De la vivienda a la «tumba política» del PSOE: el duro cara a cara entre Garriga e Illa.
El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha protagonizado un duro enfrentamiento con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la sesión de control al Govern, donde ha asegurado que «Cataluña será la tumba política del Partido Socialista».
Garriga ha acusado a Illa de haber convertido Cataluña en un «laboratorio» de las políticas socialistas y ha centrado buena parte de su intervención en la situación de la vivienda y en el impacto que VOX atribuye a las políticas migratorias sobre el aumento de la demanda.
«Cataluña no está ni estará con Pedro Sánchez, tampoco con Salvador Illa», ha afirmado el dirigente de VOX.
Garriga lleva la inmigración y la vivienda al cara a cara con Illa
El secretario general de VOX ha defendido que el debate sobre el precio de la vivienda debe tener en cuenta la evolución tanto de la oferta como de la demanda.
Según los datos expuestos por Garriga, entre 2020 y 2024 llegaron a Cataluña más de 900.000 personas, mientras que se construyen alrededor de 15.000 viviendas anuales.
«Eso es lo equivalente a una ciudad como Terrassa o Badalona entera cada año», ha afirmado.
A partir de estas cifras, Garriga ha preguntado directamente a Illa si «sigue negando el impacto directo de su política inmigracionista en el mercado de la vivienda».
El dirigente de VOX responsabiliza al Partido Socialista de haber incrementado la presión sobre la vivienda y otros servicios sin adaptar, a su juicio, las infraestructuras y la oferta residencial al crecimiento de la población.
VOX plantea vivienda social con «prioridad nacional»
Frente a las políticas del Govern, Garriga ha defendido las propuestas de VOX en materia de vivienda e inmigración.
«Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que cerrar las fronteras. Hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional», ha afirmado.
El secretario general de VOX también ha defendido la deportación de extranjeros que cometan delitos y de aquellos que, en palabras del propio Garriga, «vengan a vivir de las ayudas de los españoles» o pretendan «imponer su forma de vida».
El cruce entre Illa y Garriga por «Maricarmen»
La sesión de control ha dejado además un intercambio entre el presidente catalán y el dirigente de VOX en torno al caso de Maricarmen.
Ante las afirmaciones de Garriga, Illa le ha preguntado si Maricarmen era magrebí.
«No tengo ninguna duda de que si Maricarmen hubiera sido Morocarmen, hubiera tenido una vivienda de protección oficial», ha respondido Garriga, quien ha añadido que fueron los socialistas quienes «desahuciaron a Maricarmen».
«Han sobrepasado el límite»
Garriga ha cerrado su intervención sosteniendo que existe un creciente rechazo a las políticas socialistas en Cataluña y que se ha alcanzado «un punto de no retorno».
«Han sobrepasado el límite de todos los catalanes. Y la muestra es que hoy Cataluña es el centro de contestación política», ha afirmado.
El secretario general de VOX ha concluido su intervención con una advertencia política directa a Illa y al PSOE.
«Cataluña, ya le auguro, será su tumba política, la tumba política del Partido Socialista, porque los catalanes estamos hartos de que nos hayan robado la libertad, la prosperidad y la seguridad», ha sentenciado.
«Barcelona debe condenar el terrorismo»: De Oro cuestiona el acto de Samidoun por el 7-O.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado la celebración este miércoles, 7 de octubre, de una manifestación en plaza Universidad convocada por Samidoun, coincidiendo con el tercer aniversario de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 en Israel.
Según la información recogida por la formación sobre la convocatoria, el acto emplea el lema «Tufan al-Aqsa», denominación utilizada por Hamás para referirse al ataque del 7 de octubre de 2023, en el que, según los datos aportados en el texto, murieron alrededor de 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas.
El presidente del Grupo Municipal de VOX, Gonzalo de Oro, ha reclamado explicaciones al Gobierno municipal de Jaume Collboni y ha cuestionado las condiciones bajo las que puede celebrarse la convocatoria en el espacio público.
VOX pone el foco en Samidoun
La formación centra parte de sus críticas en la organización convocante y señala que Samidoun ha sido considerada organización terrorista por países como Estados Unidos, Canadá, Alemania e Israel.
El texto difundido por VOX sostiene asimismo que Bélgica y Grecia mantienen actuaciones policiales relacionadas con integrantes de la organización y señala sus vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
«Mientras países occidentales como Estados Unidos, Canadá o Alemania han actuado contra Samidoun por sus vínculos con grupos terroristas islamistas, en Barcelona se permite que esta organización convoque un acto en plena vía pública coincidiendo con el aniversario de la matanza del 7 de octubre», ha denunciado De Oro.
De Oro reclama explicaciones a Collboni
El portavoz municipal considera que la convocatoria supone, a juicio de VOX, una legitimación de los ataques del 7 de octubre y pide conocer cuál ha sido la intervención del Ayuntamiento en relación con el uso del espacio público.
«Es una aberración que Barcelona pueda convertirse en escenario de una convocatoria que presenta como motivo de celebración el aniversario de una masacre en la que fueron asesinadas alrededor de 1.200 personas y cientos fueron secuestradas», ha afirmado.
De Oro exige a Collboni que explique qué papel ha tenido el Ayuntamiento en la autorización o cesión del espacio y qué medidas se han establecido para evitar posibles conductas que puedan constituir apología o legitimación del terrorismo.
«Barcelona debe ser una ciudad que condene el terrorismo»
«El PSC-PSOE y Collboni deben explicar por qué se permite este acto y qué controles se han aplicado. Barcelona debe ser una ciudad que condene el terrorismo y proteja la convivencia, no un lugar donde se pueda celebrar el aniversario de una matanza», ha señalado De Oro.
VOX sostiene que los derechos de libertad de expresión y manifestación no amparan automáticamente cualquier conducta y reclama que las administraciones competentes actúen dentro del marco legal si aprecian indicios de enaltecimiento del terrorismo o legitimación de actos terroristas.
El grupo municipal pide finalmente al Gobierno de Barcelona que haga públicas las condiciones bajo las que se ha permitido la convocatoria y aclare si se han evaluado los antecedentes y la situación jurídica de Samidoun.
Lorena Roldán reacciona a la amnistía de Puigdemont: «Se cierra el círculo»
Lorena Roldán ha reaccionado a la decisión del Tribunal Constitucional sobre Carles Puigdemont asegurando que “se cierra el círculo” de la legislatura de Pedro Sánchez.
Roldán ha relacionado la amnistía de Puigdemont con los acuerdos políticos alcanzados al comienzo de la legislatura para la investidura de Sánchez. “La legislatura de Sánchez empezó precisamente con un chantaje y con la compra de siete votos a cambio de la amnistía”, ha afirmado.
La dirigente popular sostiene que la decisión conocida ahora supone el desenlace de aquel acuerdo político. “Esa misma legislatura acaba con el último pago de esa factura”, ha señalado.
Las expresiones “chantaje”, “compra de siete votos” y “último pago” forman parte de la valoración política realizada por Roldán sobre los acuerdos de investidura y la amnistía.
Turull reivindica a Puigdemont tras el fallo del TC: «Es el presidente legítimo de Cataluña»
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado este martes la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la aplicación de la amnistía al delito de malversación vinculado al procés y ha elevado inmediatamente el alcance político del fallo. “Hoy también es una gran victoria del presidente Puigdemont. No del presidente de Junts, del presidente legítimo de Cataluña que fue apartado por el 155”, ha afirmado Turull, reivindicando la figura del expresident mucho más allá de su actual papel como dirigente de partido.
La resolución del Constitucional ha sido aprobada por siete votos frente a cinco y fija una doctrina favorable a aplicar la amnistía a la malversación del procés. El tribunal considera que la interpretación restrictiva realizada hasta ahora por el Supremo se apartaba de la finalidad de la ley, una decisión que afecta directamente al escenario judicial de Puigdemont.
El efecto político y judicial ha sido inmediato. El magistrado Pablo Llarena ha dejado sin efecto la orden nacional de busca y captura y detención de Puigdemont.
Turull ha querido además separar ese eventual retorno de la lógica partidista. Según el dirigente de Junts, su formación trabajará para que el regreso sea entendido como el de quien fue presidente de la Generalitat y no simplemente como el de un líder político. En esa línea, ha insistido en que el independentismo interpreta el fallo como una victoria frente a las decisiones judiciales adoptadas después del referéndum de 2017 y de la aplicación del artículo 155.
La posición de Junts contrasta con las críticas formuladas por el bloque conservador del propio Tribunal Constitucional, cuyos cinco magistrados han acusado a la mayoría progresista de excederse al indicar al Supremo cómo debe interpretar la Ley de Amnistía.
El movimiento llega además en un momento político especialmente sensible. Con España ya en campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, el regreso de Puigdemont amenaza con convertir nuevamente la amnistía y el procés en uno de los grandes ejes de confrontación entre Gobierno y oposición.
Para Junts, en cambio, el relato es completamente distinto: no se trata únicamente de cerrar una causa judicial, sino de recuperar políticamente la figura de Puigdemont como símbolo del independentismo catalán.
Y Turull lo ha dejado claro: Junts quiere que vuelva Puigdemont, pero quiere que vuelva como expresident, no simplemente como jefe de partido.
El regreso de Puigdemont ya no es una hipótesis: Llarena levanta su orden de detención.
El escenario judicial de Carles Puigdemont ha dado este martes un vuelco decisivo. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca, captura y detención que pesaba sobre el expresidente de la Generalitat, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la aplicación de la amnistía al delito de malversación vinculado al procés.
La decisión permite a Puigdemont regresar a España sin riesgo de ser detenido en virtud de esa orden, después de años fuera del país y tras una larga batalla judicial alrededor de la aplicación de la Ley de Amnistía.
Llarena ha adoptado la misma decisión respecto de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
El Constitucional cambia el escenario
El origen del giro está en la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de estimar el recurso de amparo presentado por la exconsellera Dolors Bassa frente a la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía por el delito de malversación.
La resolución ha salido adelante con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco magistrados del sector conservador.
El Constitucional considera que la interpretación realizada por el Supremo se había apartado de la finalidad de la Ley de Amnistía al considerar que el empleo de fondos públicos para financiar actuaciones vinculadas al proceso independentista suponía un enriquecimiento personal que impedía aplicar la norma.
La doctrina fijada en el caso de Bassa tiene una repercusión mucho mayor que su caso particular, ya que afecta directamente al tratamiento de la malversación cometida durante el procés y abre la puerta a aplicar la misma interpretación al resto de condenados y procesados.
Entre ellos se encuentran Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, además de dirigentes como Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva.
Llarena actúa de inmediato
Pocas horas después de conocerse el criterio del Constitucional, Pablo Llarena ha reaccionado y ha dejado sin efecto las órdenes nacionales de detención.
El instructor explica que todavía no dispone del texto íntegro de la sentencia del Constitucional y que necesitará estudiarlo antes de adoptar una decisión definitiva sobre la aplicación formal de la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig.
Sin embargo, considera que existe una coincidencia sustancial entre los hechos analizados por el Constitucional y los que afectan a los tres dirigentes independentistas.
Por ese motivo, mantener activas las órdenes podría provocar una privación de libertad que posteriormente resultara improcedente.
El auto ordena comunicar inmediatamente la decisión a Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y al resto de autoridades que tenían conocimiento de las órdenes de detención.
Puigdemont puede regresar, pero la amnistía todavía no está formalmente aplicada
Aquí aparece el principal matiz jurídico de la decisión.
Llarena ha levantado la orden de detención, pero aclara que esta resolución no supone todavía aplicar formalmente la amnistía a Puigdemont ni declarar extinguida su eventual responsabilidad penal.
Se trata, por ahora, de una revisión provisional de las medidas cautelares mientras el Supremo recibe y analiza íntegramente la sentencia del Constitucional.
Una vez que disponga del texto completo, el magistrado deberá adoptar una nueva resolución sobre la situación procesal definitiva de Puigdemont.
En la práctica, sin embargo, la consecuencia inmediata es clara: el expresidente catalán puede entrar en España sin ser detenido por la orden nacional que permanecía vigente contra él.
Nueve años después, Puigdemont queda a las puertas del regreso
La decisión supone uno de los mayores cambios judiciales desde el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
Puigdemont abandonó España tras la declaración unilateral de independencia y se instaló en Bélgica, desde donde ha desarrollado buena parte de su actividad política.
Durante años, su posible regreso estuvo condicionado por las diferentes órdenes judiciales y posteriormente por la discusión sobre el alcance de la Ley de Amnistía.
Todavía en septiembre, Llarena había rechazado aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación y mantenía activa su orden de detención.
El criterio adoptado ahora por el Constitucional cambia completamente aquella situación.
Una decisión con enorme impacto político a las puertas del 29-N
La resolución llega además en un momento especialmente sensible: España acaba de entrar en campaña política rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre.
La Ley de Amnistía fue precisamente una de las piezas centrales de la legislatura iniciada tras las elecciones de 2023 y uno de los acuerdos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez gracias al respaldo de Junts.
Ahora, apenas semanas antes de que los españoles vuelvan a las urnas, Puigdemont queda en condiciones de regresar a España.
Pedro Sánchez ha celebrado la decisión del Constitucional y ha defendido que la amnistía ha contribuido a la normalización política de Cataluña.
Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha vuelto a cargar contra la medida y ha sostenido que la amnistía constituye “otro engaño más de Sánchez”.
La resolución judicial coloca así nuevamente el procés, la amnistía y Puigdemont en el centro de una campaña electoral que ya estaba marcada por la vivienda, los pactos parlamentarios y la ruptura de la mayoría que sostenía al Gobierno.
Puigdemont todavía no ha anunciado cuándo regresará.
Pero desde este martes la gran diferencia es que, jurídicamente, la puerta para hacerlo está abierta.
«Estamos absolutamente preparados»: Garriga invita a Illa a pasar también por las urnas.
El portavoz de VOX en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha invitado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a seguir el camino de Pedro Sánchez y convocar elecciones anticipadas en Cataluña.
Garriga ha valorado la convocatoria de elecciones generales y ha asegurado que VOX está «absolutamente preparado» para afrontar el nuevo escenario electoral.
El portavoz ha sostenido además que «cada vez son más los catalanes que confían» en su formación y ha afirmado, en referencia a las encuestas, que Cataluña tendrá un papel relevante en la próxima cita electoral.
Garriga emplaza a Illa a adelantar las elecciones
El dirigente de VOX ha relacionado la convocatoria electoral nacional con sus críticas al modelo de Gobierno de Pedro Sánchez.
Según Garriga, la decisión demostraría lo que su formación venía advirtiendo sobre un Ejecutivo que califica de basado «en la corrupción y en el pacto con quienes quieren destruir España».
Respecto a Cataluña, Garriga ha afirmado que VOX desconoce cuál puede ser su «techo electoral» y ha defendido que su formación se encuentra preparada ante una eventual convocatoria anticipada por parte de Illa.
Enmienda a la totalidad al Reglamento del Parlament
Durante la misma comparecencia, Garriga ha anunciado que VOX ha registrado una enmienda a la totalidad al nuevo Reglamento del Parlamento de Cataluña.
El portavoz sostiene que la reforma representa «un auténtico peligro para la libertad de expresión y una censura brutal».
Garriga ha cuestionado cómo se determinarán los límites de las intervenciones de los diputados y ha defendido que estos deben situarse en el Código Penal, frente a lo que considera una ampliación de las facultades de una Mesa «politizada» y «partidista».
«El límite de las expresiones que nosotros vertimos, como cualquier ciudadano, es el Código Penal», ha señalado.
VOX llevará la vivienda al próximo pleno
Garriga también ha avanzado que su grupo llevará al pleno una interpelación sobre vivienda, que posteriormente estará acompañada por una moción con las principales propuestas de VOX.
El portavoz atribuye las dificultades de acceso a la vivienda a una combinación de factores entre los que señala el aumento de la demanda asociado a la inmigración, la insuficiente construcción de nuevas viviendas y el intervencionismo sobre el mercado del alquiler.
Garriga ha reprochado a los socialistas que, después de «ocho años gobernando», hayan situado ahora la vivienda entre sus principales preocupaciones.
También ha criticado las regulaciones sobre el alquiler, que VOX considera responsables de una reducción de la oferta disponible.
«Llevamos años de retrasos, de que no vemos grúas. Nosotros queremos pasear por las calles y ver fábricas y grúas», ha afirmado.
Construcción, fiscalidad y vivienda social
La moción anunciada por Garriga recogerá cuatro grandes líneas planteadas por VOX para afrontar el problema de la vivienda.
La formación propone reducir la inmigración para contener el crecimiento de la demanda, incrementar la construcción para aumentar la oferta, establecer «fiscalidad cero» para españoles en la vivienda habitual y ampliar la vivienda social destinada a familias españolas.
Garriga también ha criticado las políticas frente a la ocupación ilegal y ha reclamado reducir las trabas existentes para facilitar la construcción de nuevas viviendas.
Con estas iniciativas, VOX llevará al próximo pleno del Parlament tanto el debate sobre el mercado residencial catalán como sus propuestas en materia de oferta, fiscalidad y acceso a la vivienda.
400.000 euros, contratos y regularización: Cánovas exige respuestas sobre ACOL.
El portavoz de VOX en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, Iván Cánovas, ha denunciado la concesión de 400.000 euros vinculados al programa ACOL en la comarca y ha cuestionado que se destinen recursos públicos a programas dirigidos a personas migrantes extracomunitarias en situación administrativa irregular.
Según la información expuesta por la formación, el programa ACOL contempla la contratación, formación y acompañamiento de personas migrantes extracomunitarias que cumplen los requisitos para obtener una autorización temporal de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales de arraigo.
La convocatoria de 2026 cuenta, según los datos recogidos por VOX, con un presupuesto global de 19,75 millones de euros y permite participar como entidades beneficiarias a ayuntamientos y consejos comarcales.
Cánovas reclama explicaciones sobre los 400.000 euros
El portavoz de VOX en el Consell Comarcal ha pedido conocer el destino concreto de los fondos correspondientes al Baix Llobregat.
«Estamos hablando de 400.000 euros de dinero público en el Baix Llobregat para un programa que permite contratar a personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular y que buscan regularizar su situación», ha afirmado Cánovas.
El representante de VOX contrapone esta inversión con la situación económica de los vecinos y con la presión fiscal que, según denuncia, soportan familias y trabajadores.
Cánovas reclama conocer cuántas personas serán contratadas, qué puestos ocuparán, cuál será el coste total y qué criterios se utilizarán.
«El dinero público debe servir para atender las necesidades de nuestros vecinos, no para generar incentivos que puedan favorecer nuevas llegadas irregulares», ha sostenido.
Javier Ramírez cuestiona el modelo de la Generalitat
El diputado de VOX en el Parlament de Catalunya Javier Ramírez también ha criticado el programa y ha relacionado su financiación con la política fiscal y laboral de la Generalitat.
Ramírez ha asegurado que la recaudación por IRPF se ha incrementado un 37% y ha situado en 350.000 el número de desempleados, cifras que utiliza para cuestionar las prioridades presupuestarias del Ejecutivo catalán.
«Es una auténtica vergüenza y un escándalo que […] ustedes tengan sus propios impuestos para captar inmigrantes ilegales, para crear efecto llamada y, sobre todo, para hacer un fraude de ley», ha afirmado.
Se trata de la valoración política realizada por el diputado de VOX sobre el funcionamiento y los efectos del programa.
VOX cuestiona la participación de los ayuntamientos
Ramírez ha puesto también el foco en la participación de las administraciones locales y ha comparado los requisitos del programa con los procesos exigidos para acceder a determinados empleos públicos.
El diputado sostiene que existen diferencias respecto a los procedimientos basados en «mérito, capacidad y formación» que deben superar otros ciudadanos.
Según la información aportada por VOX, los proyectos subvencionados por ACOL incluyen contratos de 12 meses, formación y acompañamiento para personas que cumplen los requisitos para obtener una autorización de residencia temporal y trabajo por arraigo.
Cánovas ha concluido reclamando que los recursos públicos prioricen los servicios, las familias y los trabajadores, frente al modelo migratorio que cuestiona su formación.
Toni Balboa cuestiona medio millón en políticas de género en Sant Adrià.
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha cuestionado el gasto destinado por el consistorio a políticas de género y ha reclamado que se prioricen medidas de seguridad ante los delitos contra la libertad sexual registrados en el municipio.
Según las cifras expuestas por su portavoz, Toni Balboa, las partidas señaladas suman 507.375 euros.
Balboa ha detallado que más de 300.000 euros corresponden a personal y Seguridad Social, 30.500 euros a reuniones, conferencias y cursos, 11.000 euros a actividades culturales y deportivas y 95.000 euros a estudios y trabajos técnicos.
Balboa cuestiona la eficacia de las partidas
El portavoz municipal ha contrapuesto este gasto con la situación de la seguridad de las mujeres en Sant Adrià de Besòs.
«¿Sabías que el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs gasta más de medio millón de euros en políticas de género? […] ¿Total para qué? Para no tener seguridad para las mujeres de Sant Adrià del Besòs», ha afirmado.
VOX sostiene que esos recursos deberían orientarse en mayor medida hacia medidas destinadas directamente a reforzar la seguridad.
«Más valdría que gastaran este medio millón de euros para una seguridad real para las mujeres que no en chiringuitos y chiringuiteros», ha señalado Balboa.
VOX pone el foco en las agresiones sexuales
Balboa ha apoyado sus críticas en las cifras de agresiones sexuales recogidas en la información difundida por la formación.
Según los datos expuestos por VOX, durante 2025 se registraron 23 violaciones en el municipio y durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron ocho. A estas cifras, la formación añade el último caso conocido en el polígono industrial del Sot.
El balance oficial de criminalidad del Ministerio del Interior confirma que Sant Adrià de Besòs registró delitos contra la libertad sexual durante 2025, aunque la información facilitada por VOX utiliza específicamente la categoría de «violaciones» para las cifras que expone.
Críticas al Gobierno municipal
Balboa ha acusado también al equipo de gobierno de mantener una actitud pasiva ante la situación y ha reprochado que, a juicio de VOX, no se esté abordando suficientemente el problema.
«Solo VOX pone estos terribles datos sobre la mesa mientras los socialistas y sus acólitos callan», ha afirmado.
El portavoz ha relacionado además ese silencio con el perfil de los autores de las agresiones, una interpretación política planteada por Balboa en sus declaraciones.
VOX reclama así revisar las prioridades de gasto municipal y destinar mayores recursos a políticas que la formación considera directamente relacionadas con la seguridad de las mujeres.