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La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha anunciado que el PP llevará al Congreso de los Diputados y al Senado la situación que atraviesa el Centro Penitenciario Murcia II, en Campos del Río, marcada por el hacinamiento de internos, el cierre de módulos y la falta de personal.

Borrego ha denunciado el “abandono” que, a su juicio, sufren tanto los trabajadores como las instalaciones penitenciarias por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha avanzado que los populares registrarán iniciativas parlamentarias para exigir soluciones inmediatas.

Cinco módulos cerrados y déficit de personal

La diputada ha explicado que más de quince años después de su apertura, la prisión mantiene cerrados cinco módulos que permitirían habilitar 360 plazas individuales adicionales y aliviar la sobreocupación actual.

Según ha señalado, esta situación está provocando problemas de convivencia, un aumento de la presión sobre los trabajadores y dificultades para garantizar la seguridad dentro del centro.

Asimismo, ha advertido de que la plantilla actual resulta insuficiente para atender la ocupación real de la prisión, cifrando el déficit en alrededor de 300 trabajadores.

Comparecencia en las Cortes y apertura de módulos

El Partido Popular impulsará una batería de iniciativas parlamentarias, entre ellas una proposición no de ley, preguntas al Ejecutivo y la solicitud de comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias.

El objetivo, según Borrego, es exigir la apertura completa de las instalaciones disponibles y reforzar la plantilla para adecuarla a las necesidades actuales del centro penitenciario.

Defensa de los funcionarios de prisiones

La parlamentaria también ha criticado la falta de respuesta del Gobierno a las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, que llevan meses reclamando mejoras laborales y más medios para desarrollar su trabajo.

En este sentido, ha reiterado el apoyo del Partido Popular a la reforma legal que busca reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una medida que considera fundamental para reforzar su protección y seguridad.

“Frente al abandono del PSOE, el Partido Popular seguirá defendiendo los derechos, la seguridad y la dignidad profesional de los trabajadores penitenciarios”, ha concluido.

La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia, Isabel Borrego, ha denunciado el colapso que sufren miles de aspirantes al permiso de conducir debido a la falta de examinadores de tráfico, una situación que está provocando retrasos de hasta tres meses para realizar las pruebas prácticas y mantiene a cerca de 14.000 alumnos en lista de espera.

Borrego ha advertido de que el problema podría agravarse durante los próximos meses de verano si el Gobierno de España no adopta medidas urgentes para reforzar las plantillas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El PP denuncia la inacción del Gobierno

La parlamentaria popular ha recordado que hace un año el Partido Popular impulsó en el Congreso una Proposición No de Ley para exigir el aumento de examinadores y mejorar la organización de las pruebas prácticas.

Según Borrego, la iniciativa fue aprobada, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha ejecutado las medidas necesarias para resolver una situación que, lejos de mejorar, se ha agravado tanto en la Región de Murcia como en el conjunto del país.

“Estamos ante un colapso estructural que impide a miles de jóvenes examinarse en un plazo razonable pese a haber completado su formación”, ha señalado.

Retrasos que afectan al empleo y a la movilidad

La diputada popular ha destacado que el permiso de conducir es una herramienta fundamental para acceder al mercado laboral, especialmente en territorios como la Región de Murcia.

En este sentido, ha advertido de que los retrasos están condicionando oportunidades de empleo, incrementando los costes económicos para los alumnos y dificultando la movilidad de miles de personas.

“Lo que debería ser un trámite normal se ha convertido en una barrera que frena proyectos personales y profesionales”, ha lamentado.

Falta de conductores profesionales

Borrego también ha alertado sobre las consecuencias que esta situación genera en sectores estratégicos de la economía regional.

Según ha explicado, la Región de Murcia necesita actualmente alrededor de 2.000 camioneros y 200 conductores de autobús, una demanda que resulta difícil de cubrir mientras miles de aspirantes continúan bloqueados a la espera de poder examinarse.

Asimismo, ha señalado que el problema afecta directamente a autoescuelas, profesores de formación vial y futuros profesionales del transporte.

El PP reclama medidas urgentes

Ante este escenario, Isabel Borrego ha exigido al Gobierno central que adopte medidas inmediatas para acabar con el colapso del sistema.

Entre sus propuestas figuran el refuerzo estable de las plantillas de examinadores, una mejor planificación territorial de las pruebas prácticas y la garantía de que ningún alumno vea retrasada la obtención de su permiso por falta de recursos administrativos.

“Los jóvenes de la Región de Murcia no pueden seguir pagando las consecuencias de la inacción del Gobierno. Es urgente actuar para evitar que miles de personas vean frenadas sus oportunidades laborales y personales”, ha concluido.

La diputada nacional del PP por la Región de Murcia Isabel Borrego ha registrado en el Congreso de los Diputados varias iniciativas parlamentarias para exigir soluciones. En concreto, ha formulado una pregunta escrita para conocer si el Gobierno tiene previsto tomar medidas ante la “precaria situación” de la Policía Nacional destinada en el Grupo de Expulsiones de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que no están recibiendo ni el abono completo de sus gastos ni anticipos para afrontarlos.

Borrego ha sido contundente al señalar que “no se puede permitir que agentes que representan a España fuera de nuestras fronteras tengan que adelantar dinero de su propio bolsillo para cumplir con su trabajo”, en referencia a casos recientes de policías enviados a comisiones internacionales sin cobertura económica suficiente.

Dietas desfasadas y sin actualizar desde 2005

En el marco de su actividad parlamentaria, la diputada ha denunciado también que las dietas de alojamiento y manutención del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan congeladas desde el año 2005.

Estas dietas afectan tanto a los agentes que se desplazan por razones de servicio, para cubrir gastos de alojamiento y manutención, como a las dietas específicas vinculadas a servicios de escolta. Asimismo, tampoco se ha actualizado la indemnización por el uso de vehículos particulares, lo que agrava aún más la situación.

“La realidad es que estas cuantías están completamente desfasadas y no cubren ni el 50% de los gastos reales”, ha subrayado la diputada, recordando el incremento del coste de la vida en las últimas dos décadas. Esta situación obliga a muchos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a asumir costes de su propio salario, especialmente en destinos con precios elevados o en periodos de alta demanda.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado otra pregunta para conocer la cuantía de las dietas de alojamiento y manutención percibidas en 2025 por los guardias civiles destinados en la Región de Murcia.

Exigencia de explicaciones al Ministerio del Interior

El Partido Popular ha solicitado además la comparecencia del ministro del Interior para que informe sobre la necesidad urgente de actualizar las cuantías reguladas en el Real Decreto 462/2002, así como sobre las bajas tasas de ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a indemnizaciones por razón de servicio.

Borrego ha reclamado la puesta en marcha de un régimen de resarcimiento específico para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptado a la realidad actual, así como un sistema ágil que garantice el pago de las dietas en el menor plazo posible.

Denuncias de abandono institucional en la Región de Murcia

Borrego ha asegurado que desde el PPRM conocen la denuncia de los sindicatos policiales”, que alertan de un “abandono institucional inaceptable” hacia los agentes.

Según estas organizaciones, hay policías en la Región de Murcia con cantidades pendientes de cobro de hasta 1.000 euros, además de casos en los que se niegan gastos esenciales como noches de hotel en servicios internacionales, obligando a los agentes a trabajar en condiciones que comprometen incluso su descanso.

“Enviar a policías al extranjero sin medios económicos, retrasar pagos durante meses o aplicar criterios arbitrarios no es gestión: es una falta de respeto”, ha concluido Borrego, quien ha exigido al Gobierno “responsabilidad, transparencia y soluciones inmediatas para dignificar la labor de nuestros agentes”.

La diputada nacional del PP Isabel Borrego ha exigido un aumento “inmediato”, de las plantillas de la Policía Nacional en la Región de Murcia, para “garantizar la seguridad”, ante el “efecto llamada” que provocará la “arbitraria” regularización masiva de inmigrantes anunciada esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En su opinión, la medida pone en riesgo la seguridad, al plantear una regularización “indiscriminada que rebaja los controles sobre la identidad real de los beneficiarios y la comprobación de antecedentes penales, introduciendo riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana, tal y como están denunciando el Sindicato Unificado de Policía (SUP)”.

Cree conveniente un refuerzo “urgente” de policías nacionales, como exigen los sindicatos del cuerpo de entre 500 y 600 agentes en la Región, porque con esta decisión “se rompe la coherencia del Pacto Europeo de Migración y Asilo y sitúa a España como el coladero de la ilegalidad del espacio Schengen”.

Ha hecho suyas las reivindicaciones de este cuerpo, porque “sin más agentes, más medios y más protocolos claros” esta regularización “es una grave irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad del ciudadano y vuelve a cargar todo el peso sobre una Policía Nacional, ya saturada de por sí en la Región”.

Tampoco, ha añadido, “se puede regularizar sin reforzar de manera efectiva el control de fronteras ni los medios administrativos y judiciales necesarios para garantizar la tramitación de los expedientes de residencia o retorno, la verificación de antecedentes penales y la aplicación homogénea de la legalidad vigente”.

A su juicio esta medida es sin ninguna duda “una cortina de humo para desviar la atención de los 46 fallecidos y cientos de heridos de las tragedias de Adamuz y Gelida, por los que nadie en el Gobierno está dispuesto a asumir responsabilidades políticas”.

Moción en la Asamblea Regional

Ante ello, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia ha presentado una moción para mostrar su más rotundo rechazo a esta legalización masiva. “Una vez más, Pedro Sánchez y su Gobierno socialista demuestra que las leyes y el Estado de Derecho le importan poco a la hora de hacer lo que sea con tal conservar su sillón en la Moncloa”, remarca la iniciativa.

Incide en la alarmante presión que provocará sobre los servicios públicos, “esos que este Gobierno ha descuidado y maltratado, sobre todo en la sanidad y la educación, que correrán el riesgo de colapsar, sobre todo en comunidades autónomas con recursos ajustados por la infrafinanciación del Gobierno de España, como es la Región de Murcia.

Por último, hace referencia al premio que supone para quienes se saltaron las leyes migratorias frente a aquellos que siguieron los cauces legales para conseguir la residencia provocando un agravio comparativo entre ellos.

Propuestas

Ante esto, el PP no da la espalda a la realidad de la inmigración irregular, pide que deje de usarse por interés político. España no puede continuar así. Necesitamos una política de Estado que ponga fin a la inmigración irregular y combine humanidad y justicia.  En octubre de 2025 presentamos un plan de inmigración basado en reglas claras.

Y son: “Autoridad única y fin del caos administrativo; control efectivo de fronteras y refuerzo de medios económicos, humanos y materiales; no a las regularizaciones masivas ni automáticas; los criterios deben ser objetivos y verificables (sistema “por puntos”); y retorno ordenado.

El Partido Popular presentará iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el Senado para exigir al Gobierno de España una respuesta urgente a la reivindicación de los sindicatos policiales de aumentar, de forma inmediata, los efectivos de la Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena.

Así lo ha anunciado la diputada nacional Isabel Borrego, quien ha reprochado al Ejecutivo “que dé la callada por respuesta a las peticiones de los sindicatos policiales” y ha criticado igualmente al delegado del Gobierno en la Región de Murcia por “ni siquiera atender ni recibir a los representantes de los agentes”.

Borrego ha denunciado que “la Región de Murcia sufre un déficit de alrededor de 600 agentes, una situación que se agrava especialmente en Cartagena cada vez que el CATE entra en funcionamiento”.

“Cartagena se queda prácticamente sin Policía Nacional cuando abre el CATE, ya que requiere un elevado número de efectivos con independencia del volumen de personas atendidas”, ha advertido la diputada del PP.

La parlamentaria ha recordado que el propio Ministerio del Interior ha reconocido que el CATE no dispone de un servicio policial fijo, lo que obliga a detraer agentes de seguridad ciudadana y, en determinadas ocasiones, a recurrir a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). “Los sindicatos policiales han advertido de que esta no puede ser una solución habitual porque no es operativa y desorganiza gravemente el servicio”, ha añadido.

Borrego ha señalado que los sindicatos han planteado alternativas viables, como el establecimiento de comisiones de servicio en los periodos en los que se prevé la apertura del CATE o la inclusión de Cartagena en la Operación Estrecho para reforzar los efectivos. “Todas estas propuestas han sido ignoradas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que vuelve a optar por el silencio”, ha lamentado.

Ese silencio, ha subrayado, “se extiende también al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que ni siquiera ha atendido ni recibido a los sindicatos policiales”.

“Si el Gobierno de España no actúa de manera urgente, los policías nacionales seguirán soportando unas condiciones laborales extremadamente difíciles y la seguridad de los ciudadanos de Cartagena será la gran perjudicada”, ha concluido Borrego.

La diputada nacional por Murcia Isabel Borrego ha elevado al Congreso la queja de más de 14.000 jóvenes de la Región de Murcia que a día de hoy continúan en lista de espera para sacarse el carné de conducir. Lo ha hecho a través de una Proposición de Ley en la que ha exigido la “urgente” ampliación de la plantilla de examinadores de tráfico, para acabar con el colapso en los exámenes prácticos.

“Las autoescuelas denuncian que el sistema de la Dirección General de Tráfico (DGT) adolece de falta de eficiencia y agilidad para cubrir las bajas y las vacaciones. Eso genera cuellos de botella y se traducen en largas colas para los exámenes prácticos”, ha explicado Borrego durante su intervención. La proposición fue aprobada con 21 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones.

Ha detallado, que el colapso en los centros de exámenes de la DGT es un problema atribuible, además, “a la reducción drástica en el número de convocatorias mensuales”, porque se ha pasado de tres a una, lo que dificulta que los alumnos realicen las prácticas necesarias para presentarse al examen.

España cuenta con 900 examinadores de carné de conducir aproximadamente, sin embargo, es una cifra “insuficiente”, ha recordado Borrego. Existen 27 Jefaturas en las que hay menos de 10 profesores, por lo que “cualquier baja y jubilación supone un aumento de la lista de espera”, ha denunciado. 

Esta situación no es nueva, ha asegurado la diputada nacional, pero ha asegurado que “ha empeorado en los últimos meses”. “No se han cubierto las plazas vacantes de examinadores y la plantilla actual no es suficiente para asumir la carga de trabajo. Esta carencia no solo genera listas interminables, sino que aumenta la presión sobre los examinadores”, ha indicado.

Turismo para sacarse el permiso de conducir

Esta situación ha provocado el fenómeno “turismo para sacar el carné de conducir”, es decir, el traslado de personas de unas provincias a otras con menos lista de espera. Y, además, “retrasa la incorporación al mundo laboral y a la Universidad, y también implica un sobrecoste económico, ya que deben seguir pagando clases para no perder la práctica adquirida”. 

Por ello, el Grupo Popular propone instar al Gobierno a ampliar la plantilla de los examinadores de tráfico en todas las jefaturas provinciales de tráfico y adoptar las medidas adicionales que sean necesarias para acabar con la situación de colapso para acceder a realizar el examen práctico de conducir.

La diputada nacional del Partido Popular, Isabel Borrego ha trasladado todo su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) por el “ninguneo” al que les somete el Gobierno de Sánchez con la cesión a Cataluña del control de las fronteras. La parlamentaria considera que el pacto entre Junts y PSOE es “inadmisible”, y ha anunciado que este “ataque a la seguridad nacional”, será “combatido en los tribunales y en Europa por el PP”.

Tras reunirse con representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el pasado viernes, Borrego ha mostrado el apoyo del PP a las FCSE frente al intento de Sánchez de “desmantelar su presencia en Cataluña y de promover la desconexión del Estado en esa comunidad, solo por la codicia de mantenerse en el poder”.

También les ha remarcado el compromiso del Partido Popular con la soberanía nacional y con un modelo de convivencia y de país en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado juegan un papel clave en la defensa de la seguridad nacional y pública. Está convencida de que Feijóo devolverá las competencias exclusivas del Estado en materia de seguridad e inmigración, tal y como establece la Constitución.

La diputada ha destacado que la proposición de ley registrada por el PSOE supone una “humillación” para la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque plantea su expulsión y salida de Cataluña y deja sin competencias a los que siempre han velado por la seguridad de los ciudadanos de manera incansable.

Además, ha denunciado que, mientras Europa busca reforzar la seguridad y defensa de sus fronteras, “Sánchez se encamina en la dirección contraria, con una ley para cumplir solo con los deseos del separatismo”. Y ha censurado que el jefe del Ejecutivo, “asesta de esta forma un golpe a las FCSE por orden del independentismo catalán, para continuar un poco más de tiempo en La Moncloa”.

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se manifestaron este pasado miércoles frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia para mostrar a las claras la indignación del colectivo con la cesión a Cataluña de las competencias en materia de inmigración. También lo hicieron para demandar la equiparación salarial con el resto de cuerpos del país. Esta protesta estuvo organizada por la Plataforma por una Jubilación Digna y la plena Equiparación

En este sentido Isabel Borrego ha criticado que el Ejecutivo, y por ende el PSOE, han bloqueado una y otra vez la tramitación en el Congreso de la proposición de ley que permitiría la jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles, así como su reconocimiento como profesión de riesgo. “Bloquean y retrasan su aprobación de manera sistemática y todo ello con el beneplácito de Pedro Sánchez”, ha concluido.