Entrevistamos a Jordi de la Fuente, secretario general del sindicato Solidaridad y portavoz de VOX en la Diputación de Barcelona, para abordar la situación del trabajador español en un momento en el que los buenos datos macroeconómicos chocan, según sostiene, con una pérdida constante de poder adquisitivo. Vivienda, salarios, fiscalidad, fijos discontinuos y precariedad forman parte de una conversación en la que De la Fuente cuestiona el relato económico del Gobierno y pone el foco en quienes, pese a trabajar, tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes.
La entrevista entra también en algunos de los debates que Solidaridad quiere colocar en el centro de la agenda laboral: inmigración y competencia salarial, falta de mano de obra cualificada, Mercosur, pérdida de industria, futuro del campo y el papel de CCOO y UGT. De la Fuente defiende recuperar capacidad productiva, reducir impuestos y burocracia, impulsar los oficios y convertir a Solidaridad en una alternativa sindical a las centrales tradicionales.
El Gobierno presume de crecimiento económico, creación de empleo y buenos datos macroeconómicos, pero el trabajador siente que cada vez llega peor a final de mes. ¿Cómo puede presumir el Gobierno de que España va bien mientras quien trabaja nota que su poder adquisitivo cae y vivir cuesta cada vez más?
El mercado laboral ha perdido casi 163.000 ocupados en agosto y sube casi 45.000 parados. Cifras que el Gobierno dirá que son buenas, porque están trucadas por la regularización exprés y masiva de cientos de miles de inmigrantes ilegales, pero que esconden una realidad pavorosa: los trabajadores de España ni tienen mejor trabajo, ni tienen más dinero, ni viven mejor que hace tan sólo una década. La media del alquiler en España, desde 2017, se ha encarecido un 90% (en Madrid o Barcelona, más del 100%); precio de compra de vivienda, 30% más; un 40% la cesta de la compra… pero el salario medio real, ni se mueve. De hecho, ha bajado un 0,2%. ¡Y aún sacarán pecho de ello!
Hay más de 600.000 españoles con dos o más trabajos. La mayoría no lo hacen por “adicción”: lo hacen porque no llegan a final de mes. Algunos con dos sueldos, otros combinando trabajo por cuenta ajena y trabajo como autónomo, sangrados por ambos lados a impuestos. Un 17% de los hogares españoles con hijos sufre pobreza laboral, y si son monoparentales o numerosas, un 32% y un 35,5% respectivamente. En España nos estamos coronando con el empleo parcial, temporal, de baja calidad y mal pagado, pero el Gobierno más progresista de la Historia no lo ve así.
España tiene agricultura, industria y servicios, genera riqueza y bate cifras de empleo. Entonces, ¿por qué esa riqueza no termina reflejándose en la nómina y en el poder adquisitivo del trabajador? ¿Dónde se está rompiendo la cadena?
La agricultura la hemos regalado y desmantelado con el tratado Mercosur y la agenda climática, sustituyendo nuestra riqueza por energías renovables al servicio de empresas extranjeras; nuestra industria, deslocalizada a terceros países; los servicios crecen, pero a la par que la precariedad que reina en este sector, muy de la mano con el tipo de inmigración llegada al país, poco o nada cualificada, que revienta salarios a la baja y tipos de contratos precarios.
Las nóminas de este país están bien trufadas de una fiscalidad asfixiante. El que cobra y el que paga, cada vez tienen menos margen para una ganancia neta en condiciones que permita ahorrar, consumir o reinvertir. Si esto se combina con el alza de los precios de absolutamente todo, que no va pareja a un crecimiento real de los salarios o de las ganancias netas, tienes el cóctel perfecto para empobrecer al país. Y cuando hablo de país, estoy hablando de las familias trabajadoras que lo sustentan y financian la fiesta al que vive de forma parasitaria, sea con traje, con paguita o con turbante.
Yolanda Díaz presume de haber transformado el mercado laboral, pero Solidaridad lleva tiempo denunciando el peso de los fijos discontinuos y la precariedad. ¿España ha reducido realmente el paro o ha aprendido a presentar mejor las estadísticas?
Claro que ha transformado el mercado laboral: de un modelo que necesitaba serios arreglos a otro que necesita o un milagro o una demolición. La chapuza del contrato fijo discontinuo es la sustitución del conocido como “de obra y servicio”, pero sin mejorarlo en nada.
La cifra de cuántos fijos discontinuos inactivos reales en España es un misterio, y esto se debe a que Gobierno central (PSOE y Sumar) y gobiernos autonómicos de todo color político tienen clarísimo que no hay que revelarlo. Estos fijos discontinuos están inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo, pero no figuran en la estadística oficial de paro. Sólo podemos empezar a especular con esas cifras mediante la de demandantes de empleo con relación laboral, que en diciembre de 2025 reventamos el récord con casi 900.000, casi un 200% más que en diciembre de 2019, antes de la reforma laboral y de la pandemia (que siempre hay que puntualizar). Según estudios desmenuzando los datos que publica el Ministerio de Trabajo, podríamos estar hablando que casi todos los demandantes con relación laboral son fijos discontinuos (hemos llegado a estimar un 96%, 857.000).
Decíamos al principio que este contrato no mejora al de obra y servicio. Un trabajador temporal cuyo contrato caduca recibe una indemnización de 12 días por año y figurará como parado, mientras un fijo discontinuo primero no recibe nada, quedando suspendida su actividad; segundo, debe solicitar prestación, si ha cotizado lo suficiente; y tercero, no cuenta como parado para las cifras del Gobierno. Efectivamente: hacen de trileros con las cifras para vender al resto del mundo esa España montada en cohete.
Este es sólo un ejemplo, pero los trabajadores de España cada vez confían menos en los datos que ofrece el Gobierno, siempre sonriente y siempre sacando pecho, mientras a pie de calle la conversación es cuánto más tendremos que apretarnos el cinturón.
España mantiene un desempleo elevado mientras determinados empresarios aseguran que necesitan traer trabajadores porque no encuentran mano de obra. ¿Qué está fallando para que convivan españoles buscando empleo y empresas diciendo que faltan trabajadores?
Antes de la invasión en Ceuta, hemos escuchado auténticas barbaridades salidas de la boca de algunos gerifaltes de las patronales de turno (Foment del Treball, Cepyme, etc.), diciendo que necesitamos inmigrantes “como el aire que respiramos” y similares lindezas.Vale que la asfixia fiscal y las complicaciones a la hora de crear empleo existen; pero con unos salarios dignos, un ambiente económico que no sea la desesperanza pura y una alternativa de valores sociales a los woke actuales, seguro que se encuentra mano de obra nacional. Lo que pasa es que para los españoles es imposible materialmente aceptar ciertas condiciones de trabajo, en este contexto de encarecimiento generalizado, para vivir con lo justo o sin cambiar el mínimo bienestar que se supone deberíamos mantener y mejorar tras décadas de “Estado social y de derecho”. Pero otros, los aprovechados del Sistema entre los que contamos con una cantidad elevadísima de inmigración que no viene a contribuir, sabe perfectamente que es mejor recibir de la Administración y compaginarlo con trabajos esporádicos o en negro, que hacerlo de otra forma -la única forma con la que se levanta un país, desde luego, que es trabajando y mucho.
Recientemente escuché un comentario en un pueblo castellano. Dos mujeres que estaban trabajando limpiando la calle, se preguntaban la una a la otra si este año repetirían yendo a trabajar a la vendimia en Francia. Es decir: acabo un trabajo, empalmo con el otro y encima en el extranjero. ¿Trabajadores españoles cruzando la frontera, “haciendo el trabajo que nadie quiere” que los medios de comunicación y políticos progres adjudican siempre a la inmigración, porque en España se paga mucho menos por el mismo trabajo?
Hay una auténtica casta que se deshace por seguir viendo inmigrantes asaltando las fronteras. Ven en ellos futuros votantes, unos, y mano de obra barata, otros. Al final esta combinación sale fatal y conviertes tus barrios, tu modelo económico y tu estrategia de crecimiento en un desastre, y lo vemos en países como el Reino Unido: ni convivencia, ni motor económico con fuerza, ni productividad, ni renta por cápita al alza, ni esperanza de cambio. ¿Os suena? El reemplazo poblacional no solucionará ningún problema laboral ni económico.
España necesita trabajadores autóctonos, oficios cualificados y salir de la jaula mental de la “titulitis” exclusivamente universitaria; bonificar a la empresa para que forme a sus trabajadores, generando riqueza en capital humano y puestos de trabajo duraderos.
Hablamos de mecánica, pintores, soldadores, fontaneros: no debemos traerlos de fuera -que ni siquiera saben de esto en infinidad de casos-, si no formarlos nosotros. De lo contrario, sólo reventamos el mercado con mano de obra barata, que compite de forma pirata con el negocio local, con unos sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- aplaudiendo al tener más carne de cañón con la que “justificar” y saquear subvenciones.
Cuando una persona entra irregularmente y termina trabajando sin papeles o en condiciones precarias, queda más expuesta a salarios bajos y abusos. ¿La inmigración ilegal termina generando una bolsa de mano de obra vulnerable que beneficia a quienes quieren pagar menos? ¿Qué efecto tiene eso sobre el resto de trabajadores?
Cuando una persona entra irregularmente en cualquier país que tenga con dos dedos de frente, es detectado y expulsado. Porque nadie ha pedido que venga, porque nadie ha solicitado que haga “el trabajo que no queremos hacer” como decía antes, porque nadie quiere que su barrio se transforme demográficamente en el de otro país. En realidad, incluso con la legislación actual se puede y se debe hacer esto, ¡y es blandita! Y para seguir, al empresario que pone a trabajar a una persona en situación irregular, palo.
No se puede tener trabajando a gente sin contrato o en condiciones que no son las que tenemos como mínimas en España. Ha vuelto con fuerza esa figura del “pistola”, haciendo cola esperando en un punto estratégico a que una furgoneta lo cargue y le ofrezca un trabajo rápido y sin papeles. Cada acción de este estilo empobrece a los trabajadores de España.
Las conquistas laborales no han salido gratis y no hay excusa. Eso sí: desregular, eliminar burocracia y asfixia fiscal para crear más y mejor empleo, desparasitar el país de aprovechados, puede ir en paralelo a una protección real y justa de las familias trabajadoras en su puesto de trabajo y en su entorno vital. Los que deberían velar por todo ello, lo que llamamos en general la Representación Legal de los Trabajadores, demasiadas veces están por otras cosas con objetivos distintos, y algunos, directamente al servicio del Gobierno, como son UGT y CCOO.
Nos repiten que hacen falta inmigrantes para cubrir trabajos que “los españoles no quieren”. ¿No sería más honesto preguntarse si hay empleos que los españoles no pueden aceptar porque los salarios y las condiciones ya no permiten vivir dignamente?
Algo de ello ya te he contestado. Para un joven español medio, o alguien con 30 años, que pretende vivir fuera de casa de sus padres, tener vehículo propio, ahorrar para poder invertir en una futura vivienda o en bienestar real, emparejarse y formar o no una familia, aceptar ciertas condiciones es imposible. No recibe paguitas, está a la cola de las ayudas sociales de cualquier tipo -menos las “culturales”, de nula utilidad- y en competencia laboral con una masa de extranjeros que, precisamente por lo que acabo de exponer, sí pueden aceptar esas condiciones. Sin duda, la inmigración masiva es una competencia desleal hacia la clase trabajadora autóctona, de la misma forma que lo hace un “top manta” frente a los autónomos que sí pagan tasas e impuestos. Todo el mundo entiende esto fácilmente.
Frente a la competencia desleal de la inmigración en el mercado de trabajo, Solidaridad dice prioridad nacional y laboral. Hallar e impulsar las medidas legales para incentivar la contratación de los españoles, deforma similar a la que VOX, única voz en el Congreso, pide implementar un sistema de puntos que facilite la prioridad nacional ante el acceso a ayudas sociales, y que se empieza a trasladar en aquellos gobiernos autonómicos en los que es determinante. ¿Por qué premiar de alguna forma la contratación del que acaba de llegar, pudiendo ser mucho más barata y rentable la de el hijo y nieto de españoles?
No necesitamos más mano de obra extranjera. Tenemos capital humano necesario para cubrir el mercado. Démosle la vuelta al concepto: en vez de subsidiar al español mayor de 52 años, busquemos la forma de que sea más interesante contratarlo y que vuelva al mercado laboral que tener extranjeros recién llegados en plantilla.
Hay que volver a fomentar los contratos de aprendizaje y reducir costes de cotización de una empresa: no puede ser que le cueste prácticamente lo mismo la contratación de un aprendiz que un oficial de primera. Queremos que se haga carrera en la empresa y en el sector, no un mercado parcheado de retales legales y fiscales improvisados.
En el campo ocurre otra paradoja: el agricultor cobra poco, el consumidor paga cada vez más y, entre ambos, el precio se multiplica. Si pierden productor y consumidor, ¿quién está ganando? ¿Mercosur y las importaciones de terceros países agravan todavía más el problema?
Aquí tenemos dos cuestiones diferentes. Por un lado, lo que conocemos como los famosos «intermediarios» que no dejan de ser plataformas de distribución con costes elevados de gasoil, contrataciones de personal y burocracia con normativas -muchísimas nacionales derivadas de la lejana y extraña Unión Europea- que lo que hacen es aumentar los costes desde su origen hasta su punto final. Aquí las diferentes administraciones miran hacia otro lado porque parece ser que no les importa, siendo siempre el perjudicado el que siembra y el que compra. De esta manera nos estamos cargando el relevo generacional y nuestra soberanía alimentaria, al servicio de la Agenda 2030 aplicada al campo (Pacto Verde Europeo, Mercosur, tratados con terceros que nos perjudican).
Precisamente Mercosur, supone la puntilla para nuestros agricultores y ganaderos, donde vienen productos de Hispanoamérica sin ningún tipo de control de calidad, ni laboral, ni arancel, a precios pírricos con los que el producto nacional no puede competir; el objetivo de este acuerdo no es un gran libre mercado, si no un mercado en el que gana el que ofrece menor precio aunque no tenga ninguna garantía sanitaria detrás, expulsando a los que cumplen las farragosas normas que impusieron los mismos que firman el tratado, es decir, al campo español. El fin de todo esto es debilitar a una potencia agrícola como España. Cuando hemos sido fuertes, no nos hemos dejado manipular.
España habla de reindustrialización mientras durante décadas ha apostado por servicios, temporalidad y actividades de bajo valor añadido. ¿Puede haber salarios fuertes y una clase media sólida si no recuperamos industria, campo y capacidad productiva propia?
España, según fuentes distintas, se situaba entre ser la octava y la doceava potencia industrial mundial en 1975. Casi un 40% del PIB de entonces lo acaparaba la industria. Que un país supuestamente atrasado, apartado y defenestrado internacionalmente estuviera en esta liga, significa que aún y en condiciones adversas, los trabajadores españoles podemos llevar a lo más alto a la nación. Fue a partir de entonces cuando la llamada reconversión y la posterior entrada en la Comunidad Económica Europea cambiaron las cosas: durante años seguimos bebiendo del esfuerzo previo y los resultados mejoraron en productividad, con las huchas llenas. Pero llega un momento, como ahora, en que ser dependientes de un sector servicios débil, desmantelar o deslocalizar nuestro tejido industrial o transformarlo “climáticamente” con altísimos costes y renunciar a ser de los principales exportadores de producto agrícola y pesquero, pasa una factura terrible. No nos han hecho más competitivos: nos han hecho
más dependientes y más vulnerables.
Países vecinos de la UE como Francia o Alemania tienen salarios más fuertes porque precisamente son competitivos. La inversión realizada en las últimas décadas no ha sido destinada a desmantelar y renunciar o vender soberanía estratégica, si no que en su caso, ha sido para mejorar las condiciones, la competitividad, los recursos tecnológicos. Nos han adelantado por todos lados y seguimos mirando al dedo y no a la luna.
La manera de que un trabajador cobre más no es limitarse al titular de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional, de forma artificial y sin parámetros de crecimiento económico real que lo sustenten. Sí que lo es reducir impuestos de nuestra nómina, bajando el coste del IRPF y en la misma dirección para la empresa, para destinarlo al bolsillo de empleado y empleador y que con ello se pueda crear nuevo empleo e inversión, por un lado, y ahorro, por el otro.
Mientras los medios dedican horas a polémicas, el trabajador sigue perdiendo poder adquisitivo casi en silencio. ¿Se ha convertido la crisis laboral en el gran problema que todos padecen pero del que menos se habla? ¿Han aprovechado también CCOO y UGT ese silencio para dejar de dar la batalla?
Los medios, efectivamente, viven de la polémica y ahora más que nunca de las subvenciones del Gobierno tramposo y traidor, mientras que el abandonado es el contribuyente, la España que madruga.
El mayor despilfarro de la Historia ha venido acompañado de la mayor pérdida de poder adquisitivo de la Historia y las grandes subidas de impuestos de este Gobierno, con el aplauso y consentimiento de UGT y CCOO, que a su vez, sobreviven lujosamente mantenidos por el mismo, pese a que digan que mayoritariamente viven de las cuotas de sus afiliados. Los más de 50 millones de euros recibidos desde la Administración tan sólo en 2025 por cada uno de estos dos sindicatos refuerzan esta idea.
Desde el sindicato Solidaridad vamos a seguir luchando para que los trabajadores vuelvan a recuperar sus derechos perdidos de facto, por unos salarios y puestos de trabajo dignos en todas las esferas, y por devolver el futuro a las familias trabajadoras de España, en especial a una juventud a día de hoy absolutamente desmoralizada.
Por eso pedimos a los trabajadores que se afilien a nuestro sindicato, que participen en las elecciones sindicales de su empresa y así expulsar a la mafia sindical de sus puestos de trabajo y de las relaciones con la patronal. Solidaridad, sin subvenciones, está logrando que empecemos a ser determinantes allá donde se nos da ese apoyo con todas estas ideas sobre la mesa. Más de 8 de cada 10 elecciones sindicales a las que nos presentamos conseguimos representación.
¿Nace Solidaridad para ocupar el espacio que abandonaron el binomio sindical CCOO y UGT: defender el empleo, la seguridad y el bolsillo del trabajador frente a un sindicalismo cada vez más alejado de sus problemas reales?
La realidad es que UGT y CCOO hace tiempo que ya no defienden a los trabajadores de España, y se preocupan más de guerra lejanas para hacerse la foto “solidaria”, de robar a los parados en Andalucía, de gestionar mafiosamente el dinero de FOGASA de sus afiliados, de facturas sospechosas en móviles, de estancias en hoteles y balnearios, de mariscadas, de grandes congresos, y un largo etcétera. Un sindicato subvencionado de esta forma y sin control alguno no puede defender al trabajador, y sí ser un lastre cipayo.
Solidaridad ha llegado para cambiar todo esto, sólo con la fuerza y la ilusión de nuestros afiliados. Hemos mejorado las condiciones laborales donde tenemos secciones sindicales, hemos actualizado convenios donde los mayoritarios llevaban décadas de estancamiento y aprovechamiento y hemos conseguido subidas salariales donde otros ni han soñado, ni intentado. Nuestra negociación con la empresa es vital porque si la empresa funciona y lo hace justamente, nosotros conseguimos que el trabajador se beneficie, con mayor riqueza y mejores condiciones. Una tercera vía era posible, y lo estamos consiguiendo.
