El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia urgente del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras la denuncia pública formulada por unanimidad por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial sobre la falta de recursos en los tribunales y los recortes impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado esta solicitud y ha exigido al ministro que explique de forma inmediata los motivos por los que el Ministerio de Justicia ha denegado la autorización económica para 62 órganos judiciales de toda España, considerados esenciales para el funcionamiento diario de los tribunales y para garantizar el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
Gamarra ha denunciado la “degradación” a la que el Gobierno está llevando a la Justicia y ha calificado de inaceptable este nuevo “choque institucional” provocado por el Ejecutivo en el marco de su campaña contra jueces y tribunales.
Para el Partido Popular, resulta especialmente grave que, mientras el Gobierno afirma defender una Justicia moderna, esté recortando recursos, aumentando la burocracia y agravando el colapso judicial.
La dirigente popular se ha preguntado si esta es la Justicia del siglo XXI que prometía Bolaños con su Ley de Eficiencia Judicial, una norma que, según ha señalado, solo ha conseguido generar más trámites, menos agilidad y más perjuicio para los ciudadanos.
“Frente al eslogan de Bolaños, ahora hay menos jueces, más colapso en los tribunales y más perjuicio para los ciudadanos”, ha denunciado Gamarra.
Un colapso con consecuencias reales
El PP ha advertido de que la falta de financiación y planificación derivada de la Ley de Eficiencia Judicial ya está teniendo consecuencias en apenas año y medio de aplicación.
En comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, los tribunales superiores están alertando del colapso provocado por cientos de vacantes judiciales sin cubrir y una bolsa de sustitutos agotada.
A esta situación se suma ahora la retirada de refuerzos que el Consejo General del Poder Judicial y los respectivos tribunales superiores de justicia habían considerado esenciales, una decisión que también afectará a la Audiencia Nacional.
El Partido Popular denuncia que el relato de Bolaños “no es más que pura ensoñación”, porque la realidad que sufren los ciudadanos es la de una Justicia con menos jueces, más recortes, más colapso y más obstáculos para acceder a una respuesta judicial en tiempo razonable.
Las asociaciones judiciales también han venido alertando de forma reiterada de la falta de recursos humanos y materiales en los órganos judiciales, especialmente ante el incremento constante de la litigiosidad, la falta de financiación y las nuevas medidas de la Ley Bolaños.
Uno de los ejemplos señalados por el PP es el de las demandas de divorcio pendientes de resolución, que se estima que ya superan las 17.000, una cifra que refleja el impacto del caos judicial sobre miles de familias y sobre procedimientos sensibles como la custodia de menores.
El PP también ha criticado la obligatoriedad de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias, conocidos como MASC, que el Gobierno presentó como una medida estrella y que, según denuncia Gamarra, ha terminado añadiendo un nuevo paso a los litigios, alargando los procedimientos y aumentando la necesidad de recursos humanos y materiales.
Por todo ello, Gamarra ha reclamado al ministro Bolaños que revierta cuanto antes la decisión adoptada mediante la Resolución de 29 de junio, que dejará sin efecto el esfuerzo de resolución de miles de asuntos pendientes relacionados con litigios sobre cláusulas abusivas, usura y control de las normas de los MASC.
El Partido Popular exige al Gobierno que abandone los recortes, escuche a jueces, tribunales y asociaciones judiciales, y garantice una Justicia eficaz, independiente, dotada de medios suficientes y al servicio de los ciudadanos.
