La portavoz del Partido Popular de Cataluña (PPC) en el Parlament, Lorena Roldán, ha acusado al Govern de Salvador Illa de favorecer la ocupación ilegal y perjudicar el mercado del alquiler mediante unas políticas de vivienda que, a su juicio, castigan a los propietarios y reducen la oferta disponible.
Durante una intervención en el pleno del Parlament, Roldán ha cuestionado la intención del Ejecutivo catalán de impulsar medidas que, según ha señalado, ya habían sido rechazadas por la Cámara.
La diputada ha preguntado a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, si el Govern pretende gobernar “contra el Parlamento”, y ha establecido un paralelismo con las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda.
Críticas a la regulación del alquiler
Roldán ha acusado a los gobiernos socialistas de responsabilizar a los propietarios particulares de una crisis habitacional que, según sostiene, no han sabido resolver.
“Después de ocho años de Sánchez y dos de Illa tenemos menos vivienda en el mercado, más okupaciones y más desahucios”, ha afirmado.
La portavoz popular ha criticado especialmente las medidas de control de precios, la intervención del mercado del alquiler y el aumento de la regulación.
A su juicio, estas políticas han contribuido a reducir la oferta residencial y han generado inseguridad entre quienes alquilan sus inmuebles.
Roldán también ha defendido a los pequeños propietarios, entre ellos personas que han heredado una vivienda o que utilizan los ingresos del alquiler para complementar su pensión.
Defensa de la propiedad privada
La dirigente del PPC ha denunciado lo que considera un trato desigual entre los propietarios y quienes ocupan ilegalmente una vivienda.
Según ha expresado, el actual marco de protección genera una situación injusta para las familias que cumplen sus obligaciones y han destinado sus ahorros a adquirir un inmueble.
“Proteger al usurpador no es justicia social, es desproteger a las familias que cumplen las reglas”, ha señalado.
Roldán ha defendido que el respeto a la propiedad privada debe formar parte de cualquier política pública de vivienda y ha reclamado al Govern que revise las medidas que, en su opinión, desincentivan la oferta de alquiler.
Reproches al procedimiento legislativo
La portavoz del PPC también ha cuestionado que el Ejecutivo catalán busque vías alternativas para impulsar propuestas previamente rechazadas por el Parlament.
En este contexto, ha mencionado el recurso a la Diputación Permanente del Congreso por parte del Gobierno central, aunque su intervención se ha desarrollado en la Cámara autonómica catalana.
Roldán ha concluido reclamando un cambio en la política de vivienda que refuerce la seguridad jurídica de los propietarios y permita aumentar la oferta residencial.
