El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Barcelona defenderá en el próximo Pleno una serie de iniciativas centradas en la venta ambulante ilegal, la seguridad, la gestión del padrón y el reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El presidente del grupo municipal, Gonzalo de Oro, ha anunciado que VOX presentará un ruego para exigir al Gobierno de Jaume Collboni la puesta en marcha de un plan permanente y coordinado contra el denominado «top manta».
De Oro sostiene que la presencia habitual de puntos de venta ilegal en espacios como la plaza de Cataluña, el paseo de Gracia, Las Ramblas o el entorno del parque Güell provoca competencia desleal y perjudica a los comerciantes que pagan impuestos, alquileres, licencias y cotizaciones.
«Desde VOX debemos proteger al comercio local y no ver cómo cierran tiendas mientras en sus puertas se venden falsificaciones», ha afirmado.
El Ayuntamiento reconoce oficialmente a Gonzalo de Oro-Pulido como representante del Grupo Municipal VOX en el consistorio barcelonés.
Decomisos e inspecciones contra las redes de distribución
VOX considera que los operativos puntuales no resultan suficientes, porque desplazan temporalmente a los vendedores hacia otras zonas sin actuar sobre la distribución y el almacenamiento de los productos.
Por ello, la formación propone mantener una presión policial continuada, aumentar los decomisos, inspeccionar los almacenes clandestinos y reforzar la coordinación entre la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de inspección.
«La falta de presión policial sostenida únicamente traslada el problema de un sitio a otro», ha advertido De Oro.
VOX vincula la distribución de productos falsificados con redes organizadas y reclama que también se investigue a quienes importan, almacenan y suministran la mercancía, más allá de las personas que realizan la venta en la vía pública.
La venta ambulante sin autorización está contemplada como una infracción en la Carta Municipal de Barcelona y en la normativa de convivencia de la ciudad. La regulación municipal también sanciona la compra de productos procedentes de esta actividad.
La formación ya había impulsado anteriormente campañas contra el «top manta» en Cataluña, argumentando que perjudica al pequeño comercio y genera una competencia desigual.
VOX acusa al Ayuntamiento de fomentar el «top manta»
De Oro ha elevado sus críticas contra el Ejecutivo municipal y lo ha acusado de financiar, promocionar y facilitar medios a organizaciones relacionadas con los vendedores ambulantes.
«El Ayuntamiento de Barcelona no solo está tolerando el top manta, sino que lo está financiando, promocionando y equipando con dinero e infraestructuras que son de todos», ha declarado.
Esta afirmación representa la valoración política de VOX. El enfoque municipal y el defendido por la Sindicatura de Greuges han combinado históricamente la intervención sobre la venta no autorizada con medidas sociales dirigidas a abordar la situación administrativa y laboral de los vendedores.
La Sindicatura ha defendido una actuación coordinada entre administraciones y ha recomendado abordar también las causas estructurales del fenómeno, evitando respuestas exclusivamente reactivas.
VOX, por su parte, considera que las políticas sociales no pueden traducirse en permisividad ante la ocupación del espacio público, la venta sin licencia o la distribución de falsificaciones.
Auditoría del padrón municipal
La formación también solicitará una revisión y auditoría de determinados empadronamientos para detectar posibles inscripciones fraudulentas y garantizar que las ayudas y servicios municipales se conceden conforme a los requisitos legales.
De Oro ha relacionado esta petición con los procesos de regularización de personas extranjeras y con la presión que, según VOX, soportan los servicios sociales, la vivienda pública y la gestión administrativa del padrón.
El grupo municipal reclama reforzar las comprobaciones sobre los domicilios declarados, evitar inscripciones ficticias y mejorar el intercambio de información entre administraciones.
Las cifras sobre regularizaciones mencionadas durante la comparecencia —24.000 personas en una estimación inicial y más de 87.000 posteriormente— han sido aportadas por VOX, sin que en el comunicado se precise la fuente, el periodo o el ámbito territorial exacto de esos datos.
Reconocimiento a la Policía Nacional y la Guardia Civil
VOX defenderá además una proposición destinada a institucionalizar el reconocimiento de Barcelona a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La iniciativa incluye la concesión colectiva de la Medalla de Oro al Mérito Cívico de la ciudad y un reconocimiento específico a los agentes desplegados en Cataluña durante octubre de 2017.
La formación también reclama al Gobierno de España que avance en la declaración de ambas fuerzas como profesiones de riesgo y que garantice una equiparación salarial efectiva entre los distintos cuerpos policiales.
«Barcelona tiene una deuda de gratitud moral con la Policía Nacional y la Guardia Civil por su lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y por la defensa del orden constitucional», ha afirmado Gonzalo de Oro.
El Ministerio del Interior atribuye a la Secretaría de Estado de Seguridad competencias de dirección y coordinación en materias como el terrorismo, el crimen organizado, la trata de seres humanos y el tráfico de drogas.
VOX rechaza el cambio de nombre de Virrei Amat
El grupo municipal también ha expresado su oposición al cambio de denominación de la plaza de Virrei Amat, en el distrito de Nou Barris.
La propuesta aprobada plantea recuperar el nombre de Joan Salvat-Papasseit, denominación que tuvo la plaza desde 1933 hasta que fue sustituida en 1941. La iniciativa obtuvo el apoyo de PSC, ERC, Junts y Barcelona en Comú, mientras PP y VOX votaron en contra.
VOX considera que esta decisión responde a criterios ideológicos y sostiene que el Gobierno municipal debería concentrar sus esfuerzos en problemas como la inseguridad, la vivienda, la limpieza y la situación del comercio.
De Oro ha concluido reclamando que el próximo Pleno adopte medidas permanentes contra la venta ilegal, refuerce la colaboración policial y reconozca públicamente el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
