García de Polavieja advierte a Sanz: lo que esté fuera del acuerdo debe negociarse.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado la convocatoria urgente del Comité de Seguimiento previsto en el acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno municipal del Partido Popular.
La formación quiere analizar el grado de cumplimiento de las medidas pactadas, detectar posibles retrasos y establecer un calendario para ejecutar los compromisos que continúen pendientes.
«Los acuerdos políticos deben sustentarse en el respeto a los compromisos adquiridos, la transparencia y la voluntad de cumplimiento», ha señalado el portavoz municipal de VOX, Gonzalo García de Polavieja.
VOX pide explicaciones sobre las medidas pendientes
El portavoz ha recordado que han transcurrido siete meses desde el último acuerdo y más de un año y medio desde el anterior, por lo que considera necesario revisar de forma detallada su evolución.
VOX sostiene que los sevillanos tienen derecho a conocer el nivel de cumplimiento de unos compromisos que fueron determinantes para aprobar el presupuesto municipal y que afectan a cuestiones prioritarias para la ciudad.
Las medidas fuera del pacto deberán negociarse
García de Polavieja también ha advertido de que el Gobierno de José Luis Sanz ha planteado recientemente asuntos relevantes que necesitan los votos de VOX sin haberlos consultado previamente con la formación.
«Todo aquello que esté fuera del pacto debe ser negociado con VOX de manera independiente», ha afirmado.
VOX ha reiterado su disposición a mantener la estabilidad institucional, pero ha subrayado que esta debe ir acompañada del cumplimiento efectivo de los acuerdos y de reuniones periódicas entre las partes.
La formación insta al Gobierno municipal a convocar el Comité de Seguimiento a la mayor brevedad y a garantizar que los compromisos presupuestarios se conviertan en actuaciones concretas para Sevilla.
Joan Garriga: «Ninguna sanción hará que VOX deje de decir la verdad»
El portavoz de VOX en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha anunciado que la formación recurrirá las sanciones y expedientes abiertos contra sus diputados al considerar que buscan limitar su libertad de expresión y su actividad parlamentaria.
La Comisión del Estatuto de los Diputados ha abordado los procedimientos relacionados con miembros del grupo de VOX, que cuenta entre sus parlamentarios con Joan Garriga, Rafael Villafranca, Alberto Tarradas, María García Fuster y Júlia Calvet.
Según ha explicado la formación, la comisión ha propuesto una amonestación pública para Garriga y ha acordado abrir nuevos expedientes de investigación a Villafranca, Tarradas, García Fuster y Calvet.
«Vamos a llevar a cabo una batalla política y judicial contra estas sanciones y recurriremos hasta la última instancia posible», ha afirmado Garriga. El portavoz también ha asegurado que ninguna sanción hará callar «la voz de los más de 250.000 catalanes que votaron a VOX».
VOX denuncia un intento de censura
Garriga considera que estos procedimientos representan «un momento grave para la calidad democrática» del Parlament y ha acusado al resto de grupos de intentar «amordazar» a los representantes de VOX.
La formación sostiene que continuará defendiendo sus posiciones pese a las posibles sanciones y trasladará los procedimientos a los tribunales cuando considere que vulneran los derechos de sus diputados.
Manifestación en Polinyà
Durante su comparecencia, Garriga también ha anunciado una movilización de VOX en Polinyà tras conocerse la denuncia de una presunta agresión sexual a una menor durante la Fiesta Mayor.
El portavoz ha criticado el silencio que atribuye a otras formaciones e instituciones y ha vinculado el suceso con el incremento de la inseguridad que, según denuncia VOX, atraviesa Cataluña.
La formación ha reclamado que, en caso de condena y cuando legalmente corresponda, los extranjeros responsables de delitos sexuales sean expulsados de España. También ha vuelto a cuestionar las políticas migratorias impulsadas por los gobiernos central y catalán.
Juan Fernández denuncia cerca de 1.200 viviendas públicas ocupadas en Cataluña.
El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha acusado al Gobierno de Salvador Illa de tolerar y normalizar la ocupación ilegal al no recuperar con rapidez las viviendas públicas afectadas.
“El Gobierno de Illa se ha convertido en el mayor patrocinador de la okupación en España”, ha afirmado Fernández, quien ha aclarado que esta acusación responde a la falta de actuación y resultados de la Generalitat.
Según ha señalado, el Ejecutivo catalán reconoce que cerca de 1.200 viviendas públicas, más del 5 % del parque que gestiona, se encuentran ocupadas ilegalmente.
La Generalitat traslada el problema a los ayuntamientos
Fernández ha criticado que, en lugar de recuperar estos inmuebles para las familias inscritas legalmente en las listas de espera, la Generalitat solicite la intervención de los servicios sociales municipales.
“Pasa la patata caliente a los alcaldes, que deben destinar recursos humanos, tiempo y dinero a gestionar una situación que la Generalitat nunca debió permitir”, ha denunciado.
El dirigente popular ha defendido que los servicios sociales municipales deben concentrarse en atender a las familias vulnerables, las personas mayores, la infancia, la dependencia y quienes atraviesan dificultades económicas.
“Cada hora y cada euro destinados a gestionar una ocupación ilegal se restan a quienes realmente necesitan atención”, ha advertido.
Prioridad para quienes cumplen la ley
Juan Fernández ha señalado que mantener viviendas sociales ocupadas ilegalmente perjudica directamente a las familias que llevan años esperando una adjudicación conforme a las normas.
“No podemos trasladar a los ciudadanos el mensaje de que ser honrado sale peor que saltarse la ley”, ha afirmado.
El PPC reclama que la Generalitat informe sobre cuántas viviendas ha recuperado, cuántos procedimientos ha iniciado y cuánto tiempo permanecen los inmuebles fuera de su función social.
Fernández ha citado situaciones en Cerdanyola y Vilanova del Camí como ejemplos de la falta de respuesta y ha alertado de la presión que esta política genera sobre los ayuntamientos y sus servicios sociales.
El Partido Popular de Cataluña defiende que las viviendas públicas deben destinarse exclusivamente a quienes las necesitan y acceden a ellas legalmente, y exige al Gobierno de Illa que asuma sus competencias y actúe desde el primer momento.
“Quien cumple la ley debe tener siempre prioridad sobre quien la incumple”, ha concluido.
VOX anuncia una ofensiva judicial contra las Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona.
VOX ha anunciado una ofensiva política y judicial contra las políticas de movilidad desarrolladas por el Área Metropolitana de Barcelona y diferentes ayuntamientos de la provincia.
La formación presentará alegaciones contra el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2025-2030 y prepara recursos contencioso-administrativos frente a las Zonas de Bajas Emisiones de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat del Vallès.
El PMMU fue aprobado inicialmente por el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona el 28 de abril de 2026. El documento establecerá la estrategia y las políticas de movilidad metropolitana hasta 2030 y servirá como referencia para los planes municipales de los 36 municipios que integran el organismo.
VOX presenta alegaciones contra el PMMU
El portavoz de VOX en el Área Metropolitana de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha calificado el nuevo plan de movilidad como un «rodillo ideológico» destinado a incrementar las restricciones sobre el vehículo privado.
La formación sostiene que las medidas previstas perjudicarán especialmente a los autónomos, comerciantes, repartidores y familias trabajadoras que necesitan utilizar sus vehículos en sus desplazamientos cotidianos.
VOX cuestiona también que el plan se apoye en infraestructuras futuras cuya financiación, según denuncia, no estaría suficientemente garantizada.
Las alegaciones planteadas por la formación incluyen críticas relacionadas con la autonomía municipal, la documentación empleada durante la tramitación y la ausencia, a juicio de VOX, de un estudio económico suficientemente detallado sobre las consecuencias de las restricciones.
De Oro considera que el PMMU no responde únicamente a criterios técnicos, sino que pretende consolidar un modelo de movilidad contrario a la libertad de circulación y a las necesidades reales de una parte importante de la población.
Recursos contra siete Zonas de Bajas Emisiones
Paralelamente, VOX ha anunciado que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para recurrir las Zonas de Bajas Emisiones implantadas en siete municipios barceloneses.
La formación sostiene que las ordenanzas carecen de una justificación técnica, ambiental y socioeconómica suficiente y que no evalúan adecuadamente las consecuencias para los ciudadanos con menor capacidad económica.
VOX considera que estas restricciones son «profundamente clasistas» porque afectan especialmente a quienes poseen vehículos antiguos y no disponen de recursos para adquirir uno nuevo.
Según la formación, las ZBE penalizan a las rentas medias y bajas, dificultan los desplazamientos laborales y pueden perjudicar al comercio de proximidad y a las pequeñas empresas.
Antecedentes judiciales sobre las ZBE
VOX ha recordado que los tribunales ya han anulado anteriormente ordenanzas relacionadas con las Zonas de Bajas Emisiones.
En julio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la ordenanza común aplicada en Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y L’Hospitalet de Llobregat. La resolución apreció deficiencias, entre otras cuestiones, en la justificación de determinadas restricciones y en el análisis de sus efectos.
La formación considera que estos precedentes respaldan la necesidad de examinar judicialmente las nuevas ordenanzas municipales, aunque cada recurso deberá resolverse atendiendo a la regulación y documentación concreta de cada ayuntamiento.
Garriga promete mantener la ofensiva
El presidente de VOX Barcelona, Joan Garriga, ha anunciado que su partido mantendrá su oposición a este modelo de movilidad tanto en las instituciones como en los tribunales y en las calles.
«Mientras el resto de los partidos compite por ver quién prohíbe más y quién asfixia más a los ciudadanos, nosotros defenderemos la libertad de circulación, el derecho al trabajo y la prosperidad de los españoles corrientes», ha afirmado.
Garriga ha asegurado que VOX «no va a dar ni un paso atrás» y que actuará en todos los ámbitos posibles para intentar frenar unas políticas que considera perjudiciales para los trabajadores y las familias.
La formación se compromete a acompañar a los autónomos, comerciantes y ciudadanos afectados por las restricciones y a trasladar su rechazo a los plenos municipales, al Área Metropolitana y a los órganos judiciales.
Defensa de la libertad de circulación
VOX sostiene que la mejora de la calidad del aire debe abordarse mediante alternativas que no conviertan al vehículo privado en el principal objetivo de las políticas públicas.
La formación reclama mejores conexiones de transporte público, infraestructuras suficientes y medidas que permitan renovar progresivamente el parque móvil sin imponer prohibiciones que perjudiquen a quienes dependen del coche para trabajar.
«Vamos a dar la batalla en las instituciones, en los tribunales y en las calles, al lado de los autónomos, de las familias trabajadoras y de todos aquellos ciudadanos que se niegan a que les arrebaten sus derechos», ha concluido Garriga.
Àngels Esteller recuerda que el turismo aporta el 12 % del PIB catalán.
La diputada del Partido Popular de Catalunya en el Parlament, Àngels Esteller, ha reclamado al Govern un cambio de rumbo en su política turística para convertir el sector en un verdadero motor de prosperidad, empleo y crecimiento económico.
Esteller ha defendido la necesidad de abandonar los discursos de rechazo hacia el turismo y desarrollar una estrategia que reconozca su aportación al conjunto de la economía catalana.
“El turismo aporta el 12 % del PIB y genera una gran actividad económica con un importante impacto sobre el conjunto de la sociedad”, ha señalado la diputada popular.
Un sector que beneficia al conjunto de la economía
Àngels Esteller ha recordado que la actividad turística no solo beneficia directamente a hoteles, alojamientos, restaurantes y empresas del sector, sino que también tiene un efecto positivo sobre el comercio, la cultura, el transporte y numerosos servicios públicos y privados.
La diputada del PPC ha defendido que es necesario explicar con claridad esta contribución económica y social para evitar que el turismo sea presentado únicamente como un elemento de tensión o conflicto.
“Debemos poner en valor este activo económico y dejar atrás la turismofobia que ha generado rechazo hacia un sector fundamental para Catalunya”, ha afirmado.
Un gran pacto por el turismo
El Partido Popular de Catalunya propone impulsar un gran pacto por el turismo que reúna al Govern, los ayuntamientos, las empresas, los profesionales y los representantes del sector.
Este acuerdo debería establecer una hoja de ruta clara para mejorar la competitividad, impulsar la calidad y aumentar el valor añadido de la actividad turística en las ciudades y municipios catalanes.
“El Govern debe saber hacia dónde va y apostar por un turismo de calidad que deje el máximo retorno económico en los territorios que visita”, ha subrayado Esteller.
El PPC plantea que esta estrategia incluya ayudas para la digitalización, la sostenibilidad y la modernización de las pequeñas y medianas empresas turísticas.
Menos impuestos para mejorar la competitividad
Àngels Esteller ha reclamado también una reducción de la presión fiscal que soporta el sector, con el objetivo de favorecer la inversión, el empleo y la capacidad de competir de las empresas catalanas.
Entre sus propuestas, la diputada popular ha pedido que los residentes en Catalunya que realicen turismo dentro de la comunidad queden exentos del pago de la tasa turística.
Esteller ha defendido que este tributo no fue concebido para gravar a los propios catalanes que visitan otros municipios y territorios de la comunidad.
Una nueva regulación para las viviendas turísticas
La diputada del PPC ha solicitado además la retirada del decreto que prevé la eliminación de viviendas de uso turístico y su sustitución por una nueva normativa adaptada a las necesidades de cada territorio.
El Partido Popular de Catalunya defiende una regulación que permita compatibilizar la actividad turística con el derecho de los residentes, la disponibilidad de vivienda y las particularidades de cada municipio.
El PPC considera que no pueden aplicarse las mismas soluciones en todo el territorio y apuesta por dar mayor capacidad de decisión a los ayuntamientos.
Colaboración entre administraciones y empresas
Esteller ha concluido reclamando un nuevo modelo de gobernanza público-privada que permita incorporar al sector turístico a la toma de decisiones.
Esta colaboración debe servir para mejorar la gestión de los flujos de visitantes, evitar concentraciones excesivas en las zonas más tensionadas y avanzar en la desestacionalización del turismo.
“El Govern debe coordinarse con los ayuntamientos, establecer alianzas estratégicas y gobernar para generar más valor añadido y reducir los posibles problemas”, ha afirmado.
El Partido Popular de Catalunya defiende un turismo sostenible, competitivo y de calidad que genere oportunidades, fortalezca el comercio y contribuya al desarrollo económico y social de todos los territorios catalanes.
Marc Cívico: «La mejor forma de combatir un incendios es prevenirlo»
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Gavà presentará en el próximo Pleno un ruego para que el consistorio estudie la puesta en marcha de un programa municipal de pastoreo preventivo con ovejas y cabras como herramienta para reducir el riesgo de incendios forestales en el municipio.
La iniciativa llega tras el incendio forestal registrado esta semana en Gavà y plantea utilizar el pastoreo controlado en las zonas forestales de mayor riesgo, especialmente en los entornos próximos a viviendas y urbanizaciones, con el objetivo de disminuir la acumulación de vegetación seca y limitar la propagación del fuego.
El portavoz de VOX en Gavà, Marc Cívico, ha explicado que la propuesta busca incorporar el pastoreo como una herramienta estable de gestión forestal mediante convenios con ganaderos u otras fórmulas que permitan desarrollar esta práctica de forma continuada y compatible con los trabajos de mantenimiento que ya se realizan.
“La mejor forma de combatir un incendio es evitar que se produzca o reducir al máximo su propagación. Gavà debe apostar por todas las herramientas eficaces de prevención para proteger nuestro entorno natural y la seguridad de los vecinos”, ha afirmado Cívico.
Desde VOX consideran que la prevención debe convertirse en una prioridad para el Ayuntamiento, especialmente en un municipio con una importante masa forestal y numerosas zonas residenciales situadas junto al bosque.
La formación defiende que el pastoreo preventivo constituye una medida eficaz y sostenible para reducir el combustible vegetal del sotobosque, disminuir el riesgo de grandes incendios y complementar las actuaciones que ya llevan a cabo los servicios municipales.
VOX sostiene que la combinación de métodos tradicionales de gestión forestal con nuevas estrategias de prevención puede contribuir a mejorar la protección del patrimonio natural de Gavà y reforzar la seguridad de los vecinos durante los meses de mayor riesgo de incendios.
Con esta iniciativa, el Grupo Municipal VOX reclama al Ayuntamiento que estudie la viabilidad del programa y valore su implantación como parte de una estrategia integral de prevención de incendios forestales.






