El diputado de VOX Gonzalo Centeno ofreció una rueda de prensa tras finalizar las comparecencias de la Comisión de Investigación sobre el accidente minero ocurrido el 25 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco personas, y aseguró que las conclusiones de su grupo apuntan a la existencia de un fraude de ley “en toda regla”, con la connivencia de determinados órganos y personas de la Administración del Principado de Asturias.
Centeno explicó que la posición de VOX se basa en lo que denominó una “valoración conjunta de la prueba”, integrada tanto por la documentación incorporada al expediente como por las declaraciones realizadas por los más de 70 comparecientes que han pasado por la comisión. “De todo ello se desprende una opinión central que va a sustentar nuestra aportación al dictamen: aquí no estamos ante simples errores administrativos, sino ante un fraude de ley tal y como lo define el artículo 7 del Código Civil”, afirmó.
El diputado recordó que, tras la transmisión de los derechos mineros autorizada judicialmente, la Administración concedió a un empresario —al que definió como “un comercial de carbón de toda la vida, no una empresa minera”— un permiso inicial para la retirada de chatarra y acopios de carbón en el exterior, una actividad que ya resultaba económicamente rentable. Sin embargo, señaló que la existencia de más de tres millones de toneladas de carbón fácilmente extraíble llevó a que se iniciara una extracción ilegal, que desembocó en el accidente del 25 de agosto de 2022 y en la posterior paralización de la actividad.
Según Centeno, a partir de ese momento la estrategia del empresario cambió y se orientó a lograr la reanudación de los trabajos mediante lo que calificó como dos “fraudes de ley claros”. El primero, la concesión de subvenciones por parte del Instituto para la Transición Justa por más de 900.000 euros, ampliables hasta tres millones, para un proyecto valorado en cuatro millones de euros, sustentado —según denunció— en informes “surrealistas”, con una inversión mínima y una empresa sin trabajadores, encabezada formalmente por una persona de 21 años. “Es una simulación evidente, con testaferros desde el primer día”, sostuvo.
El segundo fraude, añadió, fue la autorización administrativa del denominado Proyecto de Investigación Complementaria, que permitía la extracción de hasta 60.000 toneladas de carbón para su supuesta conversión en grafito. Centeno subrayó que varios comparecientes, entre ellos ingenieros de minas y empresarios del sector, coincidieron en señalar que transformar la hulla de Cerredo en grafito es “científicamente improbabilísimo y económicamente inviable”. “Es un trampantojo, y aun así se autorizó”, afirmó.
En relación con el funcionamiento de la comisión, el diputado señaló que el dictamen final dependerá de las mayorías parlamentarias, pero aseguró que VOX fundamentará sus conclusiones en estos hechos. No obstante, indicó que respetarán los trámites procedimentales antes de señalar de forma concreta a los órganos y personas que, a su juicio, no solo incurrieron en una falta de vigilancia, sino en una responsabilidad directa por connivencia.
Centeno consideró además “claramente insuficientes” las dimisiones políticas producidas hasta la fecha y destacó que las comparecencias más esclarecedoras han sido las de ingenieros, técnicos y empresarios mineros, así como las de representantes de la brigada de salvamento y sindicalistas independientes. En contraste, criticó que los cargos directivos “no hayan aportado prácticamente nada”, mientras que la comisión de seguimiento de la seguridad minera se ha revelado, según dijo, como un órgano meramente consultivo, con escasa capacidad de control sobre la Administración.
