Carmen Riolobos: «Hay un doble daño a las víctimas: inseguridad y abuso económico»
La portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular y senadora por Toledo, Carmen Riolobos, ha exigido la dimisión inmediata del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, por “haberse declarado incompetente” tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. “Cuando falla la seguridad y se tolera el abuso, la única salida digna es dimitir”, ha sentenciado.
Durante la sesión de control al Gobierno, Riolobos ha denunciado que “al dolor humano se añadió el abuso económico”, reprochando al ministro que no protegiera derechos básicos como la seguridad, las indemnizaciones y los precios justos para los usuarios afectados.
La senadora popular ha exigido explicaciones sobre qué medidas concretas ha adoptado el Ejecutivo frente al aumento abusivo de los precios del transporte alternativo entre Andalucía, la Región de Murcia y Madrid, tras el accidente de Alta Velocidad y el caos ferroviario posterior, así como por los problemas registrados en Rodalies. “Hay un doble daño a las víctimas: inseguridad y abuso económico”, ha subrayado.
Riolobos ha sido contundente al afirmar que “la falta de seguridad cuesta vidas y, después, el abandono del consumidor permite subidas salvajes en vuelos y alquileres de vehículos para viajeros sin tren”. “Usted tiene responsabilidad directa”, ha remarcado dirigiéndose a Bustinduy.
Asimismo, ha recordado que ya advirtió al ministro de su obligación de defender a los usuarios, reclamándole que exigiera seguridad al Ministerio de Transportes. “No hizo nada hasta anoche, cuando se decidió paralizar el tráfico nocturno para mantenimiento de las vías”, ha añadido.
Desoyeron las alertas previas
La dirigente del PP ha lamentado que “el accidente era evitable” y ha insistido en que “no fue una fatalidad”: hubo alertas previas, informes de ADIF y advertencias ignoradas, en un contexto de deterioro del sistema ferroviario. “La responsabilidad política es directa”, ha afirmado.
Riolobos ha recordado que el Gobierno conocía los fallos, eliminó indemnizaciones por retrasos, permitió cobrar como Alta Velocidad un servicio que no lo es y normalizó el deterioro. También ha señalado que la Unión Europea llegó a calificar tramos como obsoletos, alertó de una red sobredimensionada y mal conservada y envió 111 millones de euros que no se tradujeron en mejoras.
Por último, ha lamentado el balance de los dos siniestros: “47 fallecidos y 160 heridos, pasajeros con secuelas psicológicas, familias rotas y vidas truncadas”. “Han hecho demasiado daño a las víctimas y a los usuarios”, ha concluido, pidiendo a Bustinduy: “Márchese y llévese a Puente”.
Carmen Riolobos: «Donde el Gobierno creó un problema, el PP ha construido soluciones claras, útiles y reconocidas por 25 asociaciones».
La portavoz de Consumo del Grupo Popular en el Senado, Carmen Riolobos, ha denunciado el intento del Gobierno de Sánchez de convertir la Ley de Atención a la Clientela en “un catálogo de imposiciones lingüísticas y agendas ideológicas”, tras una tramitación “exprés” en el Senado después de permanecer 600 días bloqueada en el Congreso.
Riolobos advierte de que el Ejecutivo pretendía transformar una ley sobre derechos del consumidor en una norma centrada casi exclusivamente en cuestiones lingüísticas, siguiendo “las prioridades políticas de Sánchez para mantenerse en el sillón de la Moncloa”.
Las 51 enmiendas del Partido Popular han revertido completamente ese enfoque, “dándole la vuelta como un calcetín” y dando lugar a una ley equilibrada que protege al consumidor, garantiza el cumplimiento por parte de la Administración General del Estado y establece criterios claros de formación para el personal de atención al cliente.
La senadora por Toledo pone en valor que la norma ahora ofrece orden, justicia y soluciones reales, tras corregir el rumbo que habían impulsado el Gobierno y sus socios. Riolobos destaca el trabajo conjunto con más de 25 asociaciones empresariales y sociales, entre ellas OCU, CERMI y la Asociación de Expertos en Relaciones con los Consumidores.
La dirigente popular critica la posición de Vox, que intentó vetar la ley en su totalidad, y recuerda que “no se trata del ‘no a todo’, sino de trabajar para mejorar una ley necesaria para los consumidores”.
Riolobos denuncia que los grupos de la Izquierda Confederal pretendían añadir “más obligaciones, más sanciones y más burocracia” sin valorar el impacto real en empresas, administraciones y usuarios. El PP, en cambio, ha priorizado una norma realista, eficaz y compatible con el funcionamiento del mercado y los servicios públicos.
“Hoy tenemos una buena ley porque el PP ha trabajado para evitar una imposición ideológica que nada tenía que ver con el consumidor”, concluye Riolobos.