Juan Fernández denuncia que el Govern no actúa ante la okupación de vivienda social.
El Partido Popular ha denunciado la situación del parque de vivienda social en Cataluña y ha reclamado al Govern medidas urgentes para garantizar su correcta gestión y el acceso de las familias más vulnerables.
El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha advertido de que “uno de cada cuatro pisos procedentes de la Sareb está okupado ilegalmente”, lo que evidencia, a su juicio, una situación “fuera de control”.
El Partido Popular considera que esta realidad perjudica gravemente a miles de ciudadanos que esperan una vivienda social, mientras otros ocupan de forma irregular recursos públicos destinados a quienes más lo necesitan.
Fernández ha señalado que el problema responde a un modelo de política de vivienda basado, según ha indicado, en la falta de protección frente a la okupación y en medidas intervencionistas que no están dando resultados.
El Partido Popular critica que el Govern no esté actuando para corregir esta situación y advierte de que la falta de gestión está generando inseguridad jurídica y dificultando el acceso a la vivienda para muchas familias.
Asimismo, el portavoz popular ha reclamado al Ejecutivo catalán que adopte medidas eficaces para garantizar el uso adecuado del parque de vivienda social y priorizar a quienes cumplen los requisitos legales.
El Partido Popular reafirma su compromiso con una política de vivienda que proteja a los ciudadanos, garantice el derecho a la propiedad y asegure que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
José Antonio Sánchez: «Alcobendas reduce la ocupación con medidas de seguridad»
El viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, ha señalado que “mientras el Gobierno de España protege al okupa, el Partido Popular trabaja para proteger a los vecinos”.
Falta de agentes y municipios sin patrullas
Sánchez ha advertido de que existen municipios donde las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional están incompletas, llegando incluso a registrarse días sin presencia operativa.
Como ejemplo, ha recordado la situación denunciada en Arganda del Rey, donde se han contabilizado hasta 23 días sin servicio de Guardia Civil en lo que va de año.
“Considera que cuando no hay presencia policial suficiente, algo está fallando y los vecinos quedan desprotegidos”, ha afirmado.
Refuerzo de la seguridad en Alcobendas
Frente a esta situación, el dirigente popular ha puesto en valor las medidas adoptadas en Alcobendas, donde se ha impulsado una estrategia integral de seguridad.
Entre las actuaciones destacan:
- Creación de una oficina antiocupación con asesoramiento jurídico y psicológico
- Recuperación de 216 viviendas
- Eliminación de más del 80% de las ocupaciones
- Refuerzo policial con 50 nuevos agentes
- Inversión de más de 8 millones de euros en seguridad
Asimismo, se ha implantado un protocolo de actuación rápida que permite intervenir en menos de 24 horas ante casos de ocupación ilegal.
Compromiso con la seguridad ciudadana
“El Partido Popular defiende que sin seguridad no hay libertad”, ha subrayado Sánchez, quien ha insistido en la necesidad de garantizar la protección de los vecinos y la defensa de la propiedad privada.
El dirigente popular ha contrapuesto así dos modelos: uno que, a su juicio, genera inseguridad, y otro basado en la acción, la prevención y la respuesta rápida ante los problemas reales de los ciudadanos.
Miguel Pascual exige el desalojo inmediato de okupas en pisos de la Generalitat.
El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir que se desalojen de forma inmediata las viviendas propiedad de la Generalitat Valenciana que han sido ilegalmente ocupadas.
La iniciativa parlamentaria solicita que se desarrollen campañas para animar a los ciudadanos a denunciar cuando sufran casos de ocupación e inquiocupación.
El diputado del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Miguel Pascual, ha afirmado que «en la Comunidad Valenciana la ocupación ilegal ha sufrido un aumento importante. En 2024 se registraron casi 1.800 denuncias, casi un 7,5% más que en 2023.»
«A la inacción por parte de las autoridades competentes, se le suma una inseguridad jurídica y lentitud en los procedimientos, provocando que la mayoría de las víctimas opten por otras vías para solucionar la situación. Además, muchas denuncias de afectados no se realizan por miedo, inseguridad o coacciones de los mismos okupas que amenazan a los propietarios.»
Por ello, la PNL pide que se desarrollen las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y así aumentar la oferta de las viviendas en alquiler. Se debe priorizar y garantizar el acceso de los españoles a una vivienda en propiedad y así revertir la tendencia actual de inseguridad e inestabilidad habitacional.
El GP VOX reitera que se debe elaborar un registro autonómico con todos los casos de ocupación e inquiocupación para poder adoptar las medidas necesarias que lleven a su erradicación.
Una de las consecuencias de las ocupación es su incidencia en la oferta. Esto se traduce en una reducción de las viviendas disponibles en el mercado inmobiliario, que conduce a una escasez de oferta y a una subida de precios irremediable.



