El diputado del Partido Popular de Cataluña, Pere Lluís Huguet ha acusado al Govern de Salvador Illa de “engañar” a los ciudadanos con su propuesta de compra compartida de vivienda, al considerar que el mecanismo anunciado no se corresponde con esta figura jurídica, sino con un sistema de “propiedad temporal”.
Durante la sesión de control en el Parlament de Cataluña, Huguet ha cuestionado ante la consellera de Territori las condiciones del modelo planteado por la Generalitat.
“La compra compartida de vivienda la regula el Código Civil y no es lo que han anunciado ustedes”, ha afirmado el parlamentario, que sostiene que el Ejecutivo catalán está utilizando una denominación que no refleja las condiciones reales de la operación.
Según la descripción de la propuesta recogida en la información del PPC, el comprador adquiriría inicialmente el 50% de la vivienda y dispondría de un plazo de 50 años para comprar la participación restante. Si no completase esa adquisición, el inmueble pasaría a ser propiedad de la Generalitat.
Huguet ha ilustrado sus críticas con el ejemplo de una vivienda de 200.000 euros. En ese supuesto, ha señalado, una persona de 40 años aportaría inicialmente 100.000 euros y tendría que abonar otros 100.000 antes de cumplir 90 años para evitar perder la titularidad del inmueble, de acuerdo con su interpretación del modelo.
“Ustedes ofrecen propiedad temporal”, ha insistido el diputado, que ha reclamado al Govern que abandone lo que considera experimentos en política de vivienda.
El representante del PPC también ha cuestionado la actuación institucional del Ejecutivo catalán. Ha acusado al Partido Socialista de intentar recuperar medidas rechazadas previamente por las cámaras parlamentarias y ha señalado que la propuesta de vivienda compartida ya había sido rechazada por el Parlament.
“Les da igual que el Parlament rechazara su propuesta de vivienda compartida”, ha afirmado Huguet, que ha reclamado al Govern respeto por las decisiones de la Cámara catalana.
Precisión editorial: la información aportada recoge la interpretación jurídica y política de Huguet. No incluye el texto normativo completo de la propuesta, por lo que no permite determinar de forma independiente si su calificación como “propiedad temporal” es jurídicamente correcta.
