Beatriz Polledo exige explicaciones inmediatas a Barbón por el piso de La Florida.
La diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado, Beatriz Polledo, ha exigido al Gobierno de Adrián Barbón que dé explicaciones “inmediatamente” sobre lo ocurrido con el piso de La Florida, que el Principado llegó a plantear como recurso para acoger a menores tutelados y que posteriormente fue descartado tras detectarse, según ha denunciado el PP, posibles irregularidades y vínculos del propietario con la Administración.
Polledo ha señalado que la decisión del Gobierno de trasladar la información a la Fiscalía no sustituye, a su juicio, la obligación de dar explicaciones políticas.
“La Fiscalía tendrá que determinar si existe algún tipo de responsabilidad jurídica, pero el Gobierno tiene que asumir y explicar su responsabilidad política y explicar si estamos ante un caso de corrupción”, ha afirmado.
La diputada popular también ha preguntado si detrás de la operación podía existir “un negocio inmobiliario”.
Polledo exige saber quién conocía las circunstancias del inmueble
La parlamentaria considera fundamental aclarar qué información manejaba el Gobierno antes de plantear La Florida como recurso para menores, quién conocía las circunstancias del inmueble y qué controles se realizaron.
Polledo ha señalado que las dudas sobre el piso no son nuevas y ha apuntado a informaciones sobre una posible relación familiar entre la propiedad del inmueble y un responsable del área de Infancia de la Consejería de Derechos Sociales.
“Queremos saber quién conocía esa circunstancia, cuándo la conoció y qué controles se realizaron antes de plantear ese inmueble para acoger a los menores”, ha reclamado.
El Grupo Popular ya había registrado en la Junta General preguntas sobre la titularidad del inmueble y una eventual relación de parentesco con algún funcionario de la Consejería.
El PP pide aclarar si existió un conflicto de intereses
Beatriz Polledo ha reclamado al Gobierno respuestas concretas sobre cómo se tomó la decisión de plantear La Florida.
Entre las cuestiones que el PP quiere aclarar están quién tomó la decisión, qué informes se solicitaron, quién dio el visto bueno, si se analizó un posible conflicto de intereses y por qué se planteó el inmueble pese a las circunstancias posteriormente conocidas.
“¿Quién va a asumir la responsabilidad política por lo ocurrido?”, ha preguntado.
La diputada ha advertido además de que el Ejecutivo no puede tratar de desplazar toda la responsabilidad hacia un funcionario o hacia un procedimiento administrativo.
“Aquí hay una responsabilidad política que llega hasta quienes dirigen la Consejería y el Gobierno del Principado”, ha señalado.
Polledo: “La Fiscalía no puede convertirse en una excusa”
La parlamentaria popular ha defendido que las responsabilidades judiciales y políticas deben analizarse de manera independiente.
“Nos parece bien que, si existen dudas, se traslade la información a la Fiscalía. Lo que no vamos a aceptar es que la Fiscalía se convierta en una excusa para que Barbón deje de dar explicaciones”, ha afirmado.
Polledo ha reclamado al presidente asturiano que detalle públicamente qué controles se hicieron, quién participó en el procedimiento y qué conclusiones se alcanzaron.
Según ha defendido, la transparencia exige ofrecer información desde el inicio y no únicamente cuando el asunto ya ha generado controversia pública.
“La transparencia consiste en hacer las cosas correctamente y explicar desde el principio quién decide, con qué criterios y con qué controles”, ha señalado.
El PP interpelará a la nueva consejera de Derechos Sociales
Polledo ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular interpelará a la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, para que explique lo ocurrido con La Florida.
El PP quiere conocer si la selección del inmueble respondió únicamente a una decisión administrativa o si existió algún tipo de relación o interés que debió comprobarse antes de plantear su utilización.
“¿Había aquí un negocio inmobiliario? ¿Se evaluaron correctamente todas las circunstancias? ¿Existió algún posible conflicto de intereses?”, ha preguntado.
La diputada ha pedido prudencia a la hora de extraer conclusiones jurídicas, pero ha insistido en que esa cautela no impide exigir responsabilidades políticas.
El PP pide explicar por qué La Florida pasó de ser una opción válida a quedar descartada
Polledo ha recordado la cronología del caso y ha señalado que, en cuestión de semanas, el Gobierno pasó de defender La Florida como una ubicación adecuada a descartarla por “razones técnicas y jurídicas”.
Según ha detallado, el Principado comenzó a estudiar distintas alternativas el 13 de agosto; el 19 de agosto confirmó La Florida como posible ubicación para ocho menores, ampliables a 15; y el 31 de agosto la nueva consejera anunció finalmente que se descartaba el inmueble.
“En apenas unas semanas hemos pasado de presentar La Florida como una ubicación adecuada, defender públicamente el proyecto y asegurar que no había problemas, a descartarla por razones técnicas y jurídicas”, ha señalado.
Por ello, el PP reclama que el Gobierno explique qué cambió, qué información conocía antes de tomar cada decisión y quién asumió la responsabilidad en cada fase del procedimiento.
Beatriz Polledo exige a Barbón pagar en plazo a las entidades sociales de Asturias.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular Beatriz Polledo ha anunciado que el Partido Popular registrará una Proposición No de Ley para exigir al Consejo de Gobierno que pague en plazo las cantidades que adeuda a las entidades del Tercer Sector social asturiano y que establezca mecanismos de planificación y control para impedir que los retrasos vuelvan a repetirse.
La iniciativa surge tras la denuncia pública realizada por CERMI Asturias sobre el retraso continuado en los pagos correspondientes a la acción concertada y a los anticipos de las subvenciones nominativas, una situación que ha llevado al sector a anunciar movilizaciones.
Polledo ha advertido de que, aunque exista una promesa de pago para este jueves, “el problema no se resuelve con un ingreso puntual, sino poniendo fin a una forma de gestionar que lleva años castigando a las entidades sociales”.
“El Gobierno de Barbón les exige a las entidades que sostengan servicios que le corresponde garantizar a la propia Administración y, encima, no les paga lo que les debe. Es una gestión irresponsable que pone en riesgo la atención a las personas más vulnerables de Asturias”, ha denunciado la diputada popular.
Según ha recordado Polledo, la deuda de la Administración asciende a varios millones de euros. Solo con el sector de la discapacidad, CERMI Asturias cifró públicamente el importe pendiente en un millón y medio de euros, mientras que algunas entidades acumulan deudas superiores a los 400.000 euros.
La parlamentaria popular ha subrayado que estas cantidades resultan inasumibles para asociaciones que trabajan con recursos muy ajustados y que necesitan esos fondos para afrontar nóminas, cotizaciones a la Seguridad Social y pagos como la extra de junio.
“Les deben las nóminas y la Seguridad Social, y cuentan con que las entidades jamás dejarán tirados a sus usuarios. Eso no es gestionar: es abusar de quienes cuidan”, ha afirmado.
Polledo ha acusado a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de convertir a las entidades sociales en “su financiador forzoso”.
“Saben que una asociación nunca va a cerrar la puerta de una residencia ni va a dejar sin apoyos a una persona con discapacidad. Y juegan con eso”, ha señalado.
La diputada ha criticado que las entidades tengan que abrir líneas de crédito para adelantar lo que el Gobierno no abona, pagar intereses por una deuda que no es suya y asumir costes financieros que ni siquiera pueden justificar como subvencionables.
“El Principado se financia gratis a costa de quienes cuidan y, además, les traslada el coste bancario de su morosidad”, ha denunciado.
Polledo ha recordado que no se trata de un episodio aislado, sino de un problema estructural que se repite desde hace años. En este sentido, ha señalado que en 2020 el Tercer Sector asturiano ya tuvo que manifestarse para reclamar pagos pendientes; que en 2022 CERMI Asturias cifró en más de dos millones de euros la deuda del Principado con los centros concertados de discapacidad; y que ese mismo año el sector trasladó personalmente al presidente Adrián Barbón la necesidad de que el Gobierno cumpliera sus obligaciones económicas.
“El sector lleva años repitiendo la misma palabra: asfixia. Y el Gobierno lleva años prometiendo que es la última vez. Pero los retrasos son ya su forma de gobernar”, ha afirmado.
Asimismo, Polledo ha lamentado la contradicción entre el discurso del Ejecutivo y su gestión real.
“Mientras el presidente Barbón presume de escudo social en cada discurso, su Consejería deja sin pagar a quienes sostienen ese escudo. No hay política social posible cuando la Administración es la primera morosa del sistema”, ha señalado.
La Proposición No de Ley del Grupo Popular insta al Consejo de Gobierno a garantizar el pago puntual de todas las obligaciones económicas con las entidades del Tercer Sector social, establecer calendarios de pago con mecanismos de seguimiento y control, evitar nuevos retrasos en subvenciones, conciertos y anticipos, y actualizar las cuantías conforme al coste real de los servicios que prestan.
“El Principado no puede seguir utilizando la buena voluntad del Tercer Sector como colchón de su mala gestión. A las personas vulnerables no se las protege con eslóganes. Se las protege pagando a tiempo a quienes las atienden todos los días”, ha concluido Polledo.
El Partido Popular de Asturias defiende una política social seria, responsable y eficaz, que garantice la atención a las personas más vulnerables y respalde con hechos a las entidades que sostienen servicios esenciales.