Actualidad Política

24 de agosto de 2026

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El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado la convocatoria urgente del Comité de Seguimiento previsto en el acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno municipal del Partido Popular.

La formación quiere analizar el grado de cumplimiento de las medidas pactadas, detectar posibles retrasos y establecer un calendario para ejecutar los compromisos que continúen pendientes.

«Los acuerdos políticos deben sustentarse en el respeto a los compromisos adquiridos, la transparencia y la voluntad de cumplimiento», ha señalado el portavoz municipal de VOX, Gonzalo García de Polavieja.

VOX pide explicaciones sobre las medidas pendientes

El portavoz ha recordado que han transcurrido siete meses desde el último acuerdo y más de un año y medio desde el anterior, por lo que considera necesario revisar de forma detallada su evolución.

VOX sostiene que los sevillanos tienen derecho a conocer el nivel de cumplimiento de unos compromisos que fueron determinantes para aprobar el presupuesto municipal y que afectan a cuestiones prioritarias para la ciudad.

Las medidas fuera del pacto deberán negociarse

García de Polavieja también ha advertido de que el Gobierno de José Luis Sanz ha planteado recientemente asuntos relevantes que necesitan los votos de VOX sin haberlos consultado previamente con la formación.

«Todo aquello que esté fuera del pacto debe ser negociado con VOX de manera independiente», ha afirmado.

VOX ha reiterado su disposición a mantener la estabilidad institucional, pero ha subrayado que esta debe ir acompañada del cumplimiento efectivo de los acuerdos y de reuniones periódicas entre las partes.

La formación insta al Gobierno municipal a convocar el Comité de Seguimiento a la mayor brevedad y a garantizar que los compromisos presupuestarios se conviertan en actuaciones concretas para Sevilla.

El portavoz de VOX en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha anunciado que la formación recurrirá las sanciones y expedientes abiertos contra sus diputados al considerar que buscan limitar su libertad de expresión y su actividad parlamentaria.

La Comisión del Estatuto de los Diputados ha abordado los procedimientos relacionados con miembros del grupo de VOX, que cuenta entre sus parlamentarios con Joan Garriga, Rafael Villafranca, Alberto Tarradas, María García Fuster y Júlia Calvet.

Según ha explicado la formación, la comisión ha propuesto una amonestación pública para Garriga y ha acordado abrir nuevos expedientes de investigación a Villafranca, Tarradas, García Fuster y Calvet.

«Vamos a llevar a cabo una batalla política y judicial contra estas sanciones y recurriremos hasta la última instancia posible», ha afirmado Garriga. El portavoz también ha asegurado que ninguna sanción hará callar «la voz de los más de 250.000 catalanes que votaron a VOX».

VOX denuncia un intento de censura

Garriga considera que estos procedimientos representan «un momento grave para la calidad democrática» del Parlament y ha acusado al resto de grupos de intentar «amordazar» a los representantes de VOX.

La formación sostiene que continuará defendiendo sus posiciones pese a las posibles sanciones y trasladará los procedimientos a los tribunales cuando considere que vulneran los derechos de sus diputados.

Manifestación en Polinyà

Durante su comparecencia, Garriga también ha anunciado una movilización de VOX en Polinyà tras conocerse la denuncia de una presunta agresión sexual a una menor durante la Fiesta Mayor.

El portavoz ha criticado el silencio que atribuye a otras formaciones e instituciones y ha vinculado el suceso con el incremento de la inseguridad que, según denuncia VOX, atraviesa Cataluña.

La formación ha reclamado que, en caso de condena y cuando legalmente corresponda, los extranjeros responsables de delitos sexuales sean expulsados de España. También ha vuelto a cuestionar las políticas migratorias impulsadas por los gobiernos central y catalán.

El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha acusado al Gobierno de Salvador Illa de tolerar y normalizar la ocupación ilegal al no recuperar con rapidez las viviendas públicas afectadas.

“El Gobierno de Illa se ha convertido en el mayor patrocinador de la okupación en España”, ha afirmado Fernández, quien ha aclarado que esta acusación responde a la falta de actuación y resultados de la Generalitat.

Según ha señalado, el Ejecutivo catalán reconoce que cerca de 1.200 viviendas públicas, más del 5 % del parque que gestiona, se encuentran ocupadas ilegalmente.

La Generalitat traslada el problema a los ayuntamientos

Fernández ha criticado que, en lugar de recuperar estos inmuebles para las familias inscritas legalmente en las listas de espera, la Generalitat solicite la intervención de los servicios sociales municipales.

“Pasa la patata caliente a los alcaldes, que deben destinar recursos humanos, tiempo y dinero a gestionar una situación que la Generalitat nunca debió permitir”, ha denunciado.

El dirigente popular ha defendido que los servicios sociales municipales deben concentrarse en atender a las familias vulnerables, las personas mayores, la infancia, la dependencia y quienes atraviesan dificultades económicas.

“Cada hora y cada euro destinados a gestionar una ocupación ilegal se restan a quienes realmente necesitan atención”, ha advertido.

Prioridad para quienes cumplen la ley

Juan Fernández ha señalado que mantener viviendas sociales ocupadas ilegalmente perjudica directamente a las familias que llevan años esperando una adjudicación conforme a las normas.

“No podemos trasladar a los ciudadanos el mensaje de que ser honrado sale peor que saltarse la ley”, ha afirmado.

El PPC reclama que la Generalitat informe sobre cuántas viviendas ha recuperado, cuántos procedimientos ha iniciado y cuánto tiempo permanecen los inmuebles fuera de su función social.

Fernández ha citado situaciones en Cerdanyola y Vilanova del Camí como ejemplos de la falta de respuesta y ha alertado de la presión que esta política genera sobre los ayuntamientos y sus servicios sociales.

El Partido Popular de Cataluña defiende que las viviendas públicas deben destinarse exclusivamente a quienes las necesitan y acceden a ellas legalmente, y exige al Gobierno de Illa que asuma sus competencias y actúe desde el primer momento.

“Quien cumple la ley debe tener siempre prioridad sobre quien la incumple”, ha concluido.

VOX ha anunciado una ofensiva política y judicial contra las políticas de movilidad desarrolladas por el Área Metropolitana de Barcelona y diferentes ayuntamientos de la provincia.

La formación presentará alegaciones contra el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2025-2030 y prepara recursos contencioso-administrativos frente a las Zonas de Bajas Emisiones de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat del Vallès.

El PMMU fue aprobado inicialmente por el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona el 28 de abril de 2026. El documento establecerá la estrategia y las políticas de movilidad metropolitana hasta 2030 y servirá como referencia para los planes municipales de los 36 municipios que integran el organismo.

VOX presenta alegaciones contra el PMMU

El portavoz de VOX en el Área Metropolitana de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha calificado el nuevo plan de movilidad como un «rodillo ideológico» destinado a incrementar las restricciones sobre el vehículo privado.

La formación sostiene que las medidas previstas perjudicarán especialmente a los autónomos, comerciantes, repartidores y familias trabajadoras que necesitan utilizar sus vehículos en sus desplazamientos cotidianos.

VOX cuestiona también que el plan se apoye en infraestructuras futuras cuya financiación, según denuncia, no estaría suficientemente garantizada.

Las alegaciones planteadas por la formación incluyen críticas relacionadas con la autonomía municipal, la documentación empleada durante la tramitación y la ausencia, a juicio de VOX, de un estudio económico suficientemente detallado sobre las consecuencias de las restricciones.

De Oro considera que el PMMU no responde únicamente a criterios técnicos, sino que pretende consolidar un modelo de movilidad contrario a la libertad de circulación y a las necesidades reales de una parte importante de la población.

Recursos contra siete Zonas de Bajas Emisiones

Paralelamente, VOX ha anunciado que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para recurrir las Zonas de Bajas Emisiones implantadas en siete municipios barceloneses.

La formación sostiene que las ordenanzas carecen de una justificación técnica, ambiental y socioeconómica suficiente y que no evalúan adecuadamente las consecuencias para los ciudadanos con menor capacidad económica.

VOX considera que estas restricciones son «profundamente clasistas» porque afectan especialmente a quienes poseen vehículos antiguos y no disponen de recursos para adquirir uno nuevo.

Según la formación, las ZBE penalizan a las rentas medias y bajas, dificultan los desplazamientos laborales y pueden perjudicar al comercio de proximidad y a las pequeñas empresas.

Antecedentes judiciales sobre las ZBE

VOX ha recordado que los tribunales ya han anulado anteriormente ordenanzas relacionadas con las Zonas de Bajas Emisiones.

En julio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la ordenanza común aplicada en Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y L’Hospitalet de Llobregat. La resolución apreció deficiencias, entre otras cuestiones, en la justificación de determinadas restricciones y en el análisis de sus efectos.

La formación considera que estos precedentes respaldan la necesidad de examinar judicialmente las nuevas ordenanzas municipales, aunque cada recurso deberá resolverse atendiendo a la regulación y documentación concreta de cada ayuntamiento.

Garriga promete mantener la ofensiva

El presidente de VOX Barcelona, Joan Garriga, ha anunciado que su partido mantendrá su oposición a este modelo de movilidad tanto en las instituciones como en los tribunales y en las calles.

«Mientras el resto de los partidos compite por ver quién prohíbe más y quién asfixia más a los ciudadanos, nosotros defenderemos la libertad de circulación, el derecho al trabajo y la prosperidad de los españoles corrientes», ha afirmado.

Garriga ha asegurado que VOX «no va a dar ni un paso atrás» y que actuará en todos los ámbitos posibles para intentar frenar unas políticas que considera perjudiciales para los trabajadores y las familias.

La formación se compromete a acompañar a los autónomos, comerciantes y ciudadanos afectados por las restricciones y a trasladar su rechazo a los plenos municipales, al Área Metropolitana y a los órganos judiciales.

Defensa de la libertad de circulación

VOX sostiene que la mejora de la calidad del aire debe abordarse mediante alternativas que no conviertan al vehículo privado en el principal objetivo de las políticas públicas.

La formación reclama mejores conexiones de transporte público, infraestructuras suficientes y medidas que permitan renovar progresivamente el parque móvil sin imponer prohibiciones que perjudiquen a quienes dependen del coche para trabajar.

«Vamos a dar la batalla en las instituciones, en los tribunales y en las calles, al lado de los autónomos, de las familias trabajadoras y de todos aquellos ciudadanos que se niegan a que les arrebaten sus derechos», ha concluido Garriga.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha valorado el último barómetro municipal como una muestra del deterioro de la ciudad y del fracaso de las políticas impulsadas por el Gobierno de Jaume Collboni.

El estudio sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema de Barcelona, señalado por el 31% de los entrevistados, mientras que la inseguridad ocupa el segundo puesto, con un 26,3%. Los problemas asociados a la inmigración aparecen en tercera posición, con un 7,5%.

Para VOX, estos resultados evidencian que los asuntos que más preocupan a los ciudadanos son precisamente aquellos sobre los que la formación viene centrando su labor municipal.

De Oro: «Las prioridades son la seguridad y la vivienda»

El presidente del Grupo Municipal de VOX, Gonzalo de Oro, ha reconocido que su formación recibe las encuestas con cautela por considerar que suelen equivocarse y perjudicar sus expectativas electorales.

No obstante, ha señalado que incluso un sondeo elaborado por el propio Ayuntamiento refleja el desgaste del Ejecutivo municipal y la preocupación de los vecinos por el rumbo de la ciudad.

«Las prioridades que indican los ciudadanos de Barcelona son precisamente las que VOX pone sobre la mesa: la seguridad y la vivienda», ha manifestado.

De Oro ha criticado que el debate político municipal se centre en cuestiones alejadas de los problemas cotidianos de la población mientras aumentan las dificultades para acceder a una vivienda y se mantiene la percepción de inseguridad.

«Aquí muchas veces se habla de asuntos que no importan a la ciudadanía, pero lo que realmente preocupa es la inseguridad, que crece de forma preocupante, y el acceso a la vivienda», ha afirmado.

VOX destaca el aumento de la preocupación por la inmigración

La formación también ha puesto el foco en el incremento de las respuestas que identifican la inmigración como uno de los principales problemas de Barcelona.

De Oro sostiene que durante años se ha intentado desacreditar a VOX por advertir de las consecuencias de la inmigración masiva y descontrolada, pero considera que los resultados del barómetro demuestran que esta preocupación se ha extendido entre los vecinos.

«Hasta hace muy poco se nos criminalizaba por hablar de inmigración masiva descontrolada y ahora este dato demuestra que los barceloneses comparten esa preocupación», ha declarado.

El dirigente de VOX ha relacionado este resultado con la inquietud por el incivismo y la falta de orden en las calles, aunque ha presentado esta interpretación como una valoración política de su formación.

El 57,2% considera que Barcelona ha empeorado

Uno de los datos más destacados del barómetro es que el 57,2% de los entrevistados cree que Barcelona ha empeorado durante el último año. Solo el 22,7% considera que la ciudad ha mejorado, mientras que el 16,7% piensa que continúa igual.

Para VOX, este resultado constituye una enmienda a la gestión de Collboni y demuestra que el Gobierno municipal no está consiguiendo corregir los problemas de la ciudad.

«Más del 57% de los vecinos piensa que la ciudad ha empeorado. Es un dato muy clarificador del rumbo que sigue Barcelona y demuestra que el Gobierno municipal es incapaz de corregir el deterioro de la ciudad», ha afirmado De Oro.

El portavoz considera que la percepción negativa de los vecinos está directamente relacionada con la evolución de la vivienda, la inseguridad, el incivismo y otros problemas vinculados al funcionamiento cotidiano de Barcelona.

VOX señala un crecimiento sostenido en intención de voto

El barómetro otorga a VOX un 2,7% de intención directa de voto, por encima del resultado obtenido por la formación en anteriores estudios municipales, aunque el sondeo también refleja un elevado porcentaje de ciudadanos indecisos o que no revelan su voto.

De Oro sostiene que la evolución recogida por las encuestas muestra una tendencia al alza de VOX desde su entrada en el Ayuntamiento.

«A pesar de que no creemos en las encuestas, este barómetro indica claramente un voto sostenido al alza de VOX, que triplica el resultado que nos otorgaba el primer barómetro desde que entramos en el Ayuntamiento», ha asegurado.

Para el presidente del Grupo Municipal, la conclusión del estudio es que Collboni «suspende» porque los dos principales problemas de los barceloneses —la vivienda y la seguridad— continúan sin resolverse.

VOX reclama un cambio de rumbo en Barcelona

VOX ha reiterado su propuesta de impulsar un cambio de rumbo basado en el restablecimiento del orden, el refuerzo de la seguridad y la aplicación de políticas que faciliten el acceso de los españoles a una vivienda.

La formación considera que el Ejecutivo de Collboni ha demostrado su incapacidad para responder a las preocupaciones reales expresadas por los ciudadanos.

«El alcalde suspende porque la vivienda y la seguridad, que son los problemas que más preocupan a los barceloneses, no dejan de empeorar y Collboni es incapaz de solucionarlos», ha concluido De Oro.

La diputada del Partido Popular de Catalunya en el Parlament, Àngels Esteller, ha reclamado al Govern un cambio de rumbo en su política turística para convertir el sector en un verdadero motor de prosperidad, empleo y crecimiento económico.

Esteller ha defendido la necesidad de abandonar los discursos de rechazo hacia el turismo y desarrollar una estrategia que reconozca su aportación al conjunto de la economía catalana.

“El turismo aporta el 12 % del PIB y genera una gran actividad económica con un importante impacto sobre el conjunto de la sociedad”, ha señalado la diputada popular.

Un sector que beneficia al conjunto de la economía

Àngels Esteller ha recordado que la actividad turística no solo beneficia directamente a hoteles, alojamientos, restaurantes y empresas del sector, sino que también tiene un efecto positivo sobre el comercio, la cultura, el transporte y numerosos servicios públicos y privados.

La diputada del PPC ha defendido que es necesario explicar con claridad esta contribución económica y social para evitar que el turismo sea presentado únicamente como un elemento de tensión o conflicto.

“Debemos poner en valor este activo económico y dejar atrás la turismofobia que ha generado rechazo hacia un sector fundamental para Catalunya”, ha afirmado.

Un gran pacto por el turismo

El Partido Popular de Catalunya propone impulsar un gran pacto por el turismo que reúna al Govern, los ayuntamientos, las empresas, los profesionales y los representantes del sector.

Este acuerdo debería establecer una hoja de ruta clara para mejorar la competitividad, impulsar la calidad y aumentar el valor añadido de la actividad turística en las ciudades y municipios catalanes.

“El Govern debe saber hacia dónde va y apostar por un turismo de calidad que deje el máximo retorno económico en los territorios que visita”, ha subrayado Esteller.

El PPC plantea que esta estrategia incluya ayudas para la digitalización, la sostenibilidad y la modernización de las pequeñas y medianas empresas turísticas.

Menos impuestos para mejorar la competitividad

Àngels Esteller ha reclamado también una reducción de la presión fiscal que soporta el sector, con el objetivo de favorecer la inversión, el empleo y la capacidad de competir de las empresas catalanas.

Entre sus propuestas, la diputada popular ha pedido que los residentes en Catalunya que realicen turismo dentro de la comunidad queden exentos del pago de la tasa turística.

Esteller ha defendido que este tributo no fue concebido para gravar a los propios catalanes que visitan otros municipios y territorios de la comunidad.

Una nueva regulación para las viviendas turísticas

La diputada del PPC ha solicitado además la retirada del decreto que prevé la eliminación de viviendas de uso turístico y su sustitución por una nueva normativa adaptada a las necesidades de cada territorio.

El Partido Popular de Catalunya defiende una regulación que permita compatibilizar la actividad turística con el derecho de los residentes, la disponibilidad de vivienda y las particularidades de cada municipio.

El PPC considera que no pueden aplicarse las mismas soluciones en todo el territorio y apuesta por dar mayor capacidad de decisión a los ayuntamientos.

Colaboración entre administraciones y empresas

Esteller ha concluido reclamando un nuevo modelo de gobernanza público-privada que permita incorporar al sector turístico a la toma de decisiones.

Esta colaboración debe servir para mejorar la gestión de los flujos de visitantes, evitar concentraciones excesivas en las zonas más tensionadas y avanzar en la desestacionalización del turismo.

“El Govern debe coordinarse con los ayuntamientos, establecer alianzas estratégicas y gobernar para generar más valor añadido y reducir los posibles problemas”, ha afirmado.

El Partido Popular de Catalunya defiende un turismo sostenible, competitivo y de calidad que genere oportunidades, fortalezca el comercio y contribuya al desarrollo económico y social de todos los territorios catalanes.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Gavà presentará en el próximo Pleno un ruego para que el consistorio estudie la puesta en marcha de un programa municipal de pastoreo preventivo con ovejas y cabras como herramienta para reducir el riesgo de incendios forestales en el municipio.

La iniciativa llega tras el incendio forestal registrado esta semana en Gavà y plantea utilizar el pastoreo controlado en las zonas forestales de mayor riesgo, especialmente en los entornos próximos a viviendas y urbanizaciones, con el objetivo de disminuir la acumulación de vegetación seca y limitar la propagación del fuego.

El portavoz de VOX en Gavà, Marc Cívico, ha explicado que la propuesta busca incorporar el pastoreo como una herramienta estable de gestión forestal mediante convenios con ganaderos u otras fórmulas que permitan desarrollar esta práctica de forma continuada y compatible con los trabajos de mantenimiento que ya se realizan.

“La mejor forma de combatir un incendio es evitar que se produzca o reducir al máximo su propagación. Gavà debe apostar por todas las herramientas eficaces de prevención para proteger nuestro entorno natural y la seguridad de los vecinos”, ha afirmado Cívico.

Desde VOX consideran que la prevención debe convertirse en una prioridad para el Ayuntamiento, especialmente en un municipio con una importante masa forestal y numerosas zonas residenciales situadas junto al bosque.

La formación defiende que el pastoreo preventivo constituye una medida eficaz y sostenible para reducir el combustible vegetal del sotobosque, disminuir el riesgo de grandes incendios y complementar las actuaciones que ya llevan a cabo los servicios municipales.

VOX sostiene que la combinación de métodos tradicionales de gestión forestal con nuevas estrategias de prevención puede contribuir a mejorar la protección del patrimonio natural de Gavà y reforzar la seguridad de los vecinos durante los meses de mayor riesgo de incendios.

Con esta iniciativa, el Grupo Municipal VOX reclama al Ayuntamiento que estudie la viabilidad del programa y valore su implantación como parte de una estrategia integral de prevención de incendios forestales.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha manifestado su firme oposición a que el pleno ordinario del mes de julio se celebre nuevamente de manera telemática. La formación denuncia que, por segunda vez consecutiva, el ejecutivo local ha decidido blindar la sesión pública alegando motivos de seguridad tras las amenazas proferidas por okupas del barrio de La Mina contra miembros del consistorio después de los recientes desalojos.

Para VOX, trasladar el debate político a un formato online supone una preocupante cesión institucional ante el chantaje de quienes vulneran la ley. El portavoz del Grupo Municipal, Toni Balboa, ha criticado con dureza la decisión del equipo de gobierno y ha advertido de que las instituciones no pueden ceder ante quienes pretenden imponer sus amenazas.

“No podemos doblar la rodilla ante la gente que se quiere saltar la ley o que pretende tomarse la justicia por su mano. La ley debe imperar para todos de la misma manera, y capitular ante familias okupas enviando el pleno a internet es un síntoma de debilidad institucional intolerable”, ha afirmado Balboa.

La formación considera que el Ayuntamiento debe mantener la normalidad institucional y garantizar que los vecinos puedan seguir de cerca la actividad política municipal, especialmente en momentos de tensión en los barrios. VOX defiende que el pleno es el espacio donde reside la representación legítima de los adrianenses y que limitar su desarrollo presencial supone alejar aún más a los ciudadanos de las decisiones que les afectan.

Asimismo, VOX reclama que la actividad del Ayuntamiento se centre en solucionar de raíz los problemas estructurales que afectan al municipio. En este sentido, el grupo municipal exige al consistorio actuar con firmeza en materia de vivienda, seguridad ciudadana y convivencia, en lugar de decretar el cierre virtual del principal espacio de debate público.

Balboa ha subrayado que restringir el acceso presencial a las sesiones ordinarias tiene un evidente impacto democrático. “Lo que tiene que primar en el Ayuntamiento es la voz de los adrianenses, que está legítimamente representada en este pleno. No puede ser que la voz de los vecinos de Sant Adrià esté secuestrada por la inacción de este ejecutivo”, ha señalado.

Desde VOX insisten en que Sant Adrià de Besòs necesita instituciones firmes, presencia efectiva de la autoridad y decisiones valientes frente a la okupación, la inseguridad y las amenazas. La formación exige al gobierno municipal que recupere la normalidad presencial del pleno y que garantice que la ley, la seguridad y la voz de los vecinos prevalezcan por encima de cualquier intento de presión o intimidación.

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