El senador del Partido Popular por Guadalajara, Lucas Castillo, ha denunciado hoy la “grave deriva” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de nacionalidad y política migratoria, tras la instrucción que, según ha señalado, modifica de facto la conocida como “Ley de Nietos” sin respaldo parlamentario, sin debate y sin transparencia.
Castillo ha recordado que tanto la Ley de Memoria Histórica de 2007 como la Ley de Memoria Democrática de 2022 ya contemplaban supuestos para la nacionalización de descendientes de españoles, aunque el Partido Popular mostró discrepancias con algunos aspectos.
Sin embargo, ha subrayado que el problema actual es mucho más grave.
“Lo que hoy está en cuestión es algo mucho más grave: el Gobierno ha decidido ampliar esos supuestos mediante una simple instrucción administrativa, de espaldas al Congreso y vulnerando el espíritu de la ley”, ha afirmado.
El senador popular ha estructurado su denuncia en tres grandes preocupaciones: la inseguridad jurídica, la falta de garantías y el impacto sobre el Estado del bienestar.
En primer lugar, Castillo ha advertido de la inseguridad jurídica generada por una instrucción que, según ha explicado, “va más allá de lo aprobado”, al ampliar los supuestos, el ámbito temporal hasta el siglo XIX y el alcance generacional, incluyendo bisnietos y tataranietos.
“Se está multiplicando el número de beneficiarios por la puerta de atrás”, ha señalado.
En segundo lugar, el senador del PP ha denunciado la falta de garantías del procedimiento, así como la arbitrariedad en la asignación de provincias a los nuevos nacionalizados.
A ello se suma, según ha indicado, la externalización de trámites a empresas vinculadas a polémicas recientes, una circunstancia que “no ofrece ninguna confianza a los ciudadanos”.
El tercer eje de preocupación es el impacto directo sobre el Estado del bienestar. Castillo ha alertado de que España podría enfrentarse a un incremento de población de millones de personas en un corto periodo de tiempo, sumando esta medida a otras políticas migratorias del Gobierno.
“Estamos hablando de cifras que pueden llevar a incorporar hasta 8 millones de personas adicionales al sistema público”, ha afirmado.
En este sentido, el senador ha sido contundente: “Nuestro sistema público está colapsado, tensionado y al límite”.
Castillo ha recordado que, pese al récord de recaudación fiscal de los últimos años, los servicios públicos no han mejorado, sino que, a su juicio, se encuentran sometidos a una presión cada vez mayor.
El senador por Guadalajara ha defendido la posición del Partido Popular, basada en el rigor, la legalidad y la protección de los servicios públicos.
“Apoyamos el vínculo de España con los descendientes de españoles, pero con rigor, garantías y evitando el fraude y el colapso del sistema”, ha subrayado.
Asimismo, ha señalado que la desconfianza generada en torno a este proceso es consecuencia directa de la actuación del propio Gobierno, marcada, según ha denunciado, por la opacidad y los escándalos.
Por último, Castillo ha anunciado que el Partido Popular impulsará, cuando llegue al Gobierno, la derogación de la actual Ley de Memoria Democrática y la aprobación de una nueva ley de nacionalidad “con requisitos exigentes, claros y homologables a los países de nuestro entorno”.
Entre esos requisitos, ha citado el conocimiento del idioma, de las instituciones y de los valores constitucionales como condiciones básicas para acceder a la nacionalidad española.
“El acceso a la nacionalidad española es un honor y debe conllevar responsabilidad, integración y respeto a nuestro país. España merece seriedad, legalidad y transparencia. Y hoy, el Gobierno no está a la altura”, ha concluido.
