Zaplana quiere más cajeros y menos pueblos olvidados.
El GPP ha pedido doblar el presupuesto para instalar cajeros automáticos en poblaciones del interior de la Comunitat Valenciana a través de una enmienda a las cuentas de la Generalitat para este año 2025.
En concreto, el GPP ha solicitado pasar de la inversión de cien mil euros previstos en el borrador de Presupuestos para la dotación de cajeros automáticos en determinados municipios y núcleos de población a 161.000 euros más. Esta partida se engloba dentro del área de Presidencia en medidas contra la despoblación en municipios del interior.
El diputado popular José Juan Zaplana ha señalado que “estamos ante un problema importante, que afecta de forma significativa a los municipios pequeños y de interior, que ya de por sí sufren el problema de la despoblación”.
José Juan Zaplana ha afirmado que “la despoblación es un reto no solo demográfico. Actuar para lograr el renacimiento de las zonas rurales y despobladas depende de buenos servicios que aseguren una movilidad de calidad, de transporte público, de redes que permitan trabajar desde casa, de tener servicios a disposición, pero también de incentivos, de impulsar actividades como la ganadería y la agricultura”.
“Esta enmienda se engloba dentro de la apuesta decidida de la Generalitat por garantizar la atención financiera en los pequeños municipios con la instalación de más cajeros automáticos y evitar así su exclusión financiera. El anterior Consell, como hacía siempre, prometió la instalación de cajeros automáticos que apenas se plasmó en realidades. Más de 150.000 valencianos dejaron de tener ese servicio y muchos de ellos no solo no tienen sucursal bancaria, sino que ni siquiera tienen cajeros automáticos”.
Zaplana ha indicado que “se trata de una medida muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas, clave en la lucha contra la despoblación. Estamos poniendo medidas para tratar de revertir la situación de abandono que ha sufrido gran parte del interior de esta Comunitat durante años”.
Víctor Soler: «El tren de la costa descarriló en Ferraz».
El diputado del GPP en Les Corts Víctor Soler ha denunciado que “el Partido Socialista ha condenado a Gandia y a la comarca de La Safor no tener las infraestructuras que nos merecemos. Es intolerable que el plan de cercanías que el Gobierno del Partido Popular dejó firmado y con una financiación plurianual desde el 2017 al 2025 no se haya cumplido desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno”.
El diputado popular ha tildado de “intolerable” que “la secretaria general de socialistas valencianos, Diana Morant, exalcaldesa de Gandia, no haya movido ni un dedo para poder hacer efectivo ese plan”. En ese sentido ha hecho hincapié en que “los gandienses venimos padeciendo un déficit histórico de infraestructuras por parte de los gobiernos del Partido Socialista. No solo no tenemos la conexión con el sur hacia Oliva y Dénia y por tanto, esa promesa del tren de la costa, sino que llevamos mucho tiempo esperando la resolución de las alegaciones a la duplicación de la línea férrea Gandia Cullera”.
“El socialismo sigue castigando a Gandia y a la comarca de la Safor”, porque según ha remarcado “a Diana Morant no le preocupa nada a su ciudad y solo obedece las órdenes de Sánchez”.
Por su parte, la diputada popular Noelia Císcar ha reprochado al Ejecutivo central “negar a la Marina Alta una infraestructura clave y esencial para la vertebración del territorio y las conexiones entre el sur de la provincia de Valencia y el norte de la provincia de Alicante”. Un proyecto que según ha subrayado Císcar se trata de “una reivindicación histórica de la comarca, ya que, es el único tramo que queda por conectar”.
La diputada del GPP en Les Corts ha puesto en valor “la apuesta del Consell por la mejora de las infraestructuras” como en el caso de la puesta en marcha del servicio de TRAM d’Alacant entre Benidorm y Dénia tras la finalización de los nuevos viaductos de Algar y Mascarat llevados a cabo por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
González de Zárate: «Sánchez frena el desarrollo logístico de la Comunitat Valenciana».
El PPCV ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que acelere las obras necesarias para la prolongación del Corredor Mediterráneo hasta Alicante. Así figura en una iniciativa parlamentaria impulsada por el portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, tras la cancelación por parte de Adif de un contrato clave para implantar los sistemas de seguridad en el tramo entre La Encina y la capital alicantina.
González de Zárate ha advertido de que “para avanzar en la conexión del Corredor Mediterráneo con el Puerto de Alicante es necesario que todos los elementos técnicos estén coordinados”. En este caso, las obras del tercer carril ya han sido adjudicadas, pero la falta de un proyecto actualizado y licitado para los sistemas de comunicación, bloqueo y seguridad puede generar retrasos innecesarios.
El nuevo trazado no podrá entrar en funcionamiento sin estos sistemas, lo que demuestra, en opinión del portavoz popular, “una alarmante descoordinación por parte del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente”. El GPP denuncia que esta situación pone en riesgo la conexión del Puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo, lo que afectaría al transporte de mercancías, a los servicios de Cercanías, a la Media Distancia y al futuro AVE regional.
González de Zárate ha asegurado que “estamos ante una infraestructura esencial para la vertebración del territorio y la competitividad económica, que no puede quedar frenada por la inacción del Gobierno central”. Sin embargo, esta situación no es un hecho aislado, y el Corredor Mediterráneo acumula ya más de cinco años de retraso respecto a las previsiones iniciales.
Por todo ello, el GPP ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts para instar al Gobierno de Sánchez a redactar, licitar y ejecutar de forma urgente el proyecto de instalaciones de seguridad y adaptar el trazado ferroviario al ancho mixto y a los nuevos trenes. “La Comunitat Valenciana no puede seguir esperando. Es hora de pasar de las palabras a los hechos”, ha concluido González de Zárate.
Acosta: «Los vecinos no pagan impuestos para financiar redes familiares».
El Grupo Municipal de VOX ha cargado duramente contra la actitud de las concejales socialistas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez, así como del conjunto del PSOE local, por lo que califican como una “falta deliberada a la verdad” en el marco de la comisión de investigación sobre los contratos adjudicados a familiares directos de ambas ediles. VOX denuncia que, lejos de colaborar con la transparencia y la rendición de cuentas que exige la ciudadanía, las concejales implicadas han optado por esconderse tras el silencio y la opacidad.
Según ha revelado el portavoz de VOX, Víctor Acosta, ni los familiares que figuran como beneficiarios de los contratos han acudido a la comisión, ni las concejales han respondido a las preguntas planteadas por los vocales. “Si, como dicen, todo es legal y estamos sacando las cosas de contexto, ¿por qué se niegan a contestar? Aquí lo que está en juego es la limpieza de nuestras instituciones”, ha declarado Acosta.
VOX advierte que la gravedad de los hechos va más allá de las adjudicaciones. La semana pasada, en la sesión de la comisión, varios ediles socialistas admitieron conocer a los familiares de las concejales implicadas incluso en el momento de la firma de las facturas. “Es escandaloso. En lugar de asumir responsabilidades, los socialistas han preferido culpar a los funcionarios para salvar sus carreras políticas. Es el modus operandi de la izquierda: manipular el sistema, proteger a los suyos y criminalizar al adversario”, ha señalado el portavoz.
Para VOX, esta situación refleja lo que califican como “la degeneración moral del PSOE” y la utilización sistemática de las instituciones para favorecer intereses particulares. “Este caso no es una excepción. Es una muestra más del clientelismo, el amiguismo y la corrupción estructural que define al PSOE allá donde gobierna”, ha afirmado Acosta. “Los vecinos no pagan impuestos para financiar redes familiares, sino para recibir servicios públicos dignos y transparentes”.
VOX ha exigido que se depuren responsabilidades y que se garantice que las instituciones no se utilicen para beneficiar intereses personales o familiares. “Estamos aquí para defender a los vecinos y exigir que se actúe con ejemplaridad. La opacidad no tiene cabida en la gestión pública”, ha concluido Acosta.
Tormo: «Las zonas de sombra son clave para combatir el calor y cuidar de los vecinos».
El Ayuntamiento de Almassora está llevando a cabo diversas actuaciones destinadas a dotar de espacios de sombra en determinadas instalaciones municipales, atendido así las peticiones de los usuarios. “La creación de zonas de sombra es esencial para mejorar la habitabilidad de los espacios públicos, haciéndolos más confortables para los vecinos y resilientes frente al cambio climático”, ha señalado la alcaldesa, María Tormo.
Algunas de estas intervenciones ya se han completado como la llevada a cabo en el colegio Regina Violant donde se han plantado cerca de una veintena de moreras para que los escolares tengan zonas de sombra cuando salen al patio del centro.
De igual modo, desde la Concejalía de Servicios Públicos, que dirige José Martínez, se está terminando de completar toda la tramitación para la construcción de una zona arbolada con bancos y pavimento de madera en la pista de PumpTrack. Esta actuación, que ha sido adjudicada a la empresa Construactiv por importe de 24.935,06 euros, también contempla la colocación de un banco de cerámica bajo los árboles.
Asimismo, en la modificación de crédito aprobada en el pleno del pasado lunes se contempla una partida de 14.415,17 euros para trasladar la pérgola del antiguo colegio Santa Quitèria al centro municipal de la Raqueta, donde también se plantará más arbolado para reforzar las sombras existentes.
Aguilella: «El cierre de Cofrentes aumentará la dependencia energética y el precio del gas».
El PP ha pedido en el pleno de Les Corts no cerrar la central nuclear de Cofrentes en 2030 para evitar apagones, reducir la factura de la luz y mejorar la sostenibilidad.
En su intervención, el portavoz de industria del GPP, Salvador Aguilella, ha defendido la PNL señalando que “la propuesta del PP es a favor de los valencianos y del futuro energético de nuestra Comunidad. Es una propuesta para asegurar un suministro eléctrico estable, reducir la factura de la luz y contribuir activamente a la reducción de emisiones de CO₂. Es decir, para reducir la factura de la luz de nuestros vecinos y asegurar la misma todos los días del año, por la competitividad de nuestras empresas, por la sostenibilidad de nuestro entorno y por la soberanía energética de nuestra tierra”.
El diputado popular ha pedido al resto de grupos que abandonen el dogmatismo y ha afirmado que “las energías no tienen ideología. Lo que es ideológico es querer cerrar una central nuclear plenamente operativa, segura y eficiente solo por motivos partidistas y en contra del valencianos y valencianas”.
Aguilella ha advertido que “el cierre precipitado de la central de Cofrentes tendrá consecuencias muy graves, con facturas más altas para los valencianos, más emisiones contaminantes y un riesgo real de apagones”.
“La izquierda quiere que los valencianos paguemos la factura más alta de la luz de toda Europa. Es lamentable que seamos el único país del mundo que se gira de espaldas a la nuclear, el único país con un plan para cerrar todas sus centrales nucleares. No se entiende el cierre de Cofrentes. Supondrá una mayor dependencia del gas, más emisiones, y más costes para todos”.
Aguilella ha concluido que “el debate no es entre nucleares o renovables. Es entre responsabilidad e ideología. La energía no tiene ideología, pero cerrarla por sectarismo sí que es ideológico”.
Fernando de Rosa: «No activar el protocolo europeo fue una grave negligencia política».
El diputado del PP por Valencia en el Congreso Fernando de Rosa ha denunciado que “el Gobierno de España ha vuelto a mentir a los valencianos para tratar de ocultar que fue él quien bloqueó la llegada de la ayuda internacional tras la riada del 29 de octubre”. De Rosa ha recordado que la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil es competencia exclusiva del Estado, “como reconoció la propia subsecretaría del Ministerio del Interior”, y ha criticado que “Pedro Sánchez no moviera un dedo a pesar de ser consciente de la magnitud de la tragedia”.
El diputado popular ha lamentado que “el Ejecutivo antepusiera el cálculo político a la gestión de una tragedia” y ha subrayado que “pretender ahora culpar a la Generalitat Valenciana es una maniobra burda para desviar responsabilidades”.
“El Gobierno tenía todos los datos, todos los informes, todos los avisos. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Incluso había recibido ofrecimientos de ayuda internacional. ¿Y qué hizo? Nada. Esperar, bloquear y mirar hacia otro lado. Porque en la Comunitat Valenciana gobierna el Partido Popular”, ha denunciado.
El diputado en el Congreso ha señalado además que el Gobierno de Sánchez ha actuado de forma muy distinta en otras emergencias: “Ha activado este mismo mecanismo en incendios, pandemias o catástrofes fuera de España sin pedir permiso a nadie. ¿Por qué en esta ocasión sí esperaron? Porque decidieron anteponer los intereses partidistas al bienestar de los valencianos”.
Respecto a las declaraciones del Ministerio de Interior sobre la supuesta “lealtad institucional”, De Rosa ha sido tajante: “Hablar de lealtad mientras se dejan pasar diez días para activar la ayuda europea es una burla a los afectados. No se trata de un trámite, se trata de vidas humanas”. Por último, el parlamentario valenciano ha acusado al Gobierno de Sánchez de “retrasar la ayuda, bloquear los recursos y ahora intenta culpar a otros. Esa es la realidad que el PP no va a permitir que se oculte”.
Llanos Massó: «VOX no gobernará con concejales que han traicionado a sus votantes».
Llanos Massó, presidente provincial de VOX en Castellón y diputada de VOX en Les Corts Valencianes, ha reiterado esta mañana la firme posición de su partido ante la crisis política abierta en el Ayuntamiento de Almassora. La dirigente ha sido tajante: “VOX no gobierna ni gobernará con tránsfugas. Si la alcaldesa mantiene las competencias delegadas en los dos concejales no adscritos, romperemos el pacto de gobierno”.
Massó ha recordado que todos los partidos firmaron en su día el Pacto Antitransfuguismo, incluido el Partido Popular, y ha mostrado su sorpresa por la actitud de la alcaldesa de Almassora y de la dirección provincial del PP. “Nos extraña profundamente que ahora no les parezca lógica nuestra posición. Firmaron ese pacto y deben cumplirlo”, ha subrayado.
Desde VOX se solicitó una reunión urgente previa al pleno de hoy, pero, según ha señalado Massó, “esa reunión no se ha producido ni se nos ha emplazado por parte de la alcaldesa. Se nos dijo que se trataría el tema después de las fiestas de Almassora, como si la estabilidad del gobierno municipal pudiera esperar”.
La diputada ha señalado que, de ratificarse hoy en el pleno el paso de los dos concejales al grupo de no adscritos y si la alcaldesa decide mantenerles las competencias en el gobierno municipal, “VOX saldrá inmediatamente del equipo de gobierno. No vamos a participar en una gestión que viole un principio básico de lealtad política y respeto a los votantes”.
Massó ha defendido el trabajo de la concejal de VOX en Almassora, Elena González, quien, según ha afirmado, continuará ejerciendo una oposición responsable y trabajando por el municipio desde el programa con el que fue elegida.
“Los únicos que deben dar explicaciones son aquellos concejales que han traicionado el mandato de los ciudadanos de Almassora, que votaron la candidatura y el programa de VOX. Nosotros seguiremos defendiendo con firmeza los principios y el respeto institucional”, ha concluido Massó.