María García Fuster: «La Generalitat gasta en menas lo que niega a la sanidad y a la educación».
La diputada de VOX en el Parlamento de Cataluña, María García Fuster, ha anunciado durante una rueda de prensa que VOX ha registrado una propuesta para que la Sindicatura de Cuentas elabore un informe sobre el gasto en inmigración ilegal entre 2018 y 2025.
Según la diputada, “los catalanes y todos los españoles tienen derecho a saber dónde va a parar el dinero de sus impuestos mientras ellos están malviviendo, sin poder mantener una temperatura adecuada en sus casas, sin poder irse de vacaciones o ahogados cada mes para mantener a sus familias, sin que las ayudas les lleguen jamás, o por una vez que necesitan la sanidad pública, resulta que les hacen esperar meses y meses”.
La formación ha denunciado que la Generalitat destina diez veces más dinero para mantener a un solo mena que a la enseñanza de un niño de primaria o secundaria: “La Generalitat se gasta más de 4.300 euros mensuales en mantener a cada mena, muchos de los cuales no hacen más que delinquir. Con lo que nos cuesta cada mes mantener a un solo mena, podríamos pagar diez veces más que la enseñanza de un niño de primaria o secundaria”.
García Fuster ha remarcado que no van a quedarse ahí, sino que “no vamos a trabajar únicamente para saber cuánto dinero se destina a la inmigración ilegal; es más, vamos a cortar cualquier vía de financiación, empezando por la afluencia masiva de ilegales que llegan sabiendo que podrán legalizarse a través de vías como el arraigo”. La diputada ha puesto como ejemplo cómo los socialistas empadronaron a 3.885 personas ilegales en locales de servicios sociales del distrito de Horta-Guinardó, o a más de 5.900 ilegales en un solo inmueble propiedad del Ayuntamiento en Nou Barris.
Por último, ha asegurado que con VOX “el que entre ilegalmente en España se irá. Cortaremos el grifo a todas las ONG que se enriquecen con esta práctica asquerosa de tráfico de personas. Y prohibiremos a la administración pública colaborar con ellas. Porque esta práctica, que tanto gusta a los socialistas separatistas, condena a los españoles a más inseguridad, a más paro y a menos recursos para sus familias”.