Laura Chulià: «la Comunitat Valenciana será la más perjudicada por el recorte en Justicia»
La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha lamentado que “el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a castigar a la Comunitat Valenciana con un recorte que asfixia aún más a la Justicia” y ha exigido al Ministerio de Justicia que rectifique de manera inmediata su decisión de eliminar los refuerzos judiciales especializados.
Chulià ha recordado que esta rectificación ha sido solicitada por el propio Consejo General del Poder Judicial, lo que, a su juicio, demuestra la gravedad de la decisión adoptada por el Ministerio.
“Es muy significativo que sea el propio órgano de gobierno de los jueces quien tenga que advertir al Ministerio del grave perjuicio que va a ocasionar esta decisión. Cuando hasta el CGPJ pide marcha atrás es porque estamos ante un error de enorme magnitud”, ha señalado.
La portavoz popular ha denunciado que la Comunitat Valenciana será la autonomía más perjudicada por esta decisión. Según ha explicado, alrededor de 5.500 asuntos quedarán suspendidos o sin resolver en el territorio valenciano durante el segundo semestre del año, lo que supone cerca de la mitad de todos los procedimientos afectados en España.
Además, Chulià ha recordado que la Comunitat Valenciana perderá 18 de los 72 refuerzos judiciales que el Ministerio ha decidido eliminar.
“Resulta incomprensible que el Ejecutivo socialista ignore los informes del CGPJ que avalan la necesidad de mantener estos refuerzos, especialmente en juzgados especializados y que soportan una elevada carga de trabajo”, ha manifestado.
Para la portavoz de Justicia del GPP, las consecuencias de esta decisión las pagarán directamente los ciudadanos, que verán retrasadas las resoluciones de sus procedimientos, pero también jueces, magistrados y funcionarios, que tendrán que afrontar una mayor sobrecarga de trabajo.
En este sentido, Chulià ha recordado que la Generalitat ya solicitó al ministro Félix Bolaños que prorrogara estos refuerzos y ha reclamado que atienda ahora la petición unánime del CGPJ.
“El Consell está haciendo un esfuerzo para reforzar la Administración de Justicia”, ha explicado, en referencia al convenio suscrito por el president, Juanfran Pérez Llorca, con los sindicatos.
Frente a ello, Chulià ha denunciado que “el Gobierno de Sánchez vuelve a dar la espalda a la Comunitat Valenciana”.
“No se puede hablar de garantizar una Justicia ágil y, al mismo tiempo, eliminar recursos que son imprescindibles para evitar el colapso de los juzgados”, ha concluido.
Cuca Gamarra: «La Justicia de Bolaños es más lenta, más cara y más colapsada»
El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia urgente del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras la denuncia pública formulada por unanimidad por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial sobre la falta de recursos en los tribunales y los recortes impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado esta solicitud y ha exigido al ministro que explique de forma inmediata los motivos por los que el Ministerio de Justicia ha denegado la autorización económica para 62 órganos judiciales de toda España, considerados esenciales para el funcionamiento diario de los tribunales y para garantizar el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
Gamarra ha denunciado la “degradación” a la que el Gobierno está llevando a la Justicia y ha calificado de inaceptable este nuevo “choque institucional” provocado por el Ejecutivo en el marco de su campaña contra jueces y tribunales.
Para el Partido Popular, resulta especialmente grave que, mientras el Gobierno afirma defender una Justicia moderna, esté recortando recursos, aumentando la burocracia y agravando el colapso judicial.
La dirigente popular se ha preguntado si esta es la Justicia del siglo XXI que prometía Bolaños con su Ley de Eficiencia Judicial, una norma que, según ha señalado, solo ha conseguido generar más trámites, menos agilidad y más perjuicio para los ciudadanos.
“Frente al eslogan de Bolaños, ahora hay menos jueces, más colapso en los tribunales y más perjuicio para los ciudadanos”, ha denunciado Gamarra.
Un colapso con consecuencias reales
El PP ha advertido de que la falta de financiación y planificación derivada de la Ley de Eficiencia Judicial ya está teniendo consecuencias en apenas año y medio de aplicación.
En comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, los tribunales superiores están alertando del colapso provocado por cientos de vacantes judiciales sin cubrir y una bolsa de sustitutos agotada.
A esta situación se suma ahora la retirada de refuerzos que el Consejo General del Poder Judicial y los respectivos tribunales superiores de justicia habían considerado esenciales, una decisión que también afectará a la Audiencia Nacional.
El Partido Popular denuncia que el relato de Bolaños “no es más que pura ensoñación”, porque la realidad que sufren los ciudadanos es la de una Justicia con menos jueces, más recortes, más colapso y más obstáculos para acceder a una respuesta judicial en tiempo razonable.
Las asociaciones judiciales también han venido alertando de forma reiterada de la falta de recursos humanos y materiales en los órganos judiciales, especialmente ante el incremento constante de la litigiosidad, la falta de financiación y las nuevas medidas de la Ley Bolaños.
Uno de los ejemplos señalados por el PP es el de las demandas de divorcio pendientes de resolución, que se estima que ya superan las 17.000, una cifra que refleja el impacto del caos judicial sobre miles de familias y sobre procedimientos sensibles como la custodia de menores.
El PP también ha criticado la obligatoriedad de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias, conocidos como MASC, que el Gobierno presentó como una medida estrella y que, según denuncia Gamarra, ha terminado añadiendo un nuevo paso a los litigios, alargando los procedimientos y aumentando la necesidad de recursos humanos y materiales.
Por todo ello, Gamarra ha reclamado al ministro Bolaños que revierta cuanto antes la decisión adoptada mediante la Resolución de 29 de junio, que dejará sin efecto el esfuerzo de resolución de miles de asuntos pendientes relacionados con litigios sobre cláusulas abusivas, usura y control de las normas de los MASC.
El Partido Popular exige al Gobierno que abandone los recortes, escuche a jueces, tribunales y asociaciones judiciales, y garantice una Justicia eficaz, independiente, dotada de medios suficientes y al servicio de los ciudadanos.
Almudena Negro: «Comparecer no es un castigo, es una obligación democrática»
La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha defendido la actuación de jueces ante las investigaciones que afectan al entorno del Partido Socialista y ha criticado los intentos de desacreditar las resoluciones judiciales cuando afectan a dirigentes o responsables vinculados al PSOE.
Negro aseguró que las distintas investigaciones judiciales abiertas deben seguir su curso con total independencia y lamentó que desde determinados sectores de la izquierda se opte por cuestionar a los jueces en lugar de ofrecer explicaciones a los ciudadanos.
En relación con la gestión de la pandemia, la alcaldesa recordó que Salvador Illa era ministro de Sanidad durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria y defendió su comparecencia en el Senado para aclarar todas las cuestiones relacionadas con el denominado caso mascarillas.
«Si no tiene nada que ocultar, no debería existir ningún problema en comparecer y responder a las preguntas de los representantes públicos», afirmó.
Asimismo, rechazó que una comisión de investigación pueda presentarse como un «paredón mediático», recordando que la fiscalización parlamentaria forma parte del funcionamiento normal de una democracia y de la rendición de cuentas de los cargos públicos.
Gamarra: «El silencio de Bolaños respalda los ataques contra jueces y fiscales»
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado el “silencio” del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ante los ataques que, a su juicio, miembros del Gobierno están dirigiendo contra jueces, fiscales e instituciones judiciales.
En declaraciones a los medios en Salamanca, Gamarra ha afirmado que el Ejecutivo está impulsando una estrategia de descrédito de la Justicia con el objetivo de desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al entorno político del PSOE.
“El Gobierno está atacando y desprestigiando a la Justicia para intentar tapar la corrupción que les acorrala”, ha asegurado.
La dirigente popular ha criticado que Félix Bolaños no haya reprendido públicamente a los miembros del Consejo de Ministros que cuestionan resoluciones judiciales o desacreditan a jueces y fiscales.
“Con su silencio está respaldando esos ataques. Lo que debería hacer es censurarlos y defender la independencia de las instituciones”, ha señalado.
Gamarra ha defendido la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, apostando por una regeneración democrática basada en la independencia judicial y la neutralidad de la Fiscalía.
“El objetivo del Partido Popular es devolver a España instituciones fuertes, independientes y capaces de ejercer sus funciones sin presiones políticas”, ha afirmado.
La vicesecretaria popular también ha reclamado una reforma del Ministerio Fiscal para garantizar que actúe con plena autonomía y con el único objetivo de perseguir el delito y defender el interés general.
Por otro lado, ha lamentado que el Consejo de Ministros no haya aprobado medidas para aliviar la carga económica de las familias, criticando la decisión de no mantener las rebajas del IVA aplicadas al gas y la electricidad.
“Los españoles necesitan menos impuestos y más apoyo frente al incremento del coste de la vida”, ha señalado.
Asimismo, ha cuestionado la denominada Ley de Eficiencia Judicial impulsada por el Ministerio de Justicia, asegurando que lejos de agilizar el funcionamiento de los tribunales está generando más dificultades y retrasos en el acceso a la Justicia.
“Lo que prometieron como una ley para mejorar la eficiencia está provocando más problemas, más burocracia y más inseguridad jurídica”, ha afirmado.
Gamarra ha insistido en que España necesita recuperar la estabilidad institucional y política, defendiendo la convocatoria de elecciones como la mejor vía para abrir una nueva etapa basada en la transparencia, la regeneración democrática y la confianza de los ciudadanos.
Gamarra denuncia una «estrategia» para atacar a los jueces.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado durante la sesión de control al Gobierno la existencia de una “estrategia política” del Ejecutivo de Pedro Sánchez basada en desacreditar a los jueces para erosionar la confianza en la Justicia.
Gamarra ha advertido de que los ataques a resoluciones judiciales no constituyen libertad de expresión, sino una maniobra dirigida a generar desconfianza en el sistema judicial. En este sentido, ha señalado que cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, critica públicamente a jueces, está ejecutando una estrategia política diseñada desde el Ejecutivo.
La dirigente popular ha subrayado que el objetivo de esta actuación es “preparar el terreno” para que futuras resoluciones judiciales sean cuestionadas por una parte de la sociedad, debilitando así el principio de igualdad ante la ley.
Asimismo, ha recordado que el Estado de Derecho se sustenta en que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición o responsabilidades.
Gamarra también ha criticado otras actuaciones del Gobierno en materia de seguridad y política migratoria, así como el funcionamiento de determinadas reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo, alertando de retrasos y problemas en la administración de justicia.
José Antonio Sánchez: «Hay que proteger la independencia de jueces y fiscales»
El Viceconsejero de Presidencia y Adm. Local en la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, ha anunciado que la Comunidad de Madrid llevará este jueves una iniciativa institucional para exigir al Gobierno de España que garantice la independencia judicial y ponga fin a los ataques contra jueces y fiscales.
Sánchez ha señalado que, frente a un Ejecutivo que “ataca a las instituciones y cuestiona la independencia judicial”, la Comunidad de Madrid actúa como un “contrapoder democrático” en defensa del Estado de Derecho.
La iniciativa planteada por el Gobierno autonómico reclama el cese de los señalamientos a miembros del poder judicial que actúan con independencia, así como la dotación de los medios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia en España.
El Partido Popular subraya que la independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia y del equilibrio institucional, y defiende la necesidad de reforzar la separación de poderes como garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en línea con sus principios políticos .
Desde el Partido Popular se insiste en que las instituciones deben actuar con respeto a la legalidad y sin interferencias políticas, asegurando el normal funcionamiento del sistema democrático y la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
Ester Muñoz: «Atacar a un juez es cruzar todas las líneas democráticas»
El Partido Popular ha denunciado los ataques del Gobierno a la independencia judicial y ha advertido del riesgo que suponen para el correcto funcionamiento del Estado de derecho.
La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está utilizando al juez Juan Carlos Peinado para “lanzar un mensaje de miedo” al conjunto de la judicatura. En este sentido, ha advertido de que el objetivo es que los jueces “se lo piensen dos veces” cuando tengan que investigar asuntos relacionados con el Gobierno.
El Partido Popular considera que este tipo de actuaciones suponen un intento de intimidación que compromete la independencia judicial y la separación de poderes, principios esenciales del sistema democrático.
Ester Muñoz ha señalado que el titular de Justicia “ha traspasado los límites de cualquier demócrata” al atacar públicamente a un juez con nombres y apellidos en una rueda de prensa oficial. Asimismo, ha subrayado que las declaraciones de un ministro no pueden considerarse opiniones personales, sino posicionamientos del conjunto del Ejecutivo.
El Partido Popular denuncia que el ministro ha dirigido críticas reiteradas a jueces, fiscales y magistrados, así como al Tribunal Supremo, y ha cuestionado también sus actuaciones respecto al Consejo General del Poder Judicial.
En este contexto, el Partido Popular advierte de una deriva preocupante por parte del Gobierno en relación con el respeto a las instituciones, y recuerda que la independencia judicial es una garantía fundamental para los ciudadanos.
Asimismo, Ester Muñoz ha cuestionado determinadas decisiones del Ejecutivo adoptadas por decreto, subrayando la importancia de respetar la voluntad expresada en el Parlamento y reforzar los mecanismos de control democrático.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las instituciones, pilares fundamentales para la convivencia democrática y el buen funcionamiento de España.
Miriam Guardiola: «Murcia acumula más de 221.000 casos sin resolver»
La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado que “la Región de Murcia está a la cola de España en Justicia como consecuencia directa de la falta de inversión y planificación del Gobierno de Pedro Sánchez, así como de la inacción del delegado de Gobierno en la Región”, y ha exigido “medidas urgentes para acabar con el colapso de los juzgados”.
Guardiola ha alertado de que la Región registra actualmente el mayor atasco judicial del país, con más de 221.000 asuntos pendientes de resolución y unos tiempos de respuesta que superan ampliamente la media nacional.
“Los murcianos tienen que esperar de media más de 12 meses para obtener una respuesta judicial, casi cuatro meses más que la media nacional, lo que nos convierte en la comunidad más lenta de España”, ha subrayado. Especialmente grave es la situación de los juzgados civiles, que tardan hasta año y medio en resolver procedimientos, “cuatro meses más que en cualquier otra comunidad autónoma”, ha añadido.
Déficit estructural de medios
La portavoz ha insistido en que esta situación “no es nueva ni coyuntural, sino consecuencia de un déficit estructural que el Gobierno de España lleva años sin corregir”.
En este sentido, ha recordado que en la Región de Murcia faltan al menos 22 unidades judiciales, especialmente, los partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, tal y como propuso el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, y que el propio Consejo General del Poder Judicial ha instado a la creación de nuevas plazas para adecuar la planta judicial a la carga de trabajo.
“Llevamos años con una de las ratios más bajas de jueces por habitante de toda España, y mientras no se corrija esta situación será imposible garantizar un servicio público de calidad”, ha señalado.
Guardiola ha insistido en que “la Justicia es una competencia exclusiva del Gobierno de España, por lo que no caben excusas ante un problema que afecta directamente a los ciudadanos, a las empresas y al conjunto de la economía regional”.
Críticas al delegado del Gobierno y al PSOE
Asimismo, ha criticado la “inacción absoluta” del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, “que en más de medio año en el cargo, y más de un año como secretario general del PSOE regional, no ha hecho nada para traer las infraestructuras judiciales que necesita la Región ni por las necesidades de los ciudadanos”.
“Mientras los juzgados se colapsan y los ciudadanos esperan años para una resolución, el delegado del Gobierno sigue desaparecido y sin defender los intereses de la Región de Murcia”, ha denunciado.
En la misma línea, Guardiola ha reprochado al diputado socialista Joaquín Salmerón, miembro de la Comisión de Justicia en el Congreso, que “tampoco haya movido un dedo para solucionar este problema”.
“Es incomprensible que, teniendo responsabilidades directas en materia de Justicia, el PSOE de la Región guarde silencio ante uno de los mayores problemas que sufren los murcianos”, ha añadido.
La portavoz del PP ha advertido de que el colapso judicial “tiene consecuencias muy graves”, como retrasos en divorcios, reclamaciones económicas, despidos o incluso rebajas de condenas por dilaciones indebidas.
“Estamos hablando de un sistema tensionado al límite, donde el esfuerzo de jueces, fiscales y funcionarios es incuestionable, pero claramente insuficiente ante la falta de medios humanos y materiales”, ha señalado.
Por todo ello, Guardiola ha exigido al Gobierno de España “hechos y no palabras” y la creación urgente de nuevas unidades judiciales, así como el refuerzo de jueces, fiscales y personal, para “poner fin al abandono que sufre la Región de Murcia también en materia de Justicia”.