David García: «Les llaman héroes cuando mueren, pero les niegan medios»
El diputado de VOX por Alicante, David García, ha defendido en el Congreso de los Diputados la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX sobre las prioridades del Gobierno en materia de seguridad, centrando su intervención en la defensa de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado.
Durante su discurso, García ha comenzado recordando a los agentes fallecidos en acto de servicio y ha acusado al Gobierno de abandonar a quienes “protegen a los españoles”.
“Hoy, con este Gobierno, la patria es un cajón de retales y de honor olvidado”, ha afirmado el parlamentario de VOX.
El diputado alicantino ha señalado directamente al Ministerio del Interior y al Ejecutivo de Pedro Sánchez como responsables de la situación de indefensión que sufren los agentes frente a las mafias del narcotráfico.
“Las narcolanchas que asesinaron a nuestros compatriotas las pilotaban los narcotraficantes; la indefensión la firma este Gobierno”, ha denunciado.
En este sentido, VOX ha reclamado más medios materiales, embarcaciones adecuadas, armamento, tecnología, protección jurídica y un refuerzo de plantillas para la Guardia Civil y la Policía Nacional.
David García también ha criticado la falta de respaldo institucional hacia los agentes.
“Reciben heroísmo y precariedad. Les llaman héroes cuando mueren, pero les discuten cada euro cada día”, ha lamentado.
Entre las medidas defendidas por VOX destaca la recuperación inmediata del OCON-Sur y la declaración como zonas de especial singularidad de aquellos territorios especialmente golpeados por el narcotráfico, como el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz.
Según ha explicado García, estas medidas permitirían reforzar la presencia policial y recuperar el control del territorio frente a organizaciones criminales “cada vez más violentas y mejor organizadas”.
Asimismo, VOX ha reclamado el reconocimiento de policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo, junto con una equiparación salarial justa y un respaldo jurídico efectivo que permita a los agentes actuar frente al crimen organizado “sin miedo al abandono político posterior”.
Durante su intervención, el diputado también ha cargado contra el Ejecutivo por sus acuerdos parlamentarios con partidos vinculados al entorno político de ETA.
“En este Congreso se sientan los herederos políticos de quienes justificaron y blanquearon el asesinato de guardias civiles, policías y militares”, ha afirmado.
David García ha acusado además al PSOE de convertir “la memoria de las víctimas en simple moneda parlamentaria”.
El parlamentario de VOX ha concluido defendiendo que “la Guardia Civil no se toca ni ayer por ETA ni hoy por el narco” y ha reclamado un Gobierno que “evite funerales” en lugar de limitarse a acudir a ellos tras las tragedias.
Eva Ortiz: «Europa no avala el uso de fondos europeos para pagar pensiones»
La viceportavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por Alicante, Eva Ortiz Vilella, ha denunciado hoy el “trilerismo político y económico” del Gobierno de Pedro Sánchez al desviar fondos europeos “para pagar los agujeros negros del sanchismo”, alertando además del impacto negativo que esta gestión tiene sobre la economía de las familias españolas.
Así se ha pronunciado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en una pregunta dirigida al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, al que ha preguntado “quién va a asumir la responsabilidad del trilerismo político y económico para pagar la respiración asistida del sanchismo, asfixiado por la corrupción”.
Eva Ortiz ha denunciado también la “falta de transparencia” del Ejecutivo y ha reprochado al Gobierno que “vulnere la ley al negar sistemáticamente la información solicitada por los parlamentarios”.
En este sentido, ha recordado que el Tribunal Supremo “ha vuelto a condenar” al Ejecutivo para que entregue la lista de beneficiarios de los fondos europeos. “¿Lo harán antes del 4 de junio o tendremos que presentar un escrito?”, ha retado al ministro.
La dirigente popular ha asegurado que el Gobierno “colecciona sentencias” y ha señalado que el Tribunal de Cuentas ha destapado el desvío de 2.389 millones de euros de fondos Next Generation para pagar pensiones de clases pasivas durante 2024.
Asimismo, ha advertido de que la propia Comisión Europea reconoce que España ha destinado 10.200 millones de euros de fondos europeos a gasto corriente. “Desvían el dinero de Europa para tapar los agujeros de su nefasta gestión”, ha criticado.
Ortiz ha rechazado además el intento del Ejecutivo de justificar esta práctica mediante una carta de Bruselas. “La Comisión Europea dice textualmente que las pensiones no son gasto elegible del Mecanismo de Recuperación. Europa no avala ese gasto”, ha afirmado.
El PP critica la baja ejecución de los fondos europeos
La senadora del Partido Popular también ha puesto el foco en el bajo nivel de ejecución de los fondos europeos por parte del Gobierno de Sánchez.
“El Ejecutivo habla de éxito mientras Eurostat sitúa a España con una ejecución del 28%. Somos el séptimo país por la cola”, ha recalcado.
“¿Quién será el siguiente imputado?”
Tras la respuesta del ministro, Eva Ortiz ha acusado al Gobierno de utilizar un doble discurso sobre transparencia mientras “el Supremo les ha condenado media docena de veces”.
Además, ha criticado duramente la situación judicial que rodea al Ejecutivo y ha reprochado a Carlos Cuerpo formar parte “del Gobierno cuyo ministro de Transportes y su asesor están en prisión provisional”.
La senadora popular también ha señalado el rescate de Plus Ultra, que, a su juicio, “apesta por las comisiones y por una posible prevaricación del Consejo de Ministros”.
“¿Cómo puede mirarnos hoy a la cara sin avergonzarse? ¿Quién será el siguiente imputado?”, ha concluido.
Miguel Pascual: «El PSOE pone obstáculos a la transparencia en Alicante»
La Comisión de Investigación de las VPP de Alicante se retrasa porque el PSOE quiere ahora que se aplique una resolución de presidencia que dice que la Mesa de la Comisión es la que debe presentar el Plan de Trabajo, en lugar de que los grupos parlamentarios presenten sus planes como se ha hecho en la comisión de Investigación de la Riada.
El portavoz de VOX en la comisión de investigación, Miguel Pascual, ha explicado a los periodistas esta mañana que » Esto ha obligado a la comisión a retrasarla unos 10 días. Nosotros queríamos que esta comisión tuviera mucha agilidad porque en VOX hemos pedido más de 80 comparecientes y eso va a llevar un tiempo y ahora por culpa del partido socialista empezamos mal y se va a retrasar».
Cabe recordar que esta comisión de investigación fue propuesta por VOX. Es muy importante conocer qué pasó exactamente con las viviendas de protección pública de Les Naus de Alicante y saber quiénes son los responsables: «Vamos a pedir la comparecencia del alcalde de Alicante, concejales y concejales de etapas anteriores para que se esclarezcan los hechos. Queremos luz y taquígrafos en la adjudicación de viviendas de protección pública no solo en Alicante, sino en todas las ciudades de la Comunidad Valenciana».
David García: «Las políticas actuales están poniendo en riesgo vidas»
El diputado de VOX en el Congreso, David García, ha defendido en el Pleno una iniciativa de su grupo parlamentario centrada en las medidas necesarias para garantizar la asistencia sanitaria en España.
Durante su intervención, García ha advertido de la situación del sistema sanitario, señalando que se encuentra “saturado, tensionado e incapaz de responder a tiempo”, con retrasos en diagnósticos, atención especializada y tratamientos.
El diputado ha atribuido esta situación a las decisiones adoptadas por distintos gobiernos en los últimos años, indicando que el actual modelo sanitario presenta dificultades para atender la demanda existente.
Asimismo, García ha señalado el impacto de factores como el aumento de la población en el sistema sanitario, afirmando que se ha incrementado la presión asistencial sin un refuerzo proporcional de recursos.
En su intervención, también ha puesto el foco en la situación de los profesionales sanitarios, destacando la carga de trabajo y las condiciones en las que desempeñan su labor, y reconociendo su papel en el sostenimiento del sistema.
Por otro lado, el diputado ha solicitado la disponibilidad en todo el territorio nacional de tratamientos específicos para enfermedades raras, como el medicamento Vyjuvek, dirigido a pacientes con epidermólisis bullosa.
Desde VOX se ha insistido en la necesidad de adoptar medidas que permitan mejorar la eficiencia del sistema sanitario y garantizar una atención adecuada a los ciudadanos.
El caso VPP de Les Naus: cuando la vivienda protegida deja de parecer social.
proyecto residencial para convertirse en un caso político de alto voltaje. Lo que debía ser una iniciativa para facilitar el acceso a vivienda asequible ha terminado bajo investigación judicial y en el centro de un debate sobre transparencia, ética pública y uso de recursos públicos.
La Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al juzgado una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación. Entre los posibles delitos que se investigan figuran el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y la prevaricación administrativa. La jueza ha solicitado documentación al Ayuntamiento, a la Conselleria competente y a la cooperativa promotora para analizar cómo se gestionó el proceso.
El foco: adjudicatarios vinculados a la administración
El elemento que detonó la polémica fue la confirmación de que varios funcionarios municipales y personas con vínculos políticos resultaron beneficiarios de viviendas en la promoción. La presencia de empleados públicos en una adjudicación de vivienda protegida no es ilegal por sí misma, pero se convierte en problema cuando coincide con posibles relaciones directas o indirectas con la tramitación del expediente.
La percepción pública ha sido inmediata: la sospecha de que quienes estaban más cerca de la administración pudieron tener ventaja frente a ciudadanos sin conexión institucional. En un contexto de crisis de acceso a la vivienda, la sensibilidad social es máxima.
Renuncias y revisión administrativa
En plena tormenta mediática y judicial, algunos adjudicatarios han renunciado a sus viviendas. Paralelamente, la Generalitat ha ordenado verificar quién reside realmente en los pisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos de empadronamiento y uso efectivo como vivienda habitual.
Estas decisiones, aunque necesarias, refuerzan la sensación de que el sistema no fue suficientemente transparente desde el inicio.
Un golpe político en plena crisis de vivienda
El caso ha escalado al debate autonómico. La oposición exige explicaciones y responsabilidades políticas, mientras el equipo de gobierno defiende la legalidad del procedimiento. Más allá de las responsabilidades penales que determine la justicia, el daño reputacional ya está hecho.
El problema no es solo jurídico. Es político y social.
En un momento en que miles de jóvenes y familias compiten por vivienda protegida, cualquier sospecha de favoritismo erosiona la confianza ciudadana. La vivienda pública no puede permitirse sombras. Su legitimidad descansa precisamente en la igualdad de oportunidades.
La cuestión de fondo
El caso VPP de Les Naus abre una pregunta incómoda: ¿están blindados los procedimientos de adjudicación frente a conflictos de interés reales o potenciales?
La investigación judicial determinará si hubo delito. Pero la dimensión política va más allá. La gestión de la vivienda protegida exige estándares de transparencia extremos. Cuando esos estándares se perciben como vulnerados, aunque sea por apariencia, el coste institucional es alto.
La vivienda pública está pensada para quienes más la necesitan. Si la ciudadanía percibe que el sistema puede favorecer a quienes están dentro del aparato administrativo, el modelo pierde credibilidad.
El caso Les Naus no es solo un expediente judicial. Es un test sobre la confianza en la gestión pública de la vivienda.
Miguel Pascual: «Ni un caso más de corrupción en la vivienda valenciana»
El diputado del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Miguel Pascual, ha iniciado su intervención en el Pleno recordando que «cuando VOX entró en este parlamento en el año 2019 pudimos plasmar en el debate público lo que llevábamos años diciendo en la calle. Por entonces, el acceso a la vivienda era un problema que iba creciendo como la espuma, pero ahora, en 2026, defendemos que esta sea la primera de las legislaturas de la vivienda.»
«VOX está aquí trabajando desde el minuto uno para que, cuanto antes, el acceso a la vivienda sea una realidad que puedan vivir y disfrutar todos los valencianos, alicantinos y castellonenses.»
A continuación, el diputado ha hecho hincapié en que «por ello, VOX no puede mirar hacia otro lado cuando aparece la más mínima sospecha de corrupción y más cuando se trata de un asunto tan sensible como este. Por esta razón, hemos registrado la solicitud de creación de una comisión de Investigación para arrojar luz sobre todos los aspectos de la promoción de Viviendas de Protección Pública en la Residencial Les Naus de Alicante»
«Tras 20 años sin haberse ejecutado ni una sola vivienda de protección pública en Alicante, la primera noticia no es su entrega a los vecinos, sino el trapicheo y la falta de control por parte del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalitat Valenciana. Además, para mayor indignación, cuando se le exige al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que aclare todas y cada una de las preguntas, resulta que no es capaz de contestar.»
El diputado ha explicado que «todo apunta a que algo no ha funcionado correctamente y más cuando el ayuntamiento era conocedor de todo esto porque había sido alertado por algunas de sus concejalías meses antes de que todo esto saliese a la luz. Según parece todos eran conocedores de esta promoción, a excepción de su propio alcalde, que ya sea por ignorancia u omisión debería haber dimitido desde el minuto uno.»
Pascual ha reiterado que «luz y taquígrafos para que todo este entramado quede investigado y que nunca vuelva más a ocurrir. Ni un caso más de corrupción en la Comunidad Valenciana y mucho menos en el acceso a la vivienda.»
«Todo aquel que tenga que asumir responsabilidades políticas, que las asuma y si ha habido espabilados que han querido hacer negocio con viviendas pagadas por todos y que van destinadas a valencianos de a pie, que las devuelvan y que paguen las consecuencias de haberlo hecho.»
María Gómez: «Sánchez deja a Alicante sin fondos europeos para depuración y reutilización de agua»
La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado colaborar en la modernización de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León después de haber permitido que se perdieran los fondos europeos que se podrían haber destinado a este proyecto estratégico para la provincia de Alicante.
Gómez ha señalado que el Ejecutivo central intenta justificar su negativa con argumentos administrativos cuando “la realidad es que ha fallado en la planificación, en la gestión y en la voluntad política”. “Europa puso los recursos y el Gobierno debía garantizar los plazos. No lo hizo y ahora pretende eludir su responsabilidad”, ha afirmado.
La diputada popular ha destacado que el proyecto Vertido Cero permitiría recuperar hasta 19,5 hectómetros cúbicos anuales de agua que hoy se vierten al mar, un recurso esencial para los regantes del Vinalopó y el Camp d’Elx. Una infraestructura que ha considerado “clave para el futuro de la provincia”.
En contraste, Gómez ha puesto en valor el compromiso del Consell, que elaboró los proyectos, activó los procedimientos necesarios y ofreció cofinanciación. “La Generalitat ha hecho su trabajo; el Gobierno de Sánchez, no”, ha remarcado.
Esta decisión se suma a una larga cadena de agravios contra Alicante. “Mientras se niega una inversión imprescindible para nuestros agricultores, el Gobierno socialista destina recursos a infraestructuras hídricas fuera de España y mantiene a la provincia en el vagón de cola de las inversiones estatales”, ha señalado.
Por último, Gómez ha exigido al Ejecutivo central que rectifique y asuma su responsabilidad. “No se puede hablar de sostenibilidad ni de transición ecológica mientras se abandonan proyectos que garantizan agua, desarrollo y futuro. Alicante no necesita discursos: necesita hechos”, ha concluido.
David García denuncia la «hipocresía fiscal» del Gobierno de Sánchez.
El diputado nacional de VOX por Alicante, David García, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “volver a utilizar la máquina del humo” para desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan a las familias españolas.
García ha reaccionado con contundencia al anuncio del Ejecutivo sobre una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuestionando su efectividad real. “¿De qué sirve que te den 50 euros más si la mitad se la queda el Estado y la otra mitad se la come la inflación?”, se ha preguntado. “Sube la luz, sube la compra, sube el alquiler… muchas familias apenas pueden llegar a final de mes. Hay familias en situación de pobreza real”.
El parlamentario ha denunciado que, mientras el Gobierno presume de medidas sociales, “cada día se inventan un impuesto nuevo para saquear el bolsillo de los españoles”. Y ha arremetido contra el uso de los fondos públicos: “Cogen ese dinero y lo reparten cada martes a terceros países en lugar de invertirlo en las familias españolas”.
Para David García, esta política no tiene nada de justicia social: “Eso no es justicia social, eso es hipocresía fiscal, un sistema de pasta, engaños y mentiras”.
Desde VOX, García ha exigido “acabar de una vez por todas con el saqueo sistemático al contribuyente español” y ha defendido una política fiscal centrada en las familias, los trabajadores y las pequeñas empresas que “sostienen a este país con esfuerzo diario”.