Jordi de la Fuente abre todos los frentes: Sánchez, empleo, salarios, inmigración, Mercosur, industria, campo y CCOO-UGT.
Entrevistamos a Jordi de la Fuente, secretario general del sindicato Solidaridad y portavoz de VOX en la Diputación de Barcelona, para abordar la situación del trabajador español en un momento en el que los buenos datos macroeconómicos chocan, según sostiene, con una pérdida constante de poder adquisitivo. Vivienda, salarios, fiscalidad, fijos discontinuos y precariedad forman parte de una conversación en la que De la Fuente cuestiona el relato económico del Gobierno y pone el foco en quienes, pese a trabajar, tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes.
La entrevista entra también en algunos de los debates que Solidaridad quiere colocar en el centro de la agenda laboral: inmigración y competencia salarial, falta de mano de obra cualificada, Mercosur, pérdida de industria, futuro del campo y el papel de CCOO y UGT. De la Fuente defiende recuperar capacidad productiva, reducir impuestos y burocracia, impulsar los oficios y convertir a Solidaridad en una alternativa sindical a las centrales tradicionales.
El Gobierno presume de crecimiento económico, creación de empleo y buenos datos macroeconómicos, pero el trabajador siente que cada vez llega peor a final de mes. ¿Cómo puede presumir el Gobierno de que España va bien mientras quien trabaja nota que su poder adquisitivo cae y vivir cuesta cada vez más?
El mercado laboral ha perdido casi 163.000 ocupados en agosto y sube casi 45.000 parados. Cifras que el Gobierno dirá que son buenas, porque están trucadas por la regularización exprés y masiva de cientos de miles de inmigrantes ilegales, pero que esconden una realidad pavorosa: los trabajadores de España ni tienen mejor trabajo, ni tienen más dinero, ni viven mejor que hace tan sólo una década. La media del alquiler en España, desde 2017, se ha encarecido un 90% (en Madrid o Barcelona, más del 100%); precio de compra de vivienda, 30% más; un 40% la cesta de la compra… pero el salario medio real, ni se mueve. De hecho, ha bajado un 0,2%. ¡Y aún sacarán pecho de ello!
Hay más de 600.000 españoles con dos o más trabajos. La mayoría no lo hacen por “adicción”: lo hacen porque no llegan a final de mes. Algunos con dos sueldos, otros combinando trabajo por cuenta ajena y trabajo como autónomo, sangrados por ambos lados a impuestos. Un 17% de los hogares españoles con hijos sufre pobreza laboral, y si son monoparentales o numerosas, un 32% y un 35,5% respectivamente. En España nos estamos coronando con el empleo parcial, temporal, de baja calidad y mal pagado, pero el Gobierno más progresista de la Historia no lo ve así.
España tiene agricultura, industria y servicios, genera riqueza y bate cifras de empleo. Entonces, ¿por qué esa riqueza no termina reflejándose en la nómina y en el poder adquisitivo del trabajador? ¿Dónde se está rompiendo la cadena?
La agricultura la hemos regalado y desmantelado con el tratado Mercosur y la agenda climática, sustituyendo nuestra riqueza por energías renovables al servicio de empresas extranjeras; nuestra industria, deslocalizada a terceros países; los servicios crecen, pero a la par que la precariedad que reina en este sector, muy de la mano con el tipo de inmigración llegada al país, poco o nada cualificada, que revienta salarios a la baja y tipos de contratos precarios.
Las nóminas de este país están bien trufadas de una fiscalidad asfixiante. El que cobra y el que paga, cada vez tienen menos margen para una ganancia neta en condiciones que permita ahorrar, consumir o reinvertir. Si esto se combina con el alza de los precios de absolutamente todo, que no va pareja a un crecimiento real de los salarios o de las ganancias netas, tienes el cóctel perfecto para empobrecer al país. Y cuando hablo de país, estoy hablando de las familias trabajadoras que lo sustentan y financian la fiesta al que vive de forma parasitaria, sea con traje, con paguita o con turbante.
Yolanda Díaz presume de haber transformado el mercado laboral, pero Solidaridad lleva tiempo denunciando el peso de los fijos discontinuos y la precariedad. ¿España ha reducido realmente el paro o ha aprendido a presentar mejor las estadísticas?
Claro que ha transformado el mercado laboral: de un modelo que necesitaba serios arreglos a otro que necesita o un milagro o una demolición. La chapuza del contrato fijo discontinuo es la sustitución del conocido como “de obra y servicio”, pero sin mejorarlo en nada.
La cifra de cuántos fijos discontinuos inactivos reales en España es un misterio, y esto se debe a que Gobierno central (PSOE y Sumar) y gobiernos autonómicos de todo color político tienen clarísimo que no hay que revelarlo. Estos fijos discontinuos están inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo, pero no figuran en la estadística oficial de paro. Sólo podemos empezar a especular con esas cifras mediante la de demandantes de empleo con relación laboral, que en diciembre de 2025 reventamos el récord con casi 900.000, casi un 200% más que en diciembre de 2019, antes de la reforma laboral y de la pandemia (que siempre hay que puntualizar). Según estudios desmenuzando los datos que publica el Ministerio de Trabajo, podríamos estar hablando que casi todos los demandantes con relación laboral son fijos discontinuos (hemos llegado a estimar un 96%, 857.000).
Decíamos al principio que este contrato no mejora al de obra y servicio. Un trabajador temporal cuyo contrato caduca recibe una indemnización de 12 días por año y figurará como parado, mientras un fijo discontinuo primero no recibe nada, quedando suspendida su actividad; segundo, debe solicitar prestación, si ha cotizado lo suficiente; y tercero, no cuenta como parado para las cifras del Gobierno. Efectivamente: hacen de trileros con las cifras para vender al resto del mundo esa España montada en cohete.
Este es sólo un ejemplo, pero los trabajadores de España cada vez confían menos en los datos que ofrece el Gobierno, siempre sonriente y siempre sacando pecho, mientras a pie de calle la conversación es cuánto más tendremos que apretarnos el cinturón.
España mantiene un desempleo elevado mientras determinados empresarios aseguran que necesitan traer trabajadores porque no encuentran mano de obra. ¿Qué está fallando para que convivan españoles buscando empleo y empresas diciendo que faltan trabajadores?
Antes de la invasión en Ceuta, hemos escuchado auténticas barbaridades salidas de la boca de algunos gerifaltes de las patronales de turno (Foment del Treball, Cepyme, etc.), diciendo que necesitamos inmigrantes “como el aire que respiramos” y similares lindezas.Vale que la asfixia fiscal y las complicaciones a la hora de crear empleo existen; pero con unos salarios dignos, un ambiente económico que no sea la desesperanza pura y una alternativa de valores sociales a los woke actuales, seguro que se encuentra mano de obra nacional. Lo que pasa es que para los españoles es imposible materialmente aceptar ciertas condiciones de trabajo, en este contexto de encarecimiento generalizado, para vivir con lo justo o sin cambiar el mínimo bienestar que se supone deberíamos mantener y mejorar tras décadas de “Estado social y de derecho”. Pero otros, los aprovechados del Sistema entre los que contamos con una cantidad elevadísima de inmigración que no viene a contribuir, sabe perfectamente que es mejor recibir de la Administración y compaginarlo con trabajos esporádicos o en negro, que hacerlo de otra forma -la única forma con la que se levanta un país, desde luego, que es trabajando y mucho.
Recientemente escuché un comentario en un pueblo castellano. Dos mujeres que estaban trabajando limpiando la calle, se preguntaban la una a la otra si este año repetirían yendo a trabajar a la vendimia en Francia. Es decir: acabo un trabajo, empalmo con el otro y encima en el extranjero. ¿Trabajadores españoles cruzando la frontera, “haciendo el trabajo que nadie quiere” que los medios de comunicación y políticos progres adjudican siempre a la inmigración, porque en España se paga mucho menos por el mismo trabajo?
Hay una auténtica casta que se deshace por seguir viendo inmigrantes asaltando las fronteras. Ven en ellos futuros votantes, unos, y mano de obra barata, otros. Al final esta combinación sale fatal y conviertes tus barrios, tu modelo económico y tu estrategia de crecimiento en un desastre, y lo vemos en países como el Reino Unido: ni convivencia, ni motor económico con fuerza, ni productividad, ni renta por cápita al alza, ni esperanza de cambio. ¿Os suena? El reemplazo poblacional no solucionará ningún problema laboral ni económico.
España necesita trabajadores autóctonos, oficios cualificados y salir de la jaula mental de la “titulitis” exclusivamente universitaria; bonificar a la empresa para que forme a sus trabajadores, generando riqueza en capital humano y puestos de trabajo duraderos.
Hablamos de mecánica, pintores, soldadores, fontaneros: no debemos traerlos de fuera -que ni siquiera saben de esto en infinidad de casos-, si no formarlos nosotros. De lo contrario, sólo reventamos el mercado con mano de obra barata, que compite de forma pirata con el negocio local, con unos sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- aplaudiendo al tener más carne de cañón con la que “justificar” y saquear subvenciones.
Cuando una persona entra irregularmente y termina trabajando sin papeles o en condiciones precarias, queda más expuesta a salarios bajos y abusos. ¿La inmigración ilegal termina generando una bolsa de mano de obra vulnerable que beneficia a quienes quieren pagar menos? ¿Qué efecto tiene eso sobre el resto de trabajadores?
Cuando una persona entra irregularmente en cualquier país que tenga con dos dedos de frente, es detectado y expulsado. Porque nadie ha pedido que venga, porque nadie ha solicitado que haga “el trabajo que no queremos hacer” como decía antes, porque nadie quiere que su barrio se transforme demográficamente en el de otro país. En realidad, incluso con la legislación actual se puede y se debe hacer esto, ¡y es blandita! Y para seguir, al empresario que pone a trabajar a una persona en situación irregular, palo.
No se puede tener trabajando a gente sin contrato o en condiciones que no son las que tenemos como mínimas en España. Ha vuelto con fuerza esa figura del “pistola”, haciendo cola esperando en un punto estratégico a que una furgoneta lo cargue y le ofrezca un trabajo rápido y sin papeles. Cada acción de este estilo empobrece a los trabajadores de España.
Las conquistas laborales no han salido gratis y no hay excusa. Eso sí: desregular, eliminar burocracia y asfixia fiscal para crear más y mejor empleo, desparasitar el país de aprovechados, puede ir en paralelo a una protección real y justa de las familias trabajadoras en su puesto de trabajo y en su entorno vital. Los que deberían velar por todo ello, lo que llamamos en general la Representación Legal de los Trabajadores, demasiadas veces están por otras cosas con objetivos distintos, y algunos, directamente al servicio del Gobierno, como son UGT y CCOO.
Nos repiten que hacen falta inmigrantes para cubrir trabajos que “los españoles no quieren”. ¿No sería más honesto preguntarse si hay empleos que los españoles no pueden aceptar porque los salarios y las condiciones ya no permiten vivir dignamente?
Algo de ello ya te he contestado. Para un joven español medio, o alguien con 30 años, que pretende vivir fuera de casa de sus padres, tener vehículo propio, ahorrar para poder invertir en una futura vivienda o en bienestar real, emparejarse y formar o no una familia, aceptar ciertas condiciones es imposible. No recibe paguitas, está a la cola de las ayudas sociales de cualquier tipo -menos las “culturales”, de nula utilidad- y en competencia laboral con una masa de extranjeros que, precisamente por lo que acabo de exponer, sí pueden aceptar esas condiciones. Sin duda, la inmigración masiva es una competencia desleal hacia la clase trabajadora autóctona, de la misma forma que lo hace un “top manta” frente a los autónomos que sí pagan tasas e impuestos. Todo el mundo entiende esto fácilmente.
Frente a la competencia desleal de la inmigración en el mercado de trabajo, Solidaridad dice prioridad nacional y laboral. Hallar e impulsar las medidas legales para incentivar la contratación de los españoles, deforma similar a la que VOX, única voz en el Congreso, pide implementar un sistema de puntos que facilite la prioridad nacional ante el acceso a ayudas sociales, y que se empieza a trasladar en aquellos gobiernos autonómicos en los que es determinante. ¿Por qué premiar de alguna forma la contratación del que acaba de llegar, pudiendo ser mucho más barata y rentable la de el hijo y nieto de españoles?
No necesitamos más mano de obra extranjera. Tenemos capital humano necesario para cubrir el mercado. Démosle la vuelta al concepto: en vez de subsidiar al español mayor de 52 años, busquemos la forma de que sea más interesante contratarlo y que vuelva al mercado laboral que tener extranjeros recién llegados en plantilla.
Hay que volver a fomentar los contratos de aprendizaje y reducir costes de cotización de una empresa: no puede ser que le cueste prácticamente lo mismo la contratación de un aprendiz que un oficial de primera. Queremos que se haga carrera en la empresa y en el sector, no un mercado parcheado de retales legales y fiscales improvisados.
En el campo ocurre otra paradoja: el agricultor cobra poco, el consumidor paga cada vez más y, entre ambos, el precio se multiplica. Si pierden productor y consumidor, ¿quién está ganando? ¿Mercosur y las importaciones de terceros países agravan todavía más el problema?
Aquí tenemos dos cuestiones diferentes. Por un lado, lo que conocemos como los famosos «intermediarios» que no dejan de ser plataformas de distribución con costes elevados de gasoil, contrataciones de personal y burocracia con normativas -muchísimas nacionales derivadas de la lejana y extraña Unión Europea- que lo que hacen es aumentar los costes desde su origen hasta su punto final. Aquí las diferentes administraciones miran hacia otro lado porque parece ser que no les importa, siendo siempre el perjudicado el que siembra y el que compra. De esta manera nos estamos cargando el relevo generacional y nuestra soberanía alimentaria, al servicio de la Agenda 2030 aplicada al campo (Pacto Verde Europeo, Mercosur, tratados con terceros que nos perjudican).
Precisamente Mercosur, supone la puntilla para nuestros agricultores y ganaderos, donde vienen productos de Hispanoamérica sin ningún tipo de control de calidad, ni laboral, ni arancel, a precios pírricos con los que el producto nacional no puede competir; el objetivo de este acuerdo no es un gran libre mercado, si no un mercado en el que gana el que ofrece menor precio aunque no tenga ninguna garantía sanitaria detrás, expulsando a los que cumplen las farragosas normas que impusieron los mismos que firman el tratado, es decir, al campo español. El fin de todo esto es debilitar a una potencia agrícola como España. Cuando hemos sido fuertes, no nos hemos dejado manipular.
España habla de reindustrialización mientras durante décadas ha apostado por servicios, temporalidad y actividades de bajo valor añadido. ¿Puede haber salarios fuertes y una clase media sólida si no recuperamos industria, campo y capacidad productiva propia?
España, según fuentes distintas, se situaba entre ser la octava y la doceava potencia industrial mundial en 1975. Casi un 40% del PIB de entonces lo acaparaba la industria. Que un país supuestamente atrasado, apartado y defenestrado internacionalmente estuviera en esta liga, significa que aún y en condiciones adversas, los trabajadores españoles podemos llevar a lo más alto a la nación. Fue a partir de entonces cuando la llamada reconversión y la posterior entrada en la Comunidad Económica Europea cambiaron las cosas: durante años seguimos bebiendo del esfuerzo previo y los resultados mejoraron en productividad, con las huchas llenas. Pero llega un momento, como ahora, en que ser dependientes de un sector servicios débil, desmantelar o deslocalizar nuestro tejido industrial o transformarlo “climáticamente” con altísimos costes y renunciar a ser de los principales exportadores de producto agrícola y pesquero, pasa una factura terrible. No nos han hecho más competitivos: nos han hecho
más dependientes y más vulnerables.
Países vecinos de la UE como Francia o Alemania tienen salarios más fuertes porque precisamente son competitivos. La inversión realizada en las últimas décadas no ha sido destinada a desmantelar y renunciar o vender soberanía estratégica, si no que en su caso, ha sido para mejorar las condiciones, la competitividad, los recursos tecnológicos. Nos han adelantado por todos lados y seguimos mirando al dedo y no a la luna.
La manera de que un trabajador cobre más no es limitarse al titular de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional, de forma artificial y sin parámetros de crecimiento económico real que lo sustenten. Sí que lo es reducir impuestos de nuestra nómina, bajando el coste del IRPF y en la misma dirección para la empresa, para destinarlo al bolsillo de empleado y empleador y que con ello se pueda crear nuevo empleo e inversión, por un lado, y ahorro, por el otro.
Mientras los medios dedican horas a polémicas, el trabajador sigue perdiendo poder adquisitivo casi en silencio. ¿Se ha convertido la crisis laboral en el gran problema que todos padecen pero del que menos se habla? ¿Han aprovechado también CCOO y UGT ese silencio para dejar de dar la batalla?
Los medios, efectivamente, viven de la polémica y ahora más que nunca de las subvenciones del Gobierno tramposo y traidor, mientras que el abandonado es el contribuyente, la España que madruga.
El mayor despilfarro de la Historia ha venido acompañado de la mayor pérdida de poder adquisitivo de la Historia y las grandes subidas de impuestos de este Gobierno, con el aplauso y consentimiento de UGT y CCOO, que a su vez, sobreviven lujosamente mantenidos por el mismo, pese a que digan que mayoritariamente viven de las cuotas de sus afiliados. Los más de 50 millones de euros recibidos desde la Administración tan sólo en 2025 por cada uno de estos dos sindicatos refuerzan esta idea.
Desde el sindicato Solidaridad vamos a seguir luchando para que los trabajadores vuelvan a recuperar sus derechos perdidos de facto, por unos salarios y puestos de trabajo dignos en todas las esferas, y por devolver el futuro a las familias trabajadoras de España, en especial a una juventud a día de hoy absolutamente desmoralizada.
Por eso pedimos a los trabajadores que se afilien a nuestro sindicato, que participen en las elecciones sindicales de su empresa y así expulsar a la mafia sindical de sus puestos de trabajo y de las relaciones con la patronal. Solidaridad, sin subvenciones, está logrando que empecemos a ser determinantes allá donde se nos da ese apoyo con todas estas ideas sobre la mesa. Más de 8 de cada 10 elecciones sindicales a las que nos presentamos conseguimos representación.
¿Nace Solidaridad para ocupar el espacio que abandonaron el binomio sindical CCOO y UGT: defender el empleo, la seguridad y el bolsillo del trabajador frente a un sindicalismo cada vez más alejado de sus problemas reales?
La realidad es que UGT y CCOO hace tiempo que ya no defienden a los trabajadores de España, y se preocupan más de guerra lejanas para hacerse la foto “solidaria”, de robar a los parados en Andalucía, de gestionar mafiosamente el dinero de FOGASA de sus afiliados, de facturas sospechosas en móviles, de estancias en hoteles y balnearios, de mariscadas, de grandes congresos, y un largo etcétera. Un sindicato subvencionado de esta forma y sin control alguno no puede defender al trabajador, y sí ser un lastre cipayo.
Solidaridad ha llegado para cambiar todo esto, sólo con la fuerza y la ilusión de nuestros afiliados. Hemos mejorado las condiciones laborales donde tenemos secciones sindicales, hemos actualizado convenios donde los mayoritarios llevaban décadas de estancamiento y aprovechamiento y hemos conseguido subidas salariales donde otros ni han soñado, ni intentado. Nuestra negociación con la empresa es vital porque si la empresa funciona y lo hace justamente, nosotros conseguimos que el trabajador se beneficie, con mayor riqueza y mejores condiciones. Una tercera vía era posible, y lo estamos consiguiendo.
Parlon, Trapero y PISA: Joan Garriga endurece el choque con el Gobierno catalán.
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Cataluña, Joan Garriga, ha anunciado que su formación ha registrado la solicitud de comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, y ha reclamado además su dimisión tras los últimos cambios producidos en la cúpula del departamento, incluida la salida de Josep Lluís Trapero.
“Parlon no puede escudarse en la salida del director general ni pretender que el problema de la inseguridad se resuelva con un cambio de nombres en la cúpula. Es ella la máxima responsable política del descontrol en las calles”, ha defendido Garriga.
Garriga: “El barco de la seguridad está a la deriva”
El portavoz de VOX ha acusado a Parlon de estar “desbordada” y considera que la salida de Trapero evidencia los problemas internos del departamento.
“Trapero fue vendido como el rescate de la profesionalidad y la estabilidad. Está abandonando un barco que está a la deriva y que se está hundiendo. Ese barco se llama seguridad”, ha afirmado.
Garriga también ha acusado al PSC y al Gobierno de Salvador Illa de proyectar una “falsa imagen de normalidad” mediante estadísticas que, según sostiene, no reflejan la percepción de inseguridad de numerosos vecinos.
VOX reclama además más medios, autoridad y respaldo político para los Mossos d’Esquadra. Garriga asegura que agentes con los que mantiene contacto trasladan su preocupación por las consecuencias de determinadas intervenciones y reclama “un mando fuerte, único y claro”.
VOX reclama más dureza contra la reincidencia
Garriga ha citado episodios recientes de violencia, como el asesinato registrado en Manresa, tiroteos y ataques con armas blancas, y ha reclamado mayor contundencia frente a los delincuentes reincidentes.
El portavoz ha defendido prisión para los delincuentes españoles y, en el caso de extranjeros, su expulsión cuando legalmente proceda: “Si son extranjeros, billete de vuelta”.
VOX también sostiene que desde la llegada del PSC al Gobierno catalán se han producido un centenar de homicidios, cifra utilizada por Garriga para cuestionar la política de seguridad del Ejecutivo.
Garriga avisa contra la reforma del Reglamento del Parlament
Durante la rueda de prensa, el dirigente de VOX también ha criticado la posible reforma del Reglamento del Parlament, que considera orientada a sancionar económica y disciplinariamente a sus diputados por sus intervenciones.
“Ni sus multas, ni sus amenazas, ni sus retenciones de sueldo van a conseguir que demos un paso atrás”, ha advertido.
Garriga asegura que VOX recurrirá cualquier modificación que considere destinada a censurar su discurso: “No nos van a callar”.
VOX vuelve a pedir la dimisión de Esther Niubó
Finalmente, Garriga ha reclamado también la dimisión de la consellera de Educación, Esther Niubó, por la polémica relacionada con las pruebas PISA.
VOX responsabiliza al modelo educativo catalán de problemas como la pérdida de autoridad de los profesores, la burocracia y las dificultades organizativas, y reivindica un sistema basado en la exigencia académica, la libertad de elección de las familias y el respeto al docente.
Alejo Miranda acusa al Gobierno de cambiar continuamente su versión sobre Ceuta.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alejo Miranda, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber ofrecido informaciones contradictorias sobre la crisis de Ceuta y ha exigido a la ministra Elma Saiz explicaciones sobre los avisos previos, el número de personas que entraron y cuántas permanecen todavía en la ciudad.
“Para ustedes gobernar es mentir y mentir es la única forma de seguir gobernando”, ha afirmado Miranda durante su intervención en el Pleno del Senado.
El senador popular ha preguntado directamente a Saiz: “¿Cuándo van a dejar de mentir a los españoles sobre la invasión de Ceuta?”.
Miranda pone el foco en los avisos previos
El dirigente popular ha reprochado al Ejecutivo que inicialmente negara la existencia de avisos sobre el riesgo de una entrada masiva, mientras que posteriormente, según sostiene el PP, se conocieron advertencias procedentes de distintos organismos y cuerpos de seguridad.
Miranda ha citado expresamente al CNI, la Policía y la Guardia Civil y ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haber negado inicialmente esas alertas.
El PP viene reclamando durante los últimos días que el Ejecutivo explique qué información tenía antes de la crisis, cuándo la recibió y qué medidas adoptó como consecuencia de esas advertencias.
“Todavía no se aclaran ni cuántos entraron ni cuántos quedan”
Alejo Miranda ha cuestionado también las cifras ofrecidas por el Gobierno y ha denunciado que, a juicio del Partido Popular, todavía existen interrogantes sobre el número total de personas que entraron en Ceuta y cuántas permanecen actualmente en la ciudad.
El senador ha reprochado asimismo las diferencias entre los mensajes de miembros del Ejecutivo sobre los retornos y la distribución de personas llegadas irregularmente.
“¿Nos dirá por fin alguna verdad?”, ha preguntado a Elma Saiz.
Miranda ha reclamado que el Gobierno proporcione información completa y coherente a los ciudadanos y abandone lo que considera una política de versiones cambiantes sobre la crisis.
“Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”
El portavoz adjunto del Grupo Popular ha reivindicado el mensaje expresado en las movilizaciones de apoyo a la ciudad autónoma.
“Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, ha recordado Miranda, quien ha reprochado al Ejecutivo no escuchar, a su juicio, el mensaje lanzado por miles de ciudadanos.
El senador ha defendido que la prioridad debe ser garantizar la seguridad, recuperar la normalidad y proteger a los ceutíes.
Miranda reprocha al Gobierno su respuesta a Ceuta
El dirigente popular ha rechazado las acusaciones de “extremismo” dirigidas contra quienes cuestionan la actuación del Ejecutivo y ha respondido con duras críticas políticas a la gestión del Gobierno.
Miranda ha acusado al Ejecutivo de “extrema irresponsabilidad”, “extremo sectarismo” y “extrema mentira”, expresiones pronunciadas durante su intervención parlamentaria.
“¿Cómo puede seguir hablando de humanidad y dónde está su humanidad en el desprecio, las acusaciones y el abandono al que están sometiendo a Ceuta y a los ceutíes?”, ha preguntado.
El PP exige responsabilidades y explicaciones
Alejo Miranda ha concluido reclamando que se esclarezca toda la información relacionada con las alertas recibidas antes de la crisis y ha criticado la actuación del Ministerio del Interior.
El senador ha sostenido que, si Marlaska hubiera dedicado mayor atención a las alertas recibidas, la respuesta del Estado podría haber sido diferente, y ha acusado políticamente al Gobierno de priorizar otros asuntos frente a la protección de Ceuta.
El Partido Popular reclama una explicación completa sobre los avisos previos, las cifras de entradas y permanencias, los retornos realizados y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.
Alberto Tarradas une Ceuta, fronteras y seguridad en un mensaje contra Sánchez.
El diputado del Parlament y presidente de VOX en Gerona, Alberto Tarradas, ha defendido las concentraciones celebradas en apoyo a Ceuta y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar impedir unas movilizaciones que considera “legítimas, legales y necesarias en defensa de España”.
Tarradas ha sostenido que la situación de Ceuta afecta también al resto de españoles, tanto por solidaridad con los ceutíes como por las consecuencias que, a su juicio, tiene una política fronteriza débil sobre la seguridad interior.
“Unas fronteras inseguras son barrios inseguros”
“Desproteger nuestras fronteras implica desproteger nuestros barrios. Unas fronteras inseguras son barrios inseguros”, ha afirmado Tarradas.
El dirigente de VOX ha defendido que unas fronteras seguras son necesarias para que los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad y salir a la calle sin miedo.
Tarradas augura un “año del cambio”
El presidente de VOX en Gerona ha cerrado su intervención con un mensaje político de cara a los próximos meses.
“Este año va a ser el año del cambio, el año del cambio en el Ayuntamiento de Gerona y el año del cambio en el Gobierno de España”, ha afirmado, asegurando que “el pueblo está por encima de sus gobernantes”.
Tarradas ha concluido con un mensaje de apoyo a Ceuta y de defensa de la unidad nacional.
Joan Garriga reclama más seguridad y deportaciones tras el asesinato de Carles en Manresa.
El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña y presidente de VOX Barcelona, Joan Garriga, se ha desplazado a Manresa para reunirse con vecinos tras el asesinato de Carles Vilajosana y conocer de primera mano las denuncias sobre inseguridad en la ciudad.
Garriga, acompañado por la concejal de VOX en Manresa Inma Cervilla y otros miembros de la formación, ha asegurado que los vecinos trasladaron una sensación de inseguridad que, a su juicio, “va más allá de las estadísticas”.
Garriga carga contra Núria Parlon
“Manresa ya no es la Manresa de siempre”, ha afirmado Garriga, que ha puesto el foco en el miedo que, según relata, sienten algunos vecinos, especialmente mujeres que regresan a casa por la noche.
El dirigente de VOX ha criticado a la consellera de Interior, Núria Parlon, a quien acusa de no afrontar la preocupación ciudadana por la delincuencia y de poner el foco en quienes denuncian la inseguridad.
Más policías, más autoridad y expulsiones
VOX reclama aumentar los efectivos policiales y dotarlos de más medios y autoridad. Garriga también ha defendido endurecer las penas para delincuentes españoles y expulsar a los extranjeros condenados por delitos.
“Aquí quien viene, viene a integrarse y a trabajar. Y si viene a delinquir, retorno inmediato”, ha señalado.
En relación con el asesinato de Carles, Garriga ha afirmado que los presuntos implicados serían de origen magrebí, tendrían antecedentes y se movían libremente por Manresa. VOX plantea que los extranjeros condenados cumplan sus penas en sus países de origen: “Billete de vuelta y que cumplan las penas en sus países”.
“Queremos que Manresa vuelva a ser Manresa”
Garriga ha acusado a los gobiernos socialistas y separatistas de haber permitido una normalización de episodios de violencia grave y ha vinculado ese deterioro, desde la posición de VOX, con la inmigración masiva y descontrolada.
“Desde VOX decimos basta porque queremos recuperar la seguridad de nuestros barrios y queremos que Manresa vuelva a ser Manresa”, ha concluido.
Joan Garriga: «Nos negamos en rotundo al reparto por Cataluña»
El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Joan Garriga, ha participado en la concentración celebrada en la plaza Sant Jaume de Barcelona en defensa de Ceuta y de la soberanía nacional.
Garriga ha defendido que “Ceuta es España” y ha calificado lo ocurrido como una “invasión”, rechazando que se trate únicamente de una crisis migratoria, humanitaria o administrativa.
VOX rechaza cualquier reparto por Cataluña
El portavoz de VOX ha exigido la devolución de quienes hayan entrado ilegalmente cuando legalmente proceda y ha rechazado cualquier distribución entre comunidades autónomas.
“Nos negamos en rotundo al reparto de cualquier persona que ha entrado ilegalmente en nuestra nación, sea menor o mayor, esté acompañada o no”, ha afirmado.
Garriga también ha defendido reforzar las fronteras con “muros y diques de contención” y suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos.
Garriga señala a Marruecos y al Gobierno
El dirigente de VOX ha responsabilizado al Reino de Marruecos de lo ocurrido y ha acusado a los sucesivos gobiernos españoles de no haber adoptado medidas suficientes para proteger las fronteras.
También ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al considerar que existían indicios suficientes para prever una actuación de Marruecos y que no se actuó con la contundencia necesaria.
Críticas a Illa y Collboni
Garriga ha criticado especialmente la ausencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la concentración.
“Es una auténtica vergüenza que ni Salvador Illa ni Jaume Collboni hayan asistido”, ha afirmado, asegurando que esa ausencia demuestra, a juicio de VOX, que son “parte del problema”.






