El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Luis Martínez, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que pague “de manera justa” por las parcelas de agricultores afectados por la dana que han pasado a ser Dominio Público Hidráulico. Así lo ha reclamado durante el debate de una Proposición No de Ley presentada por el GPP en Les Corts Valencianes.
Martínez ha denunciado “la falta de actuación, transparencia y ayudas reales” del Ejecutivo central con los agricultores damnificados y ha asegurado que “no es solo una catástrofe climática, sino una catástrofe política que culmina con la última traición del Gobierno de Sánchez a la Comunitat Valenciana”.
El portavoz popular ha recordado que más de 300 hectáreas de cultivo quedaron inutilizadas tras la riada y que el sector agrario propuso una solución “de sentido común”: adquirir las parcelas de mutuo acuerdo con los propietarios, indemnizar justamente a los afectados e integrar posteriormente esos terrenos en el Dominio Público Hidráulico.
En este sentido, ha señalado que el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, trasladó formalmente esta propuesta al Gobierno de España en enero de 2025 mediante escritos remitidos al Ministerio para la Transición Ecológica, al Ministerio de Agricultura y a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Sin embargo, según Martínez, la respuesta del Ejecutivo ha sido “el silencio, la opacidad y la imposición”. El diputado popular ha denunciado que el Gobierno central “ha intentado ampliar el Dominio Público Hidráulico por la puerta de atrás, publicándolo en el BOE sin informar individualmente a los propietarios y sin aclarar cuánto van a cobrar por sus tierras un año y medio después de la riada”.
“No discutimos la legalidad del dominio público; lo que exigimos es justicia para los afectados”, ha subrayado.
Asimismo, el portavoz de Agricultura del GPP ha criticado el retraso y el incumplimiento de las ayudas prometidas por el Ejecutivo central. “Pedro Sánchez prometió recuperar hasta el último metro de tierra afectada y la realidad es que, de los 170 millones previstos, apenas se ha ejecutado menos de la mitad”, ha afirmado. También ha recordado que “de los 200 millones de ayudas directas anunciados para el sector agrario apenas han llegado 68”.
La iniciativa del Grupo Popular reclama que se notifique individualmente a cada afectado, que se garantice una compensación económica justa y que las nuevas delimitaciones del Dominio Público Hidráulico se incorporen al visor público SIGPAC.
“Los agricultores valencianos merecen dignidad, no el pillaje institucional y el descuido normativo al que nos somete el Gobierno de España. Desde este grupo parlamentario seguiremos siendo el escudo de defensa de nuestra agricultura y nuestro campo”, ha concluido Martínez.
