El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha denunciado la “grave dejación de funciones del Gobierno de España en materia de seguridad hidráulica”, advirtiendo de que la falta de mantenimiento y la ausencia de implantación efectiva de planes de emergencia en presas de titularidad estatal “pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, tanto en la Región de Murcia como en el conjunto de España”.
Luengo ha señalado que “son muchas las presas dependientes del Estado que no disponen de un plan de emergencia implantado”, y ha alertado de que, en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), “no hay ni una sola presa donde se haya llevado a cabo una implantación completa y adecuada de un plan de seguridad”.
El senador ha recordado que en la Región existen 33 presas y embalses que llevan más de dos décadas sin una revisión en profundidad, una situación que ha calificado de “absolutamente inaceptable”. “La seguridad hidráulica no es una cuestión ideológica, es una cuestión de Estado. Estamos hablando de infraestructuras críticas cuya correcta conservación puede marcar la diferencia entre prevenir una catástrofe o lamentar daños personales y económicos irreparables”, ha afirmado.
Ante esta situación, el Partido Popular exige al Gobierno central la realización inmediata de una auditoría técnica exhaustiva, independiente y externa del estado de todas las presas estatales, comenzando por las más antiguas o con posibles deficiencias estructurales, así como la implantación efectiva y actualización de los planes de emergencia en coordinación con los servicios de Protección Civil.
Asimismo, Luengo ha reclamado un incremento urgente de la inversión en mantenimiento y en personal técnico cualificado que garantice la vigilancia permanente de estas infraestructuras. “El déficit de inversión acumulado durante años es evidente. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras nuestras presas envejecen sin los recursos necesarios para su conservación”, ha subrayado.
Un plan nacional para proteger infraestructuras críticas
Estas declaraciones se enmarcan en el plan nacional presentado por el Partido Popular para reforzar la seguridad de las presas españolas. España cuenta con más de 2.400 presas —375 de titularidad estatal— que regulan 2.300 embalses y superan los 61.000 hm³ de capacidad. Sin embargo, según los datos recopilados por el PP, el 75% del parque de presas no dispone de planes de emergencia implantados o actualizados.
El plan del Partido Popular contempla:
- Una inversión específica de entre 400 y 500 millones de euros para el mantenimiento de presas estatales.
- Un programa extraordinario de 4.000 millones de euros para las cuencas mediterráneas.
- La movilización de hasta 100.000 millones de euros en política hídrica hasta 2035, incluyendo la modernización de infraestructuras críticas.
- El refuerzo de recursos humanos en las Confederaciones Hidrográficas.
- La reforma de la Ley de Aguas para priorizar la protección de la vida humana en la gestión hídrica.
“No podemos esperar a que ocurra una desgracia. España sufre cada año importantes daños por inundaciones y fenómenos extremos, y la prevención y el mantenimiento son la mejor política de protección civil”, ha incidido Luengo.
Moción en la Asamblea Regional
En paralelo, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea Regional una moción instando al Gobierno de la Nación a realizar una auditoría técnica integral e independiente de todas las presas de la cuenca del Segura, así como a presentar un informe detallado de las inversiones ejecutadas en mantenimiento y seguridad durante el actual mandato de la Presidencia de la CHS.
Desde el PPRM consideran que la falta de información pública verificable sobre el estado estructural de las presas y la implantación de planes de emergencia “supone un déficit grave de transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad pública”.
“La seguridad de las infraestructuras hidráulicas no puede depender de la opacidad ni de la improvisación. Exigimos rigor técnico, planificación y responsabilidad institucional”, ha concluido.
