Actualidad Política

7 de noviembre de 2026

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El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat presentará en el próximo pleno ordinario una moción de máxima urgencia para exigir a la Generalitat de Cataluña el cumplimiento inmediato del auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado 29 de marzo de 2026 sobre el uso del castellano en el sistema educativo.

La iniciativa reclama que el Govern acate sin “subterfugios” la resolución judicial que acuerda la ejecución provisional de la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 91/2024, desmontando parte del modelo de inmersión lingüística impulsado por el separatismo en la enseñanza no universitaria.

VOX sostiene que los preceptos anulados por el TSJC no pueden seguir aplicándose mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos pendientes.

La moción insta además al Ayuntamiento de El Prat a posicionarse en defensa de la libertad lingüística de las familias y del cumplimiento del Estado de Derecho frente a lo que la formación considera un desafío institucional por parte de la Generalitat.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Rafael Millán, ha denunciado que el nacionalismo catalán “lleva años utilizando los colegios públicos y concertados como laboratorios de ingeniería social y trincheras de imposición ideológica”.

“Ya basta de utilizar la educación de nuestros hijos para romper España y pisotear los derechos fundamentales de los catalanes”, ha afirmado.

Millán ha calificado el auto del TSJC como “un torpedo a la línea de flotación del modelo excluyente y sectario de inmersión obligatoria”.

Asimismo, el portavoz municipal ha exigido que el Departament d’Educació dicte instrucciones claras a todos los centros educativos para acabar con la marginación del castellano como lengua vehicular.

“Ningún gobierno autonómico puede actuar al margen de la ley”, ha señalado.

VOX también ha advertido de que no tolerará “coacciones, presiones o represalias” contra familias, alumnos o profesores que reclamen su derecho a recibir enseñanza en español.

La iniciativa incluye además un reconocimiento expreso a la labor de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en defensa de los derechos lingüísticos de alumnos y docentes en Cataluña.

Entre los acuerdos planteados, VOX propone advertir formalmente a la Generalitat de que cualquier retraso o maniobra para eludir la ejecución judicial supondría “un ataque directo a la tutela judicial efectiva”.

La formación solicita que el acuerdo aprobado se traslade al President de la Generalitat, a la consejera de Educación y Formación Profesional, al TSJC y al Parlamento de Cataluña.

VOX defiende que la cooficialidad lingüística debe garantizarse de manera efectiva y denuncia que el modelo de inmersión obligatoria ha vulnerado durante años los derechos de miles de familias catalanas.

VOX ha anunciado que exigirá explicaciones formales a la Generalitat de Cataluña por la situación del transporte público en Cabrils, especialmente por las graves deficiencias que presenta la línea de autobús 806, encargada de conectar el municipio con Barcelona a través de Vilassar de Dalt.

La formación denuncia que las actuales frecuencias y horarios impiden una movilidad digna para los vecinos y obligan a muchos residentes a depender exclusivamente del vehículo privado para acudir al trabajo o a sus centros de estudio.

La coordinadora de VOX en Cabrils, Priscilla Cuadrado, ha criticado la gestión del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Maite Viñals y ha asegurado que el servicio actual “no responde a las necesidades reales de la población”.

“Si la alcaldesa Maite Viñals utilizara el transporte público, no tendríamos este problema con la línea 806”, ha afirmado Cuadrado.

Desde VOX denuncian que, tras las primeras expediciones de la mañana, existe un vacío de más de cuatro horas sin conexiones adecuadas con Barcelona, dificultando enormemente la movilidad cotidiana de los vecinos.

La formación también ha alertado de la falta total de servicio durante sábados, domingos y festivos, así como de la suspensión completa de la línea durante el mes de agosto.

“¿Cómo pretenden que se desplacen los trabajadores?”, ha cuestionado la coordinadora local de VOX.

Cuadrado considera que esta situación supone un agravio comparativo respecto a otros municipios de la provincia de Barcelona y ha acusado a la Generalitat de mantener abandonados a los vecinos de Cabrils.

VOX ha anunciado que trasladará sus reclamaciones a la administración autonómica para exigir una reestructuración profunda de la línea y garantizar frecuencias suficientes durante todo el año.

“Desde VOX vamos a exigir explicaciones a la Generalitat de Cataluña. Queremos acabar de una vez por todas con este servicio tercermundista y garantizar que los vecinos cuenten con las frecuencias y el transporte de calidad que merecen”, ha concluido Cuadrado.

La formación insiste en que el transporte público debe adaptarse a las necesidades laborales y educativas reales de los ciudadanos y no convertirse en un obstáculo para la vida diaria de quienes viven fuera de Barcelona.

El Grupo Comarcal de VOX en el Vallès Occidental ha lamentado el rechazo del pleno a su moción en defensa de la prioridad nacional, una iniciativa que buscaba garantizar el acceso preferente de los españoles a ayudas sociales, vivienda y prestaciones públicas frente al impacto que, según la formación, está provocando la inmigración masiva y descontrolada sobre los servicios públicos.

La propuesta no salió adelante tras recibir el voto en contra del resto de formaciones políticas representadas en el Consell Comarcal.

Desde VOX consideran que el actual Estado del bienestar atraviesa una situación crítica debido a la elevada presión fiscal y al incremento de población extranjera derivado de las políticas migratorias impulsadas por el bipartidismo.

La formación sostiene que esta situación está provocando saturación en servicios sociales, atención básica, padrón municipal y emergencia habitacional.

Asimismo, VOX denuncia que una parte importante de las ayudas públicas al alquiler se destina a población extranjera mientras “los trabajadores nacionales quedan relegados”.

La moción también alertaba sobre el deterioro de la seguridad ciudadana y vinculaba el aumento de determinados delitos con el descontrol migratorio.

El concejal de VOX en el Consell Comarcal del Vallès Occidental, Marcos Rodríguez, ha criticado duramente la postura del resto de partidos tras el rechazo de la iniciativa.

“Es una absoluta irresponsabilidad que el Consell Comarcal dé la espalda a los vecinos que con su trabajo y sacrificio sostienen el sistema público”, ha afirmado.

Rodríguez también ha defendido que “no se puede tolerar que quienes cumplen la ley y pagan sus impuestos sean los últimos de la fila en su propia tierra”.

El edil ha señalado además al Gobierno central y a la Generalitat por, según VOX, “premiar la ilegalidad con regularizaciones masivas”.

La moción presentada por la formación incluía medidas como la repatriación de inmigrantes en situación ilegal, la reserva de prestaciones no contributivas para nacionales y la prioridad de los españoles en el acceso a vivienda protegida y bonificaciones fiscales.

VOX también reclamaba la derogación del Real Decreto 180/2026, relativo al acceso sanitario financiado con fondos públicos para personas sin residencia legal.

Tras el rechazo de la propuesta, VOX ha acusado al resto de fuerzas políticas de mantener un modelo que “precariza los recursos públicos y diluye la identidad de los barrios”.

La formación insiste en que seguirá defendiendo el principio de prioridad nacional “como una cuestión de justicia social” en todas las instituciones.

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha lamentado la negativa del gobierno municipal del PSC a aceptar un ruego presentado por la formación para impulsar actuaciones de engalanamiento institucional con motivo de la visita del Papa León XIV a la ciudad los próximos 9 y 10 de junio.

La iniciativa de VOX proponía que el consistorio pusiera en valor los espacios y recorridos oficiales vinculados a la visita del Sumo Pontífice mediante elementos de acogida, reconocimiento institucional y visibilización de la relevancia internacional del viaje apostólico.

Desde VOX consideran que Barcelona tenía una “oportunidad histórica” para proyectar una imagen de ciudad abierta, ordenada y consciente de la importancia social, cultural y espiritual de este acontecimiento.

Durante su estancia en Barcelona, León XIV visitará enclaves emblemáticos como el barrio del Raval, la Basílica de la Sagrada Familia y el centro penitenciario Brians 1, además de protagonizar una intervención histórica ante las Cortes Generales.

Para VOX, este acontecimiento sitúa a Barcelona “en el centro de la atención mundial” y exigía una respuesta institucional acorde a su relevancia.

El presidente del grupo municipal de VOX en Barcelona, Gonzalo de Oro, ha criticado duramente la posición del gobierno socialista tras rechazar la propuesta.

“Es una auténtica vergüenza que el PSC prefiera esconder la cabeza antes que reconocer la enorme trascendencia social, cultural y espiritual de este acontecimiento”, ha afirmado.

Gonzalo de Oro ha defendido que Barcelona “debe estar a la altura de su historia y de su proyección internacional”, mostrando una imagen de ciudad “ordenada, respetuosa y plenamente consciente de la importancia de la visita de Su Santidad León XIV”.

Asimismo, el líder municipal de VOX ha acusado al gobierno local de “dar la espalda a los valores compartidos de Occidente y a la tradición cultural y espiritual de la Europa cristiana”.

Según VOX, el rechazo del PSC supone perder “una oportunidad de oro” para ofrecer una acogida institucional adecuada y proyectar una imagen digna de Barcelona ante los miles de fieles y medios de comunicación internacionales que seguirán la visita del Pontífice.

La formación insiste en que este tipo de acontecimientos deberían servir para reforzar el prestigio internacional de la ciudad y mostrar respeto institucional hacia una visita de alcance mundial.

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha criticado duramente la situación del sistema educativo catalán y ha acusado a la izquierda de haber destruido la autoridad de los docentes y deteriorado la enseñanza pública.

Durante la sesión de control en el Parlament de Cataluña, Fernández ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que los profesores estén actualmente “desautorizados, mal pagados y últimamente hasta espiados”.

El dirigente popular ha recordado su etapa escolar en los años 80 en un colegio público de Sant Pere i Sant Pau, en Tarragona, donde, según ha señalado, “el profesor era una autoridad respetada”.

“A los profesores se les trataba de usted y se les respetaba. Había orden y disciplina en las aulas, como tiene que ser”, ha afirmado.

Fernández ha lamentado que la izquierda decidiera convertir todo aquello en algo “anticuado” y apostara por un modelo educativo basado en la pérdida de autoridad del docente.

“Se inventaron el modelo del ‘profe colega’ sin autoridad ninguna y decidieron que suspender a un alumno traumatiza y que lo importante no es que aprendan, sino que sean felices”, ha señalado.

A juicio del líder del PPC, las consecuencias de esas políticas educativas han sido “absolutamente catastróficas”.

Asimismo, ha denunciado el deterioro de las condiciones laborales y de autoridad de los profesores en Cataluña y ha recordado que, según datos sindicales, se han registrado más de 5.000 episodios de violencia en las aulas catalanas.

“¿Qué les pasa a ustedes con los profesores? ¿A qué viene tanta hostilidad hacia quienes forman y educan a nuestros hijos?”, ha preguntado.

Fernández ha defendido que los docentes necesitan autoridad, respaldo institucional y condiciones dignas para poder garantizar una educación de calidad.

“Con autoridad y disciplina los alumnos progresan, se esfuerzan y salen preparados para enfrentarse a la vida”, ha asegurado.

Por último, el presidente del PP catalán ha acusado a la izquierda de haber deteriorado tanto el sistema educativo como otros ámbitos esenciales de la sociedad.

“La izquierda se ha cargado la vivienda, se ha cargado el sistema educativo y todo lo que toca”, ha concluido.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha mostrado su “más absoluta indignación” tras conocerse los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, que sitúan al municipio como la segunda ciudad más peligrosa de Cataluña, con una tasa de 107 delitos por cada 1.000 habitantes.

La formación ha señalado que estos datos reflejan “el fracaso absoluto” de las políticas de seguridad impulsadas por el actual equipo de gobierno socialista y confirman, según VOX, “la realidad que sufren los vecinos cada día en las calles”.

Desde VOX denuncian un aumento sostenido de robos con violencia, hurtos, okupaciones ilegales y tráfico de drogas, señalando especialmente la situación del barrio de La Mina como uno de los principales focos de inseguridad del municipio.

Para el partido, esta situación es consecuencia directa de “años de abandono institucional, falta de recursos policiales y desatención a los problemas reales de los ciudadanos”.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Antonio Balboa, ha cargado duramente contra la gestión del PSC tras la publicación de los datos oficiales.

“Es una auténtica vergüenza que los vecinos de Sant Adrià de Besòs tengan que salir a la calle con miedo mientras el PSC mira hacia otro lado y maquilla la realidad”, ha afirmado.

Balboa ha subrayado que “los datos del Ministerio del Interior no mienten” y ha advertido de que “107 delitos por cada 1.000 habitantes sitúan al municipio en el podio de la delincuencia en Cataluña”.

“Esto no es una percepción, es el resultado directo de la complicidad y la cobardía de las políticas socialistas, que prefieren sobreproteger al delincuente antes que defender al ciudadano honrado”, ha añadido.

El portavoz municipal de VOX también ha acusado al PSC de haber convertido Sant Adrià “en un paraíso para la impunidad” y ha exigido “un cambio de rumbo radical o la dimisión inmediata de la alcaldesa socialista”.

Según Balboa, el Ayuntamiento está siendo incapaz de garantizar “el derecho más básico de todos, que es la seguridad”.

VOX reclama medidas urgentes como el aumento de la plantilla de la Policía Local, una presencia permanente de los Mossos d’Esquadra y la expulsión inmediata de quienes “perturban la convivencia”.

La formación ha insistido además en que continuará defendiendo “la ley y el orden” tanto en el pleno municipal como en las calles, con el objetivo de “devolver la tranquilidad y la dignidad a las familias de Sant Adrià de Besòs”.

La portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Salou, Anabel Rodríguez, ha presentado una moción para revisar el actual modelo de estacionamiento regulado en superficie y avanzar hacia un sistema que priorice a los residentes, especialmente mediante la implantación de zonas verdes gratuitas para vecinos.

Rodríguez ha advertido de que el estacionamiento regulado en Salou ha dejado de ser una herramienta puntual para ordenar determinadas áreas y se ha convertido en un sistema “cada vez más amplio, permanente y costoso para vecinos, familias y trabajadores”.

“Regular el aparcamiento puede ser útil en puntos concretos, pero no puede convertirse en una carga diaria para quienes viven y trabajan en Salou”, ha señalado la portavoz de VOX.

Desde la formación consideran que la ampliación progresiva de zonas de pago, el incremento de tarifas y la extensión de horarios y días de aplicación están generando un impacto negativo en la vida cotidiana de muchos residentes.

VOX Salou ha puesto el foco especialmente en los barrios periféricos, donde, según denuncia, el transporte público resulta insuficiente y el vehículo privado continúa siendo imprescindible para desplazarse.

“Cuando el aparcamiento regulado se extiende sin equilibrio, deja de ordenar y empieza a castigar al residente”, ha afirmado Anabel Rodríguez, quien ha defendido que el Ayuntamiento debe garantizar a los vecinos el acceso al estacionamiento próximo a sus domicilios sin imponer nuevas cargas económicas.

La moción presentada por VOX plantea declarar que el estacionamiento regulado debe cumplir exclusivamente una función de ordenación del espacio público y de gestión de la rotación de vehículos, y no utilizarse como un mecanismo estructural de financiación municipal.

Entre las medidas principales de la propuesta destaca la implantación de zonas verdes gratuitas destinadas a residentes como fórmula prioritaria para proteger a quienes viven en el municipio durante todo el año.

Asimismo, Rodríguez ha reclamado que cualquier implantación o ampliación de zonas reguladas esté respaldada por estudios técnicos públicos y actualizados que acrediten una saturación real del estacionamiento, incorporando además mecanismos de evaluación periódica y reversibilidad.

“No se pueden eliminar plazas ni ampliar zonas de pago sin justificarlo y sin ofrecer alternativas funcionales”, ha subrayado la portavoz de VOX.

Finalmente, VOX Salou ha defendido la necesidad de frenar la extensión “indiscriminada” del estacionamiento regulado y avanzar hacia un modelo “equilibrado, limitado y socialmente justo”, que priorice a los residentes, facilite la movilidad y garantice un uso razonable del espacio público.

“Salou no puede diseñar su política de aparcamiento pensando solo en recaudar. Primero deben estar los vecinos”, ha concluido Rodríguez.

El diputado del Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Jaume Veray, ha acusado al Govern de “vivir completamente desconectado del mundo rural” y de “asfixiar” al sector primario catalán con burocracia, sanciones y abandono.

Durante su interpelación en el pleno del Parlament, Veray ha reclamado al Ejecutivo catalán que abandone “los discursos vacíos y la ideología” y permita trabajar a agricultores, ganaderos y pescadores.

El diputado popular ha denunciado casos como la multa de más de 10.000 euros impuesta a un agricultor de Ventalló por anunciar la venta de sus productos en su propia finca o por reutilizar cajas agrícolas. “Hablan de sostenibilidad y lucha contra el desperdicio alimentario, pero cuando pueden recaudar, no perdonan”, ha criticado.

Veray ha asegurado que el Govern “ha convertido a agricultores, ganaderos y pescadores en atletas de una gymkana burocrática permanente”, sometidos a trámites, restricciones y obstáculos que ponen en riesgo la viabilidad económica del sector.

“No es que no les dejen vivir: es que ya ni les dejan sobrevivir”, ha lamentado.

El diputado del PPC también ha cargado contra la gestión de la peste porcina africana y la dermatosis nodular bovina, acusando al Govern de actuar con “improvisación, falta de previsión y propaganda”.

Según Veray, el Ejecutivo catalán prometió que “no dejaría a nadie atrás”, pero la realidad es que muchas explotaciones están al borde del cierre. Asimismo, ha pedido al Govern que “deje de fabular” con teorías sobre el origen de la peste porcina africana, en referencia a la hipótesis de un supuesto camionero que habría abandonado restos de mortadela en Collserola.

En relación con el sector pesquero, Veray ha denunciado la “incertidumbre insoportable” que sufren los pescadores catalanes, que todavía desconocen cuántos días podrán salir a faenar.

“Los pescadores catalanes solo piden poder salir al mar, trabajar, ganarse la vida y contribuir. No es tan difícil de entender”, ha señalado.

El diputado popular también ha criticado la reducción de cuotas pesqueras, el incremento de costes como el combustible y la falta de renovación del plan de gestión de la gamba de Palamós, “un modelo que funciona”, pero que lleva dos años caducado.

“Son los mismos dos años que ustedes llevan gobernando. La correlación es clara y su menosprecio al sector también”, ha afirmado.

Por último, Jaume Veray ha advertido de que el sector primario catalán está “destrozado” y sin “ánimo ni para quejarse”, una situación que, lejos de ser tranquilizadora, “es el paso previo al cierre definitivo de muchas explotaciones”.

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