La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra no solo supone un golpe político para el PSOE. También puede convertirse en la garantía definitiva de que nunca será extraditado a Estados Unidos ni pisará una prisión norteamericana.
La clave está en los tiempos judiciales españoles. Y los precedentes son demoledores.
El caso de los ERE de Andalucía es probablemente el mejor ejemplo. La investigación arrancó en 2011 y la sentencia firme del Tribunal Supremo no llegó hasta más de una década después. Entre instrucción, juicio oral, recursos y resoluciones judiciales pasaron más de diez años.
Y eso mismo puede ocurrir ahora con Zapatero.
El expresidente ha sido imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales relacionados con el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra.
Zapatero cumple este año 67 años. Si la instrucción judicial dura entre dos y cuatro años, el juicio oral se prolonga otros tantos y posteriormente llegan los recursos ante instancias superiores, una eventual sentencia firme podría llegar perfectamente cuando tenga entre 73 y 75 años.
Y ahí entra el verdadero blindaje.
Si finalmente fuese condenado a penas que podrían oscilar entre cinco y ocho años de prisión, Zapatero terminaría el cumplimiento de cualquier eventual condena con mas de 80 años de edad.
A esa edad, con el desgaste físico lógico y posibles problemas médicos asociados, resulta prácticamente imposible imaginar una extradición a Estados Unidos si así fuera requerido por la Justicia norteamericana.
Por eso, la imputación de Zapatero cambia completamente la lectura política del caso. Lo que muchos celebraron como el inicio de su caída podría terminar siendo precisamente el mecanismo que garantice que toda su situación judicial quede encapsulada dentro del sistema español durante el resto de su vida.
Y en política, a veces sobrevivir no significa ganar la batalla pública. Significa simplemente evitar el peor escenario posible.
