”, acusando a la consejera y al Partido Socialista de “poner parches a un barco que se hunde para evitar que se destape toda la trama”.
María García Fúster: «Vox está cambiando la sanidad donde gobierna»
La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María Fuster, ha destacado las medidas sanitarias impulsadas por su formación en Extremadura y Aragón, centradas en reforzar el sistema público de salud mediante más recursos humanos, mejoras laborales y ampliación de servicios.
Según ha explicado Fuster, estos acuerdos han permitido incrementar el número de médicos y profesionales sanitarios, así como mejorar sus condiciones laborales, con el objetivo de evitar la fuga de personal y fortalecer la atención sanitaria.
Asimismo, ha señalado que se han puesto en marcha medidas para reducir las listas de espera, como campañas quirúrgicas extraordinarias y la ampliación de horarios en consultas médicas. También se contemplan mejoras en infraestructuras sanitarias, con especial atención a las zonas rurales y menos atendidas.
La dirigente ha subrayado que estas actuaciones buscan garantizar una sanidad de calidad y accesible, destacando que su formación apuesta por reforzar los servicios públicos en todo el territorio.
En este contexto, Fuster ha trasladado este modelo a Andalucía, donde ha señalado la necesidad de mejorar la atención sanitaria y reducir los tiempos de espera. “Los ciudadanos merecen una sanidad eficiente, con recursos suficientes y profesionales bien dotados”, ha afirmado.
Finalmente, ha defendido que estas medidas reflejan el compromiso de su formación con la mejora del sistema sanitario y ha señalado que su objetivo es extender este modelo a otras comunidades autónomas.
María García Fuster cuestiona los criterios aplicados en el caso Noelia Castillo.
VOX ha pedido las comparecencias en el Senado de todos los miembros de la Comisión de Garantías y Evaluación de Cataluña que participaron en la decisión de ejecución de Noelia Castillo “por existir un manifiesto conflicto de intereses y una falta completa de neutralidad en la toma de decisiones”, ha anunciado la portavoz nacional de sanidad, María García Fuster.
María Fuster, portavoz Nacional de VOX en materia de Sanidad ha anunciado que en la formación no descartan “iniciar las acciones legales pertinentes», si lo llega a considerar oportuno”, y ha denunciado la “ejecución” de Noelia Castillo, una joven de 25 años con trastorno límite de la personalidad y síndrome depresivo mayor, a quien se le había reconocido un 67% de discapacidad. Según ha explicado, la joven presentaba ideas suicidas y paranoides y “una patología curable y tratable, en absoluto terminal, cuya única clínica consistía precisamente en desear la muerte”.
Según ha dicho Fuster, esta Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, compuesta por 19 miembros designados por la Generalitat, “emitió un informe favorable que permitió aplicar la eutanasia en este caso”. Este órgano “no garantiza el bien del individuo ni vela por sus intereses, actúa como un pelotón de ejecución al servicio de una agenda ideológica con un sesgo ideológico claro entre sus integrantes que les incapacita para tomar decisiones éticas”.
La portavoz de VOX ha advertido de que este caso refleja “un sistema que abandona a los más vulnerables y les ofrece la muerte como única salida”, comparando la situación de la joven con la de personas con adicciones: “De la misma manera que un alcohólico desea alcohol o un drogadicto desea droga, no se puede considerar libre una decisión condicionada por la enfermedad”.
Asimismo, ha reiterado que VOX derogará la ley de eutanasia cuando llegue al Gobierno, defendiendo un modelo basado en los cuidados paliativos y en el acompañamiento integral del paciente. “Existe un abanico inmenso de tratamientos para paliar el dolor y el sufrimiento sin necesidad de acabar con la vida de una persona”, ha explicado, diferenciando entre eutanasia y limitación terapéutica en fases terminales.
Por último, ha asegurado que su formación “seguirá luchando sin descanso” para que ninguna persona en situación de sufrimiento quede sin alternativas terapéuticas, sociales o asistenciales, y ha concluido: “Vamos a dejarnos la piel para que no haya ninguna Noelia más”.
García Fuster: «El 40% de las ayudas a extutelados son un fraude»
La diputada de VOX en el Parlamento de Cataluña, María García Fuster, ha denunciado este lunes lo que ha calificado como “el colmo de la tomadura de pelo” tras conocerse que la Generalitat continúa efectuando pagos indebidos a jóvenes extutelados, en su mayoría ex MENAs, pese a haber detectado irregularidades graves desde hace años.
Según ha recordado García Fuster, la Sindicatura de Cuentas ha reconocido que “nada menos que el 40 % de los extutelados que recibieron una prestación entre 2020 y 2022 no tenían derecho legal a percibirla”. Sin embargo, ha advertido de que “lo más grave es que esa anomalía no se ha corregido y que todavía hay miles de ex MENAs cobrando una paguita que por ley se les debería haber retirado”.
La diputada de VOX ha subrayado que estas prestaciones “se pagan con el dinero de todos, con los impuestos que no paran de subir a los catalanes”, mientras que las empresas encargadas de gestionar y supervisar estas ayudas “se embolsan un porcentaje por cada una de las paguitas que tramitan”. En este sentido, ha señalado a empresas como Mercedes Ventanillas o GILIS, “actualmente investigadas por la Fiscalía por este presunto fraude”, y ha denunciado que “Esquerra Republicana primero y el PSC después no han dejado de inyectarles miles de euros”.
Asimismo, García Fuster ha denunciado que este sistema responde a una estrategia política: “Esto hay que frenarlo ya. Los socialistas están pagando con tu dinero los votos que necesitan para arrasar con la Administración y para destrozar España”.
Ante esta situación, VOX ha registrado en el Parlamento de Cataluña solicitudes de comparecencia para exigir explicaciones y depurar responsabilidades. En concreto, la formación ha solicitado la comparecencia del director general de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, Josep Muñoz Luque; de la subdirectora general de Reconocimiento de Prestaciones, Maria Carme Marí i Marí; de la subdirectora general de Gestión de Prestaciones, Sílvia Subirana de la Cruz; de la consejera de Derechos Sociales e Inclusión; y del director del Servicio de Atención y Promoción de Jóvenes Tutelados y Extutelados.
Desde VOX han reiterado que seguirán impulsando iniciativas parlamentarias para “poner fin a este fraude, proteger el dinero de los contribuyentes y exigir responsabilidades políticas y administrativas a quienes han permitido que esta situación se mantenga durante años”.