Inmaculada Hernández alerta del colapso judicial y la falta de jueces en Andalucía.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Inmaculada Hernández, ha criticado la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia en Andalucía, al considerar que se está llevando a cabo “sin los suficientes recursos económicos y humanos”.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, la senadora por Granada ha advertido de que “una reforma de la justicia sin medios es reorganizar el colapso”, cuestionando la gestión del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Hernández ha denunciado que la norma se ha impulsado “sin consenso con las comunidades autónomas” y sin una memoria económica que garantice su viabilidad. En este sentido, ha subrayado que Andalucía ya ha asumido cerca de 60 millones de euros para su implementación, “con una aportación de 0 euros por parte del Gobierno”.
“Estamos ante el modelo del ‘yo invito, tú pagas’, que define la política actual del Ejecutivo”, ha afirmado la dirigente popular.
Asimismo, ha criticado que, frente al discurso de modernización del Gobierno, la realidad en los juzgados es “un auténtico caos”, pese al esfuerzo de la Junta de Andalucía por avanzar hacia una justicia “moderna y eficaz”.
FALTA DE MEDIOS Y COLAPSO JUDICIAL
La portavoz adjunta del GPP ha puesto el foco en la falta de personal en la Administración de Justicia, señalando las incidencias diarias que provocan la suspensión de numerosos juicios.
En este contexto, ha denunciado que miles de opositores que han aprobado sus procesos selectivos siguen esperando la adjudicación de sus plazas, y ha preguntado al Gobierno por qué se mantienen paralizadas estas incorporaciones.
Además, Hernández ha calificado de “escandalosa” la falta de nuevas plazas judiciales en Andalucía, recordando que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como la Junta solicitaron 56 nuevas unidades judiciales y 15 plazas de magistrado para 2025, sin que el Gobierno haya atendido ninguna de estas peticiones.
El Partido Popular defiende una Justicia eficaz, dotada de medios suficientes y basada en la cooperación institucional, como parte de su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la calidad de los servicios públicos .
Inmaculada Hernández denuncia que el Gobierno del PSOE da “un cheque en blanco a quienes aprietan aprovechando la agonía sanchista”
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por Andalucía, Inmaculada Hernández, ha señalado al Gobierno del PSOE por dar “un cheque en blanco a los que aprietan aprovechando la agonía sanchista”, durante la sesión de control al Ejecutivo, en la que ha acorralado al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, por la cesión de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional a Cataluña, prevista en el Real Decreto Ley 15/2025.
Hernández ha advertido de que Pedro Sánchez ya anunció que gobernaría sin el Parlamento y ha subrayado que “esta cesión, que ya fue declarada inconstitucional, es un ejemplo más de ese desprecio al control democrático”. En este sentido, se ha dirigido directamente al ministro López para reprocharle que “sus socios les aprietan cada vez más por su debilidad parlamentaria y por la corrupción que les ahoga”.
La dirigente popular ha recordado que hace apenas dos meses el Senado aprobó una Proposición de Ley del Partido Popular para modificar el artículo 92 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, con el objetivo de blindar el carácter estatal de los habilitados nacionales —secretarios, interventores y tesoreros—, garantizando su independencia.
“Es una ley emanada del Senado para proteger a quienes garantizan la legalidad y el control del gasto público, impidiendo su cesión a las comunidades autónomas, y que la presidenta del Congreso mantiene congelada mediante un uso pervertido del procedimiento, que el PSOE aplica de forma sistemática”, ha denunciado.
Sánchez gobierna contra lo que aprueba el Senado
Inmaculada Hernández ha criticado que “el Gobierno utiliza este decreto ley para hacer justo lo contrario de lo que aprueba el Senado” y que, como pago a sus socios independentistas, “cede más competencias a Cataluña”. Una cesión que ha calificado de “estructural para el Estado, sin debate parlamentario, en contra del criterio de la FEMP y de las organizaciones sindicales de funcionarios”.
La portavoz en materia de Función Pública del GPP ha insistido en que “los problemas administrativos requieren soluciones estructurales, no regímenes singulares que rompen la igualdad”, y ha sido tajante al afirmar que “no se puede resolver un problema administrativo con una cesión política”.
Asimismo, ha denunciado que “mientras la UCO y la UDEF se instalan en los ministerios, la corrupción que acorrala al Gobierno actúa como un agente corrosivo que impregna las instituciones, y aun así el Ejecutivo de Sánchez continúa cediendo, como ya hizo con la Ley de Eficiencia de la Justicia o con la Ley de Presupuestos Generales del Estado en favor del País Vasco”.
En este contexto, Hernández ha preguntado al ministro si el objetivo es “desmantelar el cuerpo de funcionarios que fiscaliza y asesora a los ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la ley, precisamente porque fueron ellos quienes informaron en contra del referéndum ilegal en Cataluña”.
La senadora popular ha señalado directamente a Óscar López al afirmar que “su Gobierno ataca sistemáticamente a quienes controlan la corrupción: jueces, medios de comunicación, la oposición y, por supuesto, los profesionales que fiscalizan a los políticos”.
Para concluir, Inmaculada Hernández ha contrapuesto este modelo al del presidente Alberto Núñez Feijóo, subrayando que “el Partido Popular defiende la legalidad, la transparencia y la independencia de los funcionarios, sin excepciones y sin cesiones, porque fortalecer las instituciones no es una opción: es la base misma de nuestra democracia”.
Inmaculada Hernández: «La ley corrige excesos del Gobierno y garantiza una protección real al consumidor».
El Grupo Parlamentario Popular ha celebrado la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela tras la incorporación de 51 enmiendas del Partido Popular, que “cambian por completo el texto inicial del Gobierno y dan como resultado una ley que mira y protege al consumidor”, tal y como destacan las senadoras Inmaculada Hernández y Carmen Riolobos.
Las enmiendas del Grupo Popular se centran en tres ejes fundamentales:
- Rebaja del IVA en productos básicos y esenciales.
- Una política lingüística sensata que respeta la diversidad sin imponer obligaciones imposibles.
- El cumplimiento obligatorio de la norma por parte de las administraciones.
La portavoz adjunta del GPP, Inmaculada Hernández, subraya que el PP ha corregido “excesos” del texto original y ha protegido a los ciudadanos frente a la escalada de precios, impulsando un IVA reducido del 4% para la carne, el pescado y las conservas, así como la exención total del IVA (0%) para leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres.
“Es el momento de proteger a los consumidores, especialmente a las familias más vulnerables, que llevan cinco años consecutivos soportando fuertes subidas de precios”, afirma Hernández. La senadora recuerda que el PSOE intentó vetar la rebaja del IVA alegando pérdida de ingresos, mientras “despilfarra dinero público y convive con escándalos que indignan a la sociedad”.
En materia lingüística, Hernández denuncia el intento de los grupos nacionalistas —con el beneplácito del PSOE— de convertir la ley en “una Torre de Babel”, imponiendo a empresas de todo el territorio la obligación de atender en cualquier lengua cooficial. “Era un disparate usar las lenguas como arma política”, señala. Las enmiendas del PP garantizan la atención en castellano en todo el país y promueven el uso de lenguas cooficiales allí donde se utilizan y tienen posición estatutaria.
El Grupo Popular afirma que la ley resultante “tiene rigor, es aplicable y no ahoga con burocracia a las empresas”, y que esta modificación ha sido decisiva para proteger a consumidores, trabajadores y administraciones.
Inmaculada Hernández: «Los empleados públicos llevan más de cinco meses esperando la subida salarial».
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Inmaculada Hernández, exige a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que cumpla con los funcionarios públicos porque “llevan más de cinco meses con el salario congelado”.
Así se lo reclama la senadora del PP a la vicepresidenta primera, en la sesión de control al Gobierno, donde le pregunta por la fecha que tiene prevista para aplicar el incremento de sueldo de los empleados públicos.
Afirma que “lo único cierto es que hoy, cinco meses después de comenzar el año, el sueldo de los empleados públicos sigue congelado”, mientras el IPC continúa subiendo y pierden poder adquisitivo, recrimina Inmaculada Hernández a la ministra Montero.
Asegura que el Gobierno “renuncia a presentar los Presupuestos porque tienen miedo al fracaso y siguen dependiendo de los siete votos de los separatistas catalanes”, al tiempo que le recuerda a Montero las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez: ‘Gobernar no es estar en la Moncloa; un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna’.
La portavoz adjunta del GPP resalta que, cuando el pasado mes de marzo el Gobierno anunció que no presentaba los Presupuestos Generales del Estado para 2024, “incumpliendo su obligación institucional, aprovecharon un decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, para introducir una enmienda con el incremento de sueldo de los funcionarios”.
“La subida se anuncia, pero nunca llega”, reprocha la senadora popular a María Jesús Montero, tras lo que destaca que dicho decreto anticrisis “sigue paralizado en el Congreso de los Diputados”.
A continuación, Inmaculada Hernández afea a la vicepresidenta que no cumplan “los acuerdos pactados con los sindicatos para la subida salarial. Ustedes incumplen todos sus compromisos”, denuncia.
Para finalizar, la dirigente del PP afirma que “con este Gobierno la Administración hace aguas. Como ejemplos, se refiere a los anuncios de convocatorias de ofertas de empleo público que nunca llegan; y a la ocupación a dedo de puestos directivos reservados a los funcionarios, por parte de personas con carnet del PSOE”.