Actualidad Política

19 de agosto de 2026

Santi Rodríguez: «Hemos tenido que corregir al Gobierno en todo, porque ni entienden la delincuencia ni quieren combatirla».

El Grupo Popular consigue incorporar al Dictamen de la futura norma todas las modificaciones planteadas al texto, para garantizar una aplicación más clara y coherente del derecho penal, reforzar la seguridad jurídica y asegurar una respuesta efectiva contra la comisión repetitiva de hurtos, estafas o pequeños robos por sujetos que cuenten con condenas previas

El nuevo paquete de medidas aprobadas -siete transaccionales y dos correcciones técnicas- se suman a las cuatro enmiendas que el PP logró aprobar en Ponencia, sobre hurtos reiterados de móviles, casos de estafas multirreincidentes y la tipificación del petaqueo de combustible usado para el narcotráfico que, como proponía el PP, verán endurecidas las penas

Entre las nuevas enmiendas transaccionadas, el diputado del GPP Santi Rodríguez destaca el pacto sobre la dotación de jueces de adscripción territorial, según los criterios que expresen los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades, estableciendo un mínimo

También resalta el voto favorable del PP a una enmienda de Junts, para eliminar indeterminaciones en la valoración de los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas

Critica que el PSOE solo vea en esta norma “una oportunidad para congraciarse con Puigdemont y que Sánchez se mantenga algún día más en La Moncloa, alargando la agonía de este Gobierno”

Subraya que “la norma no puede ser eficaz por sí misma”, puesto que requiere de “un sistema judicial adecuadamente dimensionado y de medios humanos y materiales para las FyCSE, algo que en manos de este Gobierno de corrupción no será posible”

Hace hincapié en que “el valor anual de los hurtos y estafas en los comercios españoles es de 2.800 millones, lo que representa a su vez más de 500 millones de perjuicio para las Administraciones Públicas”

Denuncia asimismo que la Proposición de Ley del PP sobre multirreincidencia sigue paralizada “en el congelador de Armengol”, acumulando 52 prórrogas al texto 17 meses después de su toma en consideración, “cuando lo lógico hubiera sido unir el trámite parlamentario de esta iniciativa y la de Junts en solo uno, como se hizo con las cuatro proposiciones de ley sobre la ELA”

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