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La Comisión de Industria de Les Corts Valencianes ha aprobado una propuesta impulsada por el Grupo Parlamentario Popular para exigir al Gobierno de España y a las instituciones europeas medidas urgentes en defensa del sector cerámico, ante el impacto que tendría el recorte anunciado de los derechos gratuitos de emisión de CO₂.

La iniciativa, defendida por el portavoz de Industria y Comercio del GPP, Salvador Aguilella, ha salido adelante con la abstención del resto de grupos parlamentarios.

Aguilella ha advertido de que el recorte del 34% de los derechos gratuitos de emisión anunciado por Europa supondría pérdidas superiores a los 200 millones de euros para el sector cerámico y de fritas y esmaltes.

“Es un coste absolutamente insostenible para la supervivencia de una industria estratégica para la Comunitat Valenciana”, ha denunciado.

El dirigente popular ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe “con contundencia” ante las instituciones europeas y aproveche la revisión prevista del mercado de emisiones para defender al sector.

“Todavía pueden evitar un golpe definitivo a la cerámica valenciana. Pedimos que actúen ya”, ha señalado.

La propuesta aprobada reclama la elaboración inmediata de un Plan de Emergencia para el sector cerámico con medidas en los ámbitos europeo, estatal y autonómico.

Entre ellas se incluyen la revisión del régimen de derechos de emisión de CO₂, ayudas reales para la transición energética, estabilidad regulatoria para la cogeneración y medidas de defensa comercial frente a acuerdos internacionales que puedan perjudicar a la industria.

Aguilella ha defendido además que la cerámica española es actualmente “la más eficiente del mundo” en consumo energético y emisiones por metro cuadrado.

“No existen todavía alternativas reales al gas natural y exigir reducciones imposibles no es ecologismo ni sostenibilidad, es poner en riesgo 70.000 empleos en Castellón”, ha afirmado.

El portavoz popular ha advertido de que “sin industria no puede existir transición energética”.

Asimismo, ha criticado la posición del resto de grupos parlamentarios durante la votación.

“Ni las tibiezas del PSPV, más preocupado por defender a Sánchez que a la Comunitat Valenciana, ni los silencios de Compromís ayudan a proteger a un sector clave para nuestra economía”, ha señalado.

El Partido Popular ha reafirmado así su compromiso con la defensa de la industria cerámica, el empleo y la competitividad de la Comunitat Valenciana frente a decisiones que puedan comprometer su futuro.

El PPCV ha vuelto a pedir al PSOE que “rectifique y cambie su postura” sobre el cierre de Cofrentes. “Todavía están a tiempo de defender los intereses de los valencianos y no quedar como unos traidores”.

El pleno de Les Corts ha debatido una propuesta del PP para que el Gobierno de España prolongue la vida útil de la Central nuclear de Cofrentes más allá de 2030.

El portavoz de Industria del GPP, Salvador Aguilella, ha señalado que “si los socialistas no rectifican tenemos un problemón, sobre todo los valencianos. Ya sabemos que Compromís son radicales ecológicos con una ideología sectaria. Pero tendemos la mano al PSOE para sumarse a defender los intereses de todos los valencianos”.

El portavoz popular ha señalado que “la izquierda quiere acabar con el futuro de Cofrentes solo por una cuestión ideológica. Están cometiendo una auténtica traición a los valencianos. Es incomprensible. Por eso pedimos a los socialistas valencianos que rectifiquen, porque mientras aquí quieren cerrar Cofrentes en Extremadura o en Europa están a favor de la central nuclear”.

En este sentido, Aguilella se ha preguntado “qué dirán cuando Sánchez cambie de postura y diga que prolonga las centrales nucleares, en qué posición quedarán los socialistas valencianos”.

El diputado popular ha pedido a los diputados socialistas que “prioricen los intereses de todas las personas que viven en la Comunitat Valenciana por encima del interés partidista del PSOE de mantenerse un año más en la Moncloa. Porque ese año vamos a pagarlo muy caro los valencianos. Necesitamos futuro, progreso y todos los diputados en estas Corts deberían estar de acuerdo”.

“Su obcecación por el cierre nuclear les lleva a desoír a los ciudadanos, a las empresas, los sindicatos, los ayuntamientos, Europa… van contracorriente y todavía están a tiempo de rectificar. Insisten en su postura de cierre de las nucleares, poniendo en riesgo miles de empleos, la seguridad energética y precios competitivos para familias y empresas”.

Salvador Aguilella ha explicado que “la energía nuclear es una energía segura, eficiente y plenamente operativa. Si se cierra Cofrentes tendríamos que importar el 74% de la energía actual que utilizamos los valencianos, encarecerá los precios, menos puestos de trabajo,

“España es el único país del mundo que, teniendo nucleares a mitad de su vida útil, decide cerrarlas sin alternativa viable”, ha concluido.

El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Salvador Aguilella, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de poner en riesgo la soberanía energética de la Comunitat Valenciana al retrasar la decisión sobre la continuidad de la central nuclear de Cofrentes “por pura ideología”.

Aguilella ha denunciado la falta de claridad del Ejecutivo en materia energética, señalando que su política está marcada por “la ambigüedad, los bandazos y la incoherencia”, especialmente en un contexto europeo donde cada vez más instituciones reconocen el papel de la energía nuclear para garantizar el suministro, la competitividad y la reducción de emisiones.

CRÍTICAS AL DOBLE DISCURSO DEL GOBIERNO

El dirigente popular ha advertido del “doble discurso” del Gobierno, que mientras en Europa apoya el desarrollo de la energía nuclear, en España mantiene una posición contraria al mantenimiento de las centrales.

“Esta incoherencia genera incertidumbre y debilita la credibilidad de España, poniendo en riesgo inversiones estratégicas y el desarrollo industrial”, ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que el contexto internacional está reforzando la necesidad de combinar energías renovables con fuentes estables como la nuclear, frente a una política que, a su juicio, responde a planteamientos ideológicos alejados de la realidad.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Aguilella ha alertado de las consecuencias que tendría el cierre de la central de Cofrentes, previsto para 2030, señalando que podría poner en riesgo la actividad de más de 12.000 empresas y el empleo de 180.000 trabajadores vinculados al sector.

Además, ha advertido de que esta decisión podría provocar un incremento de hasta un 23% en la factura eléctrica de los hogares y de un 35% en las empresas.

DEFENSA DE LA CONTINUIDAD DE COFRENTES

El portavoz del GPP ha reclamado al Gobierno que aclare de forma inmediata el futuro de la central y permita la prolongación de su vida útil, garantizando así la seguridad energética, la competitividad industrial y el empleo en la Comunitat Valenciana.

“El Partido Popular defiende una política energética basada en el realismo, la estabilidad y el apoyo a los sectores productivos, frente a decisiones ideológicas que perjudican a los ciudadanos”, ha concluido.

 El portavoz de Industria y Comercio del GPP, Salvador Aguilella, ha pedido al Gobierno de Sánchez “la elaboración de un Plan de Emergencia para la reducción de costes medioambientales, la defensa comercial ante terceros países y el impulso de la cogeneración en defensa del sector industrial y cerámico”.

En este sentido, el GPP ha presentado una propuesta en Les Corts en la que solicita al Gobierno medidas concretas “para evitar el aumento injusto de la factura medioambiental prevista con la revisión de los benscmarks ETS, los derechos de emisión de CO₂. La industria cerámica valenciana es la más eficiente del mundo en consumo energético y bajas emisiones por metro cuadrado producido. Y se le está castigando como si tuviese alternativas tecnológicas que no existen, aumentando los costes medioambientales hasta el punto de hacer inviable económicamente la continuidad del sector en España”.

También se ha propuesto que el plan recoja la compensación de los costes indirectos del ETS y otros costes climáticos; o el apoyo a nivel europeo el acceso de los sectores industriales intensivos en energía a instrumentos de financiación para una descarbonización realista.

Esta propuesta “es fruto del trabajo conjunto con el sector y eurodiputados, diputados nacionales, autonómicos y provinciales y la Conselleria de Industria”. La iniciativa ya se ha presentado tanto en el Congreso de los Diputados como en la Diputación de Castellón.

Además, entre las medidas de la PNL se solicita “impulsar la cogeneración con la convocatoria de subastas urgentes en 2026 de 1.200 MW y una prórroga de la retribución a las plantas que han agotado su periodo de vida útil regulado, en tanto que no se resuelva esta convocatoria de subastas previstas y anunciada desde hace años”.

Y se señala la necesidad de que Europa tenga en cuenta al sector cerámico garantizando que en el futuro Tratado de Libre Comercio Unión Europea con la India se exija reciprocidad plena así como la incorporación de cláusulas de salvaguarda que protejan a la industria.

Salvador Aguilella ha explicado que “ese futuro acuerdo UE-India puede ser letal si no hay salvaguardas, reciprocidad y protección del sector. Sería una competencia desleal directa porque el país asiático no cumple con los estándares ambientales ni laborales europeos y los costes son muy inferiores”.

El portavoz popular asegura que “el PP es el único que defiende una transición realista, viable, con ayudas, sin deslocalizar empresas ni pérdida de puestos de trabajo y con alternativas tecnológicas. Por un lado, Compromís reconoce el problema, pero no se atreve a plantar cara a Sánchez, mientras que el PSOE legisla desde Madrid perjudicando a Castellón”.

“No es de recibo que Sánchez, en lugar de defender nuestra industria en Europa, se auto excluya de la cumbre informal de los jefes de gobierno europeo en el día en que abordan cuestiones vitales como la competitividad industrial y otras medidas tan relevantes para la industria cerámica como el sistema de comercio de emisiones (ETS) de CO2 que reducirían las asignaciones gratuitas de CO2 e implicaría nuevos costes para el sector. A Sánchez solo le importa su ego, no la industria. Su ausencia demuestra su nulo interés por la cuestión. Por eso es incapaz siquiera de sentarse en Europa para defender nuestra industria”.

Salvador Aguilella ha concluido señalando que “estamos ante una situación que empieza a ser dramática por la pasividad del Gobierno. Están especulando contra las necesidades reales de las empresas y siguen sin atender las reivindicaciones de un sector que genera más de 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos”.

El síndic adjunto del GPP, Salvador Aguilella, y el diputado Jesús Lecha han acudido a la sede de la Agencia Antifraude para entregar más documentación correspondiente a pagos realizados sin contrato previo. En total, las facturas aportadas suman un mínimo de 721.762,66 euros, aunque la cifra puede ser muy superior cuando el Ayuntamiento entregue toda la documentación requerida.

Según Antifraude, Morella llegó a tener hasta trece órganos municipales de contratación distintos que abonaron facturas a las empresas de Francis Puig, incluso con indicios de fraccionamiento de contratos para eludir la obligación de licitar.

Las entidades públicas implicadas abarcan una larga lista: desde el propio Ayuntamiento hasta CISE, Inprotint, Carns de Morella, Cases de Morella, la Fundación Sexenni o el Patronato de Turismo, entre otras.

El diputado Jesús Lecha ha explicado que el volumen y periodicidad de los pagos demuestran una planificación anual de servicios publicitarios que obligaba legalmente a formalizar un contrato, inexistente según certifica una resolución de Alcaldía. “Hay una resolución que acredita que no consta ningún contrato suscrito con estas empresas, pese a que recibían pagos de forma sistemática”, ha afirmado.

El Grupo Popular recuerda que ya en abril de 2023 se entregaron a Antifraude 629 facturas sin contrato por un importe superior a 400.000 euros, y que la Agencia ha confirmado irregularidades en su resolución final.

“Hemos aportado toda la documentación que el Ayuntamiento no facilitó, pese a los obstáculos y presiones políticas”, ha subrayado Lecha.

El GPP exige ahora que la Agencia amplíe la investigación y que el Ayuntamiento entregue la información completa de los últimos años.

El PPCV ha señalado que “el voto del PSOE y Compromís en el Congreso a favor del cierre de la central nuclear condena a Cofrentes y su comarca”.

Aguilella ha señalado que “hoy es un mal día para los valencianos, especialmente para los de la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora. El cierre nuclear es el mayor triunfo de la estupidez ideológica… y lo pagaremos todos, también los votantes de los socios de Sánchez”.

El diputado popular ha señalado que “el perjuicio que va a infringir el Gobierno de Sánchez, con sus socios de Compromís, a Cofrentes y su comarca es tremendo. Su obcecación por el cierre nuclear les lleva a desoir a los ciudadanos, a las empresas, los sindicatos, los ayuntamientos, Europa… van contracorriente y al final, con la abstención de Junts, han tumbado la propuesta del Partido Popular que buscaba evitar el cierre de las centrales nucleares de Cofrentes, Almaraz y Ascó I”.

Salvador Aguilella ha indicado que “el Gobierno insiste en cerrar las nucleares, poniendo en riesgo miles de empleos, la seguridad energética y precios competitivos para familias y empresas. Todos los socios de Sánchez son cómplices del daño que están causando a la industria, a la economía y al futuro energético de España”.

“España es el único país del mundo que, teniendo nucleares a mitad de su vida útil, decide cerrarlas sin alternativa viable. Necesitamos una hoja de ruta realista que, desde la neutralidad tecnológica y el crecimiento en energías renovables, garantice una energía limpia, barata, segura y estable”, ha continuado.

Para Aguilella, “las decisiones basadas solo en ideología provocan apagones, paro y pobreza. Estamos ante un suicidio energético que el PP quiere evitar prorrogando la energía nuclear como complemento indispensable a las renovables. Estamos a favor de los valencianos, de Cofrentes, de asegurar un suministro eléctrico estable, de reducir la factura de la luz y contribuir activamente a la reducción de emisiones de CO2. El cierre supondrá una mayor dependencia del gas, más emisiones, y más costes para todos”.

Por último, Aguilella ha señalado que “la izquierda, con el cierre de la central nuclear, quiere acabar con el futuro de Cofrentes solo por una cuestión ideológica. Es incomprensible”.

El PP ha presentado una propuesta en les Corts en la que solicita aprobar medidas concretas para proteger a los vecinos de El Serrallo en Almassora y mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo atraer inversiones a la Comunitat Valenciana.

Así lo ha señalado el portavoz adjunto del GPP, Salvador Aguilella, quien ha indicado que “hay que compatibilizar la actividad de las empresas con las personas, son demasiados los años que los vecinos llevan soportando las molestias por la actividad realizada por las empresas ubicadas en el polígono del Serrallo. Por eso, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Generalitat Valenciana, ya se han tomado cartas en el asunto y están colaborando para paliar esta situación”.

En concreto, Aguilella ha recordado que “ambas administraciones ya han acordado y están trabajando en una serie de garantías para proteger a los residentes y garantizar el descanso de la población frente a las molestias derivadas de la actividad industrial del polígono. Además, también se comprometieron a poner en marcha la limpieza y acondicionamiento de los terrenos municipales próximos al polígono, la creación de una amplia zona ajardinada que reduzca el impacto paisajístico generado por las empresas o el diseño de una vía rápida que conecte de forma directa el núcleo costero con la zona urbana. Son medidas claras que ya se están empezando a ejecutar y llevar a cabo”.

Salvador Aguilella ha afirmado que “la proposición de ley que hoy presentamos por registro de Les Corts y que se votará próximamente contiene siete puntos concretos en que se insta al Consell a que, entre otras cuestiones, establezca medidas correctivas a las empresas para garantizar el cumplimiento de la normativa. Esperamos que todos los grupos políticos se sumen a las mismas, aunque hay que recordar que en los ocho años anteriores del PSOE y Compromís en la Generalitat y el Ayuntamiento no hicieron nada por solucionar este problema”.