La diputada del Partido Popular, Elisa Vigil, ha denunciado la creciente presión fiscal y normativa que sufren los autónomos en España, advirtiendo de que las políticas del Gobierno están provocando situaciones como el traslado de actividad económica a otros países.
Durante su intervención, Vigil ha señalado que incluso familiares del presidente del Gobierno han optado por cambiar su residencia fiscal a países como Portugal, donde —según ha explicado— las condiciones para los trabajadores por cuenta propia son más favorables, con cuotas significativamente inferiores a las existentes en España.
En este sentido, ha criticado que en España los autónomos deben afrontar costes superiores a los 300 euros mensuales, frente a cifras mucho más reducidas en otros países, lo que evidencia, a su juicio, una falta de competitividad del sistema español.
La diputada popular ha puesto el foco en el elevado peso fiscal sobre los carburantes, recordando que cerca del 43% del precio de la gasolina corresponde a impuestos. “Los autónomos dependen de su vehículo para trabajar y están pagando el litro a dos euros”, ha señalado, reclamando una reducción de la carga fiscal para aliviar su situación.
Asimismo, Elisa Vigil ha enumerado diversas medidas adoptadas por el Gobierno que, en su opinión, están dificultando la actividad de los autónomos, como la reforma laboral, la introducción de nuevas cuotas, la limitación de pagos en efectivo, el impuesto al plástico o la obligación de implantar sistemas de facturación electrónica.
En particular, ha criticado la incertidumbre generada en torno al sistema de facturación digital, que ha obligado a empresas y autónomos a realizar inversiones en software que posteriormente han quedado en el aire tras cambios en los plazos de aplicación.
“El esfuerzo de los autónomos no está siendo tenido en cuenta por el Gobierno”, ha subrayado Vigil, quien ha reclamado medidas concretas para reducir costes, simplificar trámites y apoyar a este colectivo esencial para la economía.
El Partido Popular defiende la necesidad de aliviar la presión fiscal, mejorar las condiciones de los autónomos y garantizar un entorno económico más favorable para el desarrollo de su actividad.
