El senador del Grupo Parlamentario Popular por Baleares, Miquel Jerez, ha exigido explicaciones técnicas y políticas al Gobierno tras la brutal agresión sufrida el pasado 15 de febrero en Sant Antoni de Portmany (Ibiza) por una mujer que contaba con una orden judicial de protección en vigor.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Jerez ha preguntado directamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, si mantiene que el sistema telemático de protección funcionó correctamente el día de los hechos. El dirigente popular ha subrayado que la víctima confiaba en que el dispositivo no fallaría, pero “aquella mañana el tiempo jugó a favor del agresor y el sistema se convirtió en una trampa”.
El senador ha recordado que, tras la agresión, el Ministerio defendió que el sistema funcionó conforme al protocolo. Sin embargo, según ha señalado, tanto la familia de la víctima como el atestado policial y fuentes judiciales apuntan a posibles irregularidades. “No puede haber tres verdades distintas sobre un mismo hecho. O la pulsera funcionó o no funcionó. Esa es la cuestión que la ministra debe aclarar con absoluta transparencia”, ha afirmado.
Jerez ha explicado que hace meses ya se conocieron incidencias técnicas que dejaron a mujeres expuestas a la acción de sus agresores, ante lo cual el Ministerio aseguró que se trataba de fallos puntuales ya corregidos. “Después de lo ocurrido en Ibiza, esa afirmación ya no puede darse por buena”, ha advertido.
El senador balear ha planteado que solo caben dos posibilidades: que los problemas se corrigieran realmente o que el sistema siga presentando fallos estructurales que comprometen la seguridad de las víctimas. “Si se corrigieron, el sistema no podía fallar en el momento más decisivo. Y, al parecer, falló. Y si no se corrigieron, seguimos teniendo un fallo susceptible de mantener a mujeres desprotegidas”, ha manifestado.
Asimismo, Jerez ha recordado que la ministra ya fue reprobada en el Senado por la gestión de las pulseras antimaltrato y ha cuestionado su continuidad al frente del departamento. “La protección de las mujeres exige responsabilidad, transparencia y garantías técnicas. Lo que está en juego es la seguridad de las víctimas”, ha concluido.
