La eurodiputada del Partido Popular Maravillas Abadía ha denunciado formalmente ante la Comisión Europea que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a la Generalitat de Cataluña, mediante un Real Decreto-ley, la gestión de la oferta de empleo público y los procesos selectivos de los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional: secretarios, interventores y tesoreros. Esta decisión, ha señalado, supone “una violación del orden jurídico español y una vulneración de la competencia exclusiva del Estado”.
Abadía ha subrayado que el Tribunal Constitucional ya ha establecido con claridad que estas competencias corresponden en exclusiva al Estado, por lo que la actuación del Gobierno constituye “un nuevo paso en el desmantelamiento del Estado de Derecho por parte de Sánchez”, una deriva institucional que el Partido Popular no está dispuesto a permitir.
La dirigente popular ha remitido ya una carta a la Comisión Europea solicitando una evaluación urgente de este movimiento y reclamando garantías para asegurar que España mantiene la independencia de sus instituciones y el respeto a los principios que rigen el funcionamiento de la Administración Local.
“Los habilitados nacionales no somos la moneda de cambio para que Sánchez se mantenga en La Moncloa”, ha afirmado Abadía, recordando que estos funcionarios desempeñan funciones esenciales de control, legalidad y tutela financiera en los municipios y que su independencia es una condición imprescindible para garantizar la igualdad de todos los españoles.
En este sentido, ha concluido de forma rotunda:
“La habilitación nacional no se vende”, reafirmando el compromiso del Partido Popular con la defensa del Estado de Derecho, el respeto al marco constitucional y la protección de la función pública frente a concesiones políticas destinadas a satisfacer a socios independentistas.
