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Día 13 de octubre de 2025

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Diputados del GPP han realizado una visita a la Central nuclear de Cofrentes para Diputados del PP visitan Cofrentes para exigir al Gobierno la continuidad de la central nuclear para rebajar el precio de la energía en la Comunitat Valenciana reforzar su petición al Gobierno de no cerrarla y prolongar su vida útil más allá de 2030.

El portavoz de Industria del GPP, Salvador Aguilella, ha recordado que el PP ha presentado en Les Corts una proposición no de ley “para evitar una clausura que nos privaría de nuestra principal fuente de energía, lo que duplicaría el coste de la factura de la luz para todos los valencianos y amenazaría la competitividad de nuestras empresas”.

Aguilella, acompañado de los diputados Dora Llop, Domingo Giner y Alejo Font de Mora, han visitado Cofrentes para conocer de primera mano las instalaciones de la Central nuclear y su funcionamiento.

El portavoz popular ha señalado que “España es, junto con Alemania, el único país que está cerrando sus centrales nucleares. El Congreso de los Diputados ha votado a favor de la energía nuclear, instando al Gobierno a dejar de lado su plan, decidido en 2019, de cierre escalonado entre 2027 y 2035 de las centrales que actualmente existen en España y proceder, en su lugar, a prorrogar su vida útil. No sabemos qué más tiene que pasar para que los socialistas reconsideren este suicidio energético sustentado únicamente en planteamientos ideológicos, pero no en argumentos económicos o medioambientales”.

“El Gobierno de España una vez más desprecia a la Comunitat Valenciana. Cerrar la central en 2030 supone encarecer considerablemente las facturas energéticas para hogares e industrias, y elevar la emisión anual de 3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, al tener que aumentar el uso del gas o el carbón como fuente de energía”, ha señalado.

Para Aguilella, “hemos comprobado in situ con esta visita que la energía nuclear está acreditada como una energía limpia por Europa, puesto que no produce emisiones de gases de efecto invernadero, generando en cambio altas cantidades de energía. La mayoría países como Reino Unido, Suecia, Bélgica, Estados Unidos o Italia ya han anunciado que van a aumentar su capacidad nuclear”.

Aguilella considera que “no estamos hablando de crear más centrales en España, estamos proponiendo prorrogar la vida de la central de Cofrentes, ya que sus instalaciones están preparadas para durar más años en un entorno totalmente seguro y es de sentido común, la generación de energía renovable no es todavía suficiente para cubrir la demanda de los consumidores y caeríamos en el riesgo de encarecer el precio de la energía. Además, tampoco tienen ningún plan alternativo para la comarca una vez que se produzca el cierre. La central genera 650 empleos directos y miles de forma indirecta, y no han previsto planes alternativos para paliar las consecuencias sociales y económicas que esa clausura provocará. Si se consuma el cierre de la central nuclear de Cofrentes empezará su desmantelamiento irreversible en 2027, la Comunitat perderá el 45 % de su energía y no podemos permitírnoslo”.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha exigido hoy la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras quedar demostradas “todas sus mentiras” en torno a la gestión de la DANA del pasado mes de octubre. “La realidad se ha impuesto y ha quedado claro que el PSOE se ha instalado en el bulo desde el minuto cero para evitar asumir sus responsabilidades”, ha afirmado Chulià.

La portavoz popular ha recordado que el PSOE ha intentado construir un relato falso con la difusión de mentiras que han sido desmontadas con los hechos. “Dijeron que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, era miembro del Cecopi y no lo es. Dijeron que estuvo incomunicado toda la tarde y se ha constatado que realizó llamadas en ese periodo. Aseguraron que se retrasó el envío de la alerta por esperarle y también es falso. Y lo más grave, la delegada del Gobierno afirmó haberlo visto en el Cecopi cuando se envió el SMS y ha quedado demostrado que es mentira”, ha enumerado Chulià. En cambio, la propia Bernabé, codirectora del Cecopi, no llegó presencialmente hasta la mañana del día 30 de octubre, mientras que Mazón ya estaba allí el día 29.

Chulià ha insistido en que el problema clave fue el apagón informativo sobre el desbordamiento del caudal en el Barranco del Poyo. “El quid de la cuestión está realmente en quien tenía que transmitir la información sobre el agua que bajaba y no lo hizo en tiempo y forma”. “Se podían haber tomado otro tipo de decisiones con la información certera, con la información veraz y con la información que de verdad hubiera salvado vidas, que no es otra que la avenida de agua que venía por el Barranco del Poyo”, ha remarcado.

De hecho, el SMS de Es-Alert se activó ante el riesgo de rotura de la presa de Forata y no por la crecida del barranco. Ante esto, la parlamentaria del GPP ha lamentado que “han pasado cuatro meses y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que sí que forma parte del Cecopi, sigue sin dar explicaciones”.

Por último, Chulià ha denunciado que, mientras la Generalitat ya ha ejecutado más del 40% de las ayudas comprometidas con los damnificados, el Gobierno de Sánchez apenas ha pagado un 7%. “No solo nos enfrentamos a un Gobierno que mintió desde el primer momento, sino que, además, cuatro meses después, sigue sin ayudar a los afectados”, ha lamentado.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha destacado la importancia de los presupuestos de la Generalitat para 2025, que se presentarán en Les Corts el próximo martes 4 de marzo. “Son los más importantes hasta la fecha para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras las riadas del pasado mes de octubre y para garantizar la prestación de los servicios esenciales en un contexto marcado por la falta de financiación del Gobierno de España”, ha afirmado.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, Chulià ha subrayado que el nuevo calendario parlamentario se ha adaptado para garantizar el debate y aprobación de estas cuentas, que llegan en un momento especialmente complejo. A la tragedia personal y económica de la riada se suma que, “por primera vez en 12 años, el Gobierno de Sánchez ha suprimido el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario, lo que supone que la Comunitat Valenciana disponga de 3.000 millones de euros menos para financiar los servicios públicos esenciales”.

Paralelamente, estos presupuestos también estarán condicionados por la decisión “unilateral, tomada por la extrema derecha catalana y desde Waterloo”, de condonar parte de la deuda de algunas autonomías al tiempo que el Ejecutivo socialista pospone el debate sobre un nuevo modelo de financiación, rechaza las medidas para paliar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y negocia “en contra de los intereses de todos los valencianos”, según la síndica adjunta del GPP.

Chulià ha insistido en la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para garantizar la aprobación de unas cuentas esenciales para la recuperación de la Comunitat. En este sentido, ha afeado al PSPV que esté instalado en la “democracia de trincheras” y tratando de desviar la atención sobre la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez respecto a la riada. “Mientras la Comunitat Valenciana sufría los estragos de la riada, el apagón informativo de quienes debían transmitir información sobre la crecida en el Barranco del Poyo agravó la tragedia. No sabemos dónde estaban la mayoría de los dirigentes del Cecopi ni quién omitió información clave en un momento crítico. La geolocalización del president no suple la falta de un sistema de alerta temprana que, según la propia ministra de Transición Ecológica, habría salvado vidas”, ha recordado.

El Grupo Municipal VOX en Vila-real ha presentado una moción para debatir en el Pleno del Ayuntamiento la implantación de un servicio de recogida a domicilio de residuos voluminosos destinado a personas mayores, con movilidad reducida o necesidades especiales. La iniciativa busca dar solución a las dificultades que enfrentan estos colectivos para deshacerse de muebles, electrodomésticos y otros enseres de gran tamaño.

La falta de recursos físicos, económicos o de apoyo familiar impide a muchas personas trasladar estos objetos a los puntos habilitados o al Ecoparque municipal”, ha explicado la concejal de VOX en Vila-real, Irene Herrero, que rubrica esta iniciativa.

 En este sentido, la portavoz de VOX en Vila-real ha denunciado que el sistema actual “no siempre es accesible ni eficiente”, lo que ocasiona acumulación de residuos en la vía pública y un perjuicio para la convivencia y el medio ambiente de la ciudad.

UN SERVICIO ACCESIBLE, EFICIENTE Y COMPROMETIDO CON EL CIUDADANO

La moción plantea la creación de un equipo municipal específico que coordine las recogidas y optimice las rutas, garantizando un servicio gratuito y accesible.

Además, se propone garantizar un sistema de solicitud sencillo a través de la web municipal, teléfono o presencialmente en dependencias municipales; la difusión del servicio mediante campañas informativas en redes sociales, la web del Ayuntamiento y a través de asociaciones de mayores y colectivos de personas con diversidad funcional; la correcta gestión de los residuos, fomentando su reciclaje y reutilización; y la coordinación con otros programas municipales de asistencia, optimizando recursos y garantizando un mayor impacto social.

Este servicio no solo mejorará la calidad de vida de nuestros vecinos más vulnerables, sino que también contribuirá a una Vila-real más limpia, ordenada y respetuosa con el medio ambiente”, ha señalado la edil de VOX.

VOX Vila-real espera que el Ayuntamiento apruebe esta propuesta “de sentido común”, que busca ofrecer un servicio municipal imprescindible para “mejorar el bienestar de los ciudadanos más vulnerables”.

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que, con la consulta de lengua base en los centros educativos, “el valenciano ya no se volverá a utilizar como herramienta ideológica en las aulas de la Comunitat Valenciana”.

Durante su intervención, ha señalado que “la próxima semana es una gran semana para la educación y la libertad de 570.000 familias valencianas, alicantinas y castellonenses, que podrán elegir la lengua vehicular de la misma forma que han podido elegir en qué centro quieren que estudien sus hijos”.

En este sentido, ha realizado un llamamiento a “la participación libre, ya que cuantas más familias ejerzan su derecho al voto, mejor se ajustará la oferta a sus demandas”, y ha señalado que “los dictados en torno a cómo actuar, pensar, en qué idioma hablar o dónde educar a nuestros hijos han quedado atrás”.

El líder del PPCV ha indicado que “estamos del lado de las familias para que los alumnos de nuestro territorio puedan tener la mejor formación posible, con los mejores medios” lo que ha contrapuesto con el modelo del Botànic que primaba la policía lingüística y la propaganda.

Para Mazón “se acabó el adoctrinamiento que solo ha traído división, agravio y frustración para muchos padres y madres” y ha señalado su apuesta “por una educación de calidad, que garantice la igualdad y no dañe la convivencia, con un equilibrio real entre el castellano y el valenciano para que todo el alumnado tenga un dominio de las dos lenguas”.

El presidente ha denunciado que “durante ocho años, el Botànic intentó imponer una visión en nuestra sociedad de que había ciudadanos de primera y de segunda, obligando desde la administración cómo debían estudiar los valencianos”. En este sentido ha indicado que “eso se terminó en mayo de 2023, porque nadie nos tiene que decir qué sociedad somos, qué tenemos que pensar o cómo tenemos que sentir”.

En su discurso, Mazón ha reprochado al anterior gobierno de Ximo Puig que “no tuviera en cuenta la realidad de la Vega Baja y la diversidad sociolingüística de la Comunitat y obviara los derechos de los padres, la convivencia de los entornos educativos y la igualdad de oportunidades”.

En esta línea ha señalado que “buscan reducir nuestra autonomía para convertirnos en un apéndice de proyectos supremacistas, negando nuestra identidad diversa y plural”.

Apuesta de la promoción del valenciano frente a la imposición

El líder del PP valenciano ha reiterado su compromiso por “una verdadera promoción de nuestra lengua, sin imposiciones, que garantice su uso y estudio” con iniciativas como la acreditación automática de los conocimientos de valenciano a los alumnos que finalicen sus estudios y ha subrayado que se “han expedido más de 60.000 certificados en los cuatro primeros meses” desde que se puso en marcha esta medida.

“Queremos garantizar que nuestros alumnos sean competentes en ambas lenguas, con independencia de aquella en que hayan aprendido a leer y escribir, tal y como promulgaba la Llei d’Ús, cuyo espíritu de consenso queremos recuperar” ha indicado.

Orihuela contará con un centro integrado de Formación Profesional gracias al modelo educativo de libertad

El presidente de los populares valencianos también ha querido avanzar que la ciudad de Orihuela “que llevaba y que lleva 20 años luchando por tener un centro integrado de Formación Profesional, que por primera vez lo van a tener” y ha hecho hincapié en que “no les engañen como algunos les están engañando, pensando que va a ser peor, porque va a ser mejor, porque por ese centro integrado de formación profesional llevamos muchos años trabajando”.

En ese sentido, ha remarcado que “toda Orihuela y toda la comunidad educativa ha querido ese centro integrado y ahora por fin lo van a tener y va a ser gracias al modelo educativo del Partido Popular en Orihuela, que es el modelo educativo de la libertad”.

Cumplimos con la libertad educativa

Carlos Mazón ha destacado que “el Partido Popular de la Comunitat Valenciana cumple con uno de los principales hitos de legislatura, al recuperar la libertad en la educación”, ya que “ninguna administración puede imponer en qué idioma ni en qué colegio tienen que estudiar los alumnos de la Comunitat Valenciana”.

Así, ha puesto en valor la implantación del distrito escolar único, la gratuidad de 0 a 3 años y la Ley de Libertad Educativa. “Es el sistema el que debe adaptarse a las familias y no al revés” ha señalado.

El Ayuntamiento de Almassora ha firmado el acta de recepción del nuevo IES Álvaro Falomir, después de que hayan terminado los trabajos de la primera fase del proyecto, que contemplaba la construcción de un gran edificio detrás de las actuales instalaciones, en el solar del antiguo colegio Errando Vilar, donde se ha levantado un edificio moderno y funcional de 24 clases de ESO, la biblioteca, aulas para talleres, laboratorios y gimnasio.

Por tanto, según ha explicado la alcaldesa, María Tormo, ahora está previsto que, en los próximos días, se pueda coordinar el traslado de los alumnos a esta nueva infraestructura para así proseguir con los trabajos, que se prevé que puedan concluir en la primavera del próximo año.

“Agradezco enormemente la predisposición y el compromiso mostrado por parte de la directora del centro, Esperanza Moliner, en nombre de todo el equipo directivo y profesorado, que llevan semanas organizando todo para poder ocupar el nuevo edificio”, ha señalado la alcaldesa.

En este sentido, Tormo también ha querido agradecer a la empresa constructora Añil Servicios Ingeniería y Obras el enorme trabajo que se está realizando, dada la magnitud de la actuación, así como la implicación y supervisión por parte de la Conselleria de Educación para que los trabajos avancen a buen ritmo.

El nuevo IES Álvaro Falomir es la actuación de mayor envergadura a nivel económico de las ejecutadas en la localidad al contar con un presupuesto de 13.937.921,24 euros.

Futuro edificio

Tanto el concejal de Educación, Vicente Blay Casino, como el concejal de Urbanismo, Vicente Martínez-Galí, han explicado que, tras construir el nuevo edificio principal, ahora el proyecto contempla el derribo del actual instituto, que data de los años 60, para su reconstrucción  siguiendo las pautas compositivas originales de este edificio protegido. Una pasarela unirá ambas infraestructuras.

El futuro edificio albergará ocho aulas de Bachillerato, dos ciclos formativos con cuatro unidades, una cafetería, una zona de administración y salas de reuniones.

 La diputada del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Noelia Ciscar ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y apruebe de inmediato el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario para la Comunitat Valenciana. Lo ha hecho durante el debate de la Proposición No de Ley en la que el GPP reclama esta medida al Ejecutivo socialista. “Por primera vez en la historia, este mecanismo de financiación se nos ha negado, precisamente cuando más lo necesitamos”, ha denunciado Ciscar.

La parlamentaria popular ha recordado que la Comunitat Valenciana es la autonomía peor financiada de España y que la situación se está viendo agravada tras las devastadoras consecuencias de las riadas del pasado mes de octubre. Tras las inundaciones, ha afirmado, “la necesidad de este recurso se ha convertido en vital para todos los valencianos: es una cuestión de supervivencia y Sánchez lo sabe, pero nos da un ‘no’ rotundo, indigno y cruel”.

El FLA extraordinario permitiría a la Generalitat contar con más de 3.000 millones de euros para garantizar el pago de prestaciones esenciales y sería una herramienta esencial para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras las inundaciones. Pero “el Gobierno de España ignora nuestra realidad y nos abandona para intentar acabar con el PP valenciano, pasando por alto que a quien de verdad está causándole un tremendo daño es a todo el pueblo valenciano”, ha lamentado la diputada popular.

Ciscar ha recordado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido desde el primer momento la aprobación del FLA extraordinario. “Se lo dijo a Sánchez en la Conferencia de Presidentes, le envió una carta reclamando una rectificación y la movilización urgente de estos fondos esenciales, pero la respuesta siempre ha sido la misma: la indiferencia”, ha explicado. Sin embargo, al Consell de Botànic nunca se le negó este fondo, ni siquiera con gobiernos del PP, y tampoco en pandemia.

El Grupo Popular ha rechazado la enmienda presentada por Compromís para incorporar cuestiones ajenas al debate sobre el FLA extraordinario. “Intentan desviar la atención para no tener que posicionarse de manera clara, directa y sin excusas sobre nuestra reclamación”, ha replicado, para devolver a la coalición una simple pregunta: “¿Están con los valencianos o con el abandono de Sánchez?”.

Por último, la diputada ha criticado la postura del PSPV, que ha rechazado la solicitud del FLA extraordinario. “Hoy el socialismo ha optado, una vez más, por ser más socialista que valenciano. Prefieren dar cobertura al no de Sánchez antes que defender a los cinco millones de valencianos que necesitan estos recursos para garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales”, ha concluido.

La miembro de la ejecutiva del Partido Popular de Burriana y edil de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha criticado que «Sánchez haya dejado sin opciones gratuitas a las parejas que deseen casarse en nuestra ciudad». Una decisión que viene marcada por la Ley Orgánica de 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina la potestad matrimonial a los jueces de Paz. «No hay nada más ineficiente y menos moderno que obligar a 140 parejas burrianenses a coger el coche para tener que casarse en Vila-real», ha valorado Monfort.

En referencia a esta pérdida del servicio y derecho para todos los burrianenses con la entrada en vigor de la nueva ley, la miembro de la ejecutiva del PP en Burriana ha adelantado que «vamos a luchar para evitar que las parejas tengan que desplazarse y nos reuniremos próximamente con el registro civil para ver qué acuerdos podemos alcanzar».

«Este equipo de gobierno liderado por el PP va a dar la batalla para que nuestros vecinos no pierdan más servicios ni derechos» ha valorado Monfort, quien ha añadido que «los tiempos en que nuestra ciudad era ignorada, ninguneada, pisoteada o despojada de servicios en favor de otros municipios sin alzar la voz se han acabado».

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