María Gómez: «Ni obras ni limpieza: la receta del Gobierno para que Valencia se inunde otra vez».
La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha calificado de “lamentable e incomprensible” que PSPV y Compromís hayan votado en contra de exigir al Gobierno de España la ejecución de las obras antirriadas previstas y la limpieza de los barrancos y cauces de la Comunitat Valenciana.
Gómez ha recordado que estas actuaciones están incluidas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), y que muchas de ellas se consideran de máxima prioridad. “Vamos ya por el segundo ciclo de planificación y el Gobierno de Sánchez sigue sin ejecutar las obras fundamentales para proteger a los valencianos frente a las lluvias torrenciales”, ha denunciado.
Durante su intervención, la portavoz popular ha recordado que “durante los últimos días, las alertas meteorológicas han vuelto a recordarnos nuestras lluvias torrenciales, calles anegadas, carreteras cortadas, viviendas afectadas y, de nuevo, miradas de sufrimiento e incertidumbre en los ojos de los ciudadanos”. “Son escenas que se repiten año tras año y ahora mismo ya prácticamente mes tras mes, y que se podrían evitar o, al menos, mitigar con una planificación adecuada, un mantenimiento constante y la ejecución de unas obras que llevan demasiado tiempo pendientes”, ha señalado.
“Lo más preocupante es que esto ocurre en una de las regiones de España más expuestas al riesgo de inundación”, ha alertado Gómez. Según la Confederación Hidrográfica del Júcar, cerca del 40% del territorio valenciano tiene algún grado de riesgo. “Sin embargo, seguimos sin consolidar una política seria de prevención estructural”.
La portavoz popular ha explicado que existen numerosos proyectos de defensa frente a inundaciones identificados y aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica, algunos incluso validados por el Consejo de Ministros, que continúan sin ejecutarse. Por ello, lamentó que PSPV y Compromís se hayan negado a apoyar una iniciativa que pedía precisamente instar al Gobierno a acometer esas infraestructuras “imprescindibles para la seguridad de los ciudadanos”.
Además, ha denunciado que la inacción del Ejecutivo central ha supuesto la pérdida de fondos europeos destinados a estas actuaciones, lo que demuestra, en su opinión, una falta total de responsabilidad en materia de protección frente a inundaciones. Gómez ha asegurado que “al cambio climático se le combate con medidas reales, con inversiones y con infraestructuras hidráulicas, no solo con discursos vacíos”.
Finalmente, la portavoz popular ha criticado que los grupos de la izquierda también se hayan opuesto a reclamar la limpieza de los cauces y barrancos, a pesar de que la falta de mantenimiento incrementa el riesgo en cada episodio de lluvias intensas. Las confederaciones hidrográficas, dependientes del Gobierno de España, “ni ejecutan estas tareas ni permiten que los ayuntamientos las realicen en los tramos urbanos, lo que agrava aún más la situación”, ha concluido.
María Gómez: «Sin infraestructuras, el riesgo es constante».
La portavoz de Agua del GPP, María Gómez, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que se ejecuten “de manera urgente y prioritaria” las obras antirriadas y la limpieza de cauces “porque no podemos estar con el corazón en un puño cada vez que hay un episodio de lluvias fuertes”.
El PP ha presentado una propuesta en este sentido que será debatida esta semana en el pleno de Les Corts. La diputada popular ha insistido en que “en los últimos días y semanas ya hemos vivido varios episodios de alertas en la Comunitat Valenciana con el temor por lo que pudiera ocurrir. El modo de evitar posibles daños es acondicionar todos los cauces de ríos, barrancos y ramblas de nuestro territorio, pero desde el Gobierno Sánchez parecen no entenderlo”.
“La prevención más eficaz se consigue mediante la ejecución de infraestructuras antirriadas y obras hidráulicas” ha subrayado Gómez, quien ha añadido que tanto la limpieza como el mantenimiento y vigilancia de los cauces “es competencia exclusiva del Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el caso de nuestra Comunitat”.
Por ello, desde el Grupo Popular “exigimos que se lleven a cabo todas las infraestructuras hídricas antirriada previstas en la Comunitat Valenciana para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante fenómenos de lluvias extremas. Lo que no es de recibo es que el Gobierno siga sin construir las infraestructuras necesarias para proteger a la población frente a fenómenos extremos cada vez más intensos y recurrentes o que a estas alturas, por ejemplo, la CHJ todavía no haya implantado el plan de emergencia en 26 de sus 27 presas”. Además, “es absolutamente urgente la limpieza y mantenimiento de todos los cauces de ríos, barrancos y ramblas de la Comunitat Valenciana”.
En este último caso, la diputada popular ha apuntado que, “al menos se permita a los municipios “dentro de su entorno urbano, puedan realizar ellos mismos la limpieza de los cauces”.
María Gómez: «No queremos más DANAS mortales por culpa de un Gobierno que abandona su deber».
El PP exige a Sánchez en Les Corts la limpieza urgente de barrancos y cauces ante la llegada de las lluvias “para evitar riesgos con el comienzo del otoño”.
El Grupo Popular en Les Corts ha presentado una PNL urgente en la que insta al Consell a que solicite al gobierno de España que las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura “procedan a la limpieza urgente y mantenimiento de los cauces, ríos y ramblas de la Comunitat Valenciana”.
La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha señalado que “estamos muy preocupados por la situación de abandono de la limpieza de los cauces, de forma que, ante precipitaciones importantes, mantengan una capacidad óptima de desalojo de los caudales y se evite el taponamiento y las empalizadas. Los ciudadanos no tenemos por qué volver a sufrir la dejadez, el abandono y la falta de compromiso del gobierno socialista con nuestra tierra”.
“Es crucial trabajar en la prevención -ha continuado-, una circunstancia que a la vista de cómo se encuentran muchos barrancos y cauces llenos de cañas, sedimentos y residuos de todo tipo, es evidente que no existe. No queremos volver a vivir lo sucedido con las últimas lluvias torrenciales provocadas por distintas DANAS. Para eso es clave la prevención, pero parece que a Sánchez eso no le importa”.
María Gómez, también alcaldesa de Almoradí, ha lamentado que “la situación llega hasta el extremo de que hay alcaldes que han reclamado la limpieza con sus propios medios de estos cauces naturales y se han topado con la intransigencia y negativa de una administración pública que, en manos del PSOE, no actúa. Parece que la Confederación no ha aprendido nada de lo que hemos vivido. Tiene muchos deberes que hacer y no los hacen”.
Para la diputada popular “la CHJ y la CHS deben atender la llamada de auxilio de unos alcaldes que ven en sus barrancos un potencial riesgo para sus vecinos. Pero la actuación debe ser conjunta y coordinada, por eso deben asumir sus competencias propias y limpiar, desbrozar y adecuar los cauces en todo su recorrido. Mirar hacia otro lado mientras permanecen de brazos cruzados es poner en riesgo a poblaciones enteras, en una muestra de desidia que nos hace daño a todos”.
Por último, María Gómez ha recordado que “la limpieza, mantenimiento y vigilancia de los cauces es competencia exclusiva del Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, que tiene la obligación de la construcción y conservación de las infraestructuras hidráulicas, así como de la gestión medioambiental del dominio público hidráulico en su demarcación. Es su responsabilidad el mantenimiento del buen estado y la limpieza de los cauces y no lo están haciendo. Parece que estén ocupados en otras cosas”.
María Gómez: «El Gobierno condena a la Comunitat Valenciana a perder empleo y futuro por ideología».
La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha acusado al PSOE de utilizar el agua como “arma política” para contentar a Castilla-La Mancha mientras castiga a la Comunitat Valenciana. La parlamentaria ha reaccionado así a las declaraciones de la portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, que reclamaba acelerar la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Gómez ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez y los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha “vuelven a poner en riesgo el futuro del trasvase Tajo-Segura con decisiones arbitrarias que limitan el acceso al agua a miles de familias que dependen de este recurso para vivir”.
En vísperas de la Semana Mundial del Agua, la parlamentaria ha recordado que el trasvase “no es un capricho, sino una infraestructura esencial que desde hace 46 años garantiza agua de boca a más de 2,5 millones de personas y riego a 140.000 hectáreas en el sureste español”. En este sentido, ha advertido de que los recortes impulsados por el Gobierno central “suponen un golpe letal a nuestra agricultura, a la competitividad de nuestras empresas y a miles de empleos que dependen del agua”.
La portavoz popular ha exigido al Ejecutivo central que “escuche a los regantes, a las organizaciones agrarias y a las instituciones valencianas que llevan meses reclamando soluciones reales y no más castigos”. En este sentido, ha defendido la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional que garantice “un reparto solidario y sostenible del agua en España basado en criterios técnicos y no en decisiones políticas”.
“Mientras el Consell de Carlos Mazón trabaja para asegurar el relevo generacional en el campo, el Gobierno de Pedro Sánchez pone trabas al desarrollo de nuestras tierras. No vamos a permitir que se condene a la Comunitat Valenciana a perder empleo, agricultura y futuro por motivos ideológicas”, ha concluido Gómez.
María Gómez: «Los ataques al trasvase no responden a criterios técnicos, sino ideológicos».
La portavoz del Agua del GPP, María Gómez, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que “garantice la continuidad del trasvase Tajo-Segura, tan necesario y esencial para el desarrollo de la huerta alicantina” a la vez que ha solicitado “el fin de los recortes políticos e ideológicos que venimos sufriendo en los últimos años”.
“Es un hachazo continuo que no corresponde a criterios técnicos, es un ataque político a autonomías gobernadas por el Partido Popular como la Comunitat Valenciana”, ha insistido Gómez. La diputada del GPP ha recordado que “según lo previsto en octubre entrarán en vigor las nuevas reglas de explotación, lo que supondrá unos graves recortes que pueden condenar a nuestros regantes y a nuestra agricultura, lo que puede provocar la desaparición de miles de hectáreas de cultivos”.
“Mientras el Consell de Carlos Mazón lucha y apuesta por el relevo generacional en el campo, el Gobierno central solo pone trabas para el desarrollo y crecimiento de nuestras tierras con medidas que únicamente provocan pérdidas de empleo en una zona en la que la agricultura es uno de los principales motores económicos y cuyos productos se exportan por todo el mundo por su gran calidad”.
La diputada popular ha defendido la necesidad de aprobar y poner en marcha “un plan hidrológico nacional que favorezca que autonomías en las que disponen de más agua de la que necesitan puedan repartir esos excedentes a las que más falta nos hace ese bien tan esencial”.
María Gómez: «El Gobierno prefiere tirar agua al mar antes que garantizar el futuro del campo alicantino».
El PP pide reabrir el diálogo sobre el Trasvase Tajo-Segura y rechaza las nuevas reglas de explotación impuestas unilateralmente por el Gobierno.
El Grupo Popular ha presentado una PNL en les Corts en la que instan al Consell a rechazar firmemente las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica al considerar que “no responden a criterios técnicos objetivos ni cuentan con el consenso de las comunidades autónomas afectadas”.
También se solicita en el texto “la reapertura inmediata del proceso de diálogo institucional y técnico con todas las comunidades autónomas implicadas, con el fin de acordar una gestión sostenible, equitativa y viable del trasvase Tajo-Segura”.
La portavoz de Agua del GPP, María Gómez, ha explicado que “estamos ante un atropello institucional que no tiene sentido porque reducen el volumen hídrico mensual automático y elevan el tope justo cuando los embalses acumulan niveles inéditos y más agua se está lanzando al mar. No tiene ningún sentido. La única explicación es volver a castigar a la Comunitat Valenciana por una cuestión ideológica y partidista. Sánchez y los socialistas nos dejan sin luz y sin agua”.
“Estamos ante una nueva decisión arbitraria del Ejecutivo central que pone en peligro a miles de familias, empleos y empresas de la provincia de Alicante. El Gobierno de Sánchez actúa sin aval técnico, ni consenso territorial, a espaldas de regantes y agricultores y con interés político con el grave perjuicio para la Comunitat Valenciana”, ha añadido.
María Gómez ha afirmado que “todos los grupos parlamentarios deberíamos salir a defender a nuestros agricultores desde la unidad, la justicia y la equidad que merecen nuestros ciudadanos ante esta deslealtad del Gobierno Sánchez. La socialista Morant es cómplice de este nuevo atropello a los regantes perpetrado desde la Moncloa. Ella calla y agacha la cabeza. Nunca consigue nada para nuestra tierra a la que su Gobierno se dedica a castigar. Esta medida pone en peligro una de las zonas más productivas del país”.
La diputada popular ha señalado que “desde el PP vamos a defender con firmeza los derechos hídricos de esta tierra, y no vamos a aceptar que se siga discriminando a la Comunitat Valenciana por criterios ideológico”.
María Gómez: «Las obras clave en barrancos son responsabilidad de Sánchez, pero no ha invertido nada».
La portavoz de agua del GPP, María Gómez, ha señalado que «de los cuatro millones presupuestados en 2024 para obras de encauzamiento se han ejecutado 3,2 millones de euros. Esta ejecución contrasta con la de años anteriores, con el Botànic. Así, en 2021 apenas se ejecutó el 11% de la partida nuevas infraestructuras de encauzamientos de ramblas y barrancos, o el 13,6% en 2020”.
María Gómez ha señalado que “la solución a los problemas de inundación se debe plantear en un ámbito supramunicipal, de cuenca hidrográfica. Y las competencias de encauzar los barrancos son exclusivas del Gobierno central. En área urbana los ayuntamientos pueden actuar y la Generalitat les puede ayudar. Pero las actuaciones por ejemplo en los barrancos del Poyo, la Saleta o el Magro son exclusivas del Gobierno de Sánchez. La Generalitat puede asumir algunas actuaciones menores, pero no son las obras importantes de encauzamiento en estos barrancos”.
En este sentido, la portavoz popular ha acusado al Gobierno de Sánchez de “destinar cero euros en 2024 para obras nuevas que impidan lo sucedido, según los datos de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar”.
Gómez ha explicado que “la Generalitat, en materia de inundaciones, tiene competencias de ordenación territorial; pero en materia de obras sus posibilidades de actuación se limitan a prestar ayuda técnica y económica para encauzamientos y defensas en tramos urbanos en coordinación con los municipios afectados y con la aceptación del organismo de cuenca”.
María Gómez: «Es necesario que el Gobierno de España respete los derechos de los ciudadanos y los sectores productivos de la Comunitat Valenciana en materia hídrica».
El GPP ha solicitado al Gobierno de España la convocatoria urgente de la mesa de la sequía para poner en marcha actuaciones que permitan paliar la alarmante situación actual de sequía.
El GPP ha presentado una propuesta en Les Corts en la que señala que la mesa de la sequía es el foro para tomar decisiones que puedan mitigar las graves consecuencias derivadas del año hidrológico más cálido y uno de los más secos en la Comunitat desde que se tienen registros.
La portavoz del agua del GPP, María Gómez, ha señalado que “es necesario que el Gobierno de España respete los derechos de los ciudadanos y los sectores productivos de la Comunitat Valenciana en materia hídrica, así como la aplicación del principio de igualdad entre regiones”.
“Desde hace años el Gobierno de España viene aplicando recortes como con el trasvase Tajo-Segura que ha sufrido 26 recortes desde 2018, incumpliéndose los compromisos adquiridos con la Comunitat Valenciana en materia hídrica y negando ayudas (hasta en cuatro ocasiones) a nuestros agricultores y ganaderos que están sufriendo las consecuencias de la sequía. Por eso también pedimos en nuestra propuesta que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se sustenten en criterios técnicos y a través de un grupo de trabajo entre todas las comunidades autónomas”, ha añadido.
María Gómez ha recordado que “desde la Conselleria de Agricultura se están adoptando medidas como llevar agua a las explotaciones ganaderas, y un plan de ayudas extraordinarias de 17 millones de euros para la agricultura de secano y la ganadería. Somos líderes en reutilización de agua y se han puesto en marcha actuaciones de emergencia para garantizar el suministro de agua potable en municipios del interior. Por eso, también pedimos en Les Corts, establecer una línea de ayudas destinada a los agricultores y ganaderos que han sufrido pérdidas a consecuencia de la sequía durante 2024, así como impulsar rebajas fiscales para los mismos”.