Actualidad Política

1 de agosto de 2026

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El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, ha asegurado que “ya se sabían muchas cosas” sobre José Luis Rodríguez Zapatero y ha acusado al expresidente socialista de haber generado expectativas a ETA de lograr objetivos políticos durante sus años al frente del Gobierno.

Así lo ha manifestado durante la clausura de una jornada organizada por el PP vasco sobre la situación de la sanidad en Euskadi, celebrada en Vitoria.

De Andrés ha afirmado que el Gobierno de Zapatero fue “especialmente negativo” para el País Vasco y ha criticado su política respecto a la banda terrorista ETA.

“Cuando ETA estaba prácticamente derrotada y sin capacidad operativa, llegó Zapatero a generar expectativas de que todavía podían conseguir algo mediante una negociación política”, ha denunciado.

El dirigente popular ha defendido que los gobiernos del Partido Popular siempre actuaron desde la firmeza democrática y evitando cualquier cesión al terrorismo.

“Lo que siempre se había intentado evitar era precisamente que ETA creyera que podía obtener objetivos políticos mediante la violencia”, ha señalado.

Asimismo, Javier De Andrés ha acusado al expresidente socialista de actuar desde la “ambigüedad” frente a los totalitarismos y de mantener relaciones políticas con regímenes autoritarios.

“Zapatero siempre ha tenido empatía con todos los totalitarismos y con todos los sátrapas”, ha afirmado.

El presidente del PP vasco también ha vinculado a Rodríguez Zapatero con las investigaciones judiciales relacionadas con Venezuela y el caso Plus Ultra.

“Ha utilizado Venezuela y su dictadura para forrarse él y su entorno”, ha asegurado.

De Andrés ha criticado además la reacción del PSOE ante las investigaciones que afectan al expresidente socialista.

“A algunos les sorprende ahora, pero esto encaja perfectamente con todo su historial político”, ha señalado.

El dirigente popular ha acusado al socialismo de utilizar “la propaganda” como herramienta para ocultar los problemas reales y ha lamentado la degradación política e institucional que, a su juicio, representa el sanchismo.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Rocío Dívar, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de favorecer una “amnistía encubierta” para miembros de la banda terrorista ETA mediante la aplicación “indiscriminada” del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Dívar ha preguntado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, si el Ejecutivo piensa adoptar medidas para evitar excarcelaciones de condenados por terrorismo que los tribunales consideran “prematuras o injustificadas”.

“La aplicación abusiva del artículo 100.2 se ha convertido en un atajo hacia la semilibertad para miembros de ETA”, ha denunciado.

La dirigente popular ha advertido de que esta situación representa “una señal de alarma institucional” y ha recordado que la Audiencia Nacional ha tenido que intervenir para corregir decisiones penitenciarias.

En este sentido, Rocío Dívar ha citado el reciente auto que revocó la semilibertad de la etarra Anoboto, condenada a cientos de años de prisión, al considerar que la medida causaba “perplejidad social y dolor a las víctimas”.

“La propia Audiencia Nacional plantea revisar el precepto porque el sistema está siendo desnaturalizado”, ha señalado.

La senadora del PP ha acusado además al Gobierno de desentenderse deliberadamente de estas decisiones tras la transferencia de competencias penitenciarias al País Vasco.

“Cuando el Gobierno dice que esto es competencia autonómica, lo que realmente está diciendo es que no quiere intervenir”, ha afirmado.

Según Dívar, las excarcelaciones responden a “una decisión política derivada de la aritmética parlamentaria” y a la dependencia del Ejecutivo de los votos de EH Bildu.

“Todo esto ocurre mientras el Gobierno depende de Bildu para seguir en el poder”, ha denunciado.

La portavoz adjunta del GPP ha defendido que el cumplimiento íntegro de las penas “no es una opción, sino una obligación del Estado de Derecho”.

Asimismo, ha criticado que los tribunales estén corrigiendo decisiones penitenciarias “prematuras, injustificadas y dañinas para las víctimas”.

“Corregir estas decisiones supondría tensar la relación con Bildu y poner en riesgo la estabilidad parlamentaria del Gobierno”, ha advertido.

Antes de concluir, Rocío Dívar ha rechazado las acusaciones dirigidas al Partido Popular sobre el uso político del terrorismo.

“No vamos a aceptar lecciones de quienes dependen de los herederos de ETA para seguir gobernando”, ha afirmado.

“El Partido Popular seguirá defendiendo la memoria, la dignidad de las víctimas y el cumplimiento íntegro de las penas frente a cualquier cesión política”, ha concluido.

El Partido Popular del País Vasco ha denunciado que el Partido Socialista ha renunciado a “la defensa de una ética democrática” con el objetivo de mantenerse en el poder, y ha criticado lo que considera una “actitud servil” hacia EH Bildu.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha señalado en una comparecencia en Bilbao que el PSOE está haciendo un “uso torticero de la administración penitenciaria” para cumplir un supuesto compromiso de excarcelación de presos de ETA.

“El Partido Popular defiende que no se puede renunciar a los principios éticos ni al Estado de derecho por intereses políticos”, ha afirmado.

Críticas a la gestión penitenciaria

El PP vasco ha cuestionado la aplicación del artículo 100.2 del Código Penal, señalando que su uso mayoritario en favor de presos de ETA no responde a criterios de justicia.

“El Partido Popular considera que no es casual que un porcentaje tan elevado de estas medidas beneficie a condenados por delitos graves”, ha advertido De Andrés.

Defensa de las víctimas y del Estado de derecho

La formación popular ha mostrado su respeto a las víctimas del terrorismo y ha criticado que actos en su memoria se utilicen para confrontación política.

“El Partido Popular defiende la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas, frente a cualquier intento de blanqueamiento o manipulación”, ha subrayado.

Acusaciones de cesiones políticas

De Andrés ha señalado que el PSOE prioriza sus acuerdos políticos por encima del interés general, denunciando una estrategia basada en “anteponer el poder a la ética”.

“El Partido Popular considera que estas decisiones tienen consecuencias negativas para la convivencia y para los principios democráticos de la sociedad”, ha indicado.

Compromiso del PP

El PP vasco ha asegurado que seguirá defendiendo la aplicación justa de la ley y los principios del Estado de derecho, pese a las críticas recibidas.

“El Partido Popular reafirma su compromiso con la convivencia, la justicia y el respeto a las víctimas, pilares fundamentales de nuestra democracia”, ha concluido.

El Partido Popular reitera así su defensa de los valores constitucionales y de una política basada en la responsabilidad y la ética pública.

El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha denunciado “con la máxima firmeza” los hechos ocurridos durante la celebración de la Korrika este fin de semana, señalando la existencia de homenajes a etarras, enaltecimiento de presos de ETA y la utilización política del evento.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Jiménez ha criticado la presencia de simbología separatista y ha cuestionado el uso de recursos públicos para financiar actividades que, según VOX, suponen una exaltación del terrorismo.

En este sentido, el portavoz ha señalado que tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona y el Parlamento foral han destinado fondos públicos a esta iniciativa, lo que considera especialmente grave.

VOX ha reiterado su posición favorable a condenar este tipo de actos y ha exigido la prohibición de la Korrika mientras, según la formación, continúe produciéndose este tipo de situaciones. Asimismo, ha reclamado la apertura de un procedimiento sancionador.

Además, el grupo parlamentario ha anunciado que preguntará al Gobierno de Navarra en la próxima sesión de control si tiene previsto seguir financiando este evento en el futuro.

Por otro lado, VOX ha registrado una pregunta sobre los incidentes relacionados con el grupo Indar Gorri en el estadio de El Sadar, denunciando la existencia de episodios de violencia en el ámbito deportivo y reclamando medidas para garantizar la seguridad.

En materia sanitaria, la formación ha criticado la situación de las listas de espera en Navarra, señalando que, pese al aumento del presupuesto, los tiempos de atención no han mejorado, lo que obliga a muchos ciudadanos a recurrir a la sanidad privada.

Finalmente, VOX ha anunciado que solicitará informes a la Cámara de Comptos sobre la gestión de recursos públicos, con el objetivo de analizar posibles irregularidades y mejorar la eficiencia en la administración.

El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en el Pleno una Proposición No de Ley (PNL) en la que exige al Gobierno mayor transparencia e información detallada sobre los beneficios penitenciarios concedidos a miembros de la organización terrorista ETA.

La iniciativa reclama poner fin a una política penitenciaria basada —según el Partido Popular— en “indultos encubiertos” motivados por intereses políticos, y exige que se haga público el número de presos etarras que han accedido en los últimos siete años al tercer grado o a regímenes de flexibilización, así como el número de permisos ordinarios y extraordinarios concedidos.

El diputado del PP, José Virgilio Menéndez, ha denunciado que el actual contexto responde a un “pacto de legislatura” que, a su juicio, supone “una amnistía general encubierta”, criticando la actitud de los grupos de izquierda por su “complicidad” con formaciones vinculadas al entorno de la banda terrorista.

El texto aprobado también exige que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación penitenciaria para acceder a estos beneficios, entre ellos el abandono efectivo del terrorismo, la colaboración con las autoridades, el arrepentimiento expreso y la petición de perdón a las víctimas.

En este sentido, Menéndez ha subrayado que “las víctimas están siendo arrastradas en su dignidad por intereses políticos”, y ha denunciado que el Gobierno ha debilitado la confianza en la Justicia. “Lo más grave no es solo el trato a las víctimas, sino haberles robado la esperanza en la Justicia”, ha afirmado.

El Partido Popular defiende que se garantice una aplicación estricta del marco legal en materia penitenciaria, reforzando los mecanismos de control y supervisión, especialmente en aquellas comunidades autónomas con competencias en la gestión penitenciaria.

Asimismo, la iniciativa plantea dotar de más recursos a la Fiscalía y a los órganos de vigilancia penitenciaria para asegurar un control efectivo de las decisiones adoptadas, así como promover reformas legislativas que impidan el uso de mecanismos excepcionales para conceder beneficios de forma discrecional.

El Partido Popular reafirma su compromiso con las víctimas del terrorismo, la legalidad y la igualdad ante la ley, exigiendo que la ejecución de las penas se base exclusivamente en criterios jurídicos, técnicos y objetivos.

El portavoz Nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, se ha desplazado hoy hasta Navarra, donde ha hecho declaraciones a los medios, para recordar que la formación tramitó la pasada semana “para ilegalizar a ETA”. Porque, tal y como ha denunciado, la banda terrorista “se ha incrustado en las instituciones democráticas a través de una marca blanca”.

En este sentido, ha argumentado que, para VOX, el límite para tomar la palabra en los parlamentos es la violencia. “Quien no renuncia a eso no puede tener voz en ninguna institución democrática”, ha explicado Vázquez. En definitiva, “no vamos a consentir que los chicos de las pistolas entren y tengan la voz en los parlamentos democráticos”.

De la misma manera, ha dicho, “no se puede consentir que los ultras sean los que manden en los estadios de fútbol”. Y ha defendido la presencia policial en los campos de fútbol, después de que “los políticos, los de siempre, los que no rechazan la violencia” ahora vayan a discutir a qué cuerpo policial echan del estadio de Osasuna”. “¿A qué cuerpo policial? A quienes hay que echar de los estadios es a los violentos. Esos son a los únicos a los que hay que echar de los terrenos de juego donde asisten muchísimos niños que no pueden tener a estos como ejemplo”, ha dicho con contundencia.

Respecto a la inmigración, el portavoz Nacional ha celebrado que los compañeros de Navarra hayan conseguido un informe de la Policía Foral que indica “el impacto en nuestros barrios y con nuestros hijos de la invasión migratoria”. Un informe que indica que casi el 70% de los delitos violentos y graves los cometen los ilegales.

“No hablo de delitos contra el patrimonio, hablo de delitos contra las personas”, ha aclarado Vázquez, quien ha preguntado “cuántos de esos delitos, violaciones a niñas, apuñalamientos se podrían haber evitado con un control de fronteras como llevamos más de una década pidiendo”. Al mismo tiempo que ha exigido responsabilidades políticas, porque ahora “¿quién se hace responsable de esos delitos?”.

Y es que, tal y como ha denunciado, “el resto de los partidos intentó ocultar esas cifras para no darle la razón a VOX”, es decir, “para no caer en la intención de voto, para que los ciudadanos no supieran la verdad y no supieran quiénes son los responsables de la nueva realidad criminal que se vive en esta tierra”.

La senadora del Grupo Parlamentario Popular, Marimar Blanco, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “retorcer la Ley para conceder impunidad a terroristas”, asegurando que el Gobierno ha descendido a lo que ha calificado como “un sótano moral” en su política penitenciaria.

Durante su intervención, Blanco ha preguntado al titular de Interior si considera que las víctimas del terrorismo se sienten hoy más respetadas por el Ejecutivo. A su juicio, “el Gobierno ya no engaña a nadie” y ha demostrado con hechos que no ha mostrado el más mínimo respeto hacia las víctimas.

La dirigente popular ha criticado la situación de determinados presos de ETA, citando el caso de ‘Gadafi’, condenado por 20 asesinatos, que actualmente disfruta de un régimen de semilibertad, y el de ‘Txeroki’, condenado a 400 años, que también ha accedido a beneficios penitenciarios sin mostrar arrepentimiento.

Blanco ha denunciado que la política penitenciaria del Ejecutivo responde a un acuerdo político con EH Bildu, afirmando que “Bildu ordena, el PSOE ejecuta y el PNV acata”, en referencia a la gestión de los acercamientos y progresiones de grado de presos de ETA.

Asimismo, ha cuestionado el papel del Gobierno en relación con el caso de ‘Txapote’, señalando que, incluso cuando el propio preso ha rechazado determinados beneficios, la Administración ha insistido en su concesión.

La senadora también ha reprochado las palabras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, donde, según ha indicado, elogió a los herederos de ETA delante de una víctima del terrorismo, María Caballero. En su opinión, el Ejecutivo debería haber pedido disculpas públicamente.

Blanco ha calificado la actual política penitenciaria como “una amnistía encubierta” y ha advertido de que las asociaciones de víctimas han mostrado su preocupación por lo que consideran una cesión política. “Cuando los verdugos celebran, algo profundamente inmoral está ocurriendo”, ha concluido.

El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha mostrado fotografías de los menores asesinados por ETA en respuesta a las acusaciones de Bildu de desproteger a los Menores Extranjeros No Acompañados, durante la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, María del Carmen Maeztu, para informar sobre el sistema de acogida de menores en Navarra.

Javier Arza Porras, parlamentario de Bildu ha hecho un llamamiento a “la protección de los menores ante el fascismo”. “Hemos visto que hay muchas preguntas en este parlamento sobre dónde se van a situar los centros y a nosotros también nos preocupa, pero para abrazarlos”, ha añadido. “Sin embargo, hay otros grupos – ha continuado-, especialmente los fascistas, que quieren saber dónde se van a poner para organizar manifestaciones, y eso es desproteger a los menores, para emitir bulos y mentiras en las redes sociales, para crear miedo en la población y eso también es desproteger a los menores”.

El parlamentario de Bildu ha instado además a la consejera a que aplique la ley de infancia contra VOX: “Hay un artículo en el que se recoge como infracción muy grave aquella organización o persona que obstaculice o imposibilite la ejecución de las medidas de protección en materia de desamparo y exigimos que el departamento lo aplique a los fascistas que están impidiendo el desarrollo de estas medidas de protección”.

Ante esta acusación, el portavoz de VOX, en su turno, ha enseñado en la comisión varias fotografías de niños asesinados por la banda terrorista ETA se ha dirigido con contundencia a Arza Porras, de Bildu. “Aquí, los únicos que han asesinado, que han matado a niños son los etarras con el aplauso de los bilduetarras”, ha declarado el de VOX mientras mostraba fotografías de niños asesinados por la banda terrorista.

Rifirrafe con Bildu por calificaciones a la consejera

Jiménez ha aprovechado su intervención para responder a la acusación de “organización maltratadora de menores y que animamos a los ciudadanos a hacerlo” que la consejera Maeztu dirigió a VOX la semana pasada: “Usted no sabe lo que dice porque es muy grave y es consejera y entonces es una ignorante o es una calumniadora que está cometiendo un delito”. Y ha invitado a la consejera a ratificarse en su acusación a VOX.

Esto ha provocado intervención del presidente de la mesa, de Bildu, que ha instado al parlamentario de VOX a retirar esas afirmaciones sobre la consejera, a lo que Emilio Jiménez se ha negado.

Por otro lado, Jiménez ha exigido la dimisión de la consejera de Derechos Sociales, María del Carmen Maeztu, tras detallarle una lista con numerosos casos de delitos e incidentes protagonizados por menores del sistema de acogida de Navarra durante el último año. Robos con violencia, agresiones sexuales, peleas callejeras, agresiones a educadores o psicólogos, fugas masivas de los centros, palizas a vecinos o centros sobredimensionados, entre otros.

El parlamentario de VOX ha acusado a la consejera de “desproteger” a los menores y a los navarros. “Ustedes arrebatan niños a familias españolas humildes, alegando «desamparo», para meterlos en centros donde sufren agresiones, se escapan y cometen delitos”, ha asegurado.

Ha cuestionado también los acuerdos con fundaciones y asociaciones que gestionan los centros de menores. “Millones y millones, con aumento significativo para MENAS y acuerdos opacos con fundaciones como Xilema, Berriztu o Gizain”, ha criticado Jiménez.

Tras estas recriminaciones, el portavoz ha lanzado una lista de preguntas a la consejera, principalmente sobre lo relativo al coste económico del acogimiento de MENAS, los protocolos de seguridad de los centros y mecanismos para evitar las fugas y agresiones, las auditorías e inspecciones técnicas a las fundaciones y asociaciones que gestionan los centros, la capacitación de los educadores sociales y la formación y solvencia ética del personal en dichas entidades.

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