El Pleno del Senado ha dado luz verde, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, a un requerimiento para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la posible existencia de contradicciones entre la Constitución española y el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia.
La iniciativa se refiere al artículo 2.4 del tratado, que contempla la asistencia periódica y rotatoria de ministros franceses a reuniones del Consejo de Ministros del Gobierno de España, así como la participación recíproca de ministros españoles en el Ejecutivo francés.
Los senadores del Partido Popular Miquel Jerez y Pepa Pardo han defendido la necesidad de que el máximo intérprete de la Constitución aclare si esta previsión resulta plenamente compatible con el marco constitucional español.
El PP reclama seguridad jurídica
Durante el debate, Miquel Jerez ha explicado que el objetivo de la iniciativa es utilizar el mecanismo previsto por la propia Constitución cuando existen dudas fundadas sobre la constitucionalidad de un tratado internacional.
“Pedimos seguridad jurídica. Pedimos respeto a la Constitución. Pedimos que el máximo intérprete de nuestra Norma Fundamental haga su trabajo”, ha subrayado.
El senador popular ha señalado que la Constitución establece con claridad la composición del Consejo de Ministros y contempla expresamente la posibilidad de que el Rey presida sus reuniones cuando sea convocado por el presidente del Gobierno.
Por ello, el Grupo Popular considera necesario despejar cualquier duda jurídica sobre la asistencia de miembros de un Gobierno extranjero a estas reuniones.
Jerez cuestiona la interpretación posterior del tratado
Miquel Jerez ha reprochado al Ejecutivo que pretenda resolver las dudas mediante una interpretación posterior, en lugar de modificar el texto del tratado y remitir a las Cortes una redacción plenamente compatible con la Constitución.
El portavoz de Constitucional del Grupo Popular ha cuestionado también la explicación del Gobierno sobre una posible participación de ministros franceses “en los márgenes del Consejo de Ministros”.
“La Constitución conoce el Consejo de Ministros; lo que no conoce son sus márgenes”, ha afirmado Jerez, quien ha advertido de que esta expresión no tiene una definición jurídica precisa.
El senador balear ha defendido que el respeto a la Constitución exige corregir cualquier deficiencia antes de que el tratado entre plenamente en vigor, evitando interpretaciones ambiguas que puedan generar inseguridad institucional.
Pepa Pardo defiende el control constitucional
Por su parte, la portavoz de Justicia del Grupo Popular, Pepa Pardo, ha explicado que la solicitud al Tribunal Constitucional responde a la voluntad de garantizar el respeto al orden constitucional y a la soberanía nacional.
“Defender la Constitución y defender la soberanía nacional no es una tropelía”, ha asegurado.
Pardo ha señalado que el intercambio de notas interpretativas promovido por el Ejecutivo evidencia, a juicio del Partido Popular, que el artículo cuestionado necesita aclaraciones y presenta deficiencias jurídicas.
“Si el Gobierno considera necesario interpretar ese precepto es porque está mal hecho y porque genera dudas de constitucionalidad”, ha afirmado.
La senadora por Pontevedra ha criticado que el Gobierno firmara un acuerdo que posteriormente ha requerido explicaciones adicionales para precisar su alcance.
“Ustedes le vendieron un tratado fake a Francia y firmaron un tratado sabiendo que no podían firmarlo porque vulneraban nuestra Constitución”, ha manifestado durante su intervención.
El Senado, garante del Estado de Derecho
El Partido Popular ha reivindicado el papel institucional del Senado en la protección de la Constitución y en el control de los tratados internacionales que puedan afectar al funcionamiento de las instituciones del Estado.
“El Senado es y continuará siendo el guardián de nuestra Constitución y de nuestra soberanía nacional”, ha subrayado Pepa Pardo.
El Grupo Popular defiende que las relaciones de amistad y cooperación con Francia deben desarrollarse desde el pleno respeto a la Constitución, la seguridad jurídica y las competencias de las instituciones españolas.
