El portavoz de Industria del Grupo Popular en Les Corts, Salvador Aguilella, ha exigido al Gobierno de España que autorice la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes, al considerar que se trata de “una instalación estratégica para la Comunitat Valenciana que debe seguir funcionando”.
Aguilella ha señalado que el reciente informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para permitir la continuidad de Almaraz hasta 2030 demuestra, a su juicio, que este tipo de decisiones deben basarse en “evaluaciones técnicas rigurosas y en las condiciones concretas de cada instalación, no en decisiones políticas o ideológicas”.
“La misma objetividad y rigor técnico deben aplicarse a Cofrentes”
El diputado popular ha reclamado que el Gobierno aplique a Cofrentes “la misma objetividad y el mismo rigor técnico” que en el caso de Almaraz.
Aguilella ha subrayado que Cofrentes es una infraestructura fundamental para garantizar el suministro eléctrico de la Comunitat Valenciana y ha destacado que la central genera en torno al 44% de la electricidad producida en el territorio autonómico.
“Constituye un pilar básico para la estabilidad del sistema eléctrico valenciano, dando servicio a miles de hogares, empresas e industrias”, ha afirmado.
El PP alerta del impacto sobre industria, empleo y factura eléctrica
Aguilella ha advertido de que cerrar una instalación de estas características sin disponer de una alternativa real podría poner en riesgo, según sostiene, la seguridad energética y la competitividad de la economía valenciana.
El portavoz popular ha señalado que la clausura de Cofrentes podría afectar a la viabilidad de más de 12.000 empresas industriales y al futuro de más de 180.000 trabajadores vinculados al sector.
Además, ha advertido de posibles incrementos en la factura eléctrica de hasta un 23% para los hogares y un 35% para las empresas.
El Partido Popular defiende que cualquier decisión sobre la continuidad de Cofrentes debe estar respaldada por criterios técnicos, por la seguridad de la instalación y por el aval del organismo regulador competente, evitando cierres sustentados únicamente en decisiones políticas.
