Gamarra denuncia una «estrategia» para atacar a los jueces.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado durante la sesión de control al Gobierno la existencia de una “estrategia política” del Ejecutivo de Pedro Sánchez basada en desacreditar a los jueces para erosionar la confianza en la Justicia.
Gamarra ha advertido de que los ataques a resoluciones judiciales no constituyen libertad de expresión, sino una maniobra dirigida a generar desconfianza en el sistema judicial. En este sentido, ha señalado que cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, critica públicamente a jueces, está ejecutando una estrategia política diseñada desde el Ejecutivo.
La dirigente popular ha subrayado que el objetivo de esta actuación es “preparar el terreno” para que futuras resoluciones judiciales sean cuestionadas por una parte de la sociedad, debilitando así el principio de igualdad ante la ley.
Asimismo, ha recordado que el Estado de Derecho se sustenta en que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición o responsabilidades.
Gamarra también ha criticado otras actuaciones del Gobierno en materia de seguridad y política migratoria, así como el funcionamiento de determinadas reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo, alertando de retrasos y problemas en la administración de justicia.
José Antonio Sánchez: «Hay que proteger la independencia de jueces y fiscales»
El Viceconsejero de Presidencia y Adm. Local en la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, ha anunciado que la Comunidad de Madrid llevará este jueves una iniciativa institucional para exigir al Gobierno de España que garantice la independencia judicial y ponga fin a los ataques contra jueces y fiscales.
Sánchez ha señalado que, frente a un Ejecutivo que “ataca a las instituciones y cuestiona la independencia judicial”, la Comunidad de Madrid actúa como un “contrapoder democrático” en defensa del Estado de Derecho.
La iniciativa planteada por el Gobierno autonómico reclama el cese de los señalamientos a miembros del poder judicial que actúan con independencia, así como la dotación de los medios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia en España.
El Partido Popular subraya que la independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia y del equilibrio institucional, y defiende la necesidad de reforzar la separación de poderes como garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en línea con sus principios políticos .
Desde el Partido Popular se insiste en que las instituciones deben actuar con respeto a la legalidad y sin interferencias políticas, asegurando el normal funcionamiento del sistema democrático y la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
Ester Muñoz: «Atacar a un juez es cruzar todas las líneas democráticas»
El Partido Popular ha denunciado los ataques del Gobierno a la independencia judicial y ha advertido del riesgo que suponen para el correcto funcionamiento del Estado de derecho.
La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está utilizando al juez Juan Carlos Peinado para “lanzar un mensaje de miedo” al conjunto de la judicatura. En este sentido, ha advertido de que el objetivo es que los jueces “se lo piensen dos veces” cuando tengan que investigar asuntos relacionados con el Gobierno.
El Partido Popular considera que este tipo de actuaciones suponen un intento de intimidación que compromete la independencia judicial y la separación de poderes, principios esenciales del sistema democrático.
Ester Muñoz ha señalado que el titular de Justicia “ha traspasado los límites de cualquier demócrata” al atacar públicamente a un juez con nombres y apellidos en una rueda de prensa oficial. Asimismo, ha subrayado que las declaraciones de un ministro no pueden considerarse opiniones personales, sino posicionamientos del conjunto del Ejecutivo.
El Partido Popular denuncia que el ministro ha dirigido críticas reiteradas a jueces, fiscales y magistrados, así como al Tribunal Supremo, y ha cuestionado también sus actuaciones respecto al Consejo General del Poder Judicial.
En este contexto, el Partido Popular advierte de una deriva preocupante por parte del Gobierno en relación con el respeto a las instituciones, y recuerda que la independencia judicial es una garantía fundamental para los ciudadanos.
Asimismo, Ester Muñoz ha cuestionado determinadas decisiones del Ejecutivo adoptadas por decreto, subrayando la importancia de respetar la voluntad expresada en el Parlamento y reforzar los mecanismos de control democrático.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las instituciones, pilares fundamentales para la convivencia democrática y el buen funcionamiento de España.
Miriam Guardiola: «Murcia acumula más de 221.000 casos sin resolver»
La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado que “la Región de Murcia está a la cola de España en Justicia como consecuencia directa de la falta de inversión y planificación del Gobierno de Pedro Sánchez, así como de la inacción del delegado de Gobierno en la Región”, y ha exigido “medidas urgentes para acabar con el colapso de los juzgados”.
Guardiola ha alertado de que la Región registra actualmente el mayor atasco judicial del país, con más de 221.000 asuntos pendientes de resolución y unos tiempos de respuesta que superan ampliamente la media nacional.
“Los murcianos tienen que esperar de media más de 12 meses para obtener una respuesta judicial, casi cuatro meses más que la media nacional, lo que nos convierte en la comunidad más lenta de España”, ha subrayado. Especialmente grave es la situación de los juzgados civiles, que tardan hasta año y medio en resolver procedimientos, “cuatro meses más que en cualquier otra comunidad autónoma”, ha añadido.
Déficit estructural de medios
La portavoz ha insistido en que esta situación “no es nueva ni coyuntural, sino consecuencia de un déficit estructural que el Gobierno de España lleva años sin corregir”.
En este sentido, ha recordado que en la Región de Murcia faltan al menos 22 unidades judiciales, especialmente, los partidos judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, tal y como propuso el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, y que el propio Consejo General del Poder Judicial ha instado a la creación de nuevas plazas para adecuar la planta judicial a la carga de trabajo.
“Llevamos años con una de las ratios más bajas de jueces por habitante de toda España, y mientras no se corrija esta situación será imposible garantizar un servicio público de calidad”, ha señalado.
Guardiola ha insistido en que “la Justicia es una competencia exclusiva del Gobierno de España, por lo que no caben excusas ante un problema que afecta directamente a los ciudadanos, a las empresas y al conjunto de la economía regional”.
Críticas al delegado del Gobierno y al PSOE
Asimismo, ha criticado la “inacción absoluta” del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, “que en más de medio año en el cargo, y más de un año como secretario general del PSOE regional, no ha hecho nada para traer las infraestructuras judiciales que necesita la Región ni por las necesidades de los ciudadanos”.
“Mientras los juzgados se colapsan y los ciudadanos esperan años para una resolución, el delegado del Gobierno sigue desaparecido y sin defender los intereses de la Región de Murcia”, ha denunciado.
En la misma línea, Guardiola ha reprochado al diputado socialista Joaquín Salmerón, miembro de la Comisión de Justicia en el Congreso, que “tampoco haya movido un dedo para solucionar este problema”.
“Es incomprensible que, teniendo responsabilidades directas en materia de Justicia, el PSOE de la Región guarde silencio ante uno de los mayores problemas que sufren los murcianos”, ha añadido.
La portavoz del PP ha advertido de que el colapso judicial “tiene consecuencias muy graves”, como retrasos en divorcios, reclamaciones económicas, despidos o incluso rebajas de condenas por dilaciones indebidas.
“Estamos hablando de un sistema tensionado al límite, donde el esfuerzo de jueces, fiscales y funcionarios es incuestionable, pero claramente insuficiente ante la falta de medios humanos y materiales”, ha señalado.
Por todo ello, Guardiola ha exigido al Gobierno de España “hechos y no palabras” y la creación urgente de nuevas unidades judiciales, así como el refuerzo de jueces, fiscales y personal, para “poner fin al abandono que sufre la Región de Murcia también en materia de Justicia”.