El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular de «esconderse» detrás de los informes técnicos para evitar asumir responsabilidades políticas por la licencia concedida para la construcción de un supermercado en Cerdeño.
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, sostiene que el Ejecutivo local no ha respondido de manera directa a las preguntas planteadas por su grupo y se ha limitado a señalar que la licencia continúa vigente y cuenta con informes municipales favorables.
«El equipo de Gobierno evita responder a las preguntas planteadas y se refugia en los técnicos, mientras la legalidad de una licencia está siendo cuestionada por el propio Principado», ha declarado Peralta.
El Principado cuestionó el expediente urbanístico
El expediente se encuentra bajo revisión después de que el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado advirtiera de una posible anulabilidad de las resoluciones que autorizaron la licencia y el inicio de las obras. El Ayuntamiento abrió posteriormente los trámites para una declaración de lesividad.
Según los datos difundidos por VOX, la licencia de obras fue concedida el 22 de agosto de 2025, mientras que el permiso de inicio de los trabajos se aprobó mediante una resolución posterior, fechada el 26 de diciembre de ese mismo año. La formación también cuestiona que el uso comercial autorizado sea compatible con la ordenación aplicable a la parcela.
La apertura del procedimiento no determina por sí misma que la licencia sea ilegal. Los actos administrativos mantienen su validez y eficacia mientras no sean suspendidos o anulados por el procedimiento correspondiente. La declaración de lesividad permite a una Administración impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un acto favorable que considere anulable.
VOX exige respuestas políticas
Peralta ha aclarado que las preguntas formuladas por VOX no pretendían que los responsables municipales sustituyeran el criterio de los funcionarios, sino conocer las decisiones adoptadas por quienes dirigen políticamente el Ayuntamiento.
«Nuestras preguntas no buscaban una valoración política, sino explicaciones sobre hechos concretos y relevantes que figuran en el expediente administrativo», ha señalado.
La portavoz considera que los informes técnicos no eliminan la obligación del equipo de Gobierno de explicar por qué concedió la licencia, cómo respondió a las comunicaciones recibidas y qué actuaciones adoptará ante las objeciones planteadas por el Principado.
VOX ya había solicitado un informe jurídico motivado, la valoración de una posible revisión de oficio y el estudio de medidas cautelares, incluida la suspensión de la licencia y la paralización de los trabajos mientras se resolvían las dudas existentes.
Peralta denuncia meses de pasividad
La formación afirma que el Ayuntamiento recibió durante meses comunicaciones y denuncias de particulares que alertaban de posibles irregularidades urbanísticas.
VOX reprocha al Gobierno municipal que no actuara con mayor rapidez y considera que la revisión del expediente solo se produjo después de la intervención de la Administración autonómica.
«Una vez más, el PP de Alfredo Canteli demuestra que únicamente actúa cuando no tiene otra alternativa y otras administraciones le obligan a hacerlo», ha manifestado Peralta.
Estas declaraciones representan la valoración política de VOX. La existencia de discrepancias administrativas o de un procedimiento de revisión no acredita por sí sola una actuación ilegal ni una responsabilidad personal de los integrantes del Gobierno municipal.
Riesgo económico para los ovetenses
VOX advierte de que la continuación de las obras mientras se analiza la licencia podría incrementar las consecuencias económicas si finalmente un tribunal o la propia Administración determinan que las autorizaciones no se ajustaron a la normativa.
La formación teme que una eventual anulación pueda derivar en reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento. Otros grupos municipales también han solicitado explicaciones sobre este riesgo y sobre las consecuencias de mantener los trabajos durante la tramitación del expediente.
«Si finalmente se confirma que la actuación municipal no se ajustó a derecho, serán los vecinos quienes terminen asumiendo el coste de una gestión deficiente», ha advertido la portavoz.
VOX reclama que se analice el posible impacto sobre las arcas municipales antes de que las obras alcancen un grado de ejecución que dificulte revertir la situación.
Seguridad jurídica para empresas e inversores
Peralta sostiene que las dudas sobre las licencias concedidas por el Ayuntamiento también perjudican la confianza de las empresas interesadas en desarrollar proyectos en Oviedo.
La formación considera que Urbanismo debe ofrecer procedimientos previsibles, criterios transparentes y decisiones que no sean posteriormente cuestionadas por otras administraciones.
«Nadie quiere invertir donde existen dudas sobre la aplicación de la normativa o donde las decisiones administrativas acaban siendo revisadas», ha señalado.
VOX exige al Gobierno municipal que facilite toda la información disponible, explique las decisiones políticas adoptadas y determine qué medidas aplicará para proteger tanto los intereses del Ayuntamiento como los derechos de la empresa promotora.
«La seguridad jurídica, la transparencia y el buen funcionamiento de la Administración son condiciones imprescindibles para garantizar el desarrollo económico y la confianza en nuestras instituciones», ha concluido Sonsoles Peralta.
