Actualidad Política

16 de octubre de 2026

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El portavoz del Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha realizado un duro balance de los dos años de legislatura de Salvador Illa, asegurando que “Cataluña está peor que hace dos años” y calificando al actual president como “la decepción y la estafa política más grande de la historia reciente de Cataluña”.

Durante una rueda de prensa, Fernández ha denunciado que el proyecto político de Illa “ha quedado reducido a una operación de márketing construida sobre la falta de credibilidad”.

“El Govern vive instalado en la propaganda, sin liderazgo, sin mayoría y sin ambición para resolver los problemas reales de los catalanes”, ha afirmado.

El dirigente popular ha acusado al Ejecutivo catalán de priorizar acuerdos con el independentismo frente a la gestión de los servicios públicos y la seguridad.

“Han preferido satisfacer a Junqueras, Puigdemont y Sánchez antes que resolver los problemas de los ciudadanos”, ha señalado.

Juan Fernández ha criticado además que Salvador Illa haya convertido el procés “en una estructura permanente”, asumiendo postulados impulsados por ERC como la soberanía fiscal, la amnistía o el arrinconamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“El nacionalismo está encantado con Illa porque está ejecutando su proyecto político”, ha advertido.

El portavoz popular ha lamentado el deterioro de los servicios públicos en Cataluña y ha denunciado el aumento de las listas de espera, el colapso administrativo y la crisis de la dependencia.

“Hoy hay ciudadanos esperando más de 500 días para el reconocimiento de una discapacidad mientras siguen creciendo las listas sanitarias”, ha señalado.

Fernández ha alertado también sobre la situación de inseguridad en Cataluña, asegurando que la comunidad lidera actualmente los índices de criminalidad en España.

“Uno de cada tres catalanes afirma haber sido víctima de un delito. La multirreincidencia, las okupaciones y los episodios violentos se han normalizado”, ha denunciado.

En materia educativa, el portavoz del PP ha criticado que el Govern “ha abandonado la educación catalana a la resignación y el desconcierto”, denunciando peores resultados académicos, aumento de bajas docentes y deterioro del bienestar psicológico del profesorado.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo autonómico de bloquear proyectos estratégicos para la economía catalana como el aeropuerto, el Cuarto Cinturón, el proyecto Hard Rock o la mejora de Rodalies.

“Cataluña necesita un president que gobierne y no un gestor resignado desaparecido ante los problemas”, ha afirmado.

Finalmente, Juan Fernández ha reclamado “poner fin a la gran mentira política construida alrededor de Salvador Illa” y recuperar una Cataluña basada en el mérito, la seguridad, el crecimiento económico y unos servicios públicos eficaces.

“Cataluña debe volver a creer en sí misma y recuperar el liderazgo que nunca debió perder”, ha concluido.

El portavoz del Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha denunciado este lunes la grave situación de inseguridad que atraviesa Cataluña tras los episodios de violencia registrados durante el fin de semana y ha asegurado que “a Salvador Illa se le ha ido Cataluña de las manos”.

Fernández ha calificado de “inaceptables” los apuñalamientos mortales ocurridos en Esplugues de Llobregat y Barcelona, así como las agresiones en la vía pública y los disturbios nocturnos registrados en distintos puntos del territorio.

“Cataluña ha dejado de ser signo de convivencia y se ha convertido en signo de inseguridad”, ha afirmado el dirigente popular, que ha exigido la comparecencia urgente del president de la Generalitat, Salvador Illa, y de la consellera de Interior para dar explicaciones sobre la situación.

El portavoz del PP catalán ha advertido de que “no estamos ante hechos aislados, sino ante un problema estructural de inseguridad” y ha acusado al Govern del PSC de haber “claudicado ante las exigencias de sus socios independentistas”.

Según Fernández, “los acuerdos del PSC con ERC y Junts se pagan” en forma de “desvío de recursos policiales y debilitamiento de la presencia policial en las calles”.

Ante esta situación, el Partido Popular ha reclamado cuatro medidas urgentes al Govern catalán:

  • Romper de inmediato “todos los acuerdos que están comprometiendo la seguridad de los ciudadanos”.
  • Destinar el máximo número posible de Mossos d’Esquadra a tareas de seguridad ciudadana.
  • Reforzar las calles con las nuevas promociones de agentes que salgan de la academia.
  • Solicitar al Ministerio del Interior un aumento de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña.

“Es aquí donde hacen falta”, ha remarcado Fernández.

El portavoz popular ha responsabilizado directamente al actual Govern de la situación de inseguridad y ha señalado que, tras dos años de legislatura, Illa “ya no tiene margen para culpar a sus antecesores”.

“Es incapaz de presentar un balance de gobierno mejor del que encontró, y eso ya es decir viniendo del Govern de Aragonès”, ha criticado.

Fernández también ha denunciado la situación de inestabilidad política y social en Cataluña, marcada —según ha señalado— por protestas de trabajadores públicos, huelgas de médicos, profesores y maquinistas, además de dos años sin presupuestos.

“Tenemos el Govern más inestable que se recuerda. Empiezo a entender que Illa se esconda; a mí también se me caería la cara de vergüenza después de ver la Cataluña de hoy”, ha concluido.

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha cargado contra la regularización masiva del Gobierno, que provoca un indiscutido “efecto llamada” y manda el peligroso mensaje de que “en España, entrar de manera irregular puede acabar teniendo premio”. Por eso ha pedido al Gobierno que cambie de postura y sustituya su política migratoria basada en la improvisación y el efecto llamada por una política “seria, coherente y responsable”.


El dirigente popular ha insistido en recalcar que el problema no es la inmigración en sí, sino la falta absoluta de control a causa de la presión a la que se está sometiendo a los Ayuntamientos, que tienen colapsados los servicios de atención a la ciudadanía por la falta de recursos, menor capacidad estructural y funcionarios sobrecargados que no pueden garantizar los mecanismos de control adecuados. “Lo que se está haciendo es tratar a todos por igual, sin distinguir situaciones completamente diferentes, porque no todo inmigrante irregular, por el mero hecho de serlo, es una persona vulnerable”, ha señalado.


Para el parlamentario popular, esta situación debería ser clave cuando se plantea una regularización masiva, porque “desde el PP defendemos una inmigración legal, ordenada y vinculada a la capacidad real de integración de nuestra sociedad”, y es en este sentido que ha defendido que las políticas públicas deben diseñarse pensando en el interés general. En este caso concreto, “defendemos que quien venga a trabajar, a aportar, a respetar nuestras normas y a integrarse, tenga oportunidades reales, pero también hay personas que han venido a aprovecharse del sistema y personas que han venido a delinquir”, y son estos últimos casos los que deberían ser objeto de control estricto. “Nosotros no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra del descontrol y defendemos que quien incumpla la ley no reciba el mismo trato que quien la respeta”, ha insistido.


Los ayuntamientos
Fernández ha explicado que la regularización masiva está colapsando los Ayuntamientos, retrasando citas durante semanas, desbordando funcionarios y, “lo más grave, vecinos que ven cómo trámites esenciales quedan bloqueados o ralentizados”, cosa que afecta a los autónomos que necesitan una licencia para abrir su negocio, a las familias que esperan ayudas o al ciudadano que simplemente quiere ser atendido en tiempo y forma.


El portavoz ha señalado que la situación actual “satura los servicios públicos, dificulta la integración, genera tensiones sociales y debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. “Se ha tomado una decisión de enorme impacto sin reforzar a los Ayuntamientos, sin dotarlos de financiación suficiente, sin aumentar plantillas, sin mejorar los sistemas de gestión, se les ha dejado solos y eso es profundamente injusto”, ha declarado.

El Partido Popular ha denunciado la situación del parque de vivienda social en Cataluña y ha reclamado al Govern medidas urgentes para garantizar su correcta gestión y el acceso de las familias más vulnerables.

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha advertido de que “uno de cada cuatro pisos procedentes de la Sareb está okupado ilegalmente”, lo que evidencia, a su juicio, una situación “fuera de control”.

El Partido Popular considera que esta realidad perjudica gravemente a miles de ciudadanos que esperan una vivienda social, mientras otros ocupan de forma irregular recursos públicos destinados a quienes más lo necesitan.

Fernández ha señalado que el problema responde a un modelo de política de vivienda basado, según ha indicado, en la falta de protección frente a la okupación y en medidas intervencionistas que no están dando resultados.

El Partido Popular critica que el Govern no esté actuando para corregir esta situación y advierte de que la falta de gestión está generando inseguridad jurídica y dificultando el acceso a la vivienda para muchas familias.

Asimismo, el portavoz popular ha reclamado al Ejecutivo catalán que adopte medidas eficaces para garantizar el uso adecuado del parque de vivienda social y priorizar a quienes cumplen los requisitos legales.

El Partido Popular reafirma su compromiso con una política de vivienda que proteja a los ciudadanos, garantice el derecho a la propiedad y asegure que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha puesto el foco esta mañana en “el descontrol” que vive el PSC para alertar que esta situación pone en duda la capacidad de Salvador Illa para gobernar Cataluña. “Si es incapaz de poner en orden su partido, ¿cómo pretende gestionar la Generalitat? No se puede aspirar a dirigir Cataluña cuando ni siquiera se consigue alinear a los propios”, ha dicho.


El líder popular considera que “hoy el PSC es la casa de los líos”, con un concejal imputado en Granollers porque “Salvador Illa permitió que en el marco de unas fiestas populares organizadas por el ayuntamiento socialista de Granollers se enseñara a niños pequeños a fabricar y tirar cocteles molotov contra la policía”, y los concejales de Ripoll en la picota por facilitar la aprobación de los presupuestos de Aliança Catalana, “rompiendo en la práctica ese cordón sanitario del que tanto presumen en los discursos”.


Para Fernández, estos dos episodios no son casos aislados, sino la evidencia que Illa “ha perdido el control interno, no tiene un criterio común y que actúa de manera distinta en función del lugar”. “Lo que estamos viendo no es solo una falta de coordinación, sino una forma de hacer política basada en la ambigüedad permanente”, ha señalado.
Por todo ello, los populares siguen exigiendo la dimisión de la alcaldesa de Granollers y de su equipo de gobierno “por su gran irresponsabilidad” y exigen a Illa “que dé explicaciones” y aclare “cuál es la posición real del PSC”, si comportarse como la Cup en Granollers “o como en Ripoll, porque su conducta errática “sus propios líos” están comprometiendo las instituciones en Cataluña.


“Seguimos sin presupuestos, sin hoja de ruta clara, con unos servicios públicos que acumulan tensiones cada vez más evidentes, la sanidad continúa bajo presión, la educación arrastra carencias estructurales y la seguridad se ha convertido en una preocupación real en muchos municipios, a eso se suman unas infraestructuras que no avanzan al ritmo que Cataluña necesita” ha ejemplificado.


Por último, Fernández ha pedido a Illa “que vuelva a recuperar el sentido institucional, el respeto a las normas y la coherencia en la acción política” porque gobernar es mucho más que “apagar incendios” internos.

El portavoz del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha reclamado una reflexión política profunda tras el caso de Noelia Castillo, señalando que “no debe usarse para promover la muerte, sino para garantizar mejor la vida”.

Fernández ha advertido de que este caso pone de manifiesto un fallo del sistema, subrayando que “la administración ha fallado y hemos fallado como sociedad”.


El PP pide cambiar el enfoque del debate

El dirigente popular ha defendido la necesidad de alejarse de un debate simplista sobre la eutanasia, para centrarse en las causas que han llevado a esta situación.

El Partido Popular plantea cuestiones clave como:

  • El funcionamiento de la administración
  • La calidad de la atención a personas vulnerables
  • La respuesta institucional ante situaciones extremas

Fernández ha criticado una gestión “burocrática y deshumanizada” ante casos de gran sensibilidad.


Propuestas para mejorar la atención y el acompañamiento

El Partido Popular apuesta por reforzar las políticas públicas dirigidas a las personas vulnerables, con medidas como:

  • Mejora del acompañamiento psicológico
  • Refuerzo de los recursos sociosanitarios
  • Mayor seguimiento de personas en situación de vulnerabilidad
  • Apoyo a las familias

El objetivo es garantizar que ninguna persona se vea abocada a situaciones límite por falta de apoyo.


Críticas a la gestión del Govern

Fernández ha mostrado preocupación por la respuesta del Govern, criticando la aceleración de procedimientos y la reducción de garantías.

El Partido Popular considera que estas decisiones no abordan el problema de fondo y ha advertido de la necesidad de priorizar el cuidado y la atención a las personas.


El PP llevará el debate al Parlament

El portavoz popular ha anunciado la presentación de una interpelación en el Parlament, que dará lugar a una moción con medidas concretas.

El Partido Popular subraya que el objetivo es mejorar la atención institucional y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

El portavoz del Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha calificado de “poco ambiciosas” las medidas anunciadas por el Govern ante la incertidumbre internacional derivada de la crisis en Irán, señalando que “da la sensación de que antes acabará la guerra que llegarán las medidas”.

Fernández ha defendido que Cataluña necesita “más reformas estructurales, menos presión fiscal y más confianza en ciudadanos, empresas y autónomos”, criticando que el paquete aprobado por el Govern no contemple medidas dirigidas a aliviar la carga de las clases medias.

En este sentido, ha advertido que, aunque se han destinado 30 millones de euros a familias vulnerables y se han incluido medidas para sectores como el exportador y el agrícola, “las clases medias son las grandes olvidadas”, pese a estar sufriendo también el impacto de la crisis.

El dirigente popular ha lamentado que no se haya planteado ninguna rebaja fiscal ni la adaptación de los tramos del IRPF a la inflación, subrayando que Cataluña mantiene una de las mayores presiones fiscales del país.

Asimismo, ha reclamado una política económica que proteja a quienes sostienen el tejido productivo, apostando por medidas que impulsen la actividad económica y refuercen el poder adquisitivo de las familias.

En otro orden de asuntos, Fernández ha solicitado explicaciones al president del Govern ante las informaciones que vinculan al entorno socialista con el denominado caso Koldo, reclamando claridad y transparencia sobre posibles responsabilidades políticas.

El portavoz popular ha insistido en la necesidad de ofrecer explicaciones “sin evasivas” y ha subrayado la importancia de garantizar la integridad institucional y la confianza de los ciudadanos.

El Partido Popular defiende una política económica centrada en el crecimiento, la bajada de impuestos y la protección de las clases medias, así como el compromiso con la transparencia y la regeneración institucional.

Juan Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlament de Catalunya, ha dicho que “defendemos la educación concertada ante el ataque ideológico de la izquierda que quiere eliminarla porque no soporta que las familias puedan elegir”. “En el fondo va de eso, de quien decide la educación de los hijos, si las familias o la administración, y nosotros lo tenemos muy claro, las familias”. 

Juan Fernández ha lamentado que “mientras la concertada cumple una función esencial la respuesta de algunos es señalarla, desprestigiarla y recortarla, y la acusan de segregar mientras evitan decir que algunos centros se encuentran en barrios humildes, vulnerables, que acogen a familias sin recursos y hacen un trabajo educativo enorme   con recursos limitados”. 

“Estamos muy orgullosos de estar en el lado opuesto de la izquierda, los Comunes y la CUP, esa  izquierda hipócrita que pretende eliminar a la concertada mientras permite que proliferen barracones en la educación pública. Basta de demonizar a la escuela concertada y basta de convertir la educación en un campo de batalla ideológico. La educación no va de imponer, va de garantizar derechos, y ampliar opciones y respetar la libertad de las familias”. 

Por ello “defendemos un modelo educativo plural, equitativo y basado en la libertad de las familias, poniendo en valor el papel de la escuela concertada dentro del sistema educativo catalán”. “Hoy no se discute solo una moción, sino el modelo educativo que queremos para Cataluña”, y ha insistido en que “el Servicio de Educación de Cataluña debe seguir siendo una red plural formada por centros públicos y centros de iniciativa social sostenidos con fondos públicos, no como modelos en competencia, sino como modelos complementarios que garantizan la igualdad, la equidad y la libertad”.

El portavoz del PPC ha alertado de que este modelo está “seriamente amenazado”, señalando que en la última década han cerrado 25 escuelas concertadas en Cataluña, lo que supone “la desaparición de 25 proyectos educativos, la ruptura de comunidades escolares y la reducción de opciones para las familias”.

Para Juan Fernández, esta situación responde a “una política sostenida de relegación e infrafinanciación”, y ha advertido de que “estamos hablando de oportunidades y atacar a la concertada no refuerza la escuela pública, sino que debilita el conjunto del sistema educativo”.

“Frente a modelos uniformes y centralizados, donde la administración decide sobre las familias, el PP reivindica la libertad educativa como un derecho fundamental, reconocido constitucional e internacionalmente”, y ha defendido “el papel de las familias como principales responsables en la elección del centro educativo de sus hijos”. “Porque la libertad educativa no es un privilegio, es un derecho”, ha añadido.

Por ello, el portavoz ha explicado que la moción presentada incluye medidas concretas como garantizar la continuidad de la red concertada, reformar el sistema de preinscripción para adaptarlo a la demanda real, avanzar hacia una financiación más equitativa por alumno para que no haya alumnos de primera y de segunda, garantizar la gratuidad educativa de 0 a 3 años y asegurar recursos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, independientemente del tipo de centro. “Es decir, propone transparencia, equidad y responsabilidad o, lo que es lo mismo, justicia”.

Pero para Juan Fernández, “la retirada del proyecto de presupuestos por parte del Govern no es una cuestión menor, ya que pone en riesgo el cumplimiento de muchos de los acuerdos alcanzados, tanto en la concertada como en la pública, que van a quedar en papel mojado”, y ha criticado a Illa por tomar una decisión que “es irresponsable y genera inestabilidad”. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad política” para garantizar la financiación y ejecución de los acuerdos adquiridos, señalando que “sin recursos, las palabras no sirven”.

Finalmente, ha insistido en que el debate educativo “no debe plantearse como una confrontación entre escuela pública y concertada, sino como una elección entre un sistema plural y abierto o uno uniforme y dirigido”. «Reiteramos nuestro apoyo a la escuela concertada y a la libertad de elección de las familias, un sistema educativo que sume, no que excluya, que respete y no imponga”, ha concluido.

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