Isabel Borrego reclama actualizar las dietas de los agentes congeladas desde 2005.
La diputada nacional del PP por la Región de Murcia Isabel Borrego ha registrado en el Congreso de los Diputados varias iniciativas parlamentarias para exigir soluciones. En concreto, ha formulado una pregunta escrita para conocer si el Gobierno tiene previsto tomar medidas ante la “precaria situación” de la Policía Nacional destinada en el Grupo de Expulsiones de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que no están recibiendo ni el abono completo de sus gastos ni anticipos para afrontarlos.
Borrego ha sido contundente al señalar que “no se puede permitir que agentes que representan a España fuera de nuestras fronteras tengan que adelantar dinero de su propio bolsillo para cumplir con su trabajo”, en referencia a casos recientes de policías enviados a comisiones internacionales sin cobertura económica suficiente.
Dietas desfasadas y sin actualizar desde 2005
En el marco de su actividad parlamentaria, la diputada ha denunciado también que las dietas de alojamiento y manutención del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan congeladas desde el año 2005.
Estas dietas afectan tanto a los agentes que se desplazan por razones de servicio, para cubrir gastos de alojamiento y manutención, como a las dietas específicas vinculadas a servicios de escolta. Asimismo, tampoco se ha actualizado la indemnización por el uso de vehículos particulares, lo que agrava aún más la situación.
“La realidad es que estas cuantías están completamente desfasadas y no cubren ni el 50% de los gastos reales”, ha subrayado la diputada, recordando el incremento del coste de la vida en las últimas dos décadas. Esta situación obliga a muchos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a asumir costes de su propio salario, especialmente en destinos con precios elevados o en periodos de alta demanda.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado otra pregunta para conocer la cuantía de las dietas de alojamiento y manutención percibidas en 2025 por los guardias civiles destinados en la Región de Murcia.
Exigencia de explicaciones al Ministerio del Interior
El Partido Popular ha solicitado además la comparecencia del ministro del Interior para que informe sobre la necesidad urgente de actualizar las cuantías reguladas en el Real Decreto 462/2002, así como sobre las bajas tasas de ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a indemnizaciones por razón de servicio.
Borrego ha reclamado la puesta en marcha de un régimen de resarcimiento específico para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptado a la realidad actual, así como un sistema ágil que garantice el pago de las dietas en el menor plazo posible.
Denuncias de abandono institucional en la Región de Murcia
Borrego ha asegurado que desde el PPRM conocen la denuncia de los sindicatos policiales”, que alertan de un “abandono institucional inaceptable” hacia los agentes.
Según estas organizaciones, hay policías en la Región de Murcia con cantidades pendientes de cobro de hasta 1.000 euros, además de casos en los que se niegan gastos esenciales como noches de hotel en servicios internacionales, obligando a los agentes a trabajar en condiciones que comprometen incluso su descanso.
“Enviar a policías al extranjero sin medios económicos, retrasar pagos durante meses o aplicar criterios arbitrarios no es gestión: es una falta de respeto”, ha concluido Borrego, quien ha exigido al Gobierno “responsabilidad, transparencia y soluciones inmediatas para dignificar la labor de nuestros agentes”.
Isabel Borrego: «Murcia necesita más medios policiales ante la presión migratoria»
La diputada nacional del PP Isabel Borrego ha exigido un aumento “inmediato”, de las plantillas de la Policía Nacional en la Región de Murcia, para “garantizar la seguridad”, ante el “efecto llamada” que provocará la “arbitraria” regularización masiva de inmigrantes anunciada esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En su opinión, la medida pone en riesgo la seguridad, al plantear una regularización “indiscriminada que rebaja los controles sobre la identidad real de los beneficiarios y la comprobación de antecedentes penales, introduciendo riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana, tal y como están denunciando el Sindicato Unificado de Policía (SUP)”.
Cree conveniente un refuerzo “urgente” de policías nacionales, como exigen los sindicatos del cuerpo de entre 500 y 600 agentes en la Región, porque con esta decisión “se rompe la coherencia del Pacto Europeo de Migración y Asilo y sitúa a España como el coladero de la ilegalidad del espacio Schengen”.
Ha hecho suyas las reivindicaciones de este cuerpo, porque “sin más agentes, más medios y más protocolos claros” esta regularización “es una grave irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad del ciudadano y vuelve a cargar todo el peso sobre una Policía Nacional, ya saturada de por sí en la Región”.
Tampoco, ha añadido, “se puede regularizar sin reforzar de manera efectiva el control de fronteras ni los medios administrativos y judiciales necesarios para garantizar la tramitación de los expedientes de residencia o retorno, la verificación de antecedentes penales y la aplicación homogénea de la legalidad vigente”.
A su juicio esta medida es sin ninguna duda “una cortina de humo para desviar la atención de los 46 fallecidos y cientos de heridos de las tragedias de Adamuz y Gelida, por los que nadie en el Gobierno está dispuesto a asumir responsabilidades políticas”.
Moción en la Asamblea Regional
Ante ello, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia ha presentado una moción para mostrar su más rotundo rechazo a esta legalización masiva. “Una vez más, Pedro Sánchez y su Gobierno socialista demuestra que las leyes y el Estado de Derecho le importan poco a la hora de hacer lo que sea con tal conservar su sillón en la Moncloa”, remarca la iniciativa.
Incide en la alarmante presión que provocará sobre los servicios públicos, “esos que este Gobierno ha descuidado y maltratado, sobre todo en la sanidad y la educación, que correrán el riesgo de colapsar, sobre todo en comunidades autónomas con recursos ajustados por la infrafinanciación del Gobierno de España, como es la Región de Murcia.
Por último, hace referencia al premio que supone para quienes se saltaron las leyes migratorias frente a aquellos que siguieron los cauces legales para conseguir la residencia provocando un agravio comparativo entre ellos.
Propuestas
Ante esto, el PP no da la espalda a la realidad de la inmigración irregular, pide que deje de usarse por interés político. España no puede continuar así. Necesitamos una política de Estado que ponga fin a la inmigración irregular y combine humanidad y justicia. En octubre de 2025 presentamos un plan de inmigración basado en reglas claras.
Y son: “Autoridad única y fin del caos administrativo; control efectivo de fronteras y refuerzo de medios económicos, humanos y materiales; no a las regularizaciones masivas ni automáticas; los criterios deben ser objetivos y verificables (sistema “por puntos”); y retorno ordenado.
Isabel Borrego denuncia un déficit de 600 agentes de Policía Nacional en la Región de Murcia.
El Partido Popular presentará iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el Senado para exigir al Gobierno de España una respuesta urgente a la reivindicación de los sindicatos policiales de aumentar, de forma inmediata, los efectivos de la Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena.
Así lo ha anunciado la diputada nacional Isabel Borrego, quien ha reprochado al Ejecutivo “que dé la callada por respuesta a las peticiones de los sindicatos policiales” y ha criticado igualmente al delegado del Gobierno en la Región de Murcia por “ni siquiera atender ni recibir a los representantes de los agentes”.
Borrego ha denunciado que “la Región de Murcia sufre un déficit de alrededor de 600 agentes, una situación que se agrava especialmente en Cartagena cada vez que el CATE entra en funcionamiento”.
“Cartagena se queda prácticamente sin Policía Nacional cuando abre el CATE, ya que requiere un elevado número de efectivos con independencia del volumen de personas atendidas”, ha advertido la diputada del PP.
La parlamentaria ha recordado que el propio Ministerio del Interior ha reconocido que el CATE no dispone de un servicio policial fijo, lo que obliga a detraer agentes de seguridad ciudadana y, en determinadas ocasiones, a recurrir a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). “Los sindicatos policiales han advertido de que esta no puede ser una solución habitual porque no es operativa y desorganiza gravemente el servicio”, ha añadido.
Borrego ha señalado que los sindicatos han planteado alternativas viables, como el establecimiento de comisiones de servicio en los periodos en los que se prevé la apertura del CATE o la inclusión de Cartagena en la Operación Estrecho para reforzar los efectivos. “Todas estas propuestas han sido ignoradas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que vuelve a optar por el silencio”, ha lamentado.
Ese silencio, ha subrayado, “se extiende también al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que ni siquiera ha atendido ni recibido a los sindicatos policiales”.
“Si el Gobierno de España no actúa de manera urgente, los policías nacionales seguirán soportando unas condiciones laborales extremadamente difíciles y la seguridad de los ciudadanos de Cartagena será la gran perjudicada”, ha concluido Borrego.
Isabel Borrego: «Basta de listas de espera eternas para sacarse el carné».
La diputada nacional por Murcia Isabel Borrego ha elevado al Congreso la queja de más de 14.000 jóvenes de la Región de Murcia que a día de hoy continúan en lista de espera para sacarse el carné de conducir. Lo ha hecho a través de una Proposición de Ley en la que ha exigido la “urgente” ampliación de la plantilla de examinadores de tráfico, para acabar con el colapso en los exámenes prácticos.
“Las autoescuelas denuncian que el sistema de la Dirección General de Tráfico (DGT) adolece de falta de eficiencia y agilidad para cubrir las bajas y las vacaciones. Eso genera cuellos de botella y se traducen en largas colas para los exámenes prácticos”, ha explicado Borrego durante su intervención. La proposición fue aprobada con 21 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones.
Ha detallado, que el colapso en los centros de exámenes de la DGT es un problema atribuible, además, “a la reducción drástica en el número de convocatorias mensuales”, porque se ha pasado de tres a una, lo que dificulta que los alumnos realicen las prácticas necesarias para presentarse al examen.
España cuenta con 900 examinadores de carné de conducir aproximadamente, sin embargo, es una cifra “insuficiente”, ha recordado Borrego. Existen 27 Jefaturas en las que hay menos de 10 profesores, por lo que “cualquier baja y jubilación supone un aumento de la lista de espera”, ha denunciado.
Esta situación no es nueva, ha asegurado la diputada nacional, pero ha asegurado que “ha empeorado en los últimos meses”. “No se han cubierto las plazas vacantes de examinadores y la plantilla actual no es suficiente para asumir la carga de trabajo. Esta carencia no solo genera listas interminables, sino que aumenta la presión sobre los examinadores”, ha indicado.
Turismo para sacarse el permiso de conducir
Esta situación ha provocado el fenómeno “turismo para sacar el carné de conducir”, es decir, el traslado de personas de unas provincias a otras con menos lista de espera. Y, además, “retrasa la incorporación al mundo laboral y a la Universidad, y también implica un sobrecoste económico, ya que deben seguir pagando clases para no perder la práctica adquirida”.
Por ello, el Grupo Popular propone instar al Gobierno a ampliar la plantilla de los examinadores de tráfico en todas las jefaturas provinciales de tráfico y adoptar las medidas adicionales que sean necesarias para acabar con la situación de colapso para acceder a realizar el examen práctico de conducir.
Isabel Borrego: «El pacto de Sánchez con Junts desmantela la seguridad nacional».
La diputada nacional del Partido Popular, Isabel Borrego ha trasladado todo su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) por el “ninguneo” al que les somete el Gobierno de Sánchez con la cesión a Cataluña del control de las fronteras. La parlamentaria considera que el pacto entre Junts y PSOE es “inadmisible”, y ha anunciado que este “ataque a la seguridad nacional”, será “combatido en los tribunales y en Europa por el PP”.
Tras reunirse con representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el pasado viernes, Borrego ha mostrado el apoyo del PP a las FCSE frente al intento de Sánchez de “desmantelar su presencia en Cataluña y de promover la desconexión del Estado en esa comunidad, solo por la codicia de mantenerse en el poder”.
También les ha remarcado el compromiso del Partido Popular con la soberanía nacional y con un modelo de convivencia y de país en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado juegan un papel clave en la defensa de la seguridad nacional y pública. Está convencida de que Feijóo devolverá las competencias exclusivas del Estado en materia de seguridad e inmigración, tal y como establece la Constitución.
La diputada ha destacado que la proposición de ley registrada por el PSOE supone una “humillación” para la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque plantea su expulsión y salida de Cataluña y deja sin competencias a los que siempre han velado por la seguridad de los ciudadanos de manera incansable.
Además, ha denunciado que, mientras Europa busca reforzar la seguridad y defensa de sus fronteras, “Sánchez se encamina en la dirección contraria, con una ley para cumplir solo con los deseos del separatismo”. Y ha censurado que el jefe del Ejecutivo, “asesta de esta forma un golpe a las FCSE por orden del independentismo catalán, para continuar un poco más de tiempo en La Moncloa”.
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se manifestaron este pasado miércoles frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia para mostrar a las claras la indignación del colectivo con la cesión a Cataluña de las competencias en materia de inmigración. También lo hicieron para demandar la equiparación salarial con el resto de cuerpos del país. Esta protesta estuvo organizada por la Plataforma por una Jubilación Digna y la plena Equiparación
En este sentido Isabel Borrego ha criticado que el Ejecutivo, y por ende el PSOE, han bloqueado una y otra vez la tramitación en el Congreso de la proposición de ley que permitiría la jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles, así como su reconocimiento como profesión de riesgo. “Bloquean y retrasan su aprobación de manera sistemática y todo ello con el beneplácito de Pedro Sánchez”, ha concluido.
Isabel Borrego: «Los vecinos de Moratalla han salido a la calle para protestar y mostrar su rechazo ante el posible cierre del cuartel de la Guardia Civil».
La diputada Isabel Borrego ha indicado que “los vecinos de Moratalla han salido a la calle para protestar y mostrar su rechazo ante la medida del Gobierno socialista, que ha actuado con nocturnidad y falta de transparencia y lealtad institucional, tanto con el Ayuntamiento como con el Gobierno regional.”
Los vecinos de Moratalla protagonizaron el pasado día 13 una concentración multitudinaria para exigir al Gobierno que mantenga activo el cuartel de la Guardia Civil.
Borrego ha criticado que “el alcalde solicitó información y una reunión con la delegada del Gobierno y lo único que obtuvo fue la confirmación por escrito de que habían cerrado el cuartel y lo comunicaron el mismo día que estaba convocada la protesta vecinal”.
La diputada del PP ha exigido al Gobierno que “ofrezca explicaciones a los vecinos de Moratalla y actúe con la debida lealtad que debe imperar en las relaciones entre las distintas administraciones”.
Borrego ha lamentado las formas empleadas por el Ejecutivo del PSOE, ya que “no es de recibo que el sábado 10 de agosto se realizara la mudanza del cuartel y el 13 de agosto, como reacción a la concentración de los vecinos, se comunique el cierre al Ayuntamiento. Esto es una deslealtad increíble”.
El PSOE acaba con 98 años de servicio en una zona rural con riesgo de despoblación
La parlamentaria popular también ha explicado que “el cuartel de la Guardia Civil de Moratalla prestaba servicio desde hace 98 años y es vital porque el municipio presenta una extensión de casi mil kilómetros cuadrados, por lo que es uno de los más extensos de la Región de Murcia”.
Además, ha detallado que “Moratalla es uno de los municipios con más riesgo de despoblación y la seguridad pública es un elemento fundamental para reforzar la permanencia en un territorio. Frente a esto, el Gobierno desmantela cuarteles de la Guardia Civil en zonas rurales, como es Moratalla”.
Borrego también ha recordado que esta forma de actuar del Ministerio de Interior va en contra de lo que promulgó con su plan de seguridad de zonas rurales, por lo que “el Gobierno actúa en contra de lo que él mismo anuncia, como hace siempre”.
Para la diputada del PP, “el traslado del acuartelamiento de la Guardia Civil de Moratalla a Calasparra implica poner en riesgo la seguridad de los vecinos de Moratalla porque es imposible que desde Calasparra se garantice la seguridad de Moratalla. El Gobierno actúa con total impunidad”.
“Desde el PP vamos a adoptar todas las medidas posibles para oponernos a este castigo a los vecinos de Moratalla y lucharemos para conseguir que este municipio vuelva a contar con su cuartel de Guardia Civil, como así ha sido desde 1926”, ha concluido Isabel Borrego.
Isabel Borrego: «Exigimos la comparecencia urgente de Elma Sáiz en el Congreso y el Senado para que diga la verdad sobre el campamento del Hospital Naval».
El Partido Popular exige la comparecencia, con carácter urgente, de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, para que diga la verdad sobre el campamento de inmigrantes dispuesto en el Hospital Naval de Cartagena.
La diputada del PP Isabel Borrego ha explicado que “hemos solicitado que la ministra Sáiz ofrezca explicaciones en el Congreso y el Senado y aclare cuáles son verdaderamente sus intenciones, ya que está actuando de forma unilateral con un asunto que tiene mucha importancia social”.
En la misma línea, Borrego ha indicado que “también hemos solicitado toda la documentación existente relativa a la prórroga de cesión, por un año, que han pactado los ministerios de Defensa y Migraciones de forma totalmente oscura y opaca”.
Además, diputados y senadores del PP han registrado una solicitud para visitar las instalaciones del campamento para, así, poder comprobar su estado y adoptar las medidas que resulten oportunas.
Isabel Borrego ha destacado que “todas estas actuaciones las hemos desarrollado de la mano de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que mantuvo una reunión con nuestros diputados y senadores y ha cursado varias solicitudes para entrevistarse con la ministra Sáiz para abordar los planes que tiene el Gobierno, pero todas las solicitudes siguen sin respuesta”.
En la misma línea, Borrego ha reclamado “la cesión inmediata de las instalaciones del Hospital Naval al Ayuntamiento de Cartagena para que las instalaciones se destinen a la prestación de servicios sociales y sociosanitarios que beneficien a toda la población”.
La diputada del PP ha lamentado que “el Gobierno está demostrando una enorme falta de lealtad institucional con la gestión de este campamento para inmigrantes, ya que, con anterioridad, ya amplió su capacidad y las cesiones de uso sin comunicar nada de forma oficial al Ayuntamiento”.
El PP reclama que el reparto de menores migrantes sea equitativo y fruto del acuerdo
Por otra parte, Borrego también ha defendido que el reparto de menores migrantes se realice de forma lógica, equitativa, atendiendo a los recursos de acogida con los que cuente cada comunidad autónoma y fruto del acuerdo y el consenso del Gobierno con los diferentes territorios.
La diputada ha criticado “la falta de transparencia del Ministerio de Política Territorial, al anunciar el acuerdo con Canarias sobre el reparto de los menores extranjeros sin contar con los gobiernos autonómicos, otra muestra de la imposición con la siempre actúa el Ejecutivo de Sánchez”.
Isabel Borrego: «El Gobierno de Sánchez permite que se deterioren las construcciones».
La diputada nacional del Partido Popular de la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha asegurado que, aunque ahora no sigan con su labor estratégica de defensa, “nadie puede negar su valor histórico y arquitectónico, y forman parte de nuestro patrimonio y del paisaje costero del municipio”.
Además, “se han convertido en un reclamo turístico para aquellos que las visitan, sobre todo, senderistas, ciclistas y familias que, a diario, y, especialmente, los fines de semana, acuden a su entorno”.
Borrego ha señalado las de Trincabotijas y Comandante Royo, las de Aguilones y Conejos, la de la Chapa, las de las Cenizas y Castillitos, y La Parajola, entre otras, por lo que después de tres siglos, “no se entiende la historia reciente de Cartagena sin hacer mención a estas baterías”.
Sin embargo, pese a todo esto, “su estado actual es deplorable”. “Las carreteras están intransitables, los edificios en mal estado y los aparcamientos llenos de socavones y suciedad”. “Se están deteriorando y el Gobierno de Sánchez no hace nada”, ha denunciado Borrego. “Necesitamos financiación adecuada para ejecutar los trabajos de rehabilitación e impedir el derrumbe de algunas de estas construcciones”.
Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha subrayado que las Baterías de Cartagena “son un patrimonio con una importancia que trasciende el ámbito local”, ya que “es un asunto de interés nacional, y, además, comprende inmuebles que son, en su mayoría, de propiedad del Estado”.
Arroyo ha recordado que “en el municipio tenemos 400 elementos en el sistema defensivo, desde senderos hasta castillos”, y ha resaltado que “la buena noticia es que Cartagena ha tenido la habilidad de proteger algunos de esos grandes edificios, dándoles uso universitario o turístico, como los campus del CIM y la Muralla, el Fuerte de Navidad, recuperado por el ayuntamiento, y la batería de San Leandro, que vamos a rehabilitar con fondos europeos”.
“No faltan ni proyectos ni ideas, pero el de las Baterías es un reto demasiado grande para la economía de un ayuntamiento”, ha señalado la alcaldesa, que, al hilo, ha remarcado que “la obligación de proteger y recuperar esos bienes es, en primer lugar, de sus propietarios”.
“Por eso, el Gobierno de la Nación tiene una doble responsabilidad sobre ese patrimonio: la primera, por su obligación de defender el patrimonio histórico de los españoles, y la segunda, porque son sus dueños”, ha incidido.
“Esa es la razón por la que mi partido, el Partido Popular, ha decido llevar esta reclamación fuera del ayuntamiento y plantear propuestas parlamentarias desde la Asamblea Regional y desde el parlamento de la Nación”, ha destacado Arroyo.
Rafael Hernando destaca que las baterías son “patrimonio histórico nacional”
Por su parte, el diputado nacional y miembro del Comité de Dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha resaltado “el esfuerzo extraordinario de los parlamentarios del PP en el Congreso, el Senado y la Asamblea Regional por la recuperación de las Baterías de Cartagena, un patrimonio histórico tan importante para el pasado, presente y futuro de una ciudad como Cartagena, y que, además, son patrimonio histórico nacional”.
“Alguno podrá alegar que, como no hay Presupuestos, no va a haber dinero para hacer un plan de recuperación y puesta en valor de las Baterías de Cartagena”, ha apuntado Hernando, “pero estamos acostumbrados a ver a Pedro Sánchez sacar presupuestos y dinero de debajo de las piedras para lo que a él le interesa, ya sea para comprar apoyos del independentismo, o para convertir al Estado en accionista de Telefónica, a lo que va a destinar más de 3.000 millones de euros”.
“Una inversión insólita e innecesaria, que bien podría haberse destinado a, por ejemplo, acelerar el proceso de acercamiento del AVE a Cartagena o del AVE a Almería”, ha señalado el diputado nacional del PP.
Asimismo, el Partido Popular ha presentado en la Asamblea Regional una moción para que la Cámara autonómica solicite al Gobierno de España un plan integral de inversión en las Baterías de Cartagena para la restauración “de estas construcciones tan características de nuestras costas y tan queridas por los cartageneros”.