Alejandro Gómez denuncia que las ZER penalizan a familias y trabajadores.
El Grupo Municipal de VOX en Santa Cruz de Tenerife defenderá en el próximo Pleno del viernes 27 una propuesta para paralizar la implantación de las zonas de estacionamiento regulado (ZER) en el municipio.
El portavoz de la formación, Alejandro Gómez, ha advertido de que este tipo de medidas corren el riesgo de convertirse en un “mecanismo recaudatorio” que afecte directamente a familias y trabajadores, en lugar de limitarse a ordenar el estacionamiento en zonas concretas.
Según recoge la iniciativa, VOX alerta de la tendencia en diversas ciudades españolas donde el estacionamiento regulado ha pasado de ser una herramienta puntual a un sistema permanente que, a su juicio, restringe la movilidad y genera una presión económica añadida sobre los vecinos.
Críticas a la implantación generalizada
Desde VOX señalan que, en los últimos años, distintas administraciones han impulsado medidas como tasas o restricciones de movilidad que han terminado afectando especialmente a las rentas más bajas. En este contexto, advierten de que Santa Cruz de Tenerife podría seguir esa misma línea con la futura implantación de las ZER.
La formación considera que el estacionamiento regulado solo debería aplicarse en zonas concretas y en franjas horarias determinadas, siempre que exista una saturación real del aparcamiento. En caso contrario, sostienen que su generalización supondría un sobrecoste para los ciudadanos que dependen del vehículo privado, especialmente en barrios con escasas alternativas de transporte público.
Propuesta de VOX
La moción presentada por VOX plantea la paralización de la implantación de las ZER y la creación de un marco que garantice que esta herramienta no se utilice con fines recaudatorios.
Entre las medidas propuestas, se incluye que cualquier implantación futura esté basada en estudios técnicos objetivos, públicos y actualizados que acrediten la necesidad real del sistema. Asimismo, se propone revisar periódicamente su aplicación y eliminar estas zonas cuando desaparezcan las causas que las justificaron.
Además, VOX defiende evitar cualquier modelo que genere discriminación entre vecinos en función de su renta, su barrio o su vehículo, garantizando la protección de quienes residen en zonas no céntricas o con menor acceso al transporte público.
Transparencia y control
La iniciativa también pone el foco en la transparencia, proponiendo la publicación periódica de datos sobre ocupación, recaudación, costes y sanciones, con el objetivo de evaluar la eficacia del sistema y evitar su uso como una herramienta de restricción generalizada de la movilidad.
“El acceso a la movilidad no puede convertirse en un privilegio reservado a quien pueda pagarlo”, ha señalado Gómez, subrayando la necesidad de proteger a los vecinos ante posibles sobrecostes derivados de estas medidas.
Alejandro Gómez: «La regularización de ilegales enviará un mensaje claro a las mafias»
El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha criticado recientemente el anuncio del Gobierno de Sánchez sobre la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales, lamentando que “este medio millón de regularizaciones llamará a otros millones, que agravarán aún más el colapso de la sanidad, la vivienda y la seguridad”. Además, el eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, ha anunciado que, tan pronto como sea publicado el Real Decreto, la formación interpondrá un recurso ante el TS (Tribunal Supremo), donde pedirán medidas cautelares, anunciando así una ofensiva europea inmediata contra la regularización exprés de Sánchez.
Ante esta información, la reacción por parte del presidente provincial de VOX, Alejandro Gómez, no se ha hecho esperar, quien ha mostrado su absoluto rechazo a la pretensión del Gobierno de España de regularizar 500.000 inmigrantes en situación ilegal, señalando que ello “supondrá un efecto llamada sin precedentes”. Gómez ha advertido de que esta decisión “no solo no frena la inmigración ilegal, sino que la incentiva, enviando un mensaje claro a las mafias y a quienes trafican con seres humanos: el que entra a España de forma ilegal, termina siendo premiado”.
En este sentido, el presidente de VOX ha subrayado que Canarias vuelve a situarse en el centro del problema, “al ser la puerta sur de Europa y por donde se recibe el primer impacto de unas políticas migratorias fallidas y totalmente erróneas”. “Canarias ya soporta una presión insostenible sobre sus recursos sanitarios, sociales y de seguridad, provocando que esta regularización masiva provoque una situación aún más crítica”, ha señalado Gómez.
El portavoz provincial de VOX denuncia que el Gobierno “prefiere regularizar la ilegalidad antes que proteger las fronteras, aplicar la ley y garantizar la seguridad de todos nosotros”. “Además, la regularización puede dar pie a una reagrupación familiar y, una vez regularizados, los inmigrantes tendrán derecho al empadronamiento, acceso a servicios (sanidad, escolarización, etc.) y no podrán ser expulsados incluso si cometieran delitos graves, y podrán traer familiares, por lo que la cifra de inmigrantes regularizados en España se verá ampliamente aumentada”.
“SI Canarias ya soporta de por sí una presión elevada sobre sus servicios públicos, con listas de espera sanitarias significativas y denuncias reiteradas de saturación en consultas y especialidades, entre otras cuestiones, la situación va a verse aún más perjudicada con esta medida del Gobierno de Sánchez”, lamenta Gómez. VOX reclama una política migratoria firme, con un control efectivo de fronteras, la lucha real contra las mafias que trafican con personas y la expulsión inmediata de quienes entren de forma ilegal, y es que para Gómez “defender nuestras fronteras es defender la convivencia, la legalidad y el futuro de España”.
Alejandro Gómez: «No permitiremos que la izquierda destruya la historia de Santa Cruz»
El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha salido al paso de las críticas formuladas por el partido Podemos en una rueda de prensa celebrada el pasado viernes 26 de diciembre en relación con el Monumento a la Paz de Tenerife.
Gómez ha recordado que, actualmente, se está tramitando la declaración del Monumento a la Paz como Bien de Interés Cultural (BIC), conforme a lo establecido en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, lo que implica que este conjunto escultórico debe recibir la protección legal que marca el artículo 28 de la citada norma.
Asimismo, el portavoz de VOX ha enfatizado que el expediente para la declaración del conjunto como BIC fue incoado por el Cabildo de Tenerife en cumplimiento de una resolución judicial, lo que hace absurda y carente de fundamento la reacción de Podemos — que ha denunciado al Ayuntamiento ante la Fiscalía por supuestos delitos de falsedad documental y prevaricación en relación con este asunto.
“Que Podemos, sin representación por decisión de los ciudadanos ni en el Parlamento de Canarias, ni en el Cabildo de Tenerife ni en el Ayuntamiento de Santa Cruz, recurra a la Fiscalía con denuncias infundadas demuestra el profundo desprecio de la izquierda radical por instituciones públicas como el Ministerio Fiscal o el Poder Judicial”, ha señalado Gómez.
Por último, el portavoz municipal de VOX ha instado al Ayuntamiento a llevar a cabo las labores de mantenimiento necesarias en el Monumento a la Paz, así como a emplear todos los medios a su alcance para prevenir nuevos actos de vandalismo, en defensa de un patrimonio que, según su formación, debe preservarse y protegerse para las generaciones futuras.
Alejandro Gómez: «Si no tienes coche eco, te expulsan del centro y te cobran fuera»
El grupo municipal de VOX en Santa Cruz de Tenerife ha mostrado su rechazo a la implantación de zonas de estacionamiento regulado de pago en la capital tinerfeña, una medida que el Ayuntamiento prevé aplicar progresivamente a lo largo de este año 2026, mediante zonas azules y verdes. Desde la formación señalan que esta política vuelve a cargar el coste de la movilidad sobre los vecinos, especialmente sobre quienes viven, trabajan o mantienen pequeños comercios en la ciudad.
El portavoz de VOX, Alejandro Gómez, considera que pagar por aparcar en la vía pública “no soluciona el problema de fondo, que es la escasez de plazas y la falta de alternativas”, y advierte de su carácter claramente recaudatorio. Gómez recuerda además que “esta medida se suma a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a la que VOX también se opuso”, al entender que ambas políticas responden a la misma lógica restrictiva que es la de limitar el uso del vehículo privado sin ofrecer soluciones eficaces.
Gómez califica de “despropósito” pagar por aparcar en la calle, sumado a la ZBE “Los que no puedan permitirse un coche eco no podrán acceder ni aparcar en la ZBE, y si además tienen que pagar por aparcar fuera de esa zona verán restringida su movilidad cotidiana y penalizado su bolsillo”.
Para el grupo municipal VOX, la movilidad urbana no puede construirse sobre prohibiciones y tasas, sino buscar soluciones al problema del aparcamiento en el municipio y se elijan un conjunto de medidas técnicas, informativas y de gestión que mejoren el uso del espacio público como por ejemplo el acondicionamiento de solares, o el fomento de aparcamientos disuasorios que permita el uso de aparcamientos en la cercanía que permitan el trayecto a pie o conectados con transporte público de estar más alejados. “Desarrollar una serie de medidas que eviten que desplazarse por la ciudad se convierta en un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo”, concluye Gómez.
Alejandro Gómez carga contra el presupuesto: «Menos agenda 2030 y más sentido común».
El portavoz del Grupo Municipal VOX en Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha intervenido en el debate del Pleno de Presupuestos para 2026 cuestionando el modelo político y de gestión que, a su juicio, reflejan las cuentas presentadas por el gobierno municipal.
Gómez ha criticado que, previéndose que en 2026 aumenten considerablemente los ingresos provenientes de otras administraciones, el ayuntamiento no se haya planteado una rebaja en los impuestos que alivie la presión fiscal a los chicharreros, aun sabiendo que a partir de 1 de enero de 2026 todos los vecinos de Santa Cruz van a tener que hacer frente al basurazo.
Gómez ha criticado también el abusivo incremento de los ingresos derivados de sanciones, multas y recargos, que superan los once millones de euros en el presupuesto de 2026, incluyendo más de 4,6 millones previstos por multas de tráfico. A su juicio, estas previsiones evidencian un enfoque recaudatorio que descansa en los errores y sanciones a los ciudadanos, en lugar de apostar por políticas preventivas que reduzcan la conflictividad y las infracciones.
Durante su segunda intervención, Gómez ha respondido a las críticas del portavoz de Coalición Canaria, acusando al gobierno municipal de hacer descansar la estabilidad presupuestaria sobre los hombros de los vecinos manteniendo la recaudación, en vez de contener el gasto: “a lo mejor lo que tienen que plantearse es reducir los gastos superfluos, esos que a usted no le gusta que yo ponga en las enmiendas que deben causar baja”, ha señalado Gómez.
En este marco, el edil ha cuestionado determinadas partidas de gasto que considera prescindibles o de eficacia limitada como, por ejemplo, la cantidad destinada a publicidad y propaganda, que alcanza cifras similares a las de áreas como educación y juventud. También mostró su preocupación por el peso de partidas vinculadas a estudios, campañas y proyectos relacionados con políticas medioambientales y de bienestar animal, que, a su juicio, contrastan con la escasa dotación destinada a políticas sociales para las personas mayores y al fomento del deporte juvenil.
En materia de vivienda, el edil de VOX ha reclamado una apuesta más decidida y coherente, cuestionando la dotación destinada a la adquisición de terrenos “sin que exista una estrategia clara para resolver los problemas urbanísticos y acelerar la construcción de vivienda”, ha señalado. El concejal de VOX ha defendido las enmiendas presentadas por su grupo explicando que responden a las carencias estructurales del propio Ayuntamiento para desarrollar proyectos con mayor agilidad y a la necesidad de iniciar actuaciones concretas.
El portavoz de VOX ha manifestado que los presupuestos de 2026 “reflejan un incremento de recursos que no se deben a una mejora real de la economía local, sino a la llegada de fondos externos”, y lamentó que las prioridades municipales estén “excesivamente condicionadas por políticas vinculadas a la Agenda 2030, las zonas de bajas emisiones y la movilidad sostenible basada en un fanatismo climático”. Frente a este modelo, Gómez ha defendido unos presupuestos centrados en las personas, en el empleo, en el comercio local, en la vivienda y en el futuro de los jóvenes de Santa Cruz de Tenerife.
Para concluir, Gómez ha recalcado que la prioridad deben ser las personas, especialmente ante la situación del sinhogarismo y sus efectos en la convivencia. El edil de VOX ha lamentado el rechazo a sus enmiendas, que considera asumibles, anunciando así el voto negativo de su grupo a los presupuestos presentados por el equipo de gobierno para el 2026, finalizando su intervención pidiendo al gobierno municipal que “cambien de canal” y miren lo que está ocurriendo en Europa respecto a las zonas de bajas emisiones y la inmigración ilegal. “Ojalá Santa Cruz pudiese ser ejemplo de ese cambio”
Alejandro Gómez: «Hoy decimos NO a las multas, sí a la libertad de conducir».
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha logrado que el Pleno del Ayuntamiento se posicione en contra de la imposición de la Zona de Bajas Emisiones. Así, la formación municipal liderada en el Consistorio por Alejandro Gómez, si bien no ha logrado que el pleno acuerde solicitar al Gobierno central la derogación de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, sí ha podido parar el efecto de la ZBE con el acuerdo de que el pleno solicite al Estado la no obligatoriedad de la imposición de la ZBE a los municipios de más de 50 mil habitantes. Tal y como ha explicado el portavoz municipal de VOX, Alejandro Gómez, “lo que ha pasado hoy es el mejor ejemplo de la imposibilidad de aplicar las ensoñaciones climáticas a la vida real de los chicharreros. Los tiempos y las dinámicas de la ZBE solo coartan la libertad de los vecinos y los empobrecen”.
La iniciativa, defendida en la sesión plenaria de este viernes (28) por Gómez, sostiene que las ZBE son el resultado de un modelo normativo europeo impuesto desde Bruselas, aplicado en España por el Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) y Coalición Canaria (CC), y que generan restricciones a la movilidad que, según ha relacionado el portavoz de VOX, “perjudican a familias, trabajadores y pequeños autónomos”. La moción aprobada denuncia que estas políticas han incrementado allá donde se aplican el coste de la vida, han dificultado los desplazamientos cotidianos y han castigado a quienes no pueden renovar su vehículo.
VOX subraya que la obligación de implantar ZBE limita la autonomía local provocando desigualdades entre municipios y convirtiendo el sistema sancionador en “una máquina de recaudar más que una herramienta ambiental eficaz”. El pleno, con la aprobación de esta iniciativa en la que PP y CC se han visto en la necesidad de apoyar que se suprima la obligatoriedad de implantar la ZBE, expresa su rechazo a lo que VOX califica de “fanatismo climático” y a la Agenda 2030, al considerar que han generado restricciones que afectan a la libertad de movimiento, encarecen la vida y debilitan la soberanía energética e industrial del país.
Para sacar adelante la propuesta, el pleno aprobó manifestar que la actual regulación estatal que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar Zonas de Bajas Emisiones no ofrece una solución adecuada ni realista para ciudades con particularidades urbanas, sociales y económicas como Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, el Ayuntamiento solicita al Gobierno de España la supresión del artículo 14.3.a) de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que establece la implantación obligatoria de las ZBE.
VOX sostiene que las Zonas de Bajas Emisiones representan “el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad” y celebra que países como Francia hayan comenzado a cuestionar “las imposiciones del fanatismo climático”, replanteando una legislación que, según afirman, castiga a las familias y limita la libertad de movimiento.
Alejandro Gómez: «El canario no necesita promesas, necesita vivienda. Y eso se logra con suelo, ladrillo y libertad fiscal».
Canarias continúa enfrentándose a una de las mayores dificultades sociales y económicas de los últimos años: el acceso a la vivienda. La combinación de precios elevados, escasa oferta, incremento de la demanda y dificultades para ampliar el parque residencial ha situado al territorio entre las comunidades con mayor tensión habitacional de España.
Por ello, el presidente de VOX en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha alertado de que manifestaciones como las de Fernando Clavijo en la Cámara regional sobre la posibilidad de expropiar viviendas, así como las declaraciones en Rtvc del alcalde de La Laguna, Yeray Gutiérrez, apuntando al mercado como el problema de la vivienda en el Archipiélago, son “peligrosas”. El responsable de VOX en la provincia insiste en que “bajo la exposición de un problema real y el drama de la vivienda, se están introduciendo medidas de dudoso éxito que llevarán a los canarios a problemas mayores si no se atajan las soluciones reales y efectivas”.
VOX ha denunciado en el Parlamento de Canarias que ningún grupo político quiere asumir medidas profundas para resolver el acceso a la vivienda. El portavoz parlamentario, Nicasio Galván, señaló que en Canarias existen más de 200.000 viviendas frente a una demanda real de 40.000, pero el Gobierno solo ha conseguido incorporar una vivienda pese a invertir millones en un proyecto para entregar hogares.
La formación sostiene que España vive una emergencia habitacional, con una oferta de casas desplomada, precios inaccesibles y dificultades añadidas por la inseguridad jurídica y la alta presión migratoria. Con salarios medios de 1.683 euros y precios de vivienda que rondan los 246.000 euros, VOX afirma que cada vez más familias canarias no pueden comprar un hogar.
Galván criticó en pleno las restricciones a la construcción, la Ley de Vivienda y la falta de políticas eficaces de vivienda social. Su propuesta pide al Gobierno de Canarias una reducción de impuestos vinculados a la vivienda (IGIC, AJD, ITP, Sucesiones, Donaciones y Patrimonio) y la ampliación de deducciones en el IRPF para compra, alquiler o rehabilitación, especialmente para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. Es decir, VOX defiende que bajar impuestos, aumentar incentivos y asumir competencias autonómicas con responsabilidad permitiría avanzar hacia un Plan Nacional de Vivienda adaptado a Canarias.
Sin embargo, en sesiones anteriores en el Parlamento de Canarias, el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo (CC), llegó a señalar que dentro del Plan Canario de Vivienda se había valorado la posibilidad de expropiar viviendas vacías durante más de seis meses como una medida excepcional ante la escasez del parque disponible.
Por otro lado, a nivel municipal, el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), ha destacado recientemente que la vivienda constituye “un drama nacional” con especial incidencia en su municipio. En una entrevista, afirmó que las soluciones requieren intervenir el mercado para evitar que la vivienda se convierta en un bien inaccesible para la población.
Para dar una solución al problema habitacional, VOX tiene claras cuáles son las medidas necesarias para mejorar la vivienda, entre los que se encuentran:
– La ampliación del suelo disponible para uso residencial, acelerando procesos urbanísticos y flexibilizando parámetros de altura y densidad edificatoria
– Simplificación administrativa y reducción de la carga fiscal asociada a la compra de suelo y a la construcción
– Derogación de medidas intervencionistas en el mercado del alquiler y refuerzo de la actuación contra la ocupación ilegal
– Regulación de las viviendas de uso turístico y fortalecimiento de las labores de inspección para combatir la oferta irregular
– Incentivos fiscales al alquiler de larga duración, así como beneficios en el IRPF dirigidos a jóvenes arrendatarios
– Impulso a la construcción de vivienda protegida, mediante fórmulas de colaboración público-privada como cesión de suelo, subvenciones, avales o créditos en condiciones ventajosas, entre otras medidas.
Estas soluciones, concluye Gómez, tienen efecto si desde la aplicación de una solución nacional hasta la dirección municipal se preserva un plan de acción efectivo con el canario como prioridad de las políticas ejercidas.
Alejandro Gómez: «De norma ecológica a soga fiscal: VOX denuncia la ZBE como trampa recaudatoria».
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defenderá este viernes (28) una moción en la que solicita al pleno posicionarse contra la implantación obligatoria de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y reclamar al Gobierno central la derogación de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. La iniciativa sostiene que las ZBE “son el resultado de un modelo normativo europeo impuesto desde Bruselas”, y aplicado en España por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), generando restricciones a la movilidad que, según VOX, están perjudicando a familias, trabajadores y pequeños autónomos.
La moción registrada por VOX denuncia que estas políticas han incrementado los costes de vida, han dificultado los desplazamientos cotidianos y han castigado a quienes no pueden renovar su vehículo. Además, el Grupo Municipal señala que la implantación obligatoria de esta zona ha limitado la capacidad de los ayuntamientos para adaptar sus políticas a la realidad local, provocando desigualdades entre municipios y convirtiendo el sistema sancionador en “una máquina de recaudar más que en una herramienta ambiental eficaz”.
La moción plantea que el pleno del Ayuntamiento exprese su rechazo a las políticas que VOX califica de “fanatismo climático”, así como a la Agenda 2030, al considerar que han generado restricciones que afectan a la libertad de movimiento, encarecen la vida y perjudican la soberanía energética e industrial del país. Asimismo, solicita que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a derogar la Ley 7/2021 o, en su defecto, modificar el artículo 14.3.a) con el fin de eliminar la obligación de imponer ZBE, al entender que se trata de una medida ideológica contraria al interés de los vecinos de Santa Cruz de Tenerife.
VOX afirma que las ZBE simbolizan hoy el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad, y aplaude que países como Francia hayan dado un paso atrás “cuestionando abiertamente las imposiciones del fanatismo climático y replanteando una legislación que castiga a las familias y destruye la libertad de movimiento”.