Ainara García exige aclarar la adjudicación de FIDMA en Langreo.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Langreo ha exigido al equipo de gobierno la máxima transparencia sobre la adjudicación del contrato para organizar, decorar y atender el espacio municipal en la Feria Internacional de Muestras de Asturias de 2026.
La concejal de VOX Ainara García ha solicitado el expediente completo del procedimiento después de comprobar, según ha explicado la formación, que el único socio y administrador de la empresa adjudicataria mantiene una vinculación familiar con el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Antonio Cases.
La documentación municipal confirma que Cases tiene delegadas las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio. Ainara García forma parte de la corporación como concejal del Grupo Municipal VOX.
VOX no cuestiona de manera directa la actuación de la mesa de contratación ni afirma que se haya cometido una ilegalidad, pero considera que las circunstancias señaladas justifican el acceso inmediato a todos los documentos del expediente.
«Que una empresa vinculada familiarmente con uno de los principales miembros del Gobierno municipal resulte adjudicataria de un contrato público exige la máxima transparencia», ha manifestado García.
Un contrato para organizar el espacio de Langreo en FIDMA
El expediente 980/2026 tiene por objeto la organización, decoración y atención del espacio del Ayuntamiento de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
El presupuesto de licitación asciende a 45.454,55 euros sin impuestos. El contrato comprende la tematización y decoración del pabellón, la atención al público, el suministro de materiales y la organización del Día de Langreo durante el certamen. También incluye contenidos relacionados con la historia y la reconversión de Talleres del Conde.
La licitación se publicó el 15 de junio de 2026 y el plazo para presentar propuestas terminó el 29 de junio. Su periodo de ejecución se extiende desde la adjudicación hasta el 16 de agosto, fecha prevista para la finalización de FIDMA.
VOX ya había criticado unos días antes que la adjudicación se produjera con escaso margen respecto al comienzo de la feria. La formación acusó entonces al Gobierno municipal de falta de planificación y de obligar a las empresas participantes a preparar el servicio contrarreloj.
La adjudicataria no presentó la propuesta más barata
Ainara García ha indicado que la empresa finalmente seleccionada no presentó la oferta económica de menor importe, aunque obtuvo la mayor puntuación total al recibir la máxima valoración en los restantes criterios automáticos establecidos en el pliego.
La edil quiere analizar cómo se otorgaron esos puntos, qué documentación entregaron las empresas participantes y si se cumplieron correctamente todas las exigencias del procedimiento.
El hecho de que una empresa no haya presentado la oferta más barata no implica por sí mismo una irregularidad. La Ley de Contratos del Sector Público establece que las adjudicaciones pueden realizarse mediante una pluralidad de criterios destinados a identificar la mejor relación entre calidad y precio. La propuesta económica más baja debe ganar únicamente cuando el precio sea el único criterio contemplado.
VOX reclama, por tanto, conocer el cuadro completo de puntuaciones, las ofertas económicas, la documentación aportada para acreditar los demás criterios y las actas de la mesa de contratación.
Dieciséis días entre el cierre y la adjudicación
La formación también considera llamativo que transcurrieran 16 días entre la finalización del plazo para presentar ofertas y la adjudicación del contrato.
García critica que el procedimiento se iniciara con poco margen antes de la celebración de la feria, pero que posteriormente la resolución consumiera más de dos semanas de un calendario ya reducido.
«El Ayuntamiento ha tenido todo un año para preparar el contrato y ha vuelto a esperar hasta el último momento», había denunciado la concejal al cuestionar la planificación de la participación municipal en FIDMA.
VOX quiere conocer la cronología completa del procedimiento y determinar qué actuaciones administrativas se realizaron durante ese periodo.
Derecho de la oposición a consultar el expediente
Ainara García ha lamentado que, pese a haber solicitado la documentación, su grupo todavía no disponga de todos los elementos necesarios para fiscalizar la adjudicación.
«Si todo se ha tramitado correctamente, no existe ningún motivo para retrasar el acceso al expediente. Nuestra obligación es controlar la gestión del dinero público y para ello necesitamos conocer toda la información», ha afirmado.
La legislación de régimen local reconoce a los concejales el derecho a obtener los antecedentes, datos e informaciones que estén en poder de la corporación y resulten necesarios para desarrollar sus funciones. También establece que los miembros de las entidades locales deben abstenerse de intervenir cuando concurra alguna de las causas de conflicto previstas legalmente.
Por su parte, la Ley de Contratos del Sector Público obliga a los órganos de contratación a adoptar medidas destinadas a prevenir, detectar y solucionar posibles conflictos de intereses, así como a garantizar la transparencia y la igualdad entre los licitadores.
La existencia de una relación familiar señalada por un grupo político no demuestra por sí sola que se haya producido una intervención indebida. Para determinarlo sería necesario conocer qué personas participaron en la preparación, valoración y adjudicación del contrato y si se produjo alguna abstención.
VOX analizará toda la documentación
El Grupo Municipal VOX ha anunciado que revisará el expediente cuando el Ayuntamiento le permita acceder a la totalidad de sus documentos.
La formación quiere comprobar las actas de la mesa de contratación, las propuestas presentadas, el sistema de puntuación, los informes técnicos, la resolución de adjudicación y las posibles declaraciones de ausencia de conflictos de intereses.
García insiste en que su petición pretende despejar cualquier duda sobre la objetividad y la limpieza del procedimiento.
«Precisamente para despejar cualquier duda, el Ayuntamiento debería facilitar toda la documentación sin dilaciones», ha señalado la concejal.
VOX ha avanzado que, en función del contenido del expediente, solicitará las explicaciones oportunas y exigirá las responsabilidades políticas que pudieran corresponder. Hasta que se complete esa revisión, la formación centra su reclamación en la transparencia y en el derecho de la oposición a fiscalizar el uso del dinero público.
Ainhoa García Flórez: «VOX no descarta acudir a los tribunales para frenar la ZBE».
En la sesión plenaria celebrada hoy, el Partido Popular y los grupos de izquierda han votado en contra de la propuesta de VOX para revertir la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Pozuelo.
A ojos de los de Abascal, el proyecto continúa avanzando “sin un solo argumento claro” que explique sus consecuencias para los vecinos y sin ofrecer garantías de proporcionalidad ni de necesidad real para el municipio. Señalan que, mientras se anuncia una ZBE “laxa”, el expediente evidencia lo que califican como “el modus operandi habitual”: asumir los planteamientos de la izquierda en materia climática, introducir algunas excepciones “a modo de parche” y presentar la medida como una actuación moderada.
VOX ha recordado que Pozuelo no parte de una problemática ambiental que justifique una intervención de este tipo y considera que la ZBE responde a “una imposición ideológica ligada a los dogmas establecidos desde Bruselas, asumidos por PP y PSOE, e impulsados por el Gobierno de España en el marco de la Agenda 2030”. A juicio de su portavoz, este tipo de políticas generan “más restricciones, más costes y menos libertad”, con un impacto directo en el coste de vida, el empleo y la movilidad.
Asimismo, advierte de la inseguridad jurídica que, según apunta, ya ha provocado la anulación de ZBE en ciudades como Madrid, Barcelona, Gijón, Ávila o Segovia y expresa su preocupación por que Pozuelo repita errores recientes y que una ordenanza “mal planteada” vuelva a perjudicar a familias, autónomos, proveedores, comercios y hosteleros, tal y como, afirma, ha ocurrido con la tasa de basuras.
Desde VOX Pozuelo afirman que seguirán defendiendo “el sentido común, la libertad de movilidad y los intereses de los vecinos” y que se opondrán “a cualquier restricción injustificada y a cualquier carga económica innecesaria”. Además, adelantan que, del mismo modo que ya han hecho con la tasa de basuras, no descartan acudir a los tribunales si fuera necesario para frenar la ZBE.
Ainara García Martín: «Hay dinero para propaganda, pero no para abrir piscinas».
El Grupo Municipal VOX Langreo ha criticado la decisión del Ayuntamiento de limitar, por segundo año consecutivo, la apertura de las piscinas municipales de Riaño exclusivamente a los meses de julio y agosto, dejando fuera las semanas de finales de junio y principios de septiembre. Una decisión que “perjudica directamente a las familias langreanas y demuestra la falta de compromiso del equipo de gobierno con los servicios públicos básicos”, ha asegurado la concejal Ainara García Martín, quien ha recordado que en años anteriores las piscinas abrían desde la última semana de junio, justo cuando terminaban las clases escolares, y se mantenían abiertas hasta los primeros días de septiembre porque “esas fechas son clave para la conciliación y para el acceso al ocio saludable, especialmente para niños y personas mayores”.
Desde el área de Deportes se ha justificado la decisión alegando falta de personal por no poder contratar sustituciones y un supuesto desequilibrio entre el coste y la asistencia en esas fechas. Sin embargo, VOX Langreo insiste en que es una cuestión de prioridades porque “el coste de abrir unos días más no es elevado, y mucho menos si lo comparamos con lo que este Ayuntamiento derrocha en propaganda institucional, chiringuitos ideológicos y actividades clientelares que no benefician al conjunto de los vecinos”, ha señalado García Martín. “Aquí hay dinero para todo, menos para lo importante. Mientras tanto, las familias de Langreo tienen que asumir el cierre de servicios por falta de voluntad política”.
La concejal de VOX ha insistido también en que no se trata de un problema insalvable ya que “en otros servicios se reorganizan turnos, se busca apoyo externo o se gestionan mejor los recursos humanos. Aquí, simplemente se renuncia a dar solución. No es que no se pueda, es que no quieren”.
García Martín también ha criticado la falta de previsión, ya que el asunto se planteó de nuevo sin antelación ni margen para reaccionar, pero “como siempre, el gobierno local plantea el problema cuando ya es tarde para hacer nada, y ahora junio ya está perdido”; a pesar de ello, “exigimos que el Ayuntamiento explore soluciones para garantizar al menos la apertura en septiembre, y que se empiece ya a planificar con seriedad una temporada completa para 2026. No puede volver a pasar lo mismo”.
“Desde VOX Langreo vamos a seguir defendiendo que los recursos municipales se destinen a los servicios que los vecinos realmente necesitan, y no a satisfacer intereses ideológicos o a financiar estructuras inútiles que solo sirven al aparato político del equipo de gobierno”, concluyó Ainara García Martín.