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La diputada del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha puesto en valor la apuesta del Consell de  Juanfran Pérez Llorca por transformar y modernizar el transporte público de la Vega Baja, una demanda histórica de la comarca que, según ha señalado, “por fin se convierte en realidad tras años de abandono y falta de inversiones durante los gobiernos del Botànic”.

Gómez ha celebrado la entrada en funcionamiento del nuevo corredor de autobuses CE-710 Vega Baja-Alicante, que conecta los municipios de la comarca con Alicante, Elche, el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, la estación AVE de Elche, la Universidad de Alicante y los principales centros hospitalarios de la zona.

“Lo que durante años fueron promesas incumplidas hoy son autobuses circulando y mejores conexiones para miles de vecinos”, ha afirmado.

La diputada popular ha destacado que el nuevo corredor incorpora 14 líneas y forma parte de la renovación integral del mapa concesional impulsada por la Generalitat, que ya puso en marcha el corredor CE-714 el pasado mes de febrero y el CE-704 en abril.

“Todas las líneas renovadas ya están operativas y ofrecen más frecuencias, mejores conexiones y una movilidad más eficaz para los ciudadanos de la Vega Baja”, ha explicado.

María Gómez ha recordado que el presidente Juanfran Pérez Llorca anunció que todas las líneas estarían renovadas durante el primer semestre de 2026. “Se dijo y se ha cumplido. Hoy los vecinos pueden comprobar que la mejora del transporte público ya es una realidad”, ha señalado.

Asimismo, ha criticado las voces que cuestionan el nuevo modelo de transporte después de haber permanecido años sin reclamar mejoras para una comarca que sufría uno de los peores servicios interurbanos de toda la Comunitat Valenciana.

“Resulta sorprendente que quienes normalizaron durante años un transporte deficiente intenten ahora desacreditar las mejoras que ya están beneficiando a miles de usuarios”, ha apuntado.

La diputada popular también ha aclarado que la Generalitat ha mantenido contacto permanente con los ayuntamientos afectados durante todo el proceso y ha recordado que los contratos actuales tienen carácter transitorio durante dos años para poder incorporar mejoras antes de las concesiones definitivas.

“Los ayuntamientos han sido escuchados y seguirán participando porque los plazos administrativos continúan abiertos para presentar propuestas y alegaciones”, ha indicado.

Por último, Gómez ha animado a los vecinos a utilizar el nuevo servicio durante los meses de verano, cuando aumenta significativamente la movilidad en la comarca.

“Por primera vez en mucho tiempo, la Generalitat está actuando, invirtiendo y ofreciendo soluciones reales para mejorar el transporte de la Vega Baja”, ha concluido.

La portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María Gómez, ha criticado “la política sectaria e ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez contra el Trasvase Tajo-Segura” tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo.

Gómez ha advertido de que esta resolución supone “un nuevo golpe” para miles de agricultores y familias de la provincia de Alicante que dependen del campo y que llevan años sufriendo “recortes injustificados” impulsados por el Gobierno central.

“La política hídrica del PSOE está condenando a nuestra agricultura, poniendo en riesgo empleo, inversiones y el futuro de un sector estratégico para la Comunitat Valenciana”, ha afirmado.

La diputada popular ha recordado que los regantes reclaman desde hace años “diálogo, consenso y criterios técnicos” frente a decisiones políticas adoptadas “desde los despachos de Madrid”.

Asimismo, María Gómez ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “haya utilizado la planificación hidrológica para reducir progresivamente el agua disponible sin escuchar a los agricultores ni a las comunidades de regantes”.

“Mientras otros territorios reciben inversiones y apoyo, el Gobierno castiga a Alicante con más recortes, más incertidumbre y más ataques a un modelo agrícola eficiente, sostenible y esencial para la economía española”, ha señalado.

La portavoz de Agua del PPCV ha defendido la necesidad de impulsar “un gran pacto nacional del agua” basado en la solidaridad entre territorios, el rigor técnico y la garantía de recursos hídricos para quienes generan riqueza y empleo.

Además, ha reiterado el compromiso del Partido Popular de la Comunitat Valenciana con la defensa del Trasvase Tajo-Segura y de los regantes alicantinos frente a las políticas del Gobierno socialista.

“La provincia de Alicante no puede seguir pagando el precio de los pactos políticos de Pedro Sánchez. Necesitamos soluciones, inversiones hídricas y seguridad para nuestros agricultores, no más ataques ni decisiones unilaterales”, ha concluido.

La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha denunciado la hipocresía del Ejecutivo de Pedro Sánchez al “financiar infraestructuras hídricas en Marruecos mientras se recorta el trasvase Tajo-Segura y se castiga a nuestros agricultores sin el agua que necesitan”. La parlamentaria ha defendido en el pleno de la Cámara autonómica la proposición no de ley del GPP en la que se insta al Gobierno de España a aprobar un Pacto Nacional por el Agua y a garantizar una política hídrica coherente y justa con la Comunitat Valenciana.

“Hoy no debatimos solo sobre agua, debatimos sobre coherencia política, soberanía productiva y justicia territorial”, ha afirmado la diputada popular, quien se ha preguntado “si puede un Gobierno reforzar la capacidad hídrica de un competidor agrícola directo mientras limita estructuralmente la nuestra”.

En opinión de Gómez, el Ejecutivo socialista cae en una “contradicción incomprensible” al negar el agua para el campo valenciano “con el argumento medioambiental” pero financiarla fuera “sin complejos”. La portavoz del GPP ha advertido de que esta política genera “inseguridad permanente para miles de agricultores, sobre todo de Alicante, que viven pendientes cada año de una decisión política que les deja con menos agua y más incertidumbre”.

Frente a esta situación, la iniciativa del GPP propone un gran Pacto Nacional por el Agua consensuado con comunidades autónomas, regantes, entidades locales y sectores afectados, que garantice planificación a largo plazo, seguridad jurídica y estabilidad normativa. “Sin un pacto nacional, el agua se convierte en arma electoral; con un pacto nacional, se convierte en política de Estado”, ha subrayado.

Asimismo, plantea impulsar una Red Estratégica del Agua como sistema de infraestructuras, información y planificación coordinada que permita optimizar recursos y garantizar suministro en territorios con déficit estructural.

La proposición también exige que el Gobierno cumpla y ejecute las actuaciones previstas en los planes hidrológicos con dotación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo las infraestructuras pendientes en la Comunitat Valenciana. “El sector agrícola necesita certezas, inversiones reales y estabilidad para planificar cultivos, modernizar regadíos y mantener empleo”, ha indicado.

María Gómez ha concluido señalando que “el agua ya no es solo un recurso ambiental, es un factor estratégico y geopolítico de primer orden”. “Financiar la autosuficiencia hídrica de terceros países mientras debilitamos la nuestra no es cooperación, es renuncia estratégica y abandono interior. Si España puede apoyar infraestructuras fuera, tiene la obligación de garantizar primero las suyas”, ha finalizado.

La diputada del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, María Gómez, ha denunciado que el PSPV “justifique inversiones hídricas en Marruecos mientras Sánchez recorta infraestructuras de agua esenciales para la Comunitat Valenciana”.

Gómez ha calificado las declaraciones realizadas por el secretario de Transición Energética y Agua del PSPV-PSOE, Ramón Abad de “irresponsables, demagógicas y profundamente desleales con la Comunitat Valenciana”.

“Lo verdaderamente lamentable es que el Partido Socialista valenciano salga ahora a justificar las inversiones del servil tratado de Pedro Sánchez con Marruecos, un acuerdo en el que se van a pagar obras de trasvases fuera de España mientras aquí se eliminan infraestructuras fundamentales para nuestros regantes”, ha denunciado Gómez.

La diputada popular ha recordado que dicho tratado no contempla únicamente créditos, como intenta justificar el PSPV, sino que abre la puerta a todas las fórmulas de financiación, incluidas también subvenciones, lo que supone “un agravio intolerable para una tierra que sufre recortes hídricos mientras se defienden inversiones del agua fuera de nuestras fronteras”.

“Es tristísimo que los diputados socialistas valencianos defiendan inversiones del agua en Marruecos mientras se recortan las de su propia tierra. Es una traición al campo valenciano, a nuestros agricultores y a nuestros regantes”, ha afirmado.

Ejecución presupuestaria histórica y récord en políticas de agua

María Gómez ha recordado que el actual Consell ha incrementado en un 60% el presupuesto de la dirección general del Agua, batiendo, así, récord de inversión: “Estamos invirtiendo más que nunca en agua, en regadío y en seguridad hídrica, y eso es lo que verdaderamente duele al Partido Socialista”.

Frente a las acusaciones socialistas, Gómez ha recordado que fue el propio PSPV quien dejó el trasvase Júcar-Vinalopó en una situación de infrautilización estructural: “Cuando el PSOE actuó en el trasvase Júcar-Vinalopó aceptó una balsa, la de San Diego, que pierde agua desde el primer minuto, dejando el propio trasvase infrautilizado desde su inauguración. Ese es su legado real”.

Estado real de las infraestructuras del postrasvase Júcar-Vinalopó

La diputada popular ha detallado el estado real de las infraestructuras del postrasvase Júcar-Vinalopó al explicar que “en la margen derecha están ya concluidas la totalidad de las infraestructuras previstas, mientras que en la margen izquierda la Generalitat ha finalizado el Tramo I de la Fase I, con una inversión de 10 millones de euros, y tiene actualmente en ejecución la Fase II, con un presupuesto de 20 millones de euros, cuya finalización está prevista para agosto de 2026”.

“El socialismo valenciano ha optado por el bulo, la manipulación y la confrontación. Defienden inversiones hídricas fuera de España mientras atacan las que se hacen aquí. Eso no es defensa del territorio, es sumisión política”, ha concluido la diputada popular.

La portavoz de Agua del GPP, María Gómez ha explicado que “hay que ser muy cruel para, con nuestro dinero, financiar trasvases en Marruecos y restringirlos aquí. Es incomprensible que el Gobierno de Pedro Sánchez apoye infraestructuras hídricas en un país competidor agrícola mientras limita los trasvases y el riego en la Comunitat Valenciana”.

La también alcaldesa de Almoradí ha afirmado que “el pacto del Gobierno con Marruecos supone un ataque directo a los agricultores alicantinos. El Gobierno socialista no se conforma con limitar cada vez más el agua a los agricultores alicantinos tras el nuevo recorte al Tajo-Segura sino que incluso subvenciona y promueve desaladoras y trasvases en el país marroquí, lo que aumentará la competencia con los regantes españoles”.

Gómez ha explicado que “Sánchez con nuestro dinero fomenta en Marruecos justo lo contrario que el Gobierno limita en España con los sucesivos recortes que impone para el trasvase Tajo-Segura con el que se riega la huerta de Alicante”.

En este sentido, el GPP ha presentado esta mañana en Les Corts una proposición no de Ley en la que solicita un Pacto Nacional por el Agua, consensuado con las Comunidades Autónomas, regantes, entidades locales, y todos los sectores afectados, que dé cumplimiento a los objetivos medioambientales, respuesta a los déficits hídricos y garantice la disponibilidad de agua en el futuro, desde la solidaridad y la cohesión territorial”.

También se solicita “impulsar una Red Estratégica del Agua, como un conjunto de infraestructuras, sistemas de información, planes y procedimientos que tienen por objeto optimizar la gestión del recurso hídrico en España, así como mantener y mejorar la seguridad hídrica de todos los territorios”.

En tercer lugar, el GPP pide “garantizar la ejecución de las actuaciones previstas de su competencia en los programas de medidas de los planes hidrológicos asegurando las dotaciones precisas en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio”.

 El PP ha pedido en Les Corts “establecer criterios técnicos y científicos para cualquier decisión que afecte al trasvase Tajo-Segura y suspender el nuevo aumento del caudal ecológico del río Tajo determinado por el Gobierno por suponer un nuevo recorte de agua para los regantes del trasvase”. Así lo ha solicitado en una proposición no de ley en les Corts.

La portavoz de Agua del GPP, María Gómez ha explicado que “el nuevo aumento del caudal ecológico supone un nuevo recorte de agua aplicado de forma arbitraria por el Gobierno de Sánchez, sin obedecer a ningún criterio técnico. Estamos ante un agravio más que compromete seriamente el futuro del regadío en Alicante”.

En la propuesta también se solicita celebrar una cumbre del agua dando voz a todas las partes implicadas.

Pacto Nacional del Agua

Además, el Grupo Popular también presenta otra PNL en la que solicita al Gobierno adoptar, en primer lugar, “un Pacto Nacional por el Agua consensuado que dé respuesta a los déficits hídricos y garantice la disponibilidad de agua en el futuro; impulsar una Red Estratégica del Agua y, en tercer lugar, garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en los programas de medidas de los planes hidrológicos”.

La diputada popular María Gómez ha afirmado que “no tiene sentido que Sánchez se haya comprometido con Marruecos a ser el financiador de su plan inversor en materia agrícola, es decir que financie trasvases en Marruecos, mientras aquí restringe el agua a los agricultores alicantinos y recorta el caudal del Tajo al Segura”.

“Nos oponemos a que el pacto del Gobierno con Marruecos desarrolle desaladoras y trasvases que aumentarán la competencia con los regantes españoles. Con nuestro dinero Sánchez fomenta en Marruecos justo lo contrario que el Gobierno limita en España con los sucesivos e indiscriminados recortes que se están imponiendo para el trasvase Tajo-Segura con el que se riega la huerta de Alicante. Por eso pedimos un Pacto Nacional por el Agua que garantice la disponibilidad de agua en el futuro en nuestro país, desde la solidaridad y la cohesión territorial”.

La portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, María Gómez, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que “los asuntos relacionados con el agua estén fuera de la ideología”, ya que “de ellos depende el futuro de miles de familias”.

María Gómez se ha pronunciado así tras la entrada en vigor, este 1 de enero, del nuevo recorte al trasvase Tajo-Segura, que reduce aproximadamente a la mitad su volumen anual, con graves consecuencias para la provincia de Alicante y para el conjunto de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la diputada popular ha exigido al Ejecutivo central “que deje de utilizar el trasvase Tajo-Segura como un arma política” y ha reclamado “la retirada inmediata de este hachazo injustificado, así como el acuerdo de nuevas normas de explotación que garanticen el futuro y el mantenimiento de una infraestructura esencial”.

Gómez ha denunciado que este último recorte “no responde a criterios técnicos ni científicos”, especialmente cuando los embalses de cabecera del Tajo se encuentran en niveles récord, mientras “se condena al sureste español a la escasez”. “Es incomprensible que se envíe más agua al mar mientras se seca parte de la provincia de Alicante”, ha subrayado.

La portavoz popular ha recordado además que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, trasladó estas propuestas al presidente del Gobierno durante su visita a La Moncloa. Sin embargo, “el Ejecutivo no se ha pronunciado, demostrando que lo que para miles de familias es vital, para el Gobierno de Sánchez parece un simple capricho”, ha lamentado.

Por último, María Gómez ha insistido en que del trasvase Tajo-Segura “depende el modo de vida de una provincia entera”, al tratarse de “un pilar fundamental de la economía alicantina que sustenta miles de empleos en la agricultura, la industria y el conjunto del tejido productivo”.

“El agua es vida, empleo y futuro, y no puede seguir siendo moneda de cambio política”, ha concluido.