Actualidad Política

4 de octubre de 2026

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La portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María Gómez, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una auditoría técnica integral, independiente y externa de todas las presas de titularidad estatal situadas en la Comunitat Valenciana.

La petición figura en una Proposición No de Ley presentada por el GPP que plantea analizar el estado estructural de las presas, los órganos de desagüe, los sistemas de auscultación y vigilancia, las comunicaciones y los mecanismos de planificación y respuesta ante posibles emergencias.

“La seguridad de las presas no admite improvisaciones”, ha advertido Gómez, que considera necesario comprobar el funcionamiento de estas infraestructuras ante el riesgo de episodios de lluvias torrenciales.

La diputada ha realizado esta petición coincidiendo, según la información facilitada, con la activación de la alerta roja por lluvias y tormentas fuertes en las provincias de Castellón y Valencia.

La iniciativa también solicita un informe detallado de las inversiones realizadas durante los últimos ocho años en mantenimiento, conservación y seguridad de cada presa estatal de la Comunitat Valenciana.

El GPP reclama que el documento diferencie las cantidades presupuestadas de las efectivamente ejecutadas. “Es necesario saber qué se ha invertido, qué actuaciones se han realizado y qué necesidades siguen pendientes”, ha señalado Gómez.

La propuesta incluye además la elaboración de un plan plurianual específico de inversiones en seguridad de presas, dotado de presupuesto, calendario y prioridades técnicas establecidas según el estado de cada infraestructura y el riesgo existente para las poblaciones situadas aguas abajo.

“Ante episodios como el que estamos viviendo estos días, la prevención no puede quedarse en palabras”, ha concluido Gómez, que reclama al Ejecutivo central actuaciones sobre las presas que son de su competencia.

La portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María Gómez, ha denunciado el “abandono” del Gobierno de España a la Vega Baja y ha criticado que, casi siete años después de la DANA que golpeó la comarca en septiembre de 2019, la Confederación Hidrográfica del Segura haya ejecutado, según los datos señalados por el PP, apenas el 5% de los 330 millones de euros previstos para actuaciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones.

“Han pasado casi siete años desde aquella tragedia y los vecinos de la Vega Baja siguen mirando al cielo cada vez que llega la época de lluvias”, ha advertido Gómez, que considera “absolutamente inaceptable” el nivel de ejecución.

“Los vecinos necesitan obras, no más promesas”

La dirigente popular ha reclamado al Gobierno que acelere unas actuaciones que considera esenciales para garantizar la seguridad de la comarca.

“Cuando baja una rambla, todos tenemos en la cabeza lo que ocurrió aquel septiembre de 2019. Los vecinos no necesitan más anuncios, más planes ni más promesas: necesitan obras ejecutadas que garanticen su seguridad”, ha afirmado.

Gómez considera que el Ejecutivo ha tenido “tiempo más que suficiente” para actuar y ha señalado especialmente el retraso de proyectos aprobados en 2022.

La Campaneta y la rambla de Abanilla siguen pendientes

Entre las principales actuaciones pendientes, la portavoz popular cita el corredor de La Campaneta y el encauzamiento de la rambla de Abanilla, que, según denuncia, continúan todavía en fase de anteproyecto.

Para el PPCV, estos retrasos demuestran que la respuesta del Gobierno central sigue muy por debajo de las necesidades de una comarca especialmente vulnerable ante episodios de lluvias intensas.

“La próxima DANA no va a esperar a que el Gobierno termine sus anteproyectos”, ha advertido Gómez.

Gómez contrapone la actuación de la Generalitat

La portavoz de Agua ha comparado la situación con la actuación de la Generalitat Valenciana y ha asegurado que es la administración autonómica la que está ejecutando actualmente obras sobre el terreno.

Como ejemplos, ha citado el drenaje de la desembocadura del río Segura en Guardamar y la primera fase del corredor verde del Azarbe del Señor.

Gómez también ha recordado el plan Vega Renhace impulsado por el anterior Gobierno del Botànic, al que ha calificado de “otro brindis al sol” que, a su juicio, no resolvió los problemas estructurales de la comarca.

“Después de casi siete años, ya no hay excusas”

La diputada popular ha reclamado al Gobierno de España que priorice definitivamente las infraestructuras hidráulicas pendientes y acelere su ejecución.

“La Vega Baja ya sufrió una catástrofe y sus vecinos no pueden vivir permanentemente con el miedo de que vuelva a ocurrir”, ha señalado.

“Después de casi siete años, el Gobierno ya no tiene excusas: tiene que ejecutar las obras y garantizar de una vez por todas la seguridad de la comarca”, ha concluido.

La diputada del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha puesto en valor la apuesta del Consell de  Juanfran Pérez Llorca por transformar y modernizar el transporte público de la Vega Baja, una demanda histórica de la comarca que, según ha señalado, “por fin se convierte en realidad tras años de abandono y falta de inversiones durante los gobiernos del Botànic”.

Gómez ha celebrado la entrada en funcionamiento del nuevo corredor de autobuses CE-710 Vega Baja-Alicante, que conecta los municipios de la comarca con Alicante, Elche, el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, la estación AVE de Elche, la Universidad de Alicante y los principales centros hospitalarios de la zona.

“Lo que durante años fueron promesas incumplidas hoy son autobuses circulando y mejores conexiones para miles de vecinos”, ha afirmado.

La diputada popular ha destacado que el nuevo corredor incorpora 14 líneas y forma parte de la renovación integral del mapa concesional impulsada por la Generalitat, que ya puso en marcha el corredor CE-714 el pasado mes de febrero y el CE-704 en abril.

“Todas las líneas renovadas ya están operativas y ofrecen más frecuencias, mejores conexiones y una movilidad más eficaz para los ciudadanos de la Vega Baja”, ha explicado.

María Gómez ha recordado que el presidente Juanfran Pérez Llorca anunció que todas las líneas estarían renovadas durante el primer semestre de 2026. “Se dijo y se ha cumplido. Hoy los vecinos pueden comprobar que la mejora del transporte público ya es una realidad”, ha señalado.

Asimismo, ha criticado las voces que cuestionan el nuevo modelo de transporte después de haber permanecido años sin reclamar mejoras para una comarca que sufría uno de los peores servicios interurbanos de toda la Comunitat Valenciana.

“Resulta sorprendente que quienes normalizaron durante años un transporte deficiente intenten ahora desacreditar las mejoras que ya están beneficiando a miles de usuarios”, ha apuntado.

La diputada popular también ha aclarado que la Generalitat ha mantenido contacto permanente con los ayuntamientos afectados durante todo el proceso y ha recordado que los contratos actuales tienen carácter transitorio durante dos años para poder incorporar mejoras antes de las concesiones definitivas.

“Los ayuntamientos han sido escuchados y seguirán participando porque los plazos administrativos continúan abiertos para presentar propuestas y alegaciones”, ha indicado.

Por último, Gómez ha animado a los vecinos a utilizar el nuevo servicio durante los meses de verano, cuando aumenta significativamente la movilidad en la comarca.

“Por primera vez en mucho tiempo, la Generalitat está actuando, invirtiendo y ofreciendo soluciones reales para mejorar el transporte de la Vega Baja”, ha concluido.

La portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María Gómez, ha criticado “la política sectaria e ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez contra el Trasvase Tajo-Segura” tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo.

Gómez ha advertido de que esta resolución supone “un nuevo golpe” para miles de agricultores y familias de la provincia de Alicante que dependen del campo y que llevan años sufriendo “recortes injustificados” impulsados por el Gobierno central.

“La política hídrica del PSOE está condenando a nuestra agricultura, poniendo en riesgo empleo, inversiones y el futuro de un sector estratégico para la Comunitat Valenciana”, ha afirmado.

La diputada popular ha recordado que los regantes reclaman desde hace años “diálogo, consenso y criterios técnicos” frente a decisiones políticas adoptadas “desde los despachos de Madrid”.

Asimismo, María Gómez ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “haya utilizado la planificación hidrológica para reducir progresivamente el agua disponible sin escuchar a los agricultores ni a las comunidades de regantes”.

“Mientras otros territorios reciben inversiones y apoyo, el Gobierno castiga a Alicante con más recortes, más incertidumbre y más ataques a un modelo agrícola eficiente, sostenible y esencial para la economía española”, ha señalado.

La portavoz de Agua del PPCV ha defendido la necesidad de impulsar “un gran pacto nacional del agua” basado en la solidaridad entre territorios, el rigor técnico y la garantía de recursos hídricos para quienes generan riqueza y empleo.

Además, ha reiterado el compromiso del Partido Popular de la Comunitat Valenciana con la defensa del Trasvase Tajo-Segura y de los regantes alicantinos frente a las políticas del Gobierno socialista.

“La provincia de Alicante no puede seguir pagando el precio de los pactos políticos de Pedro Sánchez. Necesitamos soluciones, inversiones hídricas y seguridad para nuestros agricultores, no más ataques ni decisiones unilaterales”, ha concluido.

La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha denunciado la hipocresía del Ejecutivo de Pedro Sánchez al “financiar infraestructuras hídricas en Marruecos mientras se recorta el trasvase Tajo-Segura y se castiga a nuestros agricultores sin el agua que necesitan”. La parlamentaria ha defendido en el pleno de la Cámara autonómica la proposición no de ley del GPP en la que se insta al Gobierno de España a aprobar un Pacto Nacional por el Agua y a garantizar una política hídrica coherente y justa con la Comunitat Valenciana.

“Hoy no debatimos solo sobre agua, debatimos sobre coherencia política, soberanía productiva y justicia territorial”, ha afirmado la diputada popular, quien se ha preguntado “si puede un Gobierno reforzar la capacidad hídrica de un competidor agrícola directo mientras limita estructuralmente la nuestra”.

En opinión de Gómez, el Ejecutivo socialista cae en una “contradicción incomprensible” al negar el agua para el campo valenciano “con el argumento medioambiental” pero financiarla fuera “sin complejos”. La portavoz del GPP ha advertido de que esta política genera “inseguridad permanente para miles de agricultores, sobre todo de Alicante, que viven pendientes cada año de una decisión política que les deja con menos agua y más incertidumbre”.

Frente a esta situación, la iniciativa del GPP propone un gran Pacto Nacional por el Agua consensuado con comunidades autónomas, regantes, entidades locales y sectores afectados, que garantice planificación a largo plazo, seguridad jurídica y estabilidad normativa. “Sin un pacto nacional, el agua se convierte en arma electoral; con un pacto nacional, se convierte en política de Estado”, ha subrayado.

Asimismo, plantea impulsar una Red Estratégica del Agua como sistema de infraestructuras, información y planificación coordinada que permita optimizar recursos y garantizar suministro en territorios con déficit estructural.

La proposición también exige que el Gobierno cumpla y ejecute las actuaciones previstas en los planes hidrológicos con dotación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo las infraestructuras pendientes en la Comunitat Valenciana. “El sector agrícola necesita certezas, inversiones reales y estabilidad para planificar cultivos, modernizar regadíos y mantener empleo”, ha indicado.

María Gómez ha concluido señalando que “el agua ya no es solo un recurso ambiental, es un factor estratégico y geopolítico de primer orden”. “Financiar la autosuficiencia hídrica de terceros países mientras debilitamos la nuestra no es cooperación, es renuncia estratégica y abandono interior. Si España puede apoyar infraestructuras fuera, tiene la obligación de garantizar primero las suyas”, ha finalizado.

La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado colaborar en la modernización de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León después de haber permitido que se perdieran los fondos europeos que se podrían haber destinado a este proyecto estratégico para la provincia de Alicante.

Gómez ha señalado que el Ejecutivo central intenta justificar su negativa con argumentos administrativos cuando “la realidad es que ha fallado en la planificación, en la gestión y en la voluntad política”. “Europa puso los recursos y el Gobierno debía garantizar los plazos. No lo hizo y ahora pretende eludir su responsabilidad”, ha afirmado.

La diputada popular ha destacado que el proyecto Vertido Cero permitiría recuperar hasta 19,5 hectómetros cúbicos anuales de agua que hoy se vierten al mar, un recurso esencial para los regantes del Vinalopó y el Camp d’Elx. Una infraestructura que ha considerado “clave para el futuro de la provincia”.

En contraste, Gómez ha puesto en valor el compromiso del Consell, que elaboró los proyectos, activó los procedimientos necesarios y ofreció cofinanciación. “La Generalitat ha hecho su trabajo; el Gobierno de Sánchez, no”, ha remarcado.

Esta decisión se suma a una larga cadena de agravios contra Alicante. “Mientras se niega una inversión imprescindible para nuestros agricultores, el Gobierno socialista destina recursos a infraestructuras hídricas fuera de España y mantiene a la provincia en el vagón de cola de las inversiones estatales”, ha señalado.

Por último, Gómez ha exigido al Ejecutivo central que rectifique y asuma su responsabilidad. “No se puede hablar de sostenibilidad ni de transición ecológica mientras se abandonan proyectos que garantizan agua, desarrollo y futuro. Alicante no necesita discursos: necesita hechos”, ha concluido.

La diputada del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, María Gómez, ha denunciado que el PSPV “justifique inversiones hídricas en Marruecos mientras Sánchez recorta infraestructuras de agua esenciales para la Comunitat Valenciana”.

Gómez ha calificado las declaraciones realizadas por el secretario de Transición Energética y Agua del PSPV-PSOE, Ramón Abad de “irresponsables, demagógicas y profundamente desleales con la Comunitat Valenciana”.

“Lo verdaderamente lamentable es que el Partido Socialista valenciano salga ahora a justificar las inversiones del servil tratado de Pedro Sánchez con Marruecos, un acuerdo en el que se van a pagar obras de trasvases fuera de España mientras aquí se eliminan infraestructuras fundamentales para nuestros regantes”, ha denunciado Gómez.

La diputada popular ha recordado que dicho tratado no contempla únicamente créditos, como intenta justificar el PSPV, sino que abre la puerta a todas las fórmulas de financiación, incluidas también subvenciones, lo que supone “un agravio intolerable para una tierra que sufre recortes hídricos mientras se defienden inversiones del agua fuera de nuestras fronteras”.

“Es tristísimo que los diputados socialistas valencianos defiendan inversiones del agua en Marruecos mientras se recortan las de su propia tierra. Es una traición al campo valenciano, a nuestros agricultores y a nuestros regantes”, ha afirmado.

Ejecución presupuestaria histórica y récord en políticas de agua

María Gómez ha recordado que el actual Consell ha incrementado en un 60% el presupuesto de la dirección general del Agua, batiendo, así, récord de inversión: “Estamos invirtiendo más que nunca en agua, en regadío y en seguridad hídrica, y eso es lo que verdaderamente duele al Partido Socialista”.

Frente a las acusaciones socialistas, Gómez ha recordado que fue el propio PSPV quien dejó el trasvase Júcar-Vinalopó en una situación de infrautilización estructural: “Cuando el PSOE actuó en el trasvase Júcar-Vinalopó aceptó una balsa, la de San Diego, que pierde agua desde el primer minuto, dejando el propio trasvase infrautilizado desde su inauguración. Ese es su legado real”.

Estado real de las infraestructuras del postrasvase Júcar-Vinalopó

La diputada popular ha detallado el estado real de las infraestructuras del postrasvase Júcar-Vinalopó al explicar que “en la margen derecha están ya concluidas la totalidad de las infraestructuras previstas, mientras que en la margen izquierda la Generalitat ha finalizado el Tramo I de la Fase I, con una inversión de 10 millones de euros, y tiene actualmente en ejecución la Fase II, con un presupuesto de 20 millones de euros, cuya finalización está prevista para agosto de 2026”.

“El socialismo valenciano ha optado por el bulo, la manipulación y la confrontación. Defienden inversiones hídricas fuera de España mientras atacan las que se hacen aquí. Eso no es defensa del territorio, es sumisión política”, ha concluido la diputada popular.

La portavoz de Agua del GPP, María Gómez ha explicado que “hay que ser muy cruel para, con nuestro dinero, financiar trasvases en Marruecos y restringirlos aquí. Es incomprensible que el Gobierno de Pedro Sánchez apoye infraestructuras hídricas en un país competidor agrícola mientras limita los trasvases y el riego en la Comunitat Valenciana”.

La también alcaldesa de Almoradí ha afirmado que “el pacto del Gobierno con Marruecos supone un ataque directo a los agricultores alicantinos. El Gobierno socialista no se conforma con limitar cada vez más el agua a los agricultores alicantinos tras el nuevo recorte al Tajo-Segura sino que incluso subvenciona y promueve desaladoras y trasvases en el país marroquí, lo que aumentará la competencia con los regantes españoles”.

Gómez ha explicado que “Sánchez con nuestro dinero fomenta en Marruecos justo lo contrario que el Gobierno limita en España con los sucesivos recortes que impone para el trasvase Tajo-Segura con el que se riega la huerta de Alicante”.

En este sentido, el GPP ha presentado esta mañana en Les Corts una proposición no de Ley en la que solicita un Pacto Nacional por el Agua, consensuado con las Comunidades Autónomas, regantes, entidades locales, y todos los sectores afectados, que dé cumplimiento a los objetivos medioambientales, respuesta a los déficits hídricos y garantice la disponibilidad de agua en el futuro, desde la solidaridad y la cohesión territorial”.

También se solicita “impulsar una Red Estratégica del Agua, como un conjunto de infraestructuras, sistemas de información, planes y procedimientos que tienen por objeto optimizar la gestión del recurso hídrico en España, así como mantener y mejorar la seguridad hídrica de todos los territorios”.

En tercer lugar, el GPP pide “garantizar la ejecución de las actuaciones previstas de su competencia en los programas de medidas de los planes hidrológicos asegurando las dotaciones precisas en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio”.

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