El Grupo Municipal VOX Málaga ha iniciado una campaña activa contra la entrada en vigor, el próximo 30 de noviembre, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que —según denuncian— el equipo de gobierno del PP continúa imponiendo “sin transparencia y con constantes cambios de criterio”.
Una campaña ciudadana con pegada de carteles, buzoneo y caravana de vehículos
La campaña ha arrancado hoy con una pegada masiva de carteles por distintos puntos de la ciudad.
Además, se realizará buzoneo selectivo en las zonas más afectadas, se desplegarán pancartas y el próximo sábado, a las 12:00 horas, partirá una caravana de coches desde el aparcamiento del Palacio de Deportes Martín Carpena, en la que participarán vehículos afectados de municipios malagueños.
Antonio Alcázar, portavoz de VOX Málaga, ha señalado que “hoy empezamos una campaña activa contra la implantación de la zona de bajas emisiones. Arrancamos con una pegada de carteles y un buzoneo selectivo en las zonas más castigadas por esta medida. Este sábado celebraremos una caravana de coches como protesta ante unas multas que comenzarán el 1 de diciembre y que llevamos denunciando desde 2023”.
La incoherencia del PP de modificar la normativa según sus intereses
Desde VOX recuerdan que el PP ha ido cambiando repetidamente “el relato y el contenido” de la normativa. Lo que en 2023 defendían como una medida para la salud pública y alineada con las leyes climáticas europeas, ahora lo justifican por “obligación” de Bruselas o por la necesidad de acreditar subvenciones.
El Grupo Municipal reprocha al PP que incluso haya oscilado entre afirmar que Málaga sufre un grave problema de contaminación y sostener lo contrario, justificando aun así la aplicación de la ZBE.
La supuesta exención para malagueños es “engañosa”
La Formación denuncia que el mensaje difundido por el equipo de gobierno asegurando que “ningún malagueño se verá afectado” es “falso y manipulador”. La ordenanza prevé que solo estarán exentos quienes mantengan su vehículo actual o no lo hayan cambiado desde noviembre de 2023. Cualquier malagueño que adquiera un vehículo sin etiqueta o con etiqueta B desde esa fecha quedará sujeto a restricciones.
También recuerdan que miles de trabajadores que viven en municipios vecinos continuarán completamente afectados.
La única finalidad del PP es recaudar
Yolanda Gómez, portavoz adjunta, ha sido contundente afirmando que
“se le ha visto el plumero al Partido Popular. Donde decían que buscaban sostenibilidad, lo único que van a sostener es su recaudación. Prometían mejorar el aire, pero lo único que van a ventilar es el bolsillo de los ciudadanos”.
Gómez recuerda que la ordenanza ha sido modificada una y otra vez para hacerla cada vez más laxa, hasta afirmar en redes sociales que prácticamente todos los malagueños podrán circular sin sanciones:
“Si decían que la ZBE era necesaria para reducir la contaminación, ¿cómo es posible que ahora todos puedan entrar? Ha quedado claro que su único objetivo es recaudar, y según su propio informe, hasta 11 millones de euros al año”.
La portavoz adjunta también denuncia la discriminación hacia los vecinos de municipios colindantes, obligados incluso a domiciliar su vehículo en Málaga si desean acceder, y recuerda que la exención anunciada por el PP tampoco se aplica a quienes compraron un vehículo sin etiqueta después del 29 de noviembre de 2024.
VOX reivindica haber frenado la implantación en 2023
El Grupo Municipal destaca que muchas de las rectificaciones del PP se han producido gracias a la presión de VOX, y subrayan que los tribunales en otras ciudades han tumbado normativas similares, demostrando que sus advertencias “eran fundadas”.
Yolanda Gómez insiste que “mientras los concejales del PP viajan en coche oficial, castigan a quienes no pueden permitirse un vehículo eléctrico y a quienes vienen de otros municipios a trabajar, estudiar o visitar a un familiar en el hospital. Europa nunca obligó: solo recomendó. Y el PP se arrodilló ante el radicalismo verde votando junto al PSOE”.
VOX seguirá defendiendo a los malagueños
Desde el Grupo Municipal se concluye que la ordenanza ha sido vaciada de contenido para evitar una sentencia judicial en contra, lo que demuestra —dicen— que no responde a una necesidad real de salud pública, sino a intereses económicos.
Antonio Alcázar ha finalziado su intervención afirmando que “ha llegado la hora de la verdad y de rascarse el bolsillo. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los malagueños, con claridad, honestidad y sentido común”.
