El vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha exigido al Gobierno de Emiliano García-Page explicaciones sobre los errores detectados en los datos de las listas de espera quirúrgicas del sistema sanitario autonómico.
Durante una rueda de prensa celebrada el 8 de octubre en Ciudad Real, acompañado por la coordinadora provincial del Partido Popular, Rocío Zarco, Lucas-Torres ha denunciado que las cifras difundidas durante meses ofrecían, según su versión, una imagen más favorable de la demora para acceder a una operación.
El dirigente popular ha reclamado transparencia sobre el origen del error, la publicación de los datos corregidos y una auditoría independiente del sistema de cálculo.
De 92 a 117 días de espera quirúrgica
Según los datos expuestos por Lucas-Torres, la demora media para una intervención quirúrgica en Castilla-La Mancha no era de 92 días, como se había comunicado oficialmente, sino de 117 días.
La diferencia supone 25 días adicionales respecto a la cifra inicialmente difundida.
El vicepresidente segundo de las Cortes también ha señalado que 6.017 pacientes castellanomanchegos llevaban más de seis meses esperando una operación.
«Los 25 días que faltaban en la estadística estaban en la vida de los pacientes», ha afirmado.
Las cifras proceden de las declaraciones recogidas en el comunicado del PP y no han sido contrastadas aquí con los registros oficiales del servicio regional de salud.
El PP reclama una auditoría independiente
Lucas-Torres ha pedido al Ejecutivo autonómico que publique tanto el fichero original como el corregido para esclarecer cómo se produjo la diferencia estadística.
El dirigente popular ha solicitado también conocer cuándo se detectó el error, quién validó la cifra inicial de 92 días y por qué no se comunicó antes la rectificación.
Entre sus exigencias figura una auditoría independiente del sistema de cómputo de las listas de espera, así como la comparecencia del consejero responsable para explicar lo sucedido.
«Los pacientes no son números, las listas de espera no son propaganda», ha declarado.
Lucas-Torres pide responsabilidades políticas
El vicepresidente segundo de las Cortes regionales ha considerado insuficiente atribuir la discrepancia a un problema informático.
A su juicio, si el Gobierno autonómico utilizó las cifras iniciales para defender su gestión sanitaria, debe explicar públicamente las razones de la rectificación.
«La sanidad pública no puede gestionarse maquillando resultados favorables y culpando después a un fichero informático cuando aparece la realidad», ha sostenido.
La acusación de que los datos fueron deliberadamente maquillados constituye una valoración política de Lucas-Torres. El comunicado no aporta pruebas que permitan establecer una manipulación intencionada.
Rocío Zarco cuestiona la financiación de la ayuda a domicilio
Por su parte, Rocío Zarco ha ampliado las críticas del PP provincial a la gestión de los servicios sociales en Castilla-La Mancha.
La coordinadora popular ha denunciado que los ayuntamientos deben asumir una parte del coste del Servicio de Ayuda a Domicilio que, según ha afirmado, no queda suficientemente cubierta por la financiación autonómica.
Zarco sostiene que el importe abonado por hora de servicio es inferior al coste real que afrontan las entidades locales.
«Page asfixia a los ayuntamientos, vende humo y propaganda política, pero no asume su responsabilidad de prestar servicios sociales de calidad y financiados al cien por cien», ha declarado.
El comunicado no precisa las tarifas aplicadas ni presenta un desglose económico que permita cuantificar esa diferencia.
Sanidad y servicios sociales, ejes de las críticas del PP
La rueda de prensa ha reunido dos reclamaciones del Partido Popular de Ciudad Real: esclarecer las discrepancias en los datos de espera quirúrgica y revisar la financiación de los servicios sociales prestados por los ayuntamientos.
Lucas-Torres ha insistido en la necesidad de ofrecer información verificable sobre los tiempos de espera y de explicar las responsabilidades administrativas correspondientes.
Zarco, por su parte, ha pedido una financiación suficiente para que los municipios puedan mantener los servicios de ayuda a domicilio.
