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Día 11 de octubre de 2025

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El PPCV ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts solicitando que “no se cierre ningún cuartel ni instalación de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana y que se aumenten los agentes de Policía y Guardia Civil para luchar contra la delincuencia”.

La diputada popular Andrea Gigante ha señalado que “los delitos en la Comunitat Valenciana han crecido un 8,1% en 2023, dos puntos por encima de la media nacional. Y pese a esto, el gobierno de España ha anunciado el cierre de diversos cuarteles de la Guardia Civil en nuestra tierra, poniendo en riesgo el cierre de trece cuarteles en las tres provincias. No tiene sentido cerrar cuarteles sino aumentar recursos y medios para mejorar la seguridad”.

“A día de hoy -ha continuado- la unidad escrita de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana cuenta con 120 efectivos menos que hace una década. Los robos con violencia e intimidación aumentaron un 7,1% y el tráfico de drogas un 24%. Necesitamos aumentar de forma urgente el número de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil para devolver la sensación de seguridad a los ciudadanos de la Comunitat. Ya está bien del ninguneo de Sánchez a nuestra tierra, los valencianos merecemos más”.

Andrea Gigante ha indicado que “en la provincia de Castellón se ha anunciado el cierre de cinco cuarteles de la Guardia Civil en las localidades de Artana, Alcossebre, Betxí, Benasal y Lucena, pasando a ser sustituidos por oficinas de información ciudadana. Además, siguen negando reivindicaciones históricas como la construcción inmediata de los cuarteles de Almazora, Nules, Benicasim y Onda. En Alicante, el cuartel de Benissa fue cerrado en 2023; y, otros, como el de Jacarilla están pendientes de traslado a otras dependencias municipales, puesto que se encuentran en ruinas. La provincia de Valencia tiene ocho cuarteles en riesgo, Jarafuel, Vallada, Simat de la Valldigna, Alginet, Sollana, Polinyà del Xuquer y Corbera. La pérdida de estos cuarteles implicaría dejar a estos municipios sin medios para combatir los delitos y mantener la tranquilidad de los ciudadanos. Pedimos que no se sigan recortando medios en la lucha contra la criminalidad, sino que se incrementen”.

El texto de la propuesta de resolución, presentada conjuntamente con el grupo Vox, dice lo siguiente:

Les Corts Valencianes instan al Consell a que a su vez inste al Gobierno de España a:

  1. Que no se proceda al cierre de ningún cuartel o instalación de la Guardia Civil, en ninguna de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.
  2. Aumentar, de forma urgente, el número de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional para luchar contra la delincuencia y el aumento de la criminalidad en la Comunitat Valenciana, actualizando los desfasados catálogos a la población actual y a los nuevos fenómenos delincuenciales.
  3. Dotar de los medios adecuados, para el desempeño de sus funciones, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  4. La cobertura de las vacantes y la renovación urgente del Convenio que regula la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana en condiciones adecuadas para la Comunitat Valenciana.
  5. Informar transparentemente desde el Gobierno de la Nación, a los gobiernos regionales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los repartos interregionales de inmigrantes ilegales para poder prevenir y planificar una actuación eficiente y eficaz.
  6. El endurecimiento del Código Penal para combatir la oleada de robos en explotaciones agrícolas de la huerta valenciana.
  7. La prestación de la colaboración y cooperación necesaria a la Generalitat Valenciana y, en particular, a la Conselleria de Justicia e Interior, en el marco de los órganos dispuestos en las leyes para ello y, singularmente, del Observatorio de Seguridad de la Comunitat Valenciana, previsto en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.

El sindíc del GPP, Miguel Barrachina, ha recordado al PSPV que “la Comunitat batió el récord de fallecidos por ahogamiento a nivel nacional con Gabriela Bravo como consellera” y no debería criticar la campaña de prevención puesta en marcha por la Generalitat.

Barrachina ha señalado que “con 232 valencianos fallecidos por ahogamiento, desgraciadamente, la Comunitat Valenciana durante la pasada legislatura lideró esta dramática estadística nacional, por eso celebramos la campaña de prevención del ahogamiento de la Conselleria de Sanidad del Gobierno de Carlos Mazón. Ahora se están poniendo los medios para la prevención”.

El síndic popular ha lamentado “que el PSPV afirme que esta campaña debiera depender de la Consellería de Justicia, cuando tan aciago recuerdo tenemos todos de la gestión y las consecuencias de la anterior responsable, Gabriela Bravo, y no solo por los pasajeros del tren de Bejís”.

Miguel Barrachina ha indicado que “ahora hay un Gobierno unido que piensa solo en los valencianos y no en qué departamento toma las decisiones. Lo importante es prevenir y concienciar a la población, cosa que ellos no hacían, más pendientes de los enfrentamientos internos y las pullas entre los tres partidos del inoperante Botànic que de adoptar decisiones prácticas”.

“El PSPV debería pedir perdón tanto por su calamitosa gestión en la prevención de los ahogamientos, donde fuimos, desgraciadamente récord nacional, como por sus constantes discrepancias, en un Consell que se significó por sus purgas y permanentes enfrentamientos. Ahora hay un gobierno unido en el que lo importante no es que departamento hace las cosas sino que todos los valencianos se sientan atendidos y comprendidos”, ha añadido.

Por último, Miguel Barrachina ha recordado que “el síndico socialista debería conocer que critica una campaña del Servicio de Emergencias Sanitarias que, por si no lo sabe, depende de la conselleria de Sanidad. Muñoz demuestra su desconocimiento en cuestiones de gobierno al ignorar de quién dependen las competencias. Con el Botànic Sanidad, en vez de hacer campañas de prevención y dar respuesta a las reivindicaciones de los profesionales del ClCU, prefirió mirar para otro lado para, tal vez, no eclipsar la iniciativa de la consellera predilecta de Puig”.

El diputado popular Alfredo Castelló ha acusado de servilismo al alcalde de Sagunto, Darío Moreno, “por callar ante su jefa Gabriela Bravo durante 8 años y exigir ahora otra base de bomberos en verano”.

Alfredo Castelló ha acusado al alcalde Darío Moreno de tratar de engañar a sus vecinos. “Quien ahora se rasga las vestiduras y pone el grito en el cielo exigiendo una base estival de bomberos de refuerzo en Sagunto es el mismo que callaba cuando su jefa Gabriela Bravo aprobó el Plan de infraestructuras de bomberos forestales en el que no había ni rastro de lo que ahora exige”.

Castelló ha señalado que “no todo vale en política y no se puede hacer tanta demagogia. Desde el PPCV le pedimos explicaciones al alcalde por sus mentiras y su manipulación. En julio de 2023, en los últimos días de su amiga María Duart como gerente de la SGISE, organizó una visita en las zonas de Bonilles y Romeu en la que esta dijo que podría estudiarse el tema, sabiendo que dejaría el cargo en breve y que durante años no habían hecho nada al respecto por orden de su jefa, la entonces consellera Gabriela Bravo de la que el propio Moreno fue jefe gabinete en la Conselleria durante años”.

El también vicepresidente de Les Corts ha recordado que “Moreno debería tranquilizar y no alarmar a los vecinos y demostrar que es digno de su cargo. Sagunto cuenta entre los dos núcleos de población con un parque del Consorcio de Bomberos y, además, con una base forestal en Gilet, a diez minutos. También hay otras dos bases cercanas en Bétera y La Vallesa. Omite Moreno que desde el pasado 1 de abril, en que se ha activado el plan especial antiincendios, hay 56 unidades de bomberos y un nuevo helicóptero de refuerzo. Se están poniendo en marcha más medios en la lucha contra el fuego que nunca y, precisamente ahora, le saltan las alarmas tras ocho años de olvido del Botànic”.

Castelló ha señalado que “quienes no movieron un dedo durante años, más empeñados en colocar amigos y engrosar el sector público montando chiringuitos, no pueden ahora exigir nada a los demás y más cuando se está trabajando de manera seria en la lucha contra los incendios forestales”.

Por último, el diputado popular le ha pedido “lealtad para colaborar conjuntamente entre los organismos que deben colaborar juntos contra el fuego”, y ha recomendado al alcalde de Sagunto “menos criticar y más ejecutar las tareas de limpieza y prevención que competen al ayuntamiento”.

El PPCV ha presentado una PNL en Les Corts para que el Gobierno de España tome medidas para evitar las crecientes incidencias en el AVE que conecta Madrid con las capitales de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

El portavoz de Infraestructuras del GPP en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha exigido al ministro Puente que “corte” el incremento de incidencias de los últimos meses por la repercusión que puedan tener en el sector turístico. “Según informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el primer trimestre de este año se ha incrementado el número de pasajeros de Madrid-Alicante un 62% y ese mal funcionamiento del AVE puede dañar la imagen de la Comunitat Valenciana, repercutir en el sector turístico y perjudicar nuestra competitividad”.

El diputado popular ha afirmado que “mientras desde el Consell se llevan a cabo diversas actuaciones para que la Comunitat Valenciana siga estando en lo más alto de los destinos preferidos, nuestros futuros visitantes se encuentran con una caótica situación cuando tienen que desplazarse hacia esta Comunidad a través del tren”.

Para González de Zárate “hay caos generalizado en las estaciones de Madrid, en la red ferroviaria y en los trenes debido a la falta de inversión en obras y mantenimiento. Los viajeros se encuentran con retrasos, esperas interminables, estaciones saturadas de personas intentando que alguien les informe, inundaciones, averías en medio de las vías, trenes parados y numerosas incidencias en el normal funcionamiento de los AVE”.

El portavoz popular de infraestructuras ha lamentado “la escasa implicación del Gobierno de España con el mantenimiento de esta infraestructura estratégica. La falta de conservación se cronifica y estamos viendo cómo el gasto en mantenimiento no alcanza los recursos necesarios.  Le pedimos al ministro Óscar Puente que se ponga las pilas y empiece a trabajar porque hay un constante deterioro de las infraestructuras y falta personal. El propio presidente de Adif, Ángel Contreras, está más preocupado de esquivar el Caso Koldo que de gestionar con eficacia”.

Por último, González de Zárate ha señalado que “el gobierno de Pedro Sánchez dedica todo el mantenimiento y presupuesto a otras comunidades como Cataluña para intentar conseguir el voto separatista y mantenerse en el poder. Tiene que haber igualdad entre territorios, igualdad entre personas y los valencianos estamos cansados de estar a la cola de toda España. También en el tema del tren”.

El PP pedirá la comparecencia en les Corts del exgerente del IVAM que ha fichado como alto ejecutivo de una empresa que logró un contrato millonario del museo en la etapa de Ximo Puig.

Así lo ha anunciado la portavoz de Cultura del GPP, Paqui Bartual, quien ha explicado que Sergi Pérez, gerente del IVAM entre 2019 y 2023 bajo el mandato de Ximo Puig, fue contratado como alto cargo en una empresa a la que adjudicó el servicio de visitas guiadas del museo y que todavía continúa. Se incorporó a esta empresa a los pocos meses de abandonar su puesto en julio de 2023, y el contrato asciende a 1,4 millones de euros”.

La diputada popular ha señalado que “queremos saber si ha incurrido en algún tipo de incompatibilidad, si existen irregularidades o si se incumple la Ley de la Generalitat de 2016 de conflictos de intereses. También queremos conocer si hubo trato de favor a Pérez a cambio de un trabajo posterior, procedimientos de contratación irregulares o falta de control en el manejo de los recursos públicos. En caso de que sea así, procederemos en consecuencia y trasladaremos las posibles irregularidades detectadas a los órganos competentes. Las puertas giratorias parece que funcionan en la izquierda valenciana”.

En este sentido, Paqui Bartual ha recordado que “ya en 2019 el procedimiento para su nombramiento como gerente fue objeto de polémica siendo cuestionado por la Agencia Valenciana Antifraude al presentar diversas irregularidades”.

Bartual ha señalado que la comparecencia de Sergi Pérez “encaja en la comisión de investigación sobre el descontrol del sector público valenciano en la etapa de Puig. Vamos a pedir que Pérez se sume a la lista de los 40 comparecientes de los diferentes organismos públicos en la etapa del Botànic recogidos en el plan de trabajo de la Comisión aprobado ayer”.

 La portavoz de sanidad del GPP, Nieves Martínez, ha señalado que “Sanidad destina más de 80 millones de euros para el plan estival sanitario”.

Martínez ha afirmado que desde la Conselleria “se está trabajando desde el minuto cero para que el verano sea lo más efectivo posible para la población. Los 80 millones de euros se destinan para la redistribución horaria en la asistencia, contrataciones adicionales de personal, la movilidad de facultativos a zonas más turísticas, la aplicación de incentivos y la ampliación del período voluntario en el que los profesionales podrán disfrutar de sus vacaciones hasta el 30 de noviembre”.

En concreto, el plan prevé más de 8.600 contrataciones, en torno a un millar más que el año pasado, y la apertura de 20 consultorios auxiliares de verano y acciones de refuerzo en otros 65 centros de atención sanitaria. “Esto pese a la carencia de médicos por la falta de resolución del Ministerio y la no homologación de los títulos de los médicos extracomunitarios”.

Nieves Martínez ha señalado que desde la Conselleria “han presentado un plan realista y transparente, que explica cuál es la situación y pone sobre la mesa las posibles soluciones pese a las continuas trabas desde el Gobierno de Sánchez que sigue poniéndose de perfil ante las necesidades sanitarias de la Comunitat Valenciana”.

En este sentido, el GPP ha presentado una PNL en Les Corts para denunciar la inacción del Gobierno de España ante la necesidad extrema de profesionales sanitarios. “Desde diciembre venimos advirtiendo de este problema. Debe establecer de manera urgente medidas reales para paliar el déficit de médicos este verano ante la crítica necesidad de profesionales sanitarios que existe en el sistema sanitario valenciano. Asimismo, también se solicita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que agilice la homologación de los títulos de los médicos extracomunitarios y colabore así en la mejora de la respuesta de nuestro sistema sanitario”.

Por último, Nieves Martínez ha señalado que “estos días se dispara la presión asistencial no solo por el obligado cierre de camas hospitalarias por el déficit de facultativos y personal de enfermería sino, sobre todo, por la llegada de más de 4,5 millones de turistas extranjeros en este periodo. Existe un serio problema de falta de médicos y se hace necesario cubrir la falta de profesionales sanitarios de Atención Primaria para este verano y es responsabilidad del Ministerio atender esas carencias”.

María Gómez, diputada del PPCV, ha destacado que “la Vega Baja vuelve a ser una prioridad para el Consell después de ocho años de abandono por parte del Botánico”. Así se ha pronunciado la también alcaldesa de Almoradí, que ha asegurado “que el resultado del PSPV en la Vega Baja de hace un año no fue una casualidad, fue la contestación a ocho años de promesas incumplidas”.

La dirigente popular ha remarcado que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio “no ha eliminado ninguna inversión” y ha subrayado que las actuaciones en las carreteras CV-913, CV-915, CV-941 y CV-950 se llevarán a cabo y que en otras vías hay actuaciones en marcha. En este sentido, ha recordado que ya han comenzado las obras de emergencia para la reconstrucción del puente de la CV-95 sobre la Rambla de Lo Quiles en San Miguel de Salinas por un importe de 2.689.301 euros.

“La comarca ha pasado de estar olvidada a ser una prioridad”, ha destacado Gómez, que ha insistido en que no sólo se mejorarán esas carreteras, sino que también se llevarán a cabo actuaciones en cuestiones tan fundamentales como el agua. “Están planificadas actuaciones en la CV91 y otras vías para mejorar la seguridad vial. Una respuesta tras al abandono del Botánico durante las dos últimas legislaturas y la falta de inversiones del Gobierno de España”, ha remarcado.

La alcaldesa de Almoradí ha afirmado que la Generalitat también está comprometida en realizar actuaciones en materia hídrica. “A través de la Entidad de Saneamiento (EPSAR) la Generalitat invertirá este año un total de 13,1 millones de euros en distintas actuaciones para mejorar los sistemas de depuración y reutilización de agua en la Vega Baja”, ha incidido.

Entre los proyectos destaca la nueva estación de Almoradí, con una actuación global que superará en los próximos años una inversión de más de 20 millones, así como 16 reformas de terciarios para dar cumplimiento a la legislación europea en la materia, la construcción de una nueva estación de bombeo en Pilar de la Horadada y nueve ampliaciones o mejoras en las depuradoras de Orihuela Casco, Orihuela Costa, Pequeñas Orihuela, Callosa de Segura, San Miguel de Salinas y Benferri.

El síndic del GPP, Miguel Barrachina, ha señalado que el PPCV ha pedido juicio oral para el hermano de Ximo Puig por fraude de subvenciones “para evitar que salga impune como sus socios y poder recuperar el dinero de todos los valencianos”.

Barrachina ha afirmado que “queremos que el imputado Francis Puig responda de este caso en el que se han presentado por cuadruplicado facturas y cobrado de los valencianos servicios que nunca se prestaron”.

Miguel Barrachina ha señalado que “queremos evitar que el presidir un gobierno suponga que presuntamente tu familia se enriquezca de manera ilegal, no solo en el caso de Pedro Sánchez, sino también con Ximo Puig con su imputado hermano Francis”.

“No queremos que ocurra lo mismo que sucedió con su socio, que ha logrado no devolver 210.000 euros de todos los valencianos porque el Consell de Puig no fue capaz de pedirle la devolución en tiempo al socio de su hermano. Ahora esperemos que sí se vean resarcidos los valencianos por aquel dinero que, en forma de subvención, cobró en algunas ocasiones por cuadruplicado el hermano del anterior presidente de la Generalitat, Ximo Puig”, ha añadido.

Barrachina ha señalado que “desde el PPCV queremos que se haga justicia y llegar hasta el final del caso. Es fundamental saber lo que ha ocurrido con el dinero de todos los valencianos que han ido a parar a las arcas de las empresas del hermano de Puig y de sus socios a través, presuntamente, de toda una trama de cazasubvenciones para recibir de manera irregular ayudas públicas millonarias otorgadas por el Consell que presidía su hermano”.

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