Miguel Pascual exige toda la verdad sobre las viviendas protegidas de Les Naus.
La comisión de investigación sobre el caso de las Viviendas de Protección Pública de Les Naus, constituida a iniciativa del Grupo Parlamentario VOX en Les Corts Valencianes y presidida por Ana Vega, de VOX, ha celebrado esta mañana su segunda sesión con la comparecencia de la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alicante.
La compareciente ha optado por acogerse a su derecho a no responder a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios, una decisión que VOX ha lamentado al considerar que los alicantinos merecen conocer toda la verdad sobre un caso que ha generado una enorme preocupación social.
Durante la sesión, el portavoz de VOX en la comisión, Miguel Pascual, ha formulado un amplio bloque de preguntas dirigido a esclarecer las posibles responsabilidades políticas, administrativas y éticas derivadas de la actuación de la compareciente en un procedimiento que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.
Las preguntas de VOX se han centrado, entre otras cuestiones, en determinar cuándo conoció la promoción de viviendas protegidas de Les Naus; cómo accedieron sus hijos y un sobrino a la cooperativa adjudicataria; si dispuso o trasladó información obtenida por razón de su cargo; por qué no se abstuvo de intervenir en expedientes que afectaban a una promoción en la que participaban familiares directos; y cuál fue el motivo de diversas actuaciones realizadas desde su puesto como jefa de Contratación.
Entre esas actuaciones, VOX ha destacado el conocido correo electrónico en el que instaba a agilizar la concesión de la licencia de obras de la promoción.
El objetivo de VOX es aclarar las circunstancias de sus intervenciones en el expediente, las relaciones mantenidas con responsables de la cooperativa y de la promotora, las razones de su dimisión como directora general y su continuidad al frente de la jefatura de Contratación, así como las posibles incompatibilidades y conflictos de interés derivados de su actuación.
Sin embargo, ninguna de estas cuestiones ha obtenido respuesta.
El portavoz de VOX en la comisión, Miguel Pascual, ha lamentado que “una persona que ocupa un puesto de máxima responsabilidad en la contratación pública del Ayuntamiento de Alicante haya decidido guardar silencio ante una comisión parlamentaria creada precisamente para esclarecer unos hechos que han generado una enorme preocupación social”.
Pascual ha explicado que VOX respeta plenamente el derecho que asiste a la compareciente como investigada, pero ha subrayado que los ciudadanos también tienen derecho a conocer si quienes gestionan recursos y patrimonio públicos actuaron con absoluta imparcialidad o si existieron intereses particulares que pudieron condicionar decisiones administrativas.
El diputado de VOX ha recordado que la función de esta comisión no es sustituir a los tribunales, sino depurar responsabilidades políticas y conocer cómo fue posible que familiares directos de altos cargos municipales acabaran beneficiándose de una promoción de vivienda protegida mientras esos mismos responsables seguían interviniendo en el expediente.
“Queríamos respuestas sobre cuestiones muy concretas: cuándo conoció la promoción, cómo llegaron sus familiares a la cooperativa, por qué no se abstuvo, por qué intervino en distintas fases del procedimiento y por qué llegó incluso a solicitar que se agilizaran determinados trámites administrativos. Hoy no hemos obtenido ninguna explicación”, ha señalado Pascual.
Miguel Pascual ha asegurado que el silencio de la compareciente no frena el trabajo de esta comisión. Al contrario, ha afirmado que refuerza la necesidad de continuar investigando, recabando documentación y escuchando a todos los comparecientes necesarios hasta reconstruir con total transparencia lo sucedido.
Finalmente, el portavoz de VOX ha reiterado el compromiso del Grupo Parlamentario con el esclarecimiento de los hechos.
“El GP VOX impulsó esta comisión porque creemos que los valencianos y, especialmente, los alicantinos merecen saber toda la verdad sobre el caso Les Naus. Vamos a seguir trabajando con rigor, sin aceptar zonas oscuras ni explicaciones incompletas. La transparencia y la ejemplaridad en la gestión pública no son opcionales; son una obligación para cualquier servidor público”, ha concluido Miguel Pascual.
El caso VPP de Les Naus: cuando la vivienda protegida deja de parecer social.
proyecto residencial para convertirse en un caso político de alto voltaje. Lo que debía ser una iniciativa para facilitar el acceso a vivienda asequible ha terminado bajo investigación judicial y en el centro de un debate sobre transparencia, ética pública y uso de recursos públicos.
La Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al juzgado una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación. Entre los posibles delitos que se investigan figuran el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y la prevaricación administrativa. La jueza ha solicitado documentación al Ayuntamiento, a la Conselleria competente y a la cooperativa promotora para analizar cómo se gestionó el proceso.
El foco: adjudicatarios vinculados a la administración
El elemento que detonó la polémica fue la confirmación de que varios funcionarios municipales y personas con vínculos políticos resultaron beneficiarios de viviendas en la promoción. La presencia de empleados públicos en una adjudicación de vivienda protegida no es ilegal por sí misma, pero se convierte en problema cuando coincide con posibles relaciones directas o indirectas con la tramitación del expediente.
La percepción pública ha sido inmediata: la sospecha de que quienes estaban más cerca de la administración pudieron tener ventaja frente a ciudadanos sin conexión institucional. En un contexto de crisis de acceso a la vivienda, la sensibilidad social es máxima.
Renuncias y revisión administrativa
En plena tormenta mediática y judicial, algunos adjudicatarios han renunciado a sus viviendas. Paralelamente, la Generalitat ha ordenado verificar quién reside realmente en los pisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos de empadronamiento y uso efectivo como vivienda habitual.
Estas decisiones, aunque necesarias, refuerzan la sensación de que el sistema no fue suficientemente transparente desde el inicio.
Un golpe político en plena crisis de vivienda
El caso ha escalado al debate autonómico. La oposición exige explicaciones y responsabilidades políticas, mientras el equipo de gobierno defiende la legalidad del procedimiento. Más allá de las responsabilidades penales que determine la justicia, el daño reputacional ya está hecho.
El problema no es solo jurídico. Es político y social.
En un momento en que miles de jóvenes y familias compiten por vivienda protegida, cualquier sospecha de favoritismo erosiona la confianza ciudadana. La vivienda pública no puede permitirse sombras. Su legitimidad descansa precisamente en la igualdad de oportunidades.
La cuestión de fondo
El caso VPP de Les Naus abre una pregunta incómoda: ¿están blindados los procedimientos de adjudicación frente a conflictos de interés reales o potenciales?
La investigación judicial determinará si hubo delito. Pero la dimensión política va más allá. La gestión de la vivienda protegida exige estándares de transparencia extremos. Cuando esos estándares se perciben como vulnerados, aunque sea por apariencia, el coste institucional es alto.
La vivienda pública está pensada para quienes más la necesitan. Si la ciudadanía percibe que el sistema puede favorecer a quienes están dentro del aparato administrativo, el modelo pierde credibilidad.
El caso Les Naus no es solo un expediente judicial. Es un test sobre la confianza en la gestión pública de la vivienda.
Pastor: «La diferencia es clara: nosotros damos explicaciones, ustedes bloqueaban investigaciones»
El portavoz del Grupo Popular en Les Corts, Fernando Pastor, ha asegurado que “el PP ha hecho más en tres semanas para aclarar y depurar las irregularidades en la promoción de Les Naus que cualquier comisión de investigación parlamentaria”. El síndic del GPP ha defendido el apoyo de su grupo a la creación de una comisión sobre este asunto “porque no tenemos nada que ocultar y creemos en la transparencia”.
Pastor ha recordado que en menos de 24 horas desde que se conocieron los hechos se asumieron responsabilidades políticas y se trasladó el caso a la Fiscalía. “Una comisión de investigación no sustituye a la justicia. Nosotros hemos actuado con rapidez, contundencia y luz y taquígrafos. Esa es la diferencia”, ha señalado.
El portavoz popular ha subrayado que la parcela de Les Naus cumplió las condiciones fijadas en 2018 por el gobierno del Botànic y el entonces alcalde socialista de Alicante. “Las reglas del proyecto las decidieron ustedes. Fingir ahora sorpresa es un ejercicio de cinismo político”, ha indicado, recordando que el exalcalde Gabriel Echávarri fue inhabilitado por el Tribunal Supremo.
Pastor ha explicado que el GPP ha apoyado dos comisiones de investigación en la presente legislatura sobre cuestiones que afectan al actual ejecutivo autonómico, algo que era impensable con el Botànic. En este sentido, ha denunciado que “el PSPV y Compromís impidieron sistemáticamente que se investigaran casos que afectaban a la administración del Botànic”, entre los que ha enumerado el presunto desvío de fondos al hermano del ex president Ximo Puig o la supuesta financiación de Podemos a través de una fundación relacionada con el gobierno de Venezuela.
“Aquí se viene primero dando ejemplo. Y ustedes, ni en esta legislatura ni en ninguna, lo han dado”, ha afeado el portavoz popular, quien ha reprochado a los socialistas su “falta de coherencia” al solicitar una comisión de investigación mientras, en otros casos como el de la dana, han impedido la comparecencia de responsables públicos del Gobierno de Pedro Sánchez y la entrega de documentación de agencias estatales.
Para Pastor, “el problema para la izquierda no es que se investigue, sino que este Consell está dando resultados”, como por ejemplo la puesta en marcha de 4.800 viviendas de promoción pública en la Comunitat Valenciana o la concesión de 2.350 avales a jóvenes frente al cero que supuso el Botànic para esta materia. “Ustedes no tienen nada que ofrecer. Nosotros no tenemos nada que ocultar”, ha concluido.