El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ángel Ibáñez, ha acusado al Gobierno de improvisar en materia de Función Pública y ha reclamado una reforma integral que garantice unos servicios públicos de calidad.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Ibáñez ha señalado que el nuevo Real Decreto-ley sobre jubilación parcial constituye “una respuesta urgente a una avería normativa provocada por el propio Gobierno” y evidencia la falta de previsión en la reforma del contrato de relevo y su adaptación al acceso al empleo público.
Una Administración regulada sin planificación
El diputado popular ha criticado que la Función Pública se esté regulando mediante una sucesión de decretos-leyes, disposiciones adicionales, regímenes transitorios y medidas sectoriales aprobadas “cuando los problemas ya les sobrepasan”.
Ibáñez ha advertido de que esta ausencia de estrategia afecta tanto a los empleados públicos como al funcionamiento de servicios esenciales para los ciudadanos.
Más de 9.000 plazas continúan sin cubrir
El dirigente popular ha señalado que más de 3.200 oficinas de atención ciudadana sufren saturación, demoras, falta de citas y déficits de personal en ámbitos como la Seguridad Social, el SEPE, la Administración penitenciaria y las oficinas de extranjería.
Asimismo, ha recordado que, pese al anuncio de ofertas de empleo público con más de 25.000 plazas, más de 9.000 correspondientes a las convocatorias de 2023, 2024 y 2025 continúan sin cubrir, según denuncian las organizaciones sindicales.
Compromisos pendientes con los empleados públicos
Ángel Ibáñez ha advertido también de la persistencia de la temporalidad, que mantiene en una situación de incertidumbre a miles de trabajadores públicos tras las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.
El diputado ha enumerado entre las tareas pendientes la carrera profesional, una evaluación del desempeño con garantías, la reducción efectiva de la temporalidad, la dirección pública profesional y la modernización de los procesos selectivos.
Ibáñez ha defendido que la Función Pública debe ser “una institución del Estado, neutral y sometida a la ley”, y no una herramienta al servicio del partido que ocupa el Gobierno.
La reforma que impulsará el Partido Popular
Ante esta situación, el secretario general adjunto del GPP ha anunciado que un futuro Gobierno del Partido Popular impulsará:
- Una reforma integral y negociada de la Función Pública.
- Una planificación plurianual de los recursos humanos.
- La ejecución de las ofertas de empleo pendientes.
- Una solución constitucional frente al abuso de la temporalidad.
- La recuperación de la dirección pública profesional.
- La captación de talento tecnológico, sanitario y científico.
- La modernización de los procesos selectivos.
El Partido Popular defiende una Administración profesional, neutral, moderna y dotada de los recursos necesarios para prestar unos servicios públicos eficaces y de calidad.
