Actualidad Política

17 de abril de 2026

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El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha sacado a la luz una situación que califican de «escándalo administrativo«. Tras una pregunta formal realizada por el portavoz de la formación, Toni Balboa, el equipo de gobierno ha reconocido que actualmente hay 207 personas empadronadas legalmente en el edificio del Ayuntamiento.

Del total de inscritos en la sede consistorial, 59 son de nacionalidad española, mientras que 148 son extranjeros (el 72 % del total). Para Balboa, estos datos confirman que el gobierno local, encabezado por el PSC y sus socios, ha convertido el edificio municipal en un «piso patera institucional«.

El portavoz de VOX ha sido tajante al valorar la respuesta del consistorio: «Es una vergüenza que 207 personas vivan oficialmente en el edificio consistorial. Tener a 148 extranjeros empadronados en la sede municipal es una estafa a los vecinos y una alfombra roja a la inmigración ilegal«.

VOX vincula este «empadronamiento masivo» con un efecto llamada que sobrecarga los servicios públicos y degrada la convivencia en los barrios. Balboa ha reprochado que, mientras los adrianenses sufren para pagar el alquiler, el Ayuntamiento se utilice para «dar cobertura a quienes entran sin permiso«.

En su mensaje político, la formación subraya la necesidad de aplicar la Prioridad Nacional, exigiendo que los recursos y la protección administrativa del municipio se orienten primero a los españoles:

«Basta de buenismo y de fraude. El que entra ilegalmente no merece un hueco en el padrón, merece un billete de vuelta a su país. Es un insulto que el 72 % de los empadronados en el Ayuntamiento sean extranjeros«, ha afirmado Toni Balboa.

Desde VOX aseguran que muchos de estos empadronados en el Ayuntamiento son los mismos que forman parte de los asentamientos y campamentos improvisados que se han extendido por distintos barrios de Sant Adrià de Besòs.

La formación reclama transparencia inmediata y un control estricto del padrón para evitar que la sede institucional se convierta en un refugio administrativo para la inmigración ilegal. VOX concluye advirtiendo que seguirá denunciando cualquier política que priorice a quienes llegan de fuera frente a los vecinos del municipio que afrontan graves dificultades económicas.

El portavoz de VOX en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha denunciado en comisión que el proyecto de presupuestos presentado por el Govern son “los presupuestos de la continuidad” y que no incorporan los cambios estructurales que Cataluña necesita.

Garriga ha señalado que el proyecto consolida las mismas políticas que ya pactaron PSC, ERC y Comuns en 2023 y que han llevado a la actual situación económica y social. Además, ha criticado que el Govern haya presentado sus primeras cuentas en marzo de 2026 pese a gobernar desde 2024, calificando la demora como “impropia de una administración seria” y recordando que Cataluña encadena prórrogas presupuestarias en 2013, 2016, 2018, 2019, 2021, 2024 y 2025.

Durante su intervención, el portavoz ha detallado que el presupuesto asciende a 49.162 millones de euros, un presupuesto que el Govern presenta como “histórico”, con un incremento del 22,8 %, pero VOX sostiene que ese aumento responde principalmente a una “mayor presión fiscal y no a un crecimiento real de la economía”.

En el capítulo de ingresos, el portavoz ha denunciado que la recaudación del IRPF aumenta un 36,9 %, pasando de 12.786 millones a 17.503 millones, lo que ha calificado de “castigo directo a las nóminas de los trabajadores”. Asimismo, ha señalado que el IVA crece un 23 %, el impuesto de patrimonio un 28 %, el impuesto de sucesiones y donaciones un 20 %, superando ya los 1.000 millones de recaudación, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales un 3 %, lo que, a su juicio, penaliza la compra de vivienda habitual. “No es dinamismo económico, es expolio fiscal”, ha resumido.

En cuanto al gasto, Garriga ha criticado que el Govern celebre poder gastar 10.500 millones más “mientras no se priorizan adecuadamente los servicios esenciales”. Ha puesto como ejemplo que la partida destinada al mundo local, 351 millones de euros, es equivalente a la asignación para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y TV3, y ha cuestionado que solo se destinen 6 millones a la mejora de trámites administrativos. También ha censurado el volumen de recursos destinados a políticas de género y LGTBI, cifrándolos en torno a 600 millones, “casi la mitad de lo que se destina a Cercanías”, y ha denunciado el peso de las subvenciones a medios de comunicación y entidades afines.

Asimismo, Garriga ha criticado la “foto de la patronal” con Foment del Treball y Pimec, asegurando que responde a “una escenificación que cuesta millones de euros a los catalanes”. En este sentido, ha señalado que los presupuestos contemplan más de 20 millones de euros en ayudas y subvenciones a patronales y sindicatos mayoritarios, lo que, a su juicio, convierte esa imagen en “la foto de los estómagos agradecidos, financiados con el esfuerzo de los contribuyentes”.

Garriga ha afirmado que existe “margen suficiente para recortar en torno a un 30 % del presupuesto”, lo que equivaldría aproximadamente a 18.000 millones de euros, y ha defendido que esa reducción permitiría bajar el IRPF e incrementar las nóminas entre 100 y 300 euros mensuales para muchas familias catalanas.

Por todo ello, el portavoz parlamentario ha reiterado que VOX mantiene su enmienda a la totalidad y ha calificado el proyecto como “una auténtica vergüenza que incrementa el gasto a costa del esfuerzo de los catalanes y consolida los pactos con comunistas y separatistas”.

El grupo político de VOX en la Diputación de Barcelona ha denunciado hoy un nuevo episodio de «despilfarro de dinero público» por parte de la institución. En esta ocasión, la formación señala el gasto de 425.760,00 euros destinados a la Fundación Democracia y Gobierno Local, una entidad que, pese a recibir esta ingente cantidad de los barceloneses, tiene su sede en Madrid. La cúpula directiva se compone por diputados provinciales y presidentes de distintas Diputaciones de toda España.

VOX ha anunciado que exigirá formalmente conocer el trabajo exacto que desarrolla esta Fundación para justificar un coste tan elevado. El grupo considera «vergonzoso» que, mientras los vecinos de la provincia sufren una presión fiscal asfixiante, la Diputación derive cerca de medio millón de euros a entidades externas cuya utilidad para el vecino de a pie es, como mínimo, cuestionable o “poco perceptible a pie de calle”.

El portavoz de VOX en la Diputación de Barcelona, Jordi de la Fuente, ha sido muy crítico con esta partida presupuestaria y ha adelantado las acciones que emprenderá su grupo: «Pediremos explicaciones y todo el detalle de en qué se invierte exactamente este dinero. No permitiremos que se sigan enviando cientos de miles de euros a fundaciones sin que los barceloneses sepan qué beneficio obtienen a cambio. Estamos convencidos de que este dineral estaría mucho mejor invertido en temas sociales que ayuden directamente a las familias de nuestra provincia«.

De la Fuente ha insistido en que este gasto es una falta de respeto a los contribuyentes: «El despilfarro en la Diputación de Barcelona existe, es ideológico y es vergonzoso. Todo está dentro de un sistema donde políticos reparten el dinero a escote, pagado por el esfuerzo de los contribuyentes, para alimentar estructuras que no tienen un impacto real en la vida de la gente. En VOX hemos venido a señalarlo y a poner fin a esta forma de hacer política”.

Desde VOX se reitera que la prioridad nacional y local debe pasar por reforzar los servicios públicos esenciales y las ayudas sociales, eliminando cualquier gasto superfluo o ideológico que no repercuta en el bienestar de los ciudadanos de la provincia de Barcelona.

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha calificado de “insulto a los barceloneses” la aprobación de la nueva ley contra la multirreincidencia pactada hoy por el PSC, el Partido Popular y Junts. Para la formación, este acuerdo no es más que una «maniobra de distracción» protagonizada por los mismos partidos que han convertido a Barcelona en la capital de la inseguridad en España.

Desde VOX denuncian que tanto el bipartidismo como el separatismo son los responsables directos de las políticas de fronteras abiertas y del «efecto llamada» que ha degradado los barrios de la ciudad. Consideran una hipocresía que quienes han permitido la «importación masiva de delincuencia» pretendan ahora presentarse como la solución con reformas legales que «se quedan en la superficie«.

Gonzalo de Oro, presidente del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, se ha mostrado tajante ante los medios tras el anuncio del pacto: “Lo que hemos visto hoy es el pacto de la vergüenza. El PSC, el PP y los separatistas de Junts se dan la mano para intentar tapar con una ley cosmética el caos que ellos mismos han provocado. Son los culpables de importar inseguridad de forma masiva y ahora pretenden engañarnos con parches legales. Tienen miedo a VOX y por eso empiezan a hablar de inseguridad los que hasta hace poco la negaban”.

Los barceloneses no quieren más fotos de políticos en despachos, ni comisiones de seguimiento que no sirven para nada. Lo que Barcelona necesita es mano dura: menos fotos y más deportaciones. Mientras no se expulse a todo extranjero que haga del delito su modo de vida y no se acabe con la impunidad en nuestras calles, cualquier ley será papel mojado”, ha concluido Gonzalo de Oro.

El grupo parlamentario de VOX en Cataluña ha anunciado una enmienda a la totalidad de los presupuestos aprobados hoy por el Govern para 2026. El portavoz del grupo parlamentario, Joan Garriga, ha señalado que “son los presupuestos de la continuidad. Son los mismos presupuestos, con las mismas políticas que ya pactaron ERC, Comuns y PSC en 2023”.

Por ello, ha afirmado que “no suponen un cambio para los catalanes ni un cambio de políticas en el capítulo de ingresos, pues anuncian que se va a incrementar en 9.000 millones de euros los ingresos. Una mala noticia para nosotros, porque esos ingresos vienen del esfuerzo de los catalanes y no de los privilegios de los políticos”.

En cuanto al capítulo de gastos, “que alcanza los 50.000 millones de euros”, desde VOX consideran que “son insuficientes para educación, sanidad, seguridad, infraestructuras y vivienda, es decir, para aquello que es esencial, y en cambio sigue habiendo mucho gasto totalmente prescindible, como las subvenciones a medios de comunicación afines o las subvenciones a entidades ideológicas de ERC, Comuns o PSC”.

La formación ha asegurado que va a analizar todas las partidas para denunciar el “despilfarro ideológico”, ya que, por ejemplo, “continúa habiendo ayuda al exterior que consideramos totalmente prescindible”.

Garriga, además, ha señalado que “tampoco nos llama la atención que hayan llegado a un acuerdo con la patronal y los sindicatos. Esa foto que se hicieron nos cuesta más de 20 millones de euros. Y por eso lo abrazan como si no hubiese mañana”.

Por último, respecto a la “amenaza del PSC y de Illa de convocar elecciones si no hay un acuerdo con Esquerra Republicana”, ha señalado que, para VOX, “es una buena noticia. Ojalá no haya presupuestos, porque será una ocasión más para poder revertir esas políticas a través de dar voz a los catalanes”. No obstante, ha lamentado que “no es creíble, porque en 2025 ya no lo hizo: ha pasado un año y no ha cumplido esta amenaza ni ha convocado elecciones”.

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Viladecans ha cargado duramente contra la gestión de la alcaldesa socialista, Olga Morales, tras la caótica implementación de la nueva tasa de basuras. La formación califica de «atropello» una nueva carga fiscal que ha llegado a los hogares y comercios de forma unilateral.

Aunque la normativa europea exige una actualización en la gestión de residuos para este 2026, VOX señala que el Gobierno municipal se ha «escudado en Bruselas» para eludir su responsabilidad. La falta de pedagogía y la nula empatía ciudadana han convertido lo que debería ser un trámite administrativo en un conflicto social generado por el propio Ayuntamiento.

Un «basurazo» por sorpresa y sin diálogo

“Numerosos vecinos de Viladecans están recibiendo liquidaciones de la nueva tasa con importes relevantes para las economías familiares. El impacto resulta aún mayor en el caso de comercios y actividades económicas, que afrontan cuotas muy superiores a las domésticas, lo que incrementa la presión sobre el pequeño comercio y la economía local. Imponer este ‘basurazo’ sin haber escuchado a los vecinos de Viladecans es un error político grave y una falta de respeto a quienes levantan esta ciudad con su esfuerzo diario”, ha asegurado Marina Ferrer.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Marina Ferrer, ha sido tajante al respecto: «La alcaldesa Morales vive en una realidad paralela a la de los vecinos de Viladecans. No se puede gobernar a golpe de decreto y envío indiscriminado de cartas de pago mientras las familias hacen malabares para llegar a fin de mes”.

El fracaso de la gestión socialista

Desde VOX denuncian que la gestión de Morales suspende clamorosamente en sensibilidad social. La formación considera que la anunciada rebaja del 4,5% en el IBI resulta claramente insuficiente frente al impacto real de la nueva tasa

«Gobernar no es cuadrar los balances del Ayuntamiento asfixiando las cuentas de los ciudadanos», añade Ferrer. «Nuestra prioridad absoluta es el bienestar de nuestros vecinos. Exigimos que la administración local deje de ser un obstáculo y empiece a facilitar la vida de la gente. Hoy, en Viladecans, las cuentas de las familias no salen porque el socialismo prefiere salvar su burocracia antes que proteger el bolsillo de los trabajadores«.

VOX Viladecans reitera su compromiso con la bajada de impuestos y la transparencia, asegurando que seguirá denunciando cualquier medida que suponga una carga injustificada que castiga a vecinos, comercios y familias trabajadoras y perjudica a la economía real del municipio.

El Grupo Municipal de VOX en Sant Cugat ha respondido con contundencia al artículo de opinión publicado por el concejal del Partido Popular, Alfredo Bergua. Para VOX, este texto es la prueba irrefutable de un PP desesperado y desnortado que, ante su absoluta incapacidad e impotencia, recurre a la mentira para intentar desprestigiar el trabajo de la alternativa real.

En su escrito, Bergua trata de menospreciar a VOX y tacha al partido de «mentiroso», a pesar de que los datos oficiales del propio Gobierno de Sant Cugat confirman la tesis de VOX: se han dado de baja 5.191 empadronamientos ilegales. Una cifra reconocida por la administración local que el PP pretende ignorar en un ejercicio de cinismo político sin precedentes.

El PP: Mentiras en el ADN ante la valentía de VOX

Lo que realmente «fastidia» a Bergua y, por extensión, al Partido Popular, es que haya tenido que llegar VOX para presionar y destapar toda la mafia que operaba con total impunidad en Sant Cugat. Se trata de una red delictiva ante la que ellos miraron para otro lado, como en tantos otros casos, permitiendo que el fraude se instalará en nuestra ciudad sin mover un solo dedo.

Mientras el PP sesteaba y permitía esta situación, VOX acudía a la Policía Nacional con pruebas sólidas sobre cómo actuaban estas redes para empadronar de manera ilegal a personas en nuestro municipio. El PP ha quedado retratado como una formación que prefiere atacar a VOX antes que combatir el fraude migratorio.

Declaraciones de Marcos Rodríguez

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sant Cugat, Marcos Rodríguez, ha sido tajante al valorar el artículo del concejal popular: «El concejal Bergua recurre a la mentira de forma desesperada porque le escuece que VOX haya levantado las alfombras en Sant Cugat. Les duele que nosotros hayamos tenido la valentía de destapar una mafia que ellos vieron operar y ante la que miraron para otro lado, como en tantos otros casos, por desidia o por complejos.»

«Intentar negar una realidad de 5.192 bajas que el propio Ayuntamiento ya admite es patético. El PP debería trabajar más, ser más coherente y, sobre todo, mentir menos; algo que llevan inoculado en su ADN. Frente a sus artículos de opinión manipulados, nosotros ofrecemos resultados”, ha subrayado el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Marcos Rodríguez.

VOX no dará un paso atrás

VOX Sant Cugat reafirma su compromiso innegociable con los vecinos. Seguiremos fiscalizando el padrón municipal para asegurar que los recursos públicos sean para quienes cumplen las normas. La seguridad y la legalidad en Sant Cugat son nuestra prioridad, por mucho que al PP le moleste que sea VOX quien lidere esta batalla por la transparencia.

El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha presentado este martes las iniciativas que su formación llevará al pleno municipal de este mes, centradas en una ofensiva contra lo que ha calificado como “falta de ética institucional” y el uso de recursos públicos para garantizar “retiros dorados” a cargos políticos.

De Oro ha denunciado que el Ayuntamiento se ha convertido en “una agencia de colocación para políticos de la izquierda”, criticando que concejales y exregidores terminen vinculados a entidades y organismos que han sido financiados durante años con subvenciones públicas.

“Barcelona sigue siendo la ciudad más insegura de España y, mientras tanto, algunos utilizan la Gaceta Municipal para asegurarse un futuro profesional en entidades que ellos mismos han alimentado con dinero público”, ha afirmado el portavoz.

En este contexto, VOX propone una batería de medidas para reforzar la transparencia y evitar conflictos de interés:

  • Auditoría de Ética: Elaboración de un informe detallado sobre la vinculación de exregidores con entidades que recibieron fondos públicos durante su etapa de gestión.
  • Plazo de seguridad de cinco años: Prohibición efectiva para trabajar en el sector privado o en entidades subvencionadas en asuntos relacionados con su antiguo cargo.
  • Transparencia post-cargo obligatoria: Seguimiento de la actividad profesional de exconcejales durante los cinco años posteriores a su salida.
  • Control de publicidad institucional: Supervisión estricta de la participación en medios que reciben subvenciones municipales relevantes.
  • Reforma a nivel nacional: Instar al Congreso a legislar restricciones similares para toda España.

Prioridad nacional y servicios públicos

En relación con la propuesta de regularización masiva de inmigrantes, De Oro ha advertido sobre la presión creciente en los servicios sociales. “Nuestra obligación es cubrir primero a los nuestros, especialmente a los más vulnerables. La prioridad nacional no es un eslogan, es una cuestión de justicia social”, ha defendido.

Asimismo, ha mostrado su rechazo a lo que considera una cesión cultural en el ámbito institucional y educativo, defendiendo que Barcelona “debe recuperar su identidad” y garantizar que las normas comunes prevalezcan en el espacio público.

Crisis de vivienda y caída de la oferta

El portavoz municipal también ha centrado parte de su intervención en la situación del mercado de la vivienda en la ciudad. Según los datos expuestos por VOX, la oferta de alquiler se ha reducido un 74% desde la llegada de Ada Colau a la alcaldía y un 55% en los últimos tres años bajo el mandato de Jaume Collboni.

Para De Oro, la “hiperregulación y la inseguridad jurídica” han provocado una contracción sin precedentes del mercado, agravando la dificultad de acceso a la vivienda para miles de barceloneses.

“Los datos desmontan el relato oficial. No se puede presumir de políticas sociales cuando el resultado es menos oferta, precios más altos y más dificultades para las familias”, ha concluido.

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