El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Antonio Monago, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de comprometer hasta 69.000 millones de euros en gasto de Defensa sin disponer de Presupuestos Generales del Estado aprobados y sin el respaldo parlamentario necesario para asumir compromisos económicos de esa magnitud.
Durante una pregunta dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la sesión de control al Gobierno, Monago ha cuestionado la decisión del Ejecutivo de proyectar inversiones y compromisos de gasto hasta el año 2035 sin ofrecer la información detallada requerida por la oposición ni facilitar el debate parlamentario correspondiente.
El dirigente popular ha advertido de que el Gobierno pretende condicionar las decisiones presupuestarias de los próximos años mientras sigue sin contar con unas nuevas cuentas públicas aprobadas. En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo recurra a fórmulas extraordinarias para comprometer recursos futuros sin disponer de la cobertura presupuestaria ordinaria.
Monago también ha denunciado la falta de transparencia en relación con la documentación solicitada por el Partido Popular sobre distintos programas de gasto vinculados al ámbito de la Defensa. Según ha señalado, el Grupo Popular ha tenido que acudir a los tribunales para obtener información que considera imprescindible para ejercer las labores de control parlamentario.
Asimismo, el senador extremeño ha reclamado al Gobierno que publique todos los documentos y detalles relacionados con estos compromisos económicos, argumentando que la transparencia es una obligación democrática cuando se trata de inversiones financiadas con recursos públicos.
Durante su intervención, Monago ha alertado además de los riesgos de generar estructuras de gasto plurianuales sin suficiente supervisión institucional, especialmente cuando afectan a sectores estratégicos y movilizan importantes cantidades de dinero público.
El portavoz adjunto del GPP ha defendido que cualquier decisión de esta relevancia debe estar acompañada de transparencia, control parlamentario y seguridad jurídica, garantizando que los ciudadanos conozcan con exactitud el destino de los recursos comprometidos por el Estado.
